nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Arica, dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación de nombre reservado, trabajadora dependiente, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, corporación de derecho privado, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, denunciando como acto ilegal y arbitrario un descuento practicado en su liquidación de remuneraciones de enero de 2022, con vulneración de la garantía constitucional establecida en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 17 de agosto de 2015, la recurrente suscribió el pagaré N° 01.RUT reservado, por medio del cual solicitó un crédito a la Caja de Compensación recurrida, por la suma de $3.376.335 por concepto de capital más los intereses correspondientes, pagaderos en 60 cuotas mensuales de $117.779, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2015. Añade que, por diversos motivos, se vio en la imposibilidad de cumplir con las cuotas pactadas, constituyéndose en mora desde el 29 de febrero de 2016.

Indica que en razón de lo anterior, la entidad recurrida dedujo una demanda ejecutiva en su contra el 22 de noviembre de 2016, en causa Rol C-3012-2016, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Arica, libelo que se funda en el referido pagaré y por el cobro total de la deuda ascendente a $3.038.688, más intereses y costas. Posteriormente, consta en la tramitación de la causa que el 20 de septiembre de 2017, se acogió un incidente de abandono del procedimiento, en razón de haber transcurrido más de 6 meses sin que se hubiera llevado a efecto gestión útil.

Refiere que al revisar su liquidación de remuneraciones de enero de 2022, la recurrente constató que existía un descuento a favor de La Caja de Compensación Los Andes, por la suma total de $326.405. Asevera que dicho descuento constituye un acto ilegal y arbitrario que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad de la recurrente sobre la remuneración que le corresponde percibir, pues jamás fue informada por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, entendiendo que ya se había judicializado el cobro del pagaré previamente individualizado, causa, que concluyó declarándose abandonado el procedimiento.

Expone que la recurrida al presentar la demanda ejecutiva, manifestó su intención de requerir el pago de la obligación por la vía judicial, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende por medio de los descuentos que ha realizado en la planilla de la remuneración del actual empleador de la recurrente.

En este sentido, sostiene que la recurrida actuó de manera injustificada y arbitraria al realizar un descuento que si bien se encuentra autorizado por el artículo 22 de la Ley N°18.833, se trata de un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno, de manera que la recurrida ya manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, generando el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, al demandar ejecutivamente el cobro forzado de las obligaciones, en una causa que concluyó con la declaración de abandono del procedimiento, por lo que la recurrida al realizar estos descuentos, estaría abusando de las facultades que le otorga la ley al ser una facultad excepcional, citando jurisprudencia al respecto.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, ordenando el cese de los descuentos por planilla en la remuneración de la recurrente, además de la devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, con costas.

En su oportunidad, evacuó informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso. Indica que el 17 de agosto de 2015, se otorgó a la señora nombre reservado, la operación de crédito código 010252339-3, por un capital de $3.335.596 a una tasa de 2.39%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $117.779 cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de septiembre de 2015. Precisa que Las cuotas de los meses de septiembre a noviembre a noviembre de 2015 (1 a 3), se pagaron regularmente en el plazo establecido, mientras que las cuotas de los meses de diciembre de 2015 a febrero de 2016 (4 a 6), se pagaron con el seguro de cesantía.

Añade que el titular a través de descuento en su remuneración del mes de enero de 2022, pagó la suma de $326.405, cuyo monto se contabilizó como pagada la cuota de los meses de marzo y abril de 2016 (7 y 8), más un interés penal de $90.847, mientras que las cuotas restantes se encuentran en proceso de cobranza judicial.

Afirma que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, por lo que no existe una actuación ilegal o arbitraria, más aún teniendo en consideración que la deuda no se encuentra prescrita.

No obstante, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la recurrente, informa que Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos, conforme a la orden de no innovar decretada en autos. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde enero de 2022. Al respecto, destaca que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos; sin perjuicio, se dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finaliza solicitando que se rechace la acción de protección por haber perdido oportunidad, toda vez que la recurrida ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en cuanto al fondo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, el acto denunciado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a un descuento practicado en su liquidación de remuneraciones del mes de enero del año en curso, fundado en un crédito impago que suscribió con la recurrida, pese a que operó el abandono del procedimiento en la sede judicial de cobro.

Por su parte, si bien la recurrida en su informe invoca la normativa que posibilita practicar tales descuentos, asevera que ha dado cumplimiento a la orden de no innovar decretada en la presente causa, y dispuesto el cese definitivo de los descuentos, así como también se encuentra gestionando las operaciones necesarias para efectuar la restitución de lo descontado, sin perjuicio de destacar que aquello no constituye una extinción de la deuda.

CUARTO: Que, conviene tener presente que el artículo 22 de la Ley N°19.833, establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”.

Conforme se colige de la lectura del precepto antes citado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Que, por consiguiente, así como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los Rol N° 18.404-2015 y 15.032-2016, al haberse descontado de la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto que pueda estimarse como arbitrario o ilegal y que afecte el derecho de propiedad de la recurrente.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en el presente caso la recurrente no tiene un derecho de carácter indubitado, debido a que la Caja de Compensación reclama el cobro de un crédito social otorgado, el cual reconoce haber adquirido la actora, siendo solamente esgrimido por la recurrente el hecho de haberse declarado el abandono del procedimiento en la causa civil ejecutiva Rol C-3012-2016, tramitada ante el 2º Juzgado de Letras de Arica, y que en su concepto trae como consecuencia que la Caja pierda el derecho a ejercer los descuentos que la faculta el artículo 22 de la Ley Nº18.883, argumentación que esta Corte no comparte de acuerdo a los efectos establecidos en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, quedándole a salvo a la recurrente las acciones que estime del caso para ser conocidas en un juicio de lato conocimiento y no a través de la presente acción constitucional de urgencia.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado, y atendido el mérito de lo informado por la recurrida, se advierte con claridad que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad, pues ha cesado el acto que fue impugnado por la recurrente como ilegal y arbitrario, sin que exista medida alguna que pueda adoptar esta Corte en los términos solicitados, motivo suficiente para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que SE RECHAZA la acción constitucional deducida por el abogado Mario Espinosa Valderrama, en representación de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

II.- Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Comuníquese.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 157-2022 Protección.