nombre reservado con nombre reservado

Arica, doce de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, y recurre de protección en contra de doña nombre reservado, Jueza Interina del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

Alude que el 29 de enero de 2018, la Jueza recurrida en la causa de Cobranza Laboral Rit C-29-2016, dictó una resolución arbitraria, que vulnera las garantías constitucionales de los números 3° inciso quinto, y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al rechazar el recurso de reposición deducido por su parte y mantener lo resuelto mediante resolución de 22 de enero del año en curso, esto es, la orden de practicar una liquidación del crédito que comprenda el pago de las cotizaciones de seguridad de los demandantes Fernández y nombre reservado hasta el día 29 de noviembre de 2016, limitando las remuneraciones post despido a que estaba obligada la demandada solidaria Serviu XV Región de Arica y Parinacota a esa fecha, con sus respectivos reajustes e intereses.

Arguye, que en la citada resolución, el Juez ha excedido sus facultades legales, y vulnera dos instituciones, la cosa juzgada y el desasimiento del tribunal, resultando además arbitraria al utilizar como fundamento para denegar el recurso de reposición su torcida y errada interpretación de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la causa Rol N° 57-2017, que acogió un recurso de queja.

A juicio del recurrente la Jueza recurrida vulnera la sentencia de 18 de abril de 2016, dictada por el Juez Gonzalo Brignardelo Cruz en la causa Rit O 10-2016, la cual se encuentra firme y ejecutoriada, que obligó a la demandada SERVIU XV Región de Arica y Parinacota a pagar a los trabajadores demandantes las remuneraciones que se devenguen desde la fecha del despido, hasta la convalidación del mismo que ocurrió el 21 de diciembre de 2017 y no el 29 de noviembre de 2016, como lo señala la señora jueza recurrida.

El 7 de marzo de 2018, la Jueza recurrida informa que la resolución que rechaza la reposición deducida por la ejecutante en ningún caso es ilegal, ya que dicho recurso fue resuelto de manera fundada tal cual lo exige la ley y los fundamentos que se esgrimen para ello están expuestos de una manera clara, ordenada y en virtud de los antecedentes que constan en el mismo proceso, como la resolución de este Tribunal de Alzada dictada con fecha 3 de noviembre de 2017 en causa Rol Corte N° 57-2017, la sentencia de 18 de abril de 2016 de la causa Rit O 10-2016, presentación de la demandante y su respectiva resolución de 9 de agosto de 2017, no modificando su resolución la sentencia firme y ejecutoriada que en su puntos II y III únicamente ordena el pago de las cotizaciones previsionales de los meses de septiembre y octubre del año 2015, y no el pago de las cotizaciones del mes de noviembre como pretende el recurrente.

En la oportunidad procesal correspondiente, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que en la especie, la vulneración a juicio del recurrente, se origina en la época en que la señora Jueza entiende que los despidos de sus representados fueron convalidados, 29 de noviembre de 2016, con el pago de las cotizaciones del mes de octubre de 2015, y para el recurrente esto ocurrió el 21 de diciembre de 2017, con el pago de las cotizaciones del mes de noviembre de 2015, esta distinta interpretación es la que lleva a limitar las remuneraciones post despido hasta el 29 de noviembre de 2016, en circunstancias que habiendo sido ambos trabajadores despedidos el 28 de diciembre de 2015, debían pagarse también las cotizaciones del mes de noviembre, lo que solo ocurrió en el mes de diciembre de 2017.

CUARTO: Que, no obstante la aseveración del recurrente, la resolución de 22 de enero de 2018, dictada por la Jueza de Letras del Trabajo de Arica, doña Karina Luna Angulo, en la causa Rit C-29-2016, que resuelve la objeción de la liquidación del crédito formulada por la demandada subsidiaria, se ajusta a la sentencia dictada en la causa Rit O 10-2016 de 18 de abril de 2016. En dicha resolución, en su parte resolutiva, se rechaza el incidente de objeción de liquidación del crédito y sin perjuicio de lo resuelto, se ordena liquidar el crédito teniendo en consideración que las cotizaciones previsionales adeudadas a los trabajadores demandantes fueron pagadas con fecha 29 de noviembre de 2016. Lo anterior se ajusta a la sentencia firme dictada en la causa que sólo ordena el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores demandantes Fernández y nombre reservado únicamente respecto de los meses de septiembre y octubre del año 2015, y encontrándose firme y ejecutoriada la referida sentencia, esto es, pasada por la autoridad de cosa juzgada a la Jueza recurrida no le cabía más que cumplirla en los términos que ésta lo ordena.

QUINTO: Que, las alegaciones de la parte recurrente en orden a que el despido de sus representados ocurrió en el mes de diciembre del año 2015 y que por tanto se deben pagar las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre del mismo año, exceden con mucho los límites de este recurso, pues tales apreciaciones y eventuales alegaciones que no se condicen con la orden del tribunal plasmada en la sentencia firme, que ordena pagar únicamente las cotizaciones de los meses de septiembre y octubre de 2015, debieron ser en su oportunidad objeto del respectivo recurso jurisdiccional por la parte hoy recurrente para obtener la enmienda de aquella decisión, lo que no ocurrió, quedando firme la sentencia que fija como límite temporal para convalidar el pago de las cotizaciones de los meses de septiembre y octubre de 2015, lo que efectivamente ocurrió el 29 de noviembre de 2016, limita en consecuencia hasta ese día el pago de las remuneraciones post despido de la Ley Bustos.

SEXTO: Que, en virtud de lo descrito precedentemente, no es posible acoger la presente acción constitucional, ya que la resolución dictada por la recurrida se ajusta al mérito de la sentencia dictada en esta causa firme y ejecutoriada de fecha 18 de abril de 2016, que en sus puntos II y III letra f), ordenó para los efectos de convalidar el despido y limitar las remuneraciones post despido el pago de las cotizaciones previsionales de los meses de septiembre y octubre del año 2015, lo que efectivamente ocurrió el 29 de noviembre de 2016, no siendo está la vía idónea para revisar la sentencia dictada para los efectos de determinar si existió un error al fijar ese límite temporal ya señalado, más aún si advertido el error por la ejecutante presentó el recurso de rectificación, complementación y enmienda el que fue rechazado por el mismo juez que dictó la sentencia ya que su pretensión de obtener el pago de las cotizaciones del mes de noviembre e incluso del mes de diciembre del año 2015, no fue solicitado en el petitorio de la demanda.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Jueza Interina de Letras del Trabajo de esta ciudad, doña Karina Luna Angulo.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 160-2018 Protección 3