Protección contra SERVICO AGRICOLA Y GANADERO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

nombre reservado, agricultor, cédula de identidad N°RUT reservado y nombre reservado, agricultor, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en el valle de Azapa de esta Comuna y Región e interponen recurso de protección en contra del SERVICO AGRICOLA Y GANADERO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, representado legalmente por su Director Nacional, Álvaro Alegría Matus y en contra de nombre reservado, en su calidad de Jefa encargada de tratamiento de suelo del SAG, por la fumigación efectuada al lado de la vivienda de los recurrentes, con mas de 13.000 litros del plaguicida Diazinon, acto que perturba la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; Servicio que además ha amenazado con volver a realizar estos actos atentatorios de sus derechos.

Señalan que son parte de una familia campesina de origen indígena que cultiva, cosecha y vende fruta del nombre reservado de Azapa, y que los recurridos han efectuado fumigaciones con Diazinon en una superficie de aproximadamente 3,000 metros cuadrados, ubicados junto a su vivienda -2 a 2,5 metros de distancia-, afectando su salud, integridad física, psíquica y derechos constitucionales, especialmente del patriarca de 75 años con antecedentes de salud base como un ACV isquémico.

Refieren que los hechos ocurren en el contexto de una emergencia fitosanitaria por control de plagas, en particular la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), y en un escenario de incumplimiento de procedimientos y normativas, así como de amenazas de nuevas fumigaciones.

Indican que los días 11 y 12 de febrero del año en curso, fueron sometidos a la exposición, contacto e inhalación del Diazinon, que afecta el sistema nervioso central, por parte de los recurridos al fumigar una superficie de 3.000 metro cuadrados con 13.000 litros del plaguicida; alegan que además fueron sometidos injustificadamente a un trato degradante por funcionarios de Carabineros para la apertura y toma de control del predio de su propiedad en concomitancia con el Servicio recurrido que efectuó una operación desproporcionada mediante un excesivo contingente del SAG y de vehículos que incluyeron un camión aljibe con el producto; y, fueron amenazados por el Servicio de volver a efectuar este procedimiento en cualquier momento, lo que no les permite vivir en paz y tranquilidad.

Luego de referirse latamente a la forma en que desde el año 2022 han colaborado con el SAG desde el inicio de la campaña para la erradicación de la mosca de la fruta, lo que incluye imposición de medidas fitosanitarias y obligaciones a los agricultores cada vez mas intensas y restrictivas, considerando que dichas medidas no conllevan indemnización alguna a los agricultores por las descargas y destrucción de su frutos por parte del Servicio, recalcando que como forma de colaboración han permitido el ingreso de todas las unidades del SAG a su predio y que hasta participan en el Comité Fitosanitario Regional.

Refieren que a pesar de haber erradicado de su predio la mosca de la fruta y que cuentan con todas las constancias de labores de tratamiento, las que incluyen la poda de árboles, limpieza y quema de rastrojos, fumigaciones en otros sectores de la parcela, descarga y eliminación de la fruta y que solicitaron una audiencia con el Director del Servicio para dar cuenta de la situación personal del adulto mayor que reside en el predio y la peligrosidad del uso del Diazol o Diazinon, por ser altamente tóxico, prohibido en la unión europea y cuestionada su autorización por la Contraloría General de la República, en su informe 174/2021, éste ordenó la visita de la jefa de campaña y jefa de tratamiento de suelo y recurrida de autos, nombre reservado, quien con fecha 27 de enero les informa que se fumigaría un sector de la parcela ubicado al lado de su casa con el plaguicida cuestionado, a lo que no accedieron.

Debido a lo anterior el 30 de enero de 2026 el Servicio solicitó mediante un formulario tipo, al Juzgado de Garantía de esta ciudad, una autorización para ingresar al inmueble con auxilio de la fuerza pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la LOC N°18.755, fundada en la negativa de ingreso a los funcionarios del SAG a la parcela para su inspección, lo que es falso pues los días en que supuestamente se habría prohibido el ingreso, los funcionarios del SAG estaban efectuando labores en su predio, tal como lo señalan las constancia de labores que se acompañan al recurso.

Exponen que el acto arbitrario e ilegal de fumigar se llevó a cabo el 11 de febrero del año en curso, ocasión en que se encontraban los recurridos acompañados por Carabineros y que luego de entregar la resolucion del tribunal fue conducido nombre reservado de manera coercitiva, hasta el portón de acceso de la parcela, ubicada a unos 400 metros para dar acceso al SAG, todo lo cual fue mediante actos vejatorios, trato de delincuente.

Que al llegar al lugar se encontraba un gran contingente del servicio, un camión aljibe, dos tractores, varias camionetas y vehículos de apoyo, más de una veintena de funcionarios, encabezados por la recurrida nombre reservado, lo que demuestra la desproporcionalidad con que actuó el Servicio y vulnerando sus derechos, sin considerar la existencia de personas adultas mayores, niños, mascotas, la proximidad de la zona de fumigación y la casa habitación, que ya se habían descargados la mayoría de los árboles de mango del lugar quedando solo 5 para el consumo familiar, la actitud colaborativa anterior, la dirección del viento directo a la casa habitación, la reducción de capturas de mosca de la fruta, el etiquetado del plaguicida y la existencia de espacios para la realización de reuniones de carácter cultural y ceremonial.

Acusa que la cantidad del plaguicida fue desproporcionado en relación con la superficie fumigada, lo que incluyó fuentes de agua y bebederos de animales, lo que, aunado a la forma de aplicación del producto mediante presión, genero polvo en suspensión que, mezclado con el producto y la dirección del viento, ingreso a su hogar, provocando diversos problemas de salud en los días posteriores a la fumigación.

Que no siendo suficiente la fumigación del día 11 de febrero al día siguiente se efectuó una nueva fumigación y la quema de maleza y restos de la poda de los árboles. Ello sumado a la amenaza de volver al predio, porque la resolución del tribunal tenía una vigencia de un año, siendo informado por un funcionario del Servicio el 9 de marzo, que nuevamente efectuarían una fumigación sin tener certeza del día en que esto se realizaría.

Pide se acoja el presente recurso y se ordene al SAG que cese la fumigación en su predio, además de cualquiera otra medida que evite la afectación de los derechos constitucionales afectados con expresa condena en costas.

Que habiéndose solicitado informe solamente al SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, este informó que no ha existido actuación u omisión alguna ilegal o arbitraria en el proceder del Servicio que represento, ya que el Director Regional del SAG y sus funcionarios, se han ajustado a lo establecido en las Resoluciones Exentas emitidas para declarar los lugares establecidos en cuarentena por la presencia de la Mosca de la Fruta, plaga cuarentenaria no presente en Chile y específicamente en la Resolución Exenta 180, de fecha 6 de febrero de 2025 y la Resolución Exenta N° 897, de 1 de julio de 2025, ambas publicadas en el diario oficial con fecha 13 de marzo de 2025 y 2 de septiembre de 2025, respectivamente, resoluciones dictadas al amparo de lo establecido en la Ley 18.755/1989, Orgánica del SAG, del Decreto 3.557/1981 sobre la Protección Agrícola y La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), encontrándose en consecuencia, su actuación ajustada a derecho.

Alega la perdida del recurso, fundado en que los recurrentes exponen que la aplicación de una medida cuarentenaria como es la aplicación del Diazol, los días 11 y 12 de febrero de 2026, constituye un acto arbitrario e ilegal, sin embargo, ellos mismos expresan que tienen la calidad de agricultores y que participan de la mesa pública-privada frente a la emergencia de la mosca de la fruta en la región, Comité creado mediante Resolución Exenta N° 329, de fecha 11 de marzo de 2025, sin ser desconocido para los recurrentes que el uso de plaguicidas es una medida propia del plan de manejo en la agricultura.

Que, con fecha 19 de junio de 2024, se solicita la presencia del SAG, levantando la Pauta de Verificación System Approach para despacho de productos hospederos de mosca de la fruta de zona cuarentenada, donde se aprecia que el predio no se encontraba fitosanitariamente en ese momento en un área de captura o foco larvario (comprometido con área de 200 mts.), pero se le dejan algunas observaciones sobre frutas maduras en el piso y la falta de un cuaderno de campo, y número de trampas, cumpliendo con la aplicación de plaguicida Vertimec y el periodo de aplicación cada 30 días.

Que, una vez detectada la presencia de una hembra madura inseminada en el sector de Cerro Blanco de nombre reservado de Azapa, se emite la Resolución Exenta N° 180/2025 que establece regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata w.), en los lugares que indica (sector Cerro Blanco), emitida con fecha 6 de febrero de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2025, fecha alejada del 11 y 12 de febrero de 2026.

Luego, producto de la dispersión de la plaga se tuvo que emitir, con fecha 1 de julio de 2025, la Resolución Exenta N° 897/2025 que modifica Resolución Exenta Nº 519/2024 y N° 180/2025, ambas de esta Dirección Regional, en el sentido de ampliar el área de regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata w.) en los lugares que indica (Arica-valle de Azapa Cerro Blanco) estableciendo el polígono de 61 vértices, determinado por las coordenadas UTM, señaladas en el considerando 8 de dicha resolución. 2. DISPÓNGASE la aplicación, en el área ampliada por esta resolución, de las medidas fitosanitarias dispuestas mediante las Resoluciones Exentas N° 519/2024 y Resolución Exenta N° 180/2025, ambas de esta Dirección Regional. 3. DÉJASE ESTABLECIDO que las infracciones a lo resuelto serán sancionadas según lo dispone el Decreto Ley 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola, publicándose el 2 de septiembre de 2025.

Que, producto de nuevas capturas de moscas, se tuvo que dictar la Resolución Exenta N° 926, de fecha 4 de julio de 2025, que modifica la Resolución Exenta N° 107/2025, 182/2025 y 897/2025, todas de esta Dirección Regional, en el sentido de ampliar el área de regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la mosca del mediterráneo (ceratitis capitata w.) en los lugares que indica (Arica-valle de Azapa-Livilcar-Casa Grande) publicada en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2025.

En consecuencia, y de conformidad a lo señalado precedentemente, el presente Recurso de Protección es manifiestamente extemporáneo, cumpliendo el SAG con la debida publicación requerida para los actos administrativos de carácter general y especial en virtud del Decreto Ley 3557.

Por otra parte alega la falta de legitimidad pasiva parcial del SAG, ya que el recurrente fundamenta su recurso como un acto arbitrario e ilegal, por ser objeto de un trato inadecuado por parte de Carabineros de Chile, organismo totalmente independiente del SAG, por realizar la solicitud de ingreso al inmueble y aplicar las medidas decretadas, señalando que no es efectivo que no pudieran ingresar al inmueble, sin embargo, en todo el relato manifiestan su oposición a la ejecución de la medida cuarentenaria de aplicar plaguicidas, haciendo inoperante todos los esfuerzos realizados por el personal para poder combatir la mosca de la fruta en dicha parcela, debiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública en virtud de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 18.755, lo que en ningún caso podría considerarse ilegal, por establecerlo así la normativa.

Adicionando que el auxilio de la fuerza pública solicitada ante el Juzgado de Garantía de Arica tuvo por finalidad que se ejecuten las medidas cuarentenarias dispuestas para erradicar la mosca de la fruta, que es el fin referido en las resoluciones que establecen las medidas cuarentenarias de orden fitosanitario, resuelto por un organismo totalmente independiente del SAG.

Luego de efectuar una extensa exposición de las facultades legales del Servicio y normativa aplicable en estas materias, indica que el control y erradicación de la Mosca de la Fruta especie Ceratitis capitata, se produce esencialmente por haberse declarado emergencia fitosanitaria producto de la detección de brotes en distintos sectores de la región, plaga que daña la agricultura, generando importantes pérdidas económicas, causando daño directo a los cultivos y ocasionando grandes pérdidas e incremento en los costos de producción en gran variedad de frutas y hortalizas.

Es así, que desde el año 2023 se han emitido alrededor de 57 resoluciones exentas estableciendo diferentes polígonos, en donde deben aplicarse las medidas cuarentenarias y 19 resoluciones que declaran nuevamente libre a los sectores establecidos en dichos polígonos.

Que, el día 24 de enero de 2025, se detectó la presencia de dos ejemplares de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata Wied), en la localidad del nombre reservado de Azapa, comuna de Arica, específicamente una hembra madura inseminada capturada en la trampa 1420 del tipo jackson y una hembra joven virgen capturada en la trampa 1423 del tipo multilure, ambas instaladas en mango, a una distancia 1000 m del brote de Arica, debiendo ampliar el área reglamentada de 7.2 km de radio en relación a la detección, superponiéndose los polígonos con las Resoluciones Exenta N° 519/2024 y 180/2025, ambas de esta Dirección Regional. Por lo que procede a emitir la resolución exenta Nº: 897/2025 modifica Resolución Exenta Nº 519/2024 y N° 180/2025, ambas de esta Dirección Regional, en el sentido de ampliar el área de regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de la mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata w.) en los lugares que indica (Arica-valle de Azapa Cerro Blanco). Arica, 01/07/2025, estableciendo el polígono de 61 vértices, determinado por las coordenadas UTM, señaladas en el considerando 8 de esta resolución, según los hechos descritos y detallados precedentemente. 2. DISPÓNGASE la aplicación, en el área ampliada por esta resolución, de las medidas fitosanitarias dispuestas mediante las Resoluciones Exentas N° 519/2024 y Resolución Exenta N° 180/2025, ambas de esta Dirección Regional. 3. DÉJASE ESTABLECIDO que las infracciones a lo resuelto serán sancionadas según lo dispone el Decreto Ley 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola.

Que, con fecha 12 de enero del presente año, se envía a la Ingeniera de Ejecución Agrícola, Encargada de Tratamientos de la Campaña de Mosca de la Fruta, funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero, doña nombre reservado por el jefe de Campaña nombre reservado, para asistir a la parcela N° 19, ubicada en el kilómetro 20 del nombre reservado de Azapa, de propiedad del señor nombre reservado, con el objetivo de informarle y explicarle las labores amparadas en la Resolución Exenta N° 180/2025, la cual establece regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de Ceratitis capitata.

Al llegar a la propiedad, donde se encontraba trabajando un equipo de tratamiento (realizando labores de limpieza de suelo) se comunicó con el encargado del equipo, quien le informó que la persona a cargo de las coordinaciones con el Servicio Agrícola y Ganadero era el hijo del propietario, señor nombre reservado, quien se encontraba disponible para conversar.

Al reunirse con él, escuchó sus reclamos respecto del actuar del Servicio, particularmente en relación con la gestión, las coordinaciones, el uso del personal y el motivo de la visita: las labores a ejecutar en su propiedad.

Que, el señor nombre reservado manifestó estar en conocimiento de la materia, indicando que participa en las mesas fitosanitarias del Servicio. Sin embargo, se opuso en todo momento a la aplicación de pesticida en los árboles cercanos a la vivienda, los cuales presentaban altas capturas de Ceratitis capitata, detectadas mediante trampas cazadoras y oficiales.

Se le informó que no era posible apartarse del protocolo establecido, el cual contempla, posterior a la limpieza de suelo, la aplicación de pesticida para eliminar pupas, siendo ésta la única forma de interrumpir el ciclo reproductivo de la mosca de la fruta. Asimismo, se le indicó que expondría su planteamiento al encargado subrogante para la toma de decisión, comprometiéndose a regresar con una respuesta.

Que, con fecha 14 de enero de 2026, regresó a la propiedad para dar seguimiento a los avances y continuar el diálogo. En dicha instancia, reiteró la fundamentación técnica de la medida y propuso alternativas para facilitar la ejecución del tratamiento, sin embargo, el señor nombre reservado continuó negándose a la desinfección del suelo.

Que, con fecha 15 de enero de 2026, se presentó nuevamente en la propiedad, logrando alcanzar un acuerdo parcial con el señor nombre reservado, consistente en:

No aplicar pesticida en las cinco filas de mangos más próximas a la vivienda.

Evaluar alternativas para contener la eclosión de la plaga, tales como:

Instalación de malla antiáfidos en el suelo (de alta complejidad por la estructura del huerto, que combina árboles de mango y olivo en forma alternada).

Inundación del terreno (poco efectiva)

Instalación de cobertura plástica.

Respecto del resto del huerto, se acordó realizar la aplicación de pesticida.

Adicionalmente:

Se autorizó la descarga total de mangos en los sectores sin aplicación.

Se solicitó mantener cinco árboles con fruta para consumo familiar.

Se autorizó la descarga de higueras.

Se solicitó no intervenir un huerto de aproximadamente 80 árboles de palta.

El encargado de cuadrilla estuvo presente en todo momento, siendo instruido para avanzar con la limpieza de suelo en el sector donde se realizaría la aplicación, con el fin de cortar los vuelos de mosca a la brevedad.

Cabe señalar que, desde el punto de vista técnico, la remoción de suelo modifica la temperatura, acelerando la emergencia de mosca de la fruta. Por esta razón, resulta fundamental realizar la desinfección en el menor plazo posible, evitando dejar el terreno sin tratamiento por varios días.

En los días posteriores, la funcionaria realizó seguimiento constante de los avances en la propiedad a través del supervisor del sector, detectando gran cantidad de árboles infestados durante las labores de recolección de frutos y limpieza de suelo, lo cual fue informado oportunamente al señor nombre reservado.

El objetivo era ejecutar la desinfección acordada a la brevedad, considerando que continuaban registrándose altas capturas de mosca de la fruta en trampas oficiales. Desde el 07 de enero de 2026 (semana 1 del calendario de trabajo) no se había logrado detener el ciclo de capturas en la propiedad.

Que, con fecha 26 de enero de 2026, el encargado del sector le informa que, al intentar coordinar el ingreso de maquinaria para la aplicación acordada, el señor nombre reservado señaló: “No dejaré aplicar porque los otros árboles del resto del huerto también están cerca.”

Que, con fecha 27 de enero de 2026, la Ingeniera se presentó nuevamente en la propiedad, acompañada del técnico encargado. Al consultar por el incumplimiento del acuerdo, el señor nombre reservado indicó que los árboles restantes se encontraban demasiado próximos a la vivienda.

Durante la conversación, se incorporó el propietario, señor nombre reservado, quien adoptó una actitud alterada, manifestando su rechazo al uso de agroquímicos y negándose a autorizar cualquier aplicación.

Al recordarle el acuerdo previamente alcanzado con su hijo, este fue desconocido. En ese contexto, el señor nombre reservado elevó el tono de voz, profiriendo expresiones descalificadoras hacia la funcionaria y hacia el Servicio, cuestionando su competencia profesional.

Ante la negativa de permitir la aplicación, se informó que se tendría que solicitar una orden judicial, explicando que el haber ejecutado las labores de movimiento de suelo constituía un riesgo grave, ya que la eclosión se activa, siendo expulsada de dicho inmueble en compañía del técnico.

Posteriormente, se informó de los hechos a la Jefa de Campaña, solicitándose la orden judicial para ejecutar el tratamiento. Se elaboró el Acta de Fiscalización del Programa Nacional de Mosca de la Fruta, el cual fue remitido al área jurídica.

Que, con fecha 4 de febrero de 2026, se obtuvo la orden judicial correspondiente y se contactó con Carabineros para coordinar su ejecución el día 11 de febrero de 2026.

Al llegar a la propiedad, se solicitó apoyo policial para explicar al señor nombre reservado las labores mandatadas por la resolución vigente. El ingreso se realizó con:

3 equipos de tratamiento (cada uno compuesto por un técnico y tres operarios)

1 camión aljibe 2 tractores Durante la jornada, el señor nombre reservado registró imágenes y videos de las labores, manifestando su oposición y señalando que impediría el ingreso al día siguiente.

Que, con fecha 12 de febrero de 2026, se realizó la conclusión de las labores por la gran cantidad de hospederos de mosca de la fruta, acompañados con Carabineros, aumentando el despliegue a 9 cuadrillas de trabajo, 1 camión aljibe, 1 tractor.

Durante dicha jornada, el señor nombre reservado manifestó su intención de iniciar acciones legales en contra del Servicio, de la funcionaria y del supervisor del sector, manteniendo una actitud de constante hostigamiento hacia los equipos en terreno.

Los hechos descritos evidencian una resistencia reiterada por parte del propietario y su representante al cumplimiento de las medidas fitosanitarias obligatorias, lo cual dificultó el control oportuno de la plaga, obligando a la ejecución de las labores mediante orden judicial y con apoyo de la fuerza pública.

Respecto a la vulneración del derecho establecido en el artículo 19 N° 1 a la vida y la integridad física y psíquica por ser uno de los recurrentes mayor de edad con enfermedades preexistentes, éstas no pueden atribuirse al hecho de aplicar las medidas decretadas producto de la emergencia de la mosca de la fruta, ya que tal como se señala en el presente informe y por los mismos recurrentes, ellos viven en el sector rural de la ciudad, donde se desarrolla gran parte de las agricultura regional, rubro que igualmente desarrollan como familia, siendo responsables del cumplimiento de la normativa que regula dicha materia.

Es importante señalar que el Plaguicida Diazol 50 W, cuenta con una ficha de hoja de datos de seguridad y la normativa nacional aplicable NCh2245/2015 NCh2190/2003, NCh1411-4/2000, Res. 3670/1999 SAG, autorizado incluso mediante DS. 594/2000 por el Minsal, es por ello que el SAG y con el fin de dar cumplimiento a la normativa, ejecuta dicha labor en forma subsidiaria, capacitando al personal que lo lleva a cabo, y entregando la indumentaria necesaria para su ejecución, como se podrá apreciar incluso en las imágenes acompañadas por el recurrente.

Que, con la finalidad de comprobar que la función que ha realizado el SAG en la campaña de mosca de la fruta, se ha ajustado a la normativa que regula la materia, es dable informar que con fecha 12 de diciembre de 2024, se dictó la resolución Exenta Nº: 8765/2024 que renueva el uso especial de plaguicidas diazinon 600 ec, etanis 50 ew, diazol 50 ew, success 48, mospilan, acetamiprid 20% sp y acetamiprid 200 sc, con fines de control y erradicación de la mosca del mediterráneo (ceratitis capitata wed) estableciendo la mezcla, las instrucciones de uso, la forma de aplicación, el uso de los equipos de protección personal (EPP), entre otros.

Que, además de las normas establecidas para su aplicación, se cuenta con un protocolo de ingreso a propiedades para acciones de tratamiento de suelo por campaña mosca de la fruta SAG, en la Región de Arica y Parinacota, sujeta a las normas de calidad.

Que previo a su aplicación, se informó al recurrente de la CARTILLA DE RECOMENDACIÓN AUTORIDAD SANITARIA SAG, la cual señala queel Servicio Agrícola y Ganadero ha dispuesto la aplicación de insecticida según resolución vigente sobre el uso de plaguicidas en las actividades de control oficial de mosca del Mediterráneo; al suelo y follaje donde se ha determinado la existencia positiva de estos ejemplares en hospedantes de esta plaga (frutales, hortalizas, entre otros), que presentan frutos en estado fenológico verdes, pintones y maduros, susceptible de ser infestado.

El insecticida aplicado al Suelo es Diazol 50 EW, el cual presenta un periodo de resguardo propuesto para el ingreso a los sectores tratados para animales de pastoreo de 21 días, por tanto, el efecto insecticida se mantendrá en el suelo por ese periodo.

Que, no es efectivo que el recurrente haya sido asistido por un facultativo de la salud a propósito de la exposición de producto por la aplicación de Diazol, ya que como la misma normativa lo señala, los profesionales de la salud están obligados a denunciar alguna intoxicación con plaguicida, por lo que el certificado que se acompaña, de fecha 13 de febrero de 2025, sólo da cuenta de las enfermedades preexistentes y que no puede exponerse a situaciones que lo puedan descompensar.

Que, no puede señalarse como una amenaza el hecho de estar aplicando medidas cuarentenarias a propósito de una emergencia fitosanitaria, que ha llevado a tener que establecer medidas restrictivas para todos los agricultores locales de la región al objeto de evitar una dispersión de la plaga.

Respecto a la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es dable señalar, que al respecto existe la Ley 19.300, sobre las bases generales de medio ambiente, el DS 40 sobre reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Es así como el control oficial producto de la Emergencia declarada de la mosca de la fruta no puede considerarse atentatorio al medio ambiente, toda vez que, todo el programa a ejecutar se condice con las normas internacionales sobre el resguardo al patrimonio fitosanitario, por lo que el actuar del SAG no es arbitrario u antojadizo, encuadrándose siempre dentro de una serie de normativas, tanto nacionales como internacionales.

Que, los recurrentes manifiestan que se les está privando de forma arbitraria e ilegal su derecho a la vida y tranquilidad psíquica, la igualdad ante la ley y a vivir en un ambiente libre de contaminación a propósito de la ejecución de la medida cuarentenaria de aplicación de plaguicida establecida en actos administrativos que se emiten en cumplimiento de la normativa, disponiendo los recurrentes la aplicación de otras prácticas de mitigación dentro de su inmueble, bajo recursos estatales, oponiéndose a la conclusión del tratamiento, lo cual se traduce en un riego al haber movido el suelo y acelerando la eclosión de las pupas de mosca de la fruta, contribuyendo con dicha acción, a permitir la propagación de una plaga sometida a control oficial, generando echar abajo todas las medidas implementadas por el SAG para su control y erradicación.

Finalmente sostienen que se ha acreditado que las acciones adoptadas dentro del procedimiento del programa de combate de la plaga cuarentenaria de mosca de la fruta del mediterráneo no son arbitrarias ni ilegales, plenamente establecido en la Ley 18.755/1989, Orgánica del SAG, DL 3.557/1981, sobre protección Agrícola, Decreto Supremo Nº 843 de 1986, el DS. 144, sobre Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la Ley N° 19.300 y su reglamento, sobre medio ambiente, las cuales han sido adoptadas en un procedimiento con estricta sujeción a la normativa que lo regula y, con apego a las disposiciones internas obligatorias para la recurrente, todo lo cual impide calificar la medida aplicada como ilegal o arbitraria.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o bien, arbitrario y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por los recurrentes consiste en la fumigación efectuada por el Servicio recurrido los días 11 y 12 de febrero del año en curso y una eventual nueva fumigación con un plaguicida que considera altamente tóxico, atendido que la resolución del Juzgado de Garantía que le permite al SAG la entrada al predio de los accionantes, con auxilio de la fuerza pública, tiene una vigencia de un año.

CUARTO: Que, el artículo 3° de la Ley N° 18.755 señala que: “ Artículo 3°.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales. Asimismo, conocerá y sancionará toda infracción de las normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al Servicio.

b) Mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de las enfermedades silvoagropecuarias existentes en el país o susceptibles de presentarse que, a juicio del Servicio, sean relevantes para la producción nacional y formular los programas de acción que correspondan.

c) Adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al territorio nacional de plagas y enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal.

d) Determinar las medidas que deben adoptar los interesados para prevenir, controlar, combatir y erradicar las enfermedades o plagas declaradas de control obligatorio.

e) Ejecutar directa o indirectamente, en forma subsidiaria, las acciones destinadas a cumplir las medidas a que se refiere la letra anterior, tratándose, a juicio del Servicio, de plagas o enfermedades que por su peligrosidad o magnitud, pueden incidir en forma importante en la producción silvoagropecuaria nacional.

f) Mantener relaciones y celebrar convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales en aquellas materias a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las facultades y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, velará por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas por Chile en materias de competencia del Servicio, y ejercerá la calidad de autoridad administrativa, científica o de contraparte técnica de tales convenciones.

g) Efectuar los estudios y elaborar las estadísticas que sean necesarias. En el cumplimiento de esta función podrá realizar estudios y catastros específicos para conocer la magnitud y estado de los recursos naturales renovables del ámbito agropecuario y establecer normas técnicas para los estudios de la carta nacional de suelos. Asimismo, podrá recopilar y clasificar información y desarrollar programas de divulgación y capacitación, en cuanto lo requiera el cumplimiento de su objeto. En el desarrollo de su función, el Servicio deberá coordinarse con las instituciones del Estado para la recopilación de estudios y preparación de catastros especialmente con aquellos que realizan actividades de la misma naturaleza.

h) Realizar acciones de educación y de capacitación fito y zoosanitarias preferentemente mediante contrataciones con el sector privado.

i) Propender a la eliminación de trabas sanitarias que impongan los países o mercados externos para la comercialización de los productos silvoagropecuarios chilenos, cuando tales trabas, a juicio del Servicio, afecten al interés nacional, y j) Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio.

k) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros genealógicos y de producción pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos.

l) Promover las medidas tendientes a asegurar la conservación de suelos y aguas que eviten la erosión de éstos y mejores su fertilidad y drenaje. Además, promoverá las iniciativas tendientes a la conservación de las aguas y al mejoramiento de la extracción, conducción y utilización del recurso, con fines agropecuarios. Asimismo, regulará y administrará la provisión de incentivos que faciliten la incorporación de prácticas de conservación en el uso de suelos, aguas y vegetación.

m) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre producción y comercio de semillas, plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes, alimentos para animales, alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; exposiciones y ferias de animales, nomenclatura de sus cortes y otras materias que la ley establezca, como también realizar los análisis bacteriológicos y bromatológicos y otros que fueran pertinentes y certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación.

n) Determinar las condiciones sanitarias, en el ámbito de la salud animal, para el establecimiento y funcionamiento de los mataderos, medios de transportes, frigoríficos y demás establecimientos que la ley o su reglamento determine; fiscalizar el cumplimiento de las mismas y efectuar en ellos la inspección veterinaria de los animales y carnes, todo sin perjuicio de las atribuciones de los Servicios de Salud.

ñ) Efectuar la inspección y control sanitario de los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. Las infracciones que constate deberá informarlas al Instituto de Salud Pública.

o) Prestar asistencia técnica directa o indirecta y servicios gratuitos u onerosos, en conformidad con sus programas y cobrar las tarifas y derechos que le corresponda percibir por sus actuaciones.

p) Celebrar toda clase de actos jurídicos en las materias de su competencia, pudiendo efectuar los aportes correspondientes, y participar en la creación de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, de las reguladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

q) Restringir, en conformidad a las leyes que regulan la materia, mediante Resolución fundada del Director Nacional, el uso o aplicación de agroquímicos en determinadas áreas de zonas agroecológicas del país, cuando ello perjudique la salud animal o vegetal, o la conservación de los recursos naturales renovables.

r) Revisar la regulación aplicable a los proyectos o actividades objeto de su competencia, formular un diagnóstico y propuestas para su perfeccionamiento normativo y su adecuada implementación, de conformidad con los criterios definidos en el Título VII de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

En el ejercicio de esta función deberá revisar que las autorizaciones que sean de su competencia cumplan con los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, y propondrá, cuando corresponda, su eliminación o reemplazo por técnicas habilitantes alternativas.

El diagnóstico y las propuestas resultantes serán presentadas ante la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.”

QUINTO: Que, asimismo, el artículo 6 del Decreto Ley 3557 dispone que: “Comprobada la existencia de una plaga, el Servicio podrá dictar una resolución fundada y exenta que deberá publicarse en el Diario Oficial, que declare su control obligatorio, en la que dispondrá la adopción de cualesquiera de las medidas a que se refiere el presente decreto ley.

Dicha resolución indicará el sector afectado por la plaga, las medidas específicas que deberán aplicarse y el plazo dentro del cual se les dará cumplimiento, plazo que se contará desde la fecha de su notificación al o a los interesados.

La resolución deberá ser notificada a los propietarios o tenedores de los predios afectados, personalmente o mediante entrega de una copia autorizada de la misma a cualquier persona adulta que tenga su morada o trabaje en ellos. La notificación será practicada por funcionarios del Servicio…”.

De igual forma, el artículo 7° del referido Decreto Ley preceptúa que: “La declaración de control obligatorio de una plaga impone, a los propietarios, arrendatarios o tenedores de predios ubicados en la zona afectada, la obligación de poner en práctica, con sus propios elementos, las medidas sanitarias o técnicas que la resolución indique, incluso, la destrucción de sementeras, plantaciones o productos afectados.

Si dichas personas, por cualquier causa, no ejecutaron las medidas ordenadas o no las realizaren con la oportunidad o eficiencia necesarias, el Servicio las pondrá en práctica o dispondrá que, por su cuenta, sean ejecutadas por empresas dedicadas al objeto, con el auxilio de la fuerza pública si fuere menester, siendo el costo de los trabajos de cargo de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los predios respectivos que los exploten a cualquier título, según el caso, quienes, además, estarán obligados a facilitar la ejecución de esas medidas.

Los afectados por las medidas que se hubieren puesto en práctica tendrán derecho a que el Fisco les indemnice los daños que hubieren sufrido con ocasión de ellas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley N° 18.755…”.

SEXTO: Que, atento los hechos del recurso, lo informado por la recurrida como asimismo de la documentación allegada a la presente carpeta judicial y especialmente de las normas legales que rigen las funciones y atribuciones que detenta el Servicio recurrido, se colige que éste ha actuado dentro de las esfera de sus atribuciones, con un apego estricto al mandato de la ley, razón suficiente para el rechazo del recurso y que impide acceder a la pretensión del recurrente de dejar sin efecto la medida sanitaria de fumigación, por lo que esta Corte no se encuentra en condiciones de adoptar ninguna medida para asegurar la debida protección del afectado en los términos que se contempla en la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en contra del Servicio Agricola y Ganadero Región de Arica y Parinacota, sin perjuicio de que la recurrida deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias en las sucesivas fumigaciones en el predio de la recurrente a fin de salvaguardar la salud y la integridad física y psíquica de las personas que habitan allí.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°152-2026 Protección.