nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Arica, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparecen NICOLE SOTO VALENZUELA, abogada, y RICARDO GALAZ MOREIRA, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, con domicilio en domicilio reservado, y en contra del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, con domicilio en Palacio de la Moneda, Santiago.

Exponen que ante la situación actual de descontento social que afecta al país, según declaraciones del Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos de Chile nombre reservado, son más de 200 las personas que han perdido uno de sus ojos, lo que es muy grave ya que no ha ocurrido nada de tal magnitud en ninguna parte del mundo.

Es un hecho público y notorio que el uso indiscriminado de balines y de gas lacrimógeno no sólo afecta a quienes detentan el derecho constitucional de protestar, sino que además afecta a todos los peatones y ciudadanía que transitan por el lugar. No es posible que ejercer ese derecho, condicione el desplazamiento libre por la ciudad, es imposible y nocivo respirar, sumado al riesgo de quedar con trauma ocular por el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios.

No obstante lo anterior, el gobierno ha desvalorizado y descalificado, el derecho a la protesta social, con el único fin de silenciarlo mediante la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, sembrando miedo y división en la ciudadanía. El principal discurso que se ha manipulado es asimilar la protesta pacífica a la violencia, buscando justificación para suprimir el estallido social actual.

Por todo lo anterior, interponen el presente recurso de protección de garantías constitucionales en relación a la vulneración, privación y amenaza de su derecho de protestar, de manifestarse pacíficamente, del libre tránsito, de su seguridad individual y a su derecho junto al de toda la población a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Todos aquellos derechos son vulnerados de forma permanente por Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que se ven amedrentados y limitados en el derecho de salir y marchar con el objetivo de presionar al Gobierno de Chile para que tome medidas en materia de justicia social y repare la impunidad en la que se ha vivido por parte de quienes han cometido y siguen cometiendo enormes abusos en la economía, naturaleza y sociedad, pues cuando se ejerce dicho derecho se corre el riesgo de perder los ojos, ser secuestrados, intoxicados, golpeados, vejados sexualmente, privados de libertad e incluso, a expuestos a perder la vida.

La protesta social es una expresión del derecho a voz y reunión garantizado por la Constitución Política de la República y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por otra su parte, para criminalizar la protesta social se ha recurrido al delito de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal, norma que deviene en arbitraria al confundir a los manifestantes pacíficos o transeúntes con aquellos que cometen ilícitos. Carabineros a través de esta figura detiene de forma masiva, indiscriminada y abusivamente a manifestantes y transeúntes bajo la imputación de desórdenes públicos.

Recurrentemente han detenido a personas por largo tiempo y al no existir pruebas concretas son liberados, resultando dicha detenciones ilegales e impunes. No se ha respetado el Principio Constitucional de Objetividad que obliga a investigar y recabar, con el mismo celo, los antecedentes de un hecho delictivo que conduzcan a establecer la culpabilidad de un imputado como aquello que puedan probar su inocencia.

A mayor abundamiento, los defensores penales públicos con recarga de trabajo han buscado salidas alternativas y en muchos casos han obligado a los imputados, muchos inocentes a aceptar acuerdos con el Ministerio Público sin mediar otra posibilidad.

En este mismo orden de ideas, el abuso policial se ha visto en el empleo de medios de disuasión químicos como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos en áreas urbanas sin discriminar entre manifestantes y transeúntes arrojando bombas en medio de la circulación, al interior de escuelas, recintos de salud, universidades, viviendas y locales comerciales.

Asimismo, queda patente la desprotección total de la población en materia medioambiental, ya que se convive a diario con los restos disuasivos químicos que permanecen en las calles y aceras durante días dañando la salud de la población.

El total desconocimiento y la falta de interés por parte de quienes se dicen comprometidos con el cambio climático, en 22 días han contaminado de forma irresponsable, pues no existe estudio conocido que respalde la inocuidad de los gases con fines disuasivos.

Por todo lo anterior, debe estar absolutamente prohibido utilizar políticamente a la fuerza pública para actuar al margen de la ley. Es más, Carabineros, institución remunerada con el objeto de proteger, por ello se les proporciona armamento -último recurso-, para reducir a cinco o diez manifestantes violentos, basta con un contingente policial y vehículos para transportados, sin necesidad de utilizar más medio disuasivo que la fuerza. Por otro lado, muchos registros audiovisuales circulan entre las personas en redes sociales en los cuales se puede ver a muchos Carabineros en el consumo de cocaína vistiendo el uniforme de la institución y en medio de las marchas. Eso explicaría el nivel de ensañamiento e inconsciencia en el actuar de muchos efectivos.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas se citan los numerales 1, 6, 12, 13, 14 y 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Piden: Exigir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a sus policías pasar de una política de represión a una de conducción y protección del derecho a manifestarse; la creación de un buzón para recibir denuncias audiovisuales por parte de tribunales; se publiquen los protocolos de la actuación policial, transparentando si el uso de estupefacientes es parte de dicho protocolo; detener a los sujetos violentos sólo en caso de flagrancia, terminar con el castigo físico de los detenidos al interior de los buses y unidades policiales; establecer procedimientos expeditos de constatación de lesiones y registro de detenidos en comisarías además de dar estricto cumplimiento a los derechos de todo imputado; prohibir la salida de vehículos policiales sin patente, uniformados sin identificación y retirar a las policías de civil; utilizar cámaras de filmación continua por parte de todos los carabineros a fin de evitar el abuso policial notorio y público conocimiento; prohibir de forma inmediata el uso de balines a todo evento por Carabineros de Chile y prohibir la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos.

En su oportunidad informó el Ministerio del Interior y Seguridad Publica que los dos recurrentes han presentado la misma acción en distintas Cortes de Apelaciones del país, solo cambiando su domicilio; constatando que, actualmente, esta idéntica acción de protección se tramita, en paralelo, ante otras 7 magistraturas del país, bajo los siguientes roles, a saber: causa rol N° 988-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique; causa rol N° 397-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó; causas rol N° 3.681-2019 y 3.691-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena; causa rol N° 37.646-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso; causa rol N° 20.022-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua; causa rol N° 53.475-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y causa rol N° 175.067-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Precisado lo anterior, es menester señalar que los recurrentes en la segunda página de su presentación, aluden a una acción popular.

Desde ya, conviene hacer presente que no hay una referencia expresa a una conducta de su parte que, prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por parte de los recurrentes y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar.

Como es de conocimiento público, a partir del día viernes 18 de octubre del año en curso, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, especialmente, de la red de transporte del Metro y de buses; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles. El inédito fenómeno, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país.

El artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, establece la acción de protección de derechos constitucionales, a efecto de subsanar aquellas situaciones en las que cualquier individuo pueda ser objeto de privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías. AI respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación informal y sumaria. Pues, como contrapartida, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata; ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta fundadamente en este informe, no se verifican en la especie por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

En este mismo sentido, la Excelentísima Corte Suprema, en la causa rol N° 30.027-2014, ha resuelto que, “Como se ha establecido en sentencia de esta Corte, “lógicamente dada la naturaleza del recurso y el hecho que deje subsistentes las vías legales que existan para discutir el asunto contenciosamente, debe tratarse de hechos ostensiblemente arbitrarlos o ilegales, que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento que para el efecto se ha establecido en el respectivo Auto Acordado .

Expone que no hay referencia expresa alguna a una conducta (acción u omisión) de ducha Secretaria de Estado, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por los recurrentes y que pueda ser remediada a través de la presente acción constitucional.

Así las cosas, su parte cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional, y las ha ejercido cumpliendo sus compromisos en la materia. En efecto, mediante el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia.

Precisa que con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros de Chile, diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el citado Decreto Supremo N° 1.364; se estableció en su artículo segundo que, dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial.

En ese contexto con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

A modo de síntesis, en esta materia la normativa contiene disposiciones que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de diversos elementos disuasivos y medios de fuerza que Carabineros de Chile está autorizado a utilizar, en una lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad de su uso. Lo anterior, a fin de que dicha institución policial pueda cumplir con su función de garantizar y mantener el orden público y la seguridad publica interior en todo el territorio de la Republica.

En otro orden de ideas, en el libelo de autos, no se hace tampoco referencia expresa y determinada a una actuación concreta de personal operativo de Carabineros de Chile, sino que, a actuaciones genéricas de dicha policía en la zona y resto del país.

AI respecto, no cabe sino concluir que las situaciones expuestas en la acción de protección, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en los hechos que se mencionan; pero de ninguna manera, es el Ministro del Interior y Seguridad Publica, el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Finalmente, no está demás precisar que, las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta, debiendo destacarse que el ordenamiento jurídico nacional contempla vías específicas e idóneas para conocer esos casos.

Dado el carácter cautelar, excepcional, urgente, de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones. AI respecto, al tratarse el personal de Carabineros de Chile de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo, puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

De otra forma, en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla, no siendo la acción de protección, evidentemente, la vía idónea para obtener tal finalidad.

En consecuencia, respecto de las acciones que han sido denunciadas como constitutivas de atentados a los derechos constitucionales indicados por los recurrentes, en la medida que respondan a ilícitos penales o infracciones administrativas, deben ser denunciadas, tramitadas y resueltas por las autoridades correspondientes conforme a la legalidad vigente, ya sea, la propia institución de Carabineros de Chile en sede administrativa, y los tribunales de justicia en sede civil y/o penal, por lo que la acción de protección no es la vía idónea para denunciar los hechos expuestos por los recurrentes.

Por último, cabe señalar que nuestro ordenamiento institucional, contempla la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley N° 20.405; el cual, se encuentra actualmente recabando las denuncias de la ciudadanía y presentando las acciones penales correspondientes ante los tribunales competentes.

Finalmente entre otras peticiones, en esto autos se solicita que se prohíba o se suspenda el empleo de balines por parte de Carabineros de Chile y se prohíba la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos. Precisado lo anterior, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, el pasado martes 19 de noviembre, comunico a la ciudadanía en un punto de prensa que, respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, se suspendía el uso de aquella como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte.

Así, es menester precisar que, si bien la escopeta antidisturbios con munición no letal, podía utilizarse en los niveles 4 y 5, de agresión activa y agresión activa potencialmente letal; en la actualidad, ella solo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, o sea, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero.

Como se puede observar, la acción de protección ha perdido, además, oportunidad, no advirtiéndose alguna medida cautelar que pueda adoptar la Corte para restablecer el imperio del derecho, eventualmente quebrantado.

Por su parte, en lo que dice relación con la solicitud consistente en prohibir o limitar la utilización indiscriminada de “bombas lacrimógenas”, cabe evidenciar que, el uso de disuasivos químicos se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos, los que Carabineros de Chile debe cumplir y observar atentamente, en el ejercicio diario de su función de control de orden público.

Por todo lo señalado, la acción de protección debe ser rechazada, además, por no haberse acreditado, ni siquiera mínimamente, como se estarían afectando por la Secretaria de Estado los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En último lugar informó don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona, quien se refirió a la falta de legitimación activa de los recurrentes, en atención a que el recurso no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado al no encontrase debidamente individualizado el afectado; ya que en este caso, ninguno de los recurrentes se individualiza como agraviado por alguna de las acciones que dicen ser vulneradoras de derechos fundamentales, solamente hacen referencia a ciertas estadísticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero no se indica con precisión quien o quienes son los supuestos agraviados.

Por otra parte los recurrentes pretenden utilizar este mecanismo de protección de garantías Constitucionales, como una acción popular, pues la deducen en favor de todos los peatones y ciudadanía, lo cual no se ajusta a las normas que reglan su tramitación; en este sentido, es útil recordar que la abundante jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, ha precisado que la legitimación activa, es decir, la individualización de la persona que ha sufrido el agravio, es un requisito necesario para intentar esta acción.

Por último esta acción debe ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se ha cometido el acto u omisión arbitrario o ilegal, y los recurrentes no especifican en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones, las que, al parecer, se habrían verificado en distintos lugares del país, es decir, más allá de la jurisdicción que el legislador ha entregado a esta Corte de Apelaciones. Esta omisión, desde el punto de vista procesal, es relevante porque impide determinar si la Corte es o no competente para conocer y resolver la presente acción cautelar.

En cuanto al fondo, precisa que el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio, eran ilegales, pues no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente; sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de actividades, grupos de individuos que actúan con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que ponían en riesgo no solo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial, por ello fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, especialmente, el cañón de agua, los gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios, todos ellos expresamente contemplados y autorizados en el mencionado protocolo.

Se dijo que el uso de la escopeta antidisturbios configuraría un actuar arbitrario e ilegal de su parte porque no se ajustaría a los protocolos establecidos; no sería una medida imprescindible para restablecer el orden público y disuadir manifestaciones, ya que existirían otros mecanismos; y porque la Institución utilizaría este tipo de armas solo para infligir “temor en la población” quienes, al verse afectados por un posible impacto de proyectiles, se inhibirían de asistir a las manifestaciones populares.

Con el propósito de descartar un actuar ilegal, es necesario señalar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, está el resguardo del Orden Público, así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República. Atribución que también está consagrada en el inciso primero, del artículo 1°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. En este contexto para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado; en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señala el Decreto Supremo 1364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, la Circular 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la Orden General N° 2635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público. Todas ellas, constituyen el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Adicionalmente, se debe precisar que, Carabineros de Chile, para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, el primero, corresponde al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que en su artículo 3° señala que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, en segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en su numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza o las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, es decir, el uso de los elementos disuasivos se ejecuta sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.”.

La Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios: a) Reguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público;

c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo número uno contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual atiende a la siguiente clasificación: Primaria, dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; Secundaria, armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; Terciarias, armas largas, y; Cuarta, armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, que puede ser violenta o agresiva, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N° 2.635 ha definido; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que el teatro de operaciones así lo permita, así, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo sin duda podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Ahora bien, la contingencia de orden público que se ha vivido, nunca pudo haber sido prevista en el actual protocolo, pues fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurrían de forma esporádica y con un nivel de convocatoria acotado. Los últimos acontecimientos provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, se debe mencionar que desde el día 18 de octubre al 26 de noviembre del presente año han ocurrido 6.372 eventos a nivel nacional, de los cuales, 2.495 han sido desórdenes, 855 saqueos, 773 daños, 262 incendios y 1.987 casos catalogados como otros hechos; y a nivel Regional correspondiente a Arica y Parinacota, al día 25 de noviembre del presente, han ocurrido 139 eventos, de los cuales 64 han sido desórdenes, 25 saqueos, 5 daños, 1 incendio, y 3 casos catalogados como otros hechos, lo que deja en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente en estas situaciones, sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo los cuales son utilizados de forma progresiva.

Como se aprecia, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Por ello, si se accediera a lo solicitado en la acción de protección, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución quedarán autorizados a utilizar sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. Es en este escenario que cobra relevancia la mencionada escopeta, la que, para este tipo de casos, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de ese elemento.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe informar que la Institución se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público y que, si bien ya se había acotado la utilización de la escopeta antidisturbios para ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legitima defensa del personal ante agresiones y previo al uso de las armas letales para esta defensa, ordenándose suspender su utilización como herramienta antidisturbios, la que solo puede ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legitima defensa, lo cual quedó registrado en el Documento Electrónico N.C.U. N° 105493134, de 20 de noviembre de 2019.

Además, se hace presente que el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

En conclusión: La escopeta antidisturbios solo se utiliza para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan desórdenes graves, como incendios, saqueos y agresiones a las personas y al personal de Carabineros de Chile, en ningún caso su fin es atacar a los individuos que legítimamente participan en las marchas pacíficas, a los cuales la Institución está obligada a proteger.

El protocolo para el mantenimiento del orden público que regula la Orden General N° 2.635, establece que la fuerza para dispersar reuniones, debe utilizarse de manera gradual haciendo un uso diferenciado de los medios, en consideración a las circunstancias del caso y en especial a la actitud de los manifestantes. En ese sentido, la escopeta antidisturbios es un elemento disuasivo que se utiliza de forma progresiva y sólo respecto de manifestantes que ejecutan acciones violentas y agresivas, como bien lo indica el protocolo, en los distintos casos.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de tener presente que la acción constitucional de protección, carece de oportunidad en su ejercicio, cabe reiterar que es un hecho público y notorio, que con fecha 19 de noviembre del presente año, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, emitió un comunicado de prensa sobre uso de la munición en cuestión, señalando que se suspende el uso de dicha munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte.

Finalmente, se indica que la Institución ha tomado todos los resguardos para recibir e investigar aquellas denuncias que puedan formularse por el uso de la escopeta antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se ajustó al protocolo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie los hechos que se reputan ilegales y arbitrarios y de los que da cuenta el recurso en lo medular, son la imputación del uso excesivo de violencia por parte de funcionarios de Carabineros de Chile, quienes han causado lesiones oculares a más de 200 personas, han usado balines y bombas lacrimógenas de manera indiscriminada y recurriendo al delito de desórdenes públicos han criminalizado la protesta social. Adicionado que ambas recurridas amedrentan y limitan el derecho a salir y marchar ya que al ejercerlo se exponen a perder la vista, ser víctimas del delito de secuestro, intoxicados, golpeados, vejados sexualmente o hasta privados de su libertad.

CUARTO: Que, los actos denunciados por esta vía no constituyen una vulneración específicas de garantías constitucionales de una persona o personas determinadas en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, vislumbrándose en los hechos una verdadera acción popular en favor de un colectivo, pero sin indicar siquiera el nombre de alguna persona lesionada con el uso de la violencia excesiva que se acusa.

En efecto, se denuncia la existencia de personas con lesiones oculares, pero no se indica el nombre de ninguno o si alguno de ellos fue víctima de dicha lesión dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte de Apelaciones que autorice su intervención.

QUINTO: Que, en el mismo orden de ideas el recurso se refiere a que determinadas personas fueron detenidas por largo tiempo, pero tampoco se indica si alguno de los recurrentes fue detenido ilegalmente o si aquello aconteció en esta ciudad. Menos aún se menciona quién o quiénes y por cierto dentro del territorio jurisdiccional de la ciudad de Arica fueron lesionado por perdigones, fueron víctimas del uso de bombas lacrimógenas o de los disuasivos químicos en cualquiera de las manifestaciones realizadas en la ciudad.

Tal es la indeterminación en el recurso que incluso se alude a detenciones masivas, indiscriminadas y abusivas sin ofrecer ninguna individualización, llegando a citar a Defensores Públicos, sin indicación de nombres que habrían obligado, a personas a aceptar acuerdos con el Ministerio Público, sin señalar ni nombres ni lugares.

SEXTO: Que, los antecedentes que se ponen en conocimiento de esta Corte de Apelaciones a lo largo del extenso recurso, dando cuenta de situaciones de público conocimiento que se han repetido a lo largo de todo el país, no autorizan la intervención de esta Corte de Apelaciones sin que se haga saber al menos la individualización de alguna persona que haya sido víctima de los abusos que se denuncian en el recurso y, dentro del territorio jurisdiccional de esta Corte, e incluso de existir acciones constitutivas de delitos, su conocimiento excede el marco del presente recurso y deben operar las denuncias e investigaciones correspondientes.

SÉPTIMO: Que, no obstante lo razonado precedentemente, admitiendo, por último, que los recurrentes deducen la presente acción constitucional en forma preventiva, por tener un interés en participar en futuras manifestaciones sociales pacíficas y en lo que han llamado “su derecho a salir y marchar para presionar al Gobierno”, esta Corte, por las razones esgrimidas en la sentencia de once del presente mes y año, pronunciada en el recurso de protección Rol N° 1563-2019, procederá a desestimar la presente acción constitucional, a saber:

“CUARTO: Que, esta Corte comparte los fundamentos esgrimidos en el recurso de amparo Rol N°2241-2019, de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto señala: “…en el escenario de asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, esto es, que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa reglamentaria que lo regula y causando lesiones a las personas, evidentemente esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías que prevé la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla…”.

Agrega el mismo fallo que “Cuestión distinta, sin embargo, es la ilegalidad que podría constituir la utilización misma de esa clase de armas, es decir, que la ley proscriba su uso, pues en tal caso innegablemente la jurisdicción estaría en situación de declarar tal ilegalidad y disponer medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho para que esa prohibición sea observada de manera efectiva.”.

Añade también la aludida sentencia que: “…sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política -de acuerdo al cual las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior-, la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, publicada en el Diario Oficial el 4 de ese mes y año, titulada “Uso de la Fuerza: Actualiza Instrucciones al respecto” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, División Carabineros de Chile, Dirección General, constituye el instrumento normativo que en el derecho interno regula los casos en que se permite el uso de la fuerza y habilita el uso de armas no letales cuando se verifique una “agresión activa” constituida por el “intento de lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo”. Agrega el documento que “la fuerza debe disminuir si la resistencia de la persona sujeta a control o actuar policial también decrece” y que “el Carabinero debe mantener un diálogo permanente que le permita manejar la situación en cada uno de los niveles”. Se consagra también el principio de proporcionalidad, de acuerdo al cual “debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un Carabinero y la intensidad de fuerza que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial”; agregando que este principio “conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo y, en su caso, considerar las características particulares de la persona, como por ejemplo, ser un niño, niña o adolescente o un adulto mayor”.

Por otra parte, la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, emitida por la Dirección General de Carabineros de Chile y que contiene los “Protocolos para el mantenimiento del orden público”, se refiere al empleo de la escopeta antidisturbios indicando que éste deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor donde está en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros”, correspondiendo esa utilización, conforme a la antes aludida Circular N° 1.832, únicamente a los niveles 4 y 5, que se refieren respectivamente a “agresión activa” y “agresión activa potencialmente letal”.

QUINTO: Que, el apoderado de Carabineros de Chile, en estrado señaló, respecto del uso de balines que el General Director de Carabineros dispuso nuevas medidas para asegurar la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza en el control del orden público, considerando el nuevo contexto social en el cual se están desarrollando las manifestaciones y eventos vinculados al orden y seguridad pública. Específicamente se dice, en lo que interesa al recurso, que respecto del uso de escopetas antidisturbios “se acotará su uso a casos donde exista riesgo de vida para Carabineros o de civiles, o amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados, lo que significa perfeccionar el protocolo que fue actualizado en marzo de 2019 y, dadas las circunstancias actuales, requiere una nueva actualización”, añadiendo que “independiente de la tramitación de los cambios a los protocolos, esta medida empezará a regir de inmediato, por medio de instrucciones a los respectivos mandos operativos”, realizándose además un nuevo entrenamiento entre el personal autorizado para el uso. Finalmente indica que en el caso de quienes usen escopetas antidisturbios, deberán portar cámaras de video corporales (Orden General N° 2735 de 13 de noviembre de 2019, en relación con la Orden General N° 2635 de 1 de marzo de 2019).

SEXTO: Que, como puede apreciarse, además de entregarse constitucionalmente el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público, la normativa que rige a Carabineros de Chile, principal llamado a ello que constituye no solo una misión, sino que también un deber, contiene disposiciones precisas que permiten, regulan, acotan y precisan las condiciones de utilización de la clase de implementos a que se refiere el recurso. Asimismo, un ejercicio valorativo de complejidad bastante reducida habilita además para sostener que los supuestos de hecho en que se permite el empleo de las denominadas escopetas antidisturbios son similares a aquellos en que la ley faculta para obrar en legítima defensa. Ahora bien, la contravención a esta normativa es evidentemente ilegal, pero evidentemente también esa contravención no convierte en ilegal a la normativa y es por ello que la acción de protección debe ser desestimada.

SÉPTIMO: Que, no corresponde en un recurso de protección ordenar a órganos públicos que circunscriban su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley y que terminan siendo meramente retóricas, pues reiteran lo que está dicho, precisamente, en la Constitución y en la ley, sino disponer medidas precisas y determinadas que tengan por finalidad restablecer el imperio del derecho que se ha visto quebrantado por un acto o una omisión ilegal que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual que la Carta Fundamental asegura a todas las personas.”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con Io previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado y RICARDO GALAZ MOREIRA en contra de CARABINEROS DE CHILE y del MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Se previene que el Ministro, don José Delgado Ahumada, concurre al rechazo del recurso únicamente por las consideraciones primera a sexta, prescindiendo de las restantes.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1593-2019 Protección.