CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA con DIRECCION DEL TRABAJO COMUNA DE ARICA

Arica, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Roberto Ignacio Urrutia Araya, abogado, en representación de Constructora Maga Limitada, quien interpone acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo de la Comuna de Arica y de la Tesorería Regional de la República de la Comuna de Arica, por haber la primera anotado en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30) la Resolución de Multa N° 8132/25/119 (1-2-3-4), por la suma de 40 UTM cada infracción, con el estado de "ejecutoriada"; y estar la segunda cobrando y reteniendo dineros asociados a dicha sanción, a pesar de que la misma se encuentra sometida a un proceso de reclamación judicial vigente, vulnerando las garantías constitucionales de los N° 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 30 de diciembre de 2025 se notificó a su representada una multa administrativa, la cual fue debidamente reclamada mediante acción judicial interpuesta el 26 de enero de 2026 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, en el RIT N° I-9-2026, proceso que cuenta con audiencia de juicio fijada para el 6 de abril de 2026.

Reclama que, el 17 de marzo de 2026, constató que en el sistema de la Dirección del Trabajo la multa figuraba indebidamente como ejecutoriada, lo que derivó en que la Tesorería General de la República procediera a realizar compensaciones automáticas y retenciones de montos correspondientes a la "Bonificación a la Contratación de Mano de Obra" (DL 889) a los que tiene derecho la empresa. Sostiene que este actuar es abusivo, pues no existe una motivación válida para exigir los efectos de una sanción que aún está en debate judicial, generándole un perjuicio concreto al no poder obtener un certificado F-30 "limpio", documento esencial para licitar con el Estado y percibir estados de pago de obras públicas.

Solicita que se ordene a la Dirección del Trabajo eliminar de inmediato el registro de la multa del certificado F-30; y a la Tesorería General de la República cesar todo cobro, reintegrando los montos descontados, con costas.

Informando la Dirección Regional del Trabajo, solicita el rechazo.

Señala que su actuación no es ilegal, pues los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y exigibilidad mientras no medie una orden de suspensión judicial, la cual fue denegada por el tribunal laboral el 20 de marzo de 2026. Indica que, no obstante, tras recibir un requerimiento de la empresa el 19 de marzo, el servicio gestionó el 24 de marzo de 2026 la "descarga" de la multa ante la Tesorería y modificó su estado a "reclamada" en sus sistemas, por lo que arguye que la acción ha perdido su objeto actual al haberse regularizado la situación administrativamente.

Informando la Tesorería Regional de la República, indica que su intervención se limitó a la facultad legal de compensar deudas de contribuyentes con créditos del Fisco basándose en la información inyectada por la Dirección del Trabajo el 16 de marzo, por las sumas de $433.235.- y $734.979.- Refiere que, sin embargo, una vez notificados de la orden de no innovar, dictaron la Resolución Exenta N° 881-TR-ARICA el 27 de marzo de 2026, suspendiendo formalmente el cobro.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, lo denunciado como ilegal y arbitrario es haber emitido la Inspección Provincial del Trabajo de Arica el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales de la recurrente (F-30) consignando la Resolución de Multa N° 8132/25/119 (1-2-3-4) con el estado de "ejecutoriada"; y haber la Tesorería Regional de Arica cobrado y retenido dineros asociados a dicha sanción a pesar de que la misma se encuentra sometida a un proceso de reclamación judicial vigente en el RIT N° I-9-2026 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

CUARTO: Que, no es controvertida la existencia de la multa, su reclamación judicial y la existencia de cobros efectuados vía compensación por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota, sino que la controversia se suscita con la afirmación de la Inspección del Trabajo que lo ocurrido obedece a que los actos administrativos tienen presunción de legalidad para su ejecución inmediata.

QUINTO: Que, los artículos 513 y siguientes del Código del Trabajo establecen un régimen de impugnación jurisdiccional específico para las multas administrativas impuestas por la Dirección del Trabajo, el que otorga al administrado la facultad de someter la legalidad y proporcionalidad de dicha sanción al control de un tribunal.

Así, si bien la Ley N° 19.880 en su artículo 3° establece la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad de los actos administrativos, tal prerrogativa no es absoluta y debe armonizarse con el sistema de impugnación judicial previsto por la ley especial que regula su tramitación. En el ámbito del derecho administrativo sancionador laboral, la interposición de una reclamación judicial de una multa impuesta por la Inspección del Trabajo somete al conocimiento de los tribunales la validez y proporcionalidad de ésta, por lo que, una vez que ha sido conocida por el órgano jurisdiccional y mientras éste no resuelva, el acto administrativo carece de la firmeza necesaria para considerarse “ejecutoriado”, calificación jurídica que resulta errónea y prematura. Proceder de otro modo implicaría que la sentencia judicial, en caso de ser favorable al recurrente, llegaría demasiado tarde para evitar un perjuicio patrimonial ya consumado.

SEXTO: Que, en consecuencia, al calificar la multa como "ejecutoriada" en el sistema informático y en el certificado F-30, la recurrida ha lesionado de manera ilegal el derecho de la recurrente a desarrollar sus actividades económicas, por cuanto al registrar el acto sancionatorio le impide de forma arbitraria percibir estados de pago y participar en procesos licitatorios, asfixiando financieramente a la entidad mercantil sin que medie sentencia condenatoria.

La misma conducta ha lesionado, además, el derecho de propiedad de la recurrente sobre los créditos devengados que integran los fondos de bonificación de mano de obra del DL N° 889, por cuanto ha sido confirmado por la misma Tesorería General de la República, la compensación automática de las sumas de $433.235.- y $734.979.-, operación que fue realizada basándose en la información incorporada al sistema por la Dirección del Trabajo el 16 de marzo pasado, pese a que en realidad dicha multa se encuentra actualmente impugnada y en conocimiento del Juzgado de Letras del trabajo de esta ciudad.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, al haber sido subsanados por una de las recurridas parcialmente los efectos de los actos lesivos, en cuanto la Inspección del Trabajo informó que gestionó el 24 de marzo de 2026 la "descarga" de la multa ante la Tesorería y modificó su estado a "reclamada"; y la Tesorería Regional que suspendió los cobros sucesivos mediante Resolución Exenta N° 881-TR-ARICA del 27 de marzo de 2026, la acción constitucional será acogida sólo en lo referente a las conculcaciones y amenazas subsistentes, esto es, el reembolso de las sumas compensadas indebidamente, y la abstención de realizar, nuevos cobros, hasta que la sentencia que dicte el tribunal del Trabajo, adquiera la calidad de firme y ejecutoriada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por Constructora Maga Limitada en contra de la Tesorería Regional y de la Dirección del Trabajo de Arica y Parinacota, sólo en cuanto se ordena a la Dirección del Trabajo mantener en sus sistemas informáticos el estado de la multa N° 8132/25/119 como “Reclamada”, mientras no se dicte sentencia ejecutoriada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad en la causa RIT N° I-9-2026, y se ordena a la Tesorería Regional de Arica y Parinacota el reembolso de las sumas retenidas como multas y abstenerse de efectuar nuevos cobros o compensaciones, hasta que se cumpla la condición señalada.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Comuníquese a la Inspección del Trabajo de Arica y a la Tesorería Regional de Arica y Parinacota por la vía más expedita.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 171-2026 Protección.