SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Arica, quince de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece ALEJANDRO ZUÑIGA PÉREZ, abogado, en representación del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (SERVIU ARICA Y PARINACOTA), quien deduce recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII), y en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA; por negarse a modificar la titularidad del dominio y por mantener deudas vigentes por impuesto territorial, respecto de 6 inmuebles que fueron adquiridos mediante proceso de expropiación, lo cual vulnera la garantía consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en el marco de cuatro procesos de expropiación, adquirió 6 inmuebles respecto de los cuales, se realizó el pago de la respectiva consignación. En este sentido, se dan tres situaciones diversas, por una parte el SII respecto de uno se ha negado a modificar el titular del derecho de dominio y existe deuda morosa; respecto de otro, solo existe deuda morosa, y respecto de los últimos cuatro, aun aparecen a nombre de la expropiada, y si bien existe deuda no vencida, es inminente que pase a morosa, siendo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Supremo N°355 (1976) Reglamento Orgánico del SERVIU, los inmuebles que se encuentren inscritos a su nombre se encuentran exentos del pago del impuesto territorial.

Indica que remitió sendos oficios a las recurridas, siendo el último de 06 de abril pasado, donde remitieron el oficio 972 al SII solicitando la modificación de los antecedentes, en relación a los puntos anteriores, sin que existe, a la fecha de presentación del recurso, respuesta por dichos servicios, con lo que se ha retrasado la posibilidad de creación y ejecución de proyectos habitacionales, restringiendo el derecho de propiedad sobre los bienes de pleno dominio de la recurrente, adquiridos por expropiación.

Finalmente, en cuanto al plazo de interposición del recurso, señala que los hechos son de carácter permanente, puesto que hasta la fecha de interposición del recurso aún no se resuelven, por lo que se mantiene la afectación de los derechos de la recurrente.

Por lo anterior, solicita tener por interpuesto el recurso y se ordene en definitiva la eliminación de deudas morosas por no pago de contribuciones, por periodos posteriores a la fecha posterior a la consignación de la indemnización provisional.

En su momento evacuó su informe la Tesorería Regional de Arica y Parinacota, que indicó, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción constitucional, toda vez que si bien se funda en no haberse dado respuesta a los oficios enviados, pero ello implica que los actos se produjeron con fecha anterior al 20 de abril de 2023, fecha de presentación de la acción, puesto que el oficio enviado por la recurrente es de 08 de marzo de 2023, razón por la cual, debiere contarse el plazo desde que tomó conocimiento de la situación, máxime que es el propio recurrente quien indica tener conocimiento de hace años de la situación.

Ahora bien, en cuanto al fondo, señala que la Tesorería si dio respuesta a los oficios, puesto que el 11 de abril pasado envió mediante plataforma de interconexión, la respuesta, y ante la falta de acuse recibo, el 13 de abril se entregó por mano en oficina de partes, por lo que no es efectiva la afirmación de la recurrente en relación a la falta de respuesta.

Agrega que Tesorería no tiene atribución legal para eliminar la deuda, en la forma solicitada por el SERVIU, puesto que dentro de sus facultades no se encuentra la eliminación de deudas de impuestos girados por el SII, actuando siempre con apego a la normativa vigente y a los principios que rigen la función pública.

Finalmente indica que, en caso de estimar la recurrente que los impuestos girados no corresponden, tiene las vías legales y administrativas reguladas en el Código Tributario para reclamar ante el SII por los giros emitidos, mediante las acciones ante el Tribunal Tributario y Aduanero.

Por lo anterior, solicita se rechace el recurso, toda vez que no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente con costas.

En su oportunidad evacuó su informe la DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, señalando que el 08 de marzo del año en curso se realizó la solicitud de la recurrente, al tenor del recurso, fundado a que, conforme a los procesos de expropiación, los inmuebles de autos pertenecen a SERVIU, y que conforme al artículo 61 del Reglamento Orgánico de la institución, se encuentran exentos del pago del impuesto territorial.

En este sentido, en lo pertinente, el 27 de abril en curso, se indicó que se accedía a lo solicitado respecto de dos de los inmuebles (Roles 3000-436 y 9480-008) puesto que se remitió formulario 2890, donde el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad informó la inscripción de dicho inmueble a nombre de SERVIU, quedando registrados a nombre de SERVIU y sin deuda. Ahora bien, respecto de los cuatro inmuebles restantes, se le solicitó al recurrente que proporcione los antecedentes para efectuar la actualización del catastro, conforme a la normativa interna del servicio, toda vez que respecto de ellos no se ha informado a través del formulario 2890. Sin perjuicio de lo anterior, también se accedió a la solicitud de dejar sin efecto las deudas respecto de los cuatro inmuebles restantes (Roles 996-002, 676-055, 676-056 y 676-057).

De esta forma, y conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial, dichas modificaciones se verán reflejadas en los roles de reemplazo/suplementarios a publicarse el segundo semestre del año 2022 (sic) y en los correspondientes roles semestrales de contribuciones, por lo que actualmente la emisión de los mismos se encuentra en curso, siendo junio de 2023 la fecha en que se efectuará la actualización del sistema, eliminándose los giros de contribución que aparecían como deuda morosa y no vencida en los certificados de deuda emitidos por la Tesorería General de la República, siendo reemplazados por los roles de reemplazo que se emitirán en su oportunidad.

De esta manera, solicita el rechazo del recurso por falta de oportunidad, toda vez que, por una parte el procedimiento iniciado no era un acto terminal, y que recién finalizó el 25 de abril de 2023, tres días después de la interposición del recurso, donde se comunicó que se accedía a la solicitud de SERVIU en cuanto modificación de los datos de propietario de los dos primeros roles de avalúo mencionados y a la eliminación total de las deudas del total de los inmuebles; y que respecto de la solicitud de modificación de los datos de los últimos cuatro, se está a la espera de que la recurrente acompañe los antecedentes necesarios para proceder a la actualización del catastro legal, al no haber recibido la información por vía del formulario N°2890 Asimismo, solicita el rechazo por extemporaneidad del mismo, toda vez que el plazo debió computarse desde la adquisición del dominio, lo que ocurrió, en el último de los casos, el 02 de diciembre de 2022, transcurriendo con creces el plazo para su interposición.

Del mismo modo, solicita el rechazo por no ser la presente la vía idónea para conocer del asunto, toda vez que existen otras vías de lato conocimiento –y no de urgencia como la accionada– que el legislador ha reservado para el conocimiento de estas materias.

En cuanto al fondo, alega que no existiría ilegalidad o arbitrariedad en el actuar, puesto que si bien se accedió a lo solicitado, ello fue teniendo en consideración que los roles o cuotas de remplazo se emiten en procesos semestrales, con modificaciones retroactivas, que implican una disminución en las contribuciones, sea por rebaja del avalúo, otorgamiento de exenciones u otras causas, las que eliminan el giro original y se convierten en cuotas definitivas, por lo que su actuar se ha ajustado a las atribuciones que concede la ley.

Finalmente, no habría afectación a la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución puesto que se accedió a la solicitud del contribuyente, en cuanto a la eliminación de los giros de impuesto territorial originales, y que, en relación a la actualización del nombre del propietario en el catastro legal, ello no acredita el dominio de los bienes, y solo tiene efectos para la aplicación del impuesto territorial, por lo que de modo alguno afecta el derecho de propiedad del recurrente o de terceros.

Por todo lo anterior, es que solicita el rechazo de la acción de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la supuesta inacción por parte de la recurrida en relación a modificar la titularidad del dominio de los inmuebles Rol 3000-436, 996-002, 676-055, 676-056 y 676-057, y a su vez, que se elimine las deudas correspondientes a los roles señalados y además al 9480-009.

CUARTO: Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de extemporaneidad esgrimida por las recurridas, lo indicado en el considerando precedente es un acto que, a la fecha de interposición del recurso no había sido resuelto de modo alguno, razón por la cual el recurrente se encontraba habilitado para accionar, por lo que se rechazará la alegación en definitiva.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, es menester tener presente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 17.235 que señala “Los impuestos incluidos en los roles suplementarios y de reemplazos a que se refiere el artículo 19º, serán pagados en los meses de junio y diciembre de cada año e incorporarán las modificaciones establecidas en resoluciones notificadas hasta el 30 de abril y 31 de octubre, respectivamente, del semestre en que deban pagarse los impuestos.”

SEXTO: Que, del mérito de lo informado por el Servicio de Impuestos Internos y de la documentación acompañada por dicha recurrida, se da cuenta que, en relación a lo pretendido por la recurrente respecto a la exención del pago de impuesto territorial de los inmuebles individualizados en el considerando tercero, el servicio referido accedió a su petición, lo que se observará en los nuevos roles de reemplazo a emitirse el segundo semestre de 2023, que reflejarán la situación jurídica actual de los inmuebles en cuanto quedarán exentos del impuesto territorial por pertenecer a SERVIU, por lo que, en lo que corresponde a este capítulo, en definitiva se rechazará el recurso por falta de oportunidad.

SÉPTIMO: Que, respecto a la segunda alegación, esto es el cambio de titular de derecho de dominio de cinco de los inmuebles, respecto del Rol 3000-436, se rechazará lo pretendido, por encontrarse la solicitud resuelta afirmativamente por la recurrida; mientras que, en relación a los roles 996-002, 676-055, 676-056 y 676-057, no se ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta de haberse cumplido con la inscripción de dichos inmuebles en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, o que se hubiere acreditado ante el servicio respectivo dicha situación, como lo sostuvo la recurrida, por lo que el actuar del Servicio de Impuestos Internos se ajustó a derecho.

OCTAVO: Que, finalmente, respecto de la recurrida Tesorería Regional de la República Arica y Parinacota, atendido que su actuar se ajustó a la normativa legal que regula su proceder; y que, mientras no se le informe modificación alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos, no puede sino mantener el cobro de los giros respectivos, no se advierte conducta arbitraria o ilegal que pueda ser subsanada mediante el presente remedio procesal.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad esgrimida por las recurridas.

II.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (SERVIU ARICA Y PARINACOTA), en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII), y en contra de la TESORERÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 157-2023 Protección