Protección contra la I

Arica, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Se dedujo recurso de protección por nombre reservado, en contra de la I.

Municipalidad de Arica, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios al mantener vigente un sumario administrativo iniciado en el mes de julio del año 2025, infringiendo con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante Decreto Alcaldicio N° NUM000 de 18 de junio de 2025 se ordenó instruir sumario administrativo en contra del recurrente en su calidad de director del CESFAM Dr. Remigio Sapunar Marín, por denuncias de un presunto acoso laboral y sexual, respecto del cual el 7 de julio de 2025 compareció para aportar todos los antecedentes que prueban su inocencia de cada uno de los hechos denunciados y el 4 de julio del mismo año se le notificó la suspensión preventiva de su cargo y el 7 de agosto consultó por los descuentos realizados a su remuneración en el mismo mes de julio, señalando la fiscal encargada del sumario que “En virtud de lo anterior, esta Fiscal carece de atribuciones legales para disponer, ejecutar o pronunciarse respecto de descuentos en las remuneraciones de los funcionarios sometidos a investigación”, por otra parte, respecto de la extensión del sumario administrativo, se le informó por la misma fiscal el 26 de agosto del mismo año, que se había prorrogado el plazo, sin que a la fecha exista justificación legal de dicha prorroga, que por mandato legal debe obedecer a fuerza mayor.

Indica que, a la fecha de interposición del presente recurso, han transcurrido más de 9 meses desde el inicio del sumario, sin que exista resolución que ponga término al mismo ni se haya extendido fundadamente su plazo de tramitación conforme la normativa general y particularmente la Ley Karin que establece el plazo de 30 días de tramitación.

Pide que se ordene concluir el procedimiento sumarial en un plazo perentorio de 5 días o el que estime pertinente, o bien declare la imposibilidad material de continuar el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 19.880, o bien emitir un pronunciamiento definitivo sobre el sumario administrativo en un plazo máximo de 10 días, con costas.

Informó en su oportunidad la recurrida, indicando que mediante Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 18 de junio de 2025 se ordenó instruir sumario administrativo en contra de nombre reservado por denuncias de presunto acoso laboral y sexual en el marco de la Ley N°21.643, también denominada “Ley Karin”. El 28 de agosto de 2025, el Juzgado de Garantía de Arica, en la causa RIT N°6181-2025 decretó medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima en contra del recurrente por el delito de abuso sexual.

Señala que en atención a que la Fiscal Instructora originalmente designada asumió la función de Coordinadora de la Oficina de Procedimientos Disciplinarios, se procedió con la reasignación del proceso al funcionario de la Ilustre Municipalidad de Arica nombre reservado a través del Decreto Alcaldicio N°NUM001 de 28 de enero de 2026, con la finalidad de mantener la continuidad de la tramitación del procedimiento disciplinario.

Afirma que según se desprende del Certificado de Estado de Avance de Procedimiento Disciplinario, emitido por el actual Fiscal Administrativo don nombre reservado, de 2 de abril de 2026, el proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa acusatoria, habiéndose agotado la etapa investigativa.

Indica que la mantención de la medida de suspensión preventiva tuvo su origen en la facultad legal del Fiscal, establecida en el artículo 134 de la Ley N°18.883, toda vez que la reincorporación del inculpado antes de concluir el sumario administrativo constituye una revictimización y un riesgo para la víctima, dado que el acoso laboral y sexual no se traduce en faltas administrativas comunes, ya que involucran la vulneración de derechos fundamentales de la víctima y el deber de protección que la Municipalidad tiene hacia ella.

En cuanto a la extensión del procedimiento disciplinario, esto responde a la alta complejidad de las materias investigadas (acoso sexual y laboral) y la gravedad de las mismas, requiriendo una carga procesal superior para garantizar una investigación seria y completa, ajustando las actuaciones a los parámetros de eficiencia, eficacia, celeridad e inexcusabilidad que impone el ordenamiento jurídico para efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa respecto del recurrente. Considerando, además, la existencia de una causa penal en contra del recurrente, radicada en el Juzgado de Garantía de Arica donde se decretaron medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima por el delito de abuso sexual, lo cual constituye un elemento de relevancia que hace razonable y entendible el plazo de tramitación alegado por el recurrente.

En cuanto al decaimiento del procedimiento disciplinario alegado por el recurrente, señala que este opera en caso que el procedimiento disciplinario se mantenga abierto indefinidamente, exigiendo que se encuentre en estado inconcluso de manera permanente en el tiempo, lo cual no ha ocurrido en este caso, en que no ha existido una inactividad total, ya que la Municipalidad ha adoptado todas las medidas para la prosecución de la tramitación del proceso, llevando a cabo todas las diligencias investigativas para asegurar una eficiente y eficaz investigación, así como también asegurar que el sumario administrativo no quede paralizado de manera indefinida, procediéndose a su reasignación a un nuevo Fiscal Instructor para otorgar la continuidad del mismo, no siendo fatales los plazos contemplados en la ley.

Finalmente, señala que el recurrente ha ejercido activamente su derecho a defensa, presentando antecedentes y prestando declaración el 7 de julio de 2025.

A su vez, la Municipalidad ha garantizado el derecho a ser escuchado, se le ha dado respuesta a todas las consultas y reclamos formulados acerca del estado del procedimiento disciplinario en su contra, cumpliendo con el estándar del artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Constitución Política de la República. Por consiguiente, considerando que del análisis de los autos que conforman el sumario en cuestión, no se advierte ninguna irregularidad que lo afecte, desestimando cada una de las alegaciones de la recurrente, por encontrarse ajustada a derecho.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario atribuido a la recurrida consiste en mantener vigente un sumario administrativo iniciado en el mes de julio del año 2025, infringiendo con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley N° 18.883, la investigación de los hechos por los cuales se instruyó el sumario administrativo deberá realizarse en el plazo de veinte días, el que podrá prorrogarse en casos calificados hasta por 60 días, debiendo posteriormente declararla cerrada, procediendo a la formulación de cargos al afectado o se solicitará el sobreseimiento.

CUARTO: Que, analizados los antecedentes acompañados por los intervinientes, es posible constatar que la investigación se extendió por un periodo mayor al indicado en el artículo 133 citado, sin embargo, tal situación no aparece como constitutiva de una vulneración a las garantías fundamentales en los términos alegados por el recurrente, toda vez que el referido plazo no corresponde a uno fatal.

Asimismo, consta en el Certificado de Estado de Avance de Procedimiento Disciplinario, emitido por el actual Fiscal Administrativo de 2 de abril de 2026, que el proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa acusatoria, habiendo finalizado la etapa investigativa.

QUINTO: Que, por las consideraciones anteriores el recurso de protección deberá necesariamente rechazarse, toda vez que ha perdido oportunidad y no se vislumbra vulneración alguna de garantías constitucionales.

Por las anteriores consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 167-2026 Protección.