nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE XV ZONA DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparecen Pabla Bustos Castillo, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; Daniella Brondi Salvo, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; Alonso Ferreira Verdejo, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; Luis Jiménez Cáceres, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; Karina O’Ryan Vicencio, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; Oscar Ossandon Rubio abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y Jessica Soto Gutiérrez, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado en favor de Organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, representada por nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá, Arica, presidida por Paloma Camila Tapia Barrios, cédula de identidad N° RUT reservado, nombre reservado, Estudiante, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, psicólogo, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, estudiante, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado y nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado; todos con domicilio en domicilio reservado de la ciudad de Arica e interponen recurso de protección en su favor y en el de todos los habitantes de la ciudad de Arica, en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, representada por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado , y en contra de Carabineros de Chile, representado por nombre reservado, Jefe de la nombre reservado y Parinacota, domiciliado en domicilio reservado.

Señala que con ocasión de las protestas iniciadas por estudiantes secundarios por el alza del precio del metro se siguieron una serie de otras manifestaciones, las expresiones de descontento posteriores fueron de tal magnitud que los hechos de violencia se replicaron en distintas partes de Santiago, llegando incluso a ser incendiadas distintas estaciones de Metro, así como otros edificios, lo que llevó a la decisión de decretar estado de emergencia.

Resulta pertinente para esta acción constitucional, hacer mención que el uso excesivo de la violencia por parte de los agentes del Estado de Chile ha llevado a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos el día 18 de noviembre del año en curso, haya deducido 384 acciones presentadas con un alarmante número de 2.391 personas heridas en hospitales en todo el territorio nacional.

Refieren que resulta altamente preocupante el informe elaborado por el Dr. nombre reservado y el Dr. Ing. nombre reservado, del departamento de ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile que comprobó que los perdigones que utiliza Carabineros para controlar el orden público están compuestos en un 80% por plomo, silicio y sulfato de bario y un 20% de caucho. Lo anterior contradice a lo dicho en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del día 11 de noviembre del año en curso, en que se analizó la situación de los derechos de las personas en Chile, en el contexto del estallido social que comenzó hace un mes en el país donde el representante del Estado de Chile, señaló que “se han presentado denuncias de funcionarios del INDH donde presentan en televisión balines de acero. Carabineros de Chile no usa balines de acero. Nosotros vamos a entregar todas las facturas de compras y además todo un análisis de los perdigones de goma”.

Acusan estar ante una evidente contradicción que lleva a pensar que el Gobierno de Chile no podría desconocer la composición de las municiones que están siendo eyectadas desde las escopetas de Carabineros de Chile o bien existe una validación en que se ocupen las mismas.

En consonancia con lo anterior, la alta cantidad de personas que han resultado heridas producto del uso indiscriminado de escopetas de disparo de cartuchos con balas o balines de cualquier tipo, por parte de Carabineros de Chile ha quedado en evidencia por distintos medios de comunicación y que contradice el Protocolo de Uso Progresivo de la Fuerza, constatando el Instituto Nacional de Derechos Humanos que al 18 de noviembre de 2019 existen 2.391 personas heridas, entre los que se cuentan 222 con heridas oculares. El Colegio Médico de Chile calificó esta situación como "una catástrofe sanitaria", señalando que "la cantidad histórica de pacientes que están quedando ciegos de un ojo es tremenda". En este contexto, don nombre reservado, presidente de Derechos Humanos del Colegio Médico, destacó que "cuando empezamos a investigar esto, llevábamos 29 ojos perdidos. Hoy llevamos más de 200 y no se escucha, hemos tratado de dialogar y nos enfrentamos a una pared que no responde".

Pese a la alta cantidad de personas heridas por utilización de armas por parte de Carabineros de Chile, el Ministro del Interior, don Gonzalo Blumel, ha señalado que se debe dejar que las instituciones funcionen, lo que lleva a concluir que no existe cuestionamiento al actuar de la fuerza pública, ni disposición en revisar los procedimientos ni en adecuar estos a los protocolos establecidos, todo lo contrario, existiría una validación y un incondicional respaldo al actuar policial. A mayor abundamiento, las Fuerzas Armadas y de Orden cuentan con protocolos para el uso de la fuerza, los que han incumplido absolutamente. En efecto, Carabineros de Chile se encuentra sujeto no sólo a la normativa internacional y constitucional de resguardo a la integridad personal, sino además, a sus propios Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público que a la fecha de los hechos descritos en esta acción regulan las circunstancias que deben atenderse para que sea legitimo el uso de escopetas antidisturbios.

En la ciudad de Arica se han desarrollado diversas manifestaciones en el contexto del estallido social, dichas movilizaciones se han suscitado de forma pacífica por los manifestantes y diversas organizaciones de la sociedad civil. Es así como el sábado 19 de octubre del presente se desarrolló un ”cacerolazo” en la Rotonda Tucapel, que contó con la asistencia de más de 5.000 personas, la que se desarrolló de manera completamente pacífica desde su inicio hasta su término, luego de aquello y siendo la medianoche del día 20 de octubre, una vez finalizada la manifestación, habrían ocurrido desmanes en el sector y alrededores e intentos de saqueo del Supermercado “Híper Lider", por lo que Carabineros de Chile, quienes se encontraban el lugar, comenzaron a desplegarse por el sector lanzando bombas lacrimógenas de manera indiscriminada.

Luego de aquello, el día lunes 21 de octubre del presente, se dio a lugar a una de las jornadas de manifestación con mayor asistencia de participación, donde unos 6.000 manifestantes, compuestos por diversas organizaciones sociales, culturales y ambientales, además de familias completas compuestas por adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, estudiantes secundarios y universitarios, marcharon desde la intersección de las avenidas Santa María con Diego Portales, para luego tomar las Avenidas Juan Antonio Ríos en dirección hacia Avenida General Velásquez y Calle Arturo Prat por Avenida Chacabuco hasta concluir en el reducto de Plaza Vicuña Mackenna, donde dieron lugar a expresiones pacíficas de forma colectiva; sin embargo, frente a esta gran convocatoria de la ciudadanía, un grupo reducido, descolgándose del pacífico jubilo que se desarrollaba en la plaza antes descrita, se apostó en Avenida Comandante San Martin, frente a la Capitanía de Puerto, intentando vandalizar, formando barricadas en su lugar y elaborando artefactos incendiarios como bombas molotov; a consecuencia de lo anterior, las Fuerzas Especiales de Carabineros que se encontraban a unos pasos del lugar, y actuando de una forma excesiva y violenta, reprimieron no tan solo a quienes se encontraban realizando los destrozos señalados, sino que también, de manera simultánea, irresponsable y sin medir consecuencias, a quienes estaban al otro extremo del lugar, es decir, al conjunto de manifestantes que se expresaban de forma pacífica, y que estaba compuesto por familias, adultos mayores, niños y niñas, lanzando bombas lacrimógenas, gas pimienta, además de disparos de perdigones, todo esto sin velar ni respetar sus propios protocolos vigentes. Producto de este actuar poco pulcro e irresponsable, el grueso de las personas antes descritas fueron afectadas con los medios de disuasión ejercidos, teniendo consecuencias visuales y respiratorias producto de gases emanados de bombas lacrimógenas y gases pimienta, siendo los de mayor gravedad los afectados con balines y perdigones en diferentes partes de sus cuerpos, dejando constancia que el actuar de las FFEE de Carabineros de Chile, fue excesivo y violento.

Las manifestaciones pacíficas han continuado, pero lamentablemente el actuar policial ha ocasionado que en nuestra ciudad ya existan 60 denuncias de personas que han visto vulnerados sus derechos según lo señalado por el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de Arica y Parinacota, casos de heridas de perdigón y balines.

En cuanto a las garantías conculcadas citan las previstas en los numerales 1, 12 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Piden el cese inmediato de la utilización de escopetas con perdigones de caucho o plomo o que tengan ambos compuestos.

En su oportunidad informó don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona, quien se refirió a la falta de legitimación activa de los recurrentes, en atención a que el recurso no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado al no encontrase debidamente individualizado el afectado; ya que en este caso, ninguno de los recurrentes se individualiza como agraviado por alguna de las acciones que dicen ser vulneradoras de derechos fundamentales, solamente hacen referencia a ciertas estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no se indica con precisión quien o quienes son los supuestos agraviados.

Por otra parte los recurrentes pretenden utilizar este mecanismo de protección de garantías Constitucionales, como una acción popular, pues la deducen en favor de todos los habitantes de Arica, lo cual no se ajusta a las normas que reglan su tramitación; en este sentido, es útil recordar que la abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, ha precisado que la legitimación activa, es decir, la individualización de la persona que ha sufrido el agravio, es un requisito necesario para intentar esta acción.

Por último esta acción debe ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se ha cometido el acto u omisión arbitrario o ilegal, y los recurrentes no especifican en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones, las que, al parecer, se habrían verificado en distintos lugares del país, es decir, más allá de la jurisdicción que el legislador ha entregado a esta Corte de Apelaciones. Esta omisión, desde el punto de vista procesal, es relevante porque impide determinar si la Corte es o no competente para conocer y resolver la presente acción cautelar.

En cuanto al fondo, precisa que el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio, eran ilegales, pues no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente; sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de actividades, grupos de individuos que actúan con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que ponían en riesgo no solo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial, por ello fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, especialmente, el cañón de agua, los gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios, todos ellos expresamente contemplados y autorizados en el mencionado protocolo.

Se dijo que el uso de la escopeta antidisturbios configuraría un actuar arbitrario e ilegal de su parte porque no se ajustaría a los protocolos establecidos; no sería una medida imprescindible para restablecer el orden público y disuadir manifestaciones, ya que existirían otros mecanismos; y porque la Institución utilizaría este tipo de armas solo para infligir “temor en la población” quienes, al verse afectados por un posible impacto de proyectiles, se inhibirían de asistir a las manifestaciones populares.

Con el propósito de descartar un actuar ilegal, es necesario señalar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, está el resguardo del Orden Público, así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República. Atribución que también está consagrada en el inciso primero, del artículo 1°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. En este contexto para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado; en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señala el Decreto Supremo 1364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, la Circular 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la Orden General N° 2635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público. Todas ellas, constituyen el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Adicionalmente, se debe precisar que, Carabineros de Chile, para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, el primero, corresponde al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que en su artículo 3° señala que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, en segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en su numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza o las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecuta sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.”.

La Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios: a) Reguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: Primaria, dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; Secundaria, armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; Terciarias, armas largas, y; Cuarta, armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, que puede ser violenta o agresiva, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que el teatro de operaciones así lo permita, así, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo sin duda podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Ahora bien, la contingencia de orden público que se ha vivido, nunca pudo haber sido prevista en el actual protocolo, pues fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurrían de forma esporádica y con un nivel de convocatoria acotado. Los últimos acontecimientos provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, se debe mencionar que desde el día 18 de octubre al 26 de noviembre del presente año han ocurrido 6.372 eventos a nivel nacional, de los cuales, 2.495 han sido desórdenes, 855 saqueos, 773 daños, 262 incendios y 1.987 casos catalogados como otros hechos; y a nivel Regional correspondiente a Arica y Parinacota, al día 25 de noviembre del presente, han ocurrido 139 eventos, de los cuales 64 han sido desórdenes, 25 saqueos, 5 daños, 1 incendio, y 3 casos catalogados como otros hechos, lo que deja en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente en estas situaciones, sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo los cuales son utilizados de forma progresiva.

Como se aprecia, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Por ello, si se accediera a lo solicitado en la acción de protección, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución quedarán autorizados a utilizar sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. Es en este escenario que cobra relevancia la mencionada escopeta, la que, para este tipo de casos, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de ese elemento.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe informar que la Institución se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público y que, si bien ya se había acotado la utilización de la escopeta antidisturbios para ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legitima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales para esta defensa, con fecha 19 de noviembre pasado se ordenó suspender su utilización como herramienta antidisturbios, la que solo puede ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, lo cual quedó registrado en el Documento Electrónico N.C.U. N° 105493134, de 20 de noviembre de 2019.

Además, se hace presente que el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

En conclusión: La escopeta antidisturbios solo se utiliza para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan desórdenes graves, como incendios, saqueos y agresiones a las personas y al personal de Carabineros de Chile, en ningún caso su fin es atacar a los individuos que legítimamente participan en las marchas pacíficas, a los cuales la Institución está obligada a proteger.

El protocolo para el mantenimiento del orden público que regula la Orden General N° 2.635, establece que la fuerza para dispersar reuniones, debe utilizarse de manera gradual haciendo un uso diferenciado de los medios, en consideración a las circunstancias del caso y en especial a la actitud de los manifestantes. En ese sentido, la escopeta antidisturbios es un elemento disuasivo que se utiliza de forma progresiva y sólo respecto de manifestantes que ejecutan acciones violentas y agresivas, como bien lo indica el protocolo, en los distintos casos.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de tener presente que la acción constitucional de protección, carece de oportunidad en su ejercicio, cabe reiterar que es un hecho público y notorio, que con fecha 19 de noviembre del presente año, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, emitió un comunicado de prensa sobre uso de la munición en cuestión, señalando que se suspende el uso de dicha munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte.

Finalmente, se indica que la Institución ha tomado todos los resguardos para recibir e investigar aquellas denuncias que puedan formularse por el uso de la escopeta antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó al protocolo.

En último lugar, informó don nombre reservado, Intendente de la Región de Arica y Parinacota, quien expuso que en cuanto a las acciones u omisiones que se denuncian como ilegales y arbitrarias en el recurso, en general aparecen insertos en hechos relatados de manera difusa, relacionados mayormente con acontecimientos a nivel nacional, sin señalar con mayor precisión de circunstancias de tiempo y lugar en que se habrían precisamente conculcado los derechos de las personas y entes a cuyo favor se presenta el recurso, ni tampoco la relación de causalidad, entre la acción u omisión de los recurrido con dicha afectación.

Desde ya, y tras reproducir los hechos del recurso concluye que no hay una referencia expresa a una conducta de la Intendencia que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por los recurrentes, y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional están contestes en el hecho de reconocerle a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación informal y sumaria. Pues, como contrapartida, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata; ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta fundadamente en este informe, no se verifican en la especie.

Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido dos cuestiones en cuanto al sujeto activo: En primer lugar, se ha afirmado que la acción de protección no puede tomarse como una acción pública. De este modo, se han rechazado recursos de protección interpuestos por una o más personas determinadas en beneficio propio y de un grupo de personas, por ejemplo, los habitantes de un lugar. Se ha sostenido, entonces, que el recurso de protección no se trata de una acción de naturaleza popular. En segundo lugar, la exigencia de un interés directo al sujeto activo. En este sentido, se ha dicho que solo el afectado es titular activo de la acción de protección.

Pues bien, en este caso, ninguno de los recurrentes se individualiza como agraviado por alguna de las acciones que dicen ser vulneradoras de derechos fundamentales, solamente hacen referencia a ciertas estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no se indica con precisión quién o quiénes son los supuestos agraviados. Sumado a lo anterior, señalan en forma expresa que deducen acción de protección en favor de todos los habitantes de la ciudad de Arica.

Conforme ya se señalara, no hay referencia expresa alguna a una conducta (acción u omisión) de la Intendencia Regional, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por los recurrentes.

En otro orden de ideas, en el libelo no se hace tampoco referencia expresa a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que, a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y resto del país. Respecto de esto último, no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que incurre en estos hechos, pero de ninguna manera, es la Intendencia Regional de Arica y Parinacota responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

En conclusión, en lo que dice relación sobre este punto, no está demás precisar que, las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos. Dado el carácter cautelar, excepcional, urgente, de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones. Al respecto, al tratarse el personal de Carabineros de Chile de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo, puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

En este punto destaca que, ante eventuales infracciones a los deberes y obligaciones de estos servidores públicos, existe por un lado una estructura de control sobre el accionar del personal de Carabineros de Chile, y por otro, los canales y mecanismos establecidos en la Constitución y las Leyes que permiten dar cuenta, atender y resolver estas vulneraciones, entre otras, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, sus normas estatutarias y reglamentarias. De otra forma, en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla, no siendo la acción de protección, evidentemente, la idónea para obtener tal finalidad.

En consecuencia, respecto de las acciones que han sido denunciadas como constitutivas de atentados a los derechos constitucionales indicados por los recurrentes, en la medida que respondan a ilícitos penales o infracciones administrativas, deben ser denunciadas, tramitadas y resueltas por las autoridades correspondientes conforme a la legalidad vigente, ya sea, la propia institución de Carabineros de Chile en sede administrativa, y los tribunales de justicia en sede civil y/o penal, por lo que la acción de protección no es la vía idónea para denunciar los hechos expuestos por los recurrentes.

Finalmente conviene tener presente que, la acción constitucional perdió oportunidad, toda vez que su pretensión principal, era ordenar la detención inmediata del uso de armas letales y no letales frente a las marchas pacíficas en la Región, la que fue satisfecha totalmente, a propósito del hecho público y notorio comunicado por Carabineros de Chile, el pasado 19 de noviembre del año en curso. En efecto, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, comunicó a la ciudadanía que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Y si bien la escopeta antidisturbios con munición no letal podría utilizarse en los niveles 4 y 5, de agresión activa y agresión activa potencialmente letal; en la actualidad, ella solo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, o sea, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero.

Así, hoy esta acción de protección ha perdido oportunidad, no advirtiéndose alguna medida cautelar que pueda adoptarse para restablecer el imperio del derecho, eventualmente quebrantado por la Iltma. Corte de Apelaciones.

Por su parte, en lo que dice relación con la solicitud consistente en prohibir o limitar la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”; cabe evidenciar que, el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros de Chile debe cumplir y observar atentamente, en el ejercicio diario de su función de control de orden público.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie los hechos que se reputan ilegales y arbitrarios y de los que da cuenta el recurso en lo medular, son la imputación del uso excesivo de violencia por parte de funcionarios de Carabineros de Chile, quienes armados de escopetas antidisturbios al día 18 de noviembre del año en curso han causado lesiones oculares a cerca de 222 personas a lo largo de todo Chile y, respecto de la ciudad de Arica el uso de bombas lacrimógenas de manera indiscriminada al término de la jornada de protestas pacíficas del día 19 de octubre y del uso de las mismas, gas pimienta y disparo de perdigones compuestos en un 80% de plomo, silicio y sulfato de bario y en un 20% de caucho, en la jornada del lunes día 21 de octubre.

CUARTO: Que, los actos denunciados por esta vía no constituyen una vulneración específicas de garantías constitucionales de una persona o personas determinadas en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, vislumbrándose en los hechos una verdadera acción popular en favor de un colectivo, pero sin indicar siquiera el nombre de alguna persona lesionada con el uso de la violencia excesiva que se acusa.

En efecto, se denuncia la existencia de personas con lesiones oculares que darían lugar a una eventual emergencia sanitaria nunca antes vista en el territorio nacional, pero no se indica el nombre de ninguno o si alguno de ellos fue víctima de dicha lesión dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte de Apelaciones que autorice su intervención.

QUINTO: Que, en el mismo orden de ideas el recurso se refiere a que determinadas personas fueron afectadas con los medios de disuasión ejercidos, teniendo consecuencias visuales y respiratorias producto de gases emanados de bombas lacrimógenas y gases pimienta, siendo los de mayor gravedad los afectados con balines y perdigones en diferentes partes de sus cuerpos, no obstante tampoco se indica si alguno de los recurrentes fue lesionado por perdigones o si fueron víctimas del uso de bombas lacrimógenas en cualquiera de las manifestaciones realizadas en la ciudad.

SEXTO: Que, los antecedentes que se ponen en conocimiento de esta Corte de Apelaciones a lo largo del extenso recurso, dando cuenta de situaciones de público conocimiento que se han repetido a lo largo de todo el país a partir del descontento de un grupo de alumnos de secundaria que se ha denominado popularmente “un estallido social”, no autorizan la intervención de esta Corte de Apelaciones sin que se haga saber al menos la individualización de alguna persona que haya sido víctima de los abusos que se denuncian en el recurso y, dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, e incluso de existir acciones constitutivas de delitos, su conocimiento excede el marco del presente recurso y deben operar las denuncias e investigaciones correspondientes.

SÉPTIMO: Que, no obstante lo razonado precedentemente, admitiendo por último que los recurrentes deducen la presente acción constitucional en su favor personal y forma preventiva, por tener un interés en participar en futuras manifestaciones sociales pacíficas, esta Corte, por las razones esgrimidas en la sentencia de once del presente mes y año, pronunciada en el recurso de protección Rol N° 1563-2019, procederá a desestimar la presente acción constitucional, a saber:

“CUARTO: Que, esta Corte comparte los fundamentos esgrimidos en el recurso de amparo Rol N°2241-2019, de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto señala: “…en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa reglamentaria que lo regula y causando lesiones a las personas, evidentemente esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías que prevé la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla…”.

Agrega el mismo fallo que “Cuestión distinta, sin embargo, es la ilegalidad que podría constituir la utilización misma de esa clase de armas, es decir, que la ley proscriba su uso, pues en tal caso innegablemente la jurisdicción estaría en situación de declarar tal ilegalidad y disponer medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho para que esa prohibición sea observada de manera efectiva.”.

Añade también la aludida sentencia que: “…sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política -de acuerdo al cual las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior-, la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 4 de ese mes y año, titulada “Uso de la Fuerza: Actualiza Instrucciones al respecto” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, División Carabineros de Chile, Dirección General, constituye el instrumento normativo que en el derecho interno regula los casos en que se permite el uso de la fuerza y habilita el uso de armas no letales cuando se verifique una “agresión activa” constituida por el “intento de lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo”. Agrega el documento que “la fuerza debe disminuir si la resistencia de la persona sujeta a control o actuar policial también decrece” y que “el Carabinero debe mantener un diálogo permanente que le permita manejar la situación en cada uno de los niveles”. Se consagra también el principio de proporcionalidad, de acuerdo al cual “debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un Carabinero y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial”; agregando que este principio “conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo y, en su caso, considerar las características particulares de la persona, como por ejemplo, ser un niño, niña o adolescente o un adulto mayor”.

Por otra parte, la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, emitida por la Dirección General de Carabineros de Chile y que contiene los “Protocolos para el mantenimiento del orden público”, se refiere al empleo de la escopeta antidisturbios indicando que éste deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor donde está en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros”, correspondiendo esa utilización, conforme a la antes aludida Circular N° 1.832, únicamente a los niveles 4 y 5, que se refieren respectivamente a “agresión activa” y “agresión activa potencialmente letal”.

QUINTO: Que, el apoderado de Carabineros de Chile, en estrado señaló, respecto del uso de balines que el General Director de Carabineros dispuso nuevas medidas para asegurar la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza en el control del orden público, considerando el nuevo contexto social en el cual se están desarrollando las manifestaciones y eventos vinculados al orden y seguridad pública. Específicamente se dice, en lo que interesa al recurso, que respecto del uso de escopetas antidisturbios “se acotará su uso a casos donde exista riesgo de vida para Carabineros o de civiles, o amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados, lo que significa perfeccionar el protocolo que fue actualizado en marzo de 2019 y, dadas las circunstancias actuales, requiere una nueva actualización”, añadiendo que “independiente de la tramitación de los cambios a los protocolos, esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos”, realizándose además un nuevo entrenamiento entre el personal autorizado para el uso. Finalmente indica que en el caso de quienes usen escopetas antidisturbios, deberán portar cámaras de video corporales (Orden General N° 2735 de 13 de noviembre de 2019, en relación con la Orden General N° 2635 de 1 de marzo de 2019).

SEXTO: Que, como puede apreciarse, además de entregarse constitucionalmente el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público, la normativa que rige a Carabineros de Chile, principal llamado a ello que constituye no solo una misión, sino que también un deber, contiene disposiciones precisas que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de la clase de implementos a que se refiere el recurso. Asimismo, un ejercicio valorativo de complejidad bastante reducida habilita además para sostener que los supuestos de hecho en que se permite el empleo de las denominadas escopetas antidisturbios son similares a aquellos en que la ley faculta para obrar en legítima defensa. Ahora bien, la contravención a esta normativa es evidentemente ilegal, pero evidentemente también esa contravención no convierte en ilegal a la normativa y es por ello que la acción de protección debe ser desestimada.

SÉPTIMO: Que, no corresponde en un recurso de protección ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley y que terminan siendo meramente retóricas, pues reiteran lo que está dicho, precisamente, en la Constitución y en la ley, sino disponer medidas precisas y determinadas que tengan por finalidad restablecer el imperio del derecho que se ha visto quebrantado por un acto o una omisión ilegal que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual que la Carta Fundamental asegura a todas las personas.”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por los abogados Pabla Bustos Castillo, Daniella Brondi Salvo, Alonso Ferreira Verdejo, Luis Jiménez Cáceres, Karina O’Ryan Vicencio, Oscar Ossandon Rubio y Jessica Soto Gutiérrez en favor de la Organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota y de Carabineros de Chile.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Se previene que el Ministro, don José Delgado Ahumada, concurre al rechazo del recurso únicamente por las consideraciones primera a sexta, prescindiendo de las restantes.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1599-2019 Protección.