Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S

Arica, veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone Acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A, y; la Superintendencia de Pensiones; por el Acto Ilegal y Arbitrario de fecha 11 de abril de 2025, que declara no ingresada la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, lo que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental en relación a la Ley N°18.156.

Refiere que el recurrente solicitó el 9 de abril de 2025 a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Señala que el recurrente es notificado mediante correo electrónico de 11 de abril de 2025, que la solicitud de Retiro Técnico Extranjero ingresada “…con fecha 09/04/2025, no fue ingresado por los siguientes motivos: Documento de Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional Extranjero en el que te encuentra afiliado no cumple con el requisito de estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en país de origen”.

Señala que debe considerarse lo establecido por la Ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

- Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que el recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos antes señalados, en tanto que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados no cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Refiere que la recurrida decide mediante un acto arbitrario e ilegal declarar no ingresada la solicitud pese a cumplir con los requisitos necesarios, lo que deviene en un actuar caprichoso y, sin sustento jurídico, puesto que todo solicitante tiene derecho a una respuesta debidamente fundamentada, concluir como lo realizó la Administradora de Fondos de Pensiones conduciría a la vulneración los derechos fundamentales de la Igualdad Ante la Ley, Debido Proceso y, el Derecho de Propiedad.

En relación con lo anterior, es menester señalar que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que, de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, te arrojará la web indicada.

Que, la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Así las cosas, pese a lo desarrollado la recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no es un documento válido, sin siquiera especificar el motivo de esa afirmación, más aún, el fundamento jurídico que lo sustente, según se desprende de la comunicación electrónica declara no ingresada la solicitud de fecha 11 de abril de 2025.

Trae a colación que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, actuando de forma caprichosa a no ingresar la solicitud de retiro de fondos de pensión. Citando jurisprudencia a su favor.

Expone En relación con lo anterior, las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para no ingresar la mentada solicitud.

Que, en otro orden de ideas, es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

En relación con lo anterior, es necesario traer a colación que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela.

Señala que la recurrida no admite como documento válido la declaración jurada ante notario público chileno, con firma electrónica avanzada, junto con el certificado de constancia certificada de afiliación emitida por la autoridad competente venezolana, no obstante, todos los peticionarios tienen que completar una declaración jurada simple, sin ningún tipo de formalidad, lo que evidentemente es contradictorio, puesto que por una lado, la declaración acompañada por el recurrente es insuficiente y por la otra, la que la recurrida realiza es suficiente para aprobar o no la petición de retiro de fondos de pensiones.

Pide se reconozca como válida la documentación acompañada a la solicitud de retiros de fondo para extranjero, y en virtud de ello, proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión.

Informa AFP Modelo y señala que el 9 de abril 2025, la recurrente acompañó, a través del sitito web de la Administradora de Fondos, los documentos que se detallan:

1.1 Título de Profesional.

1.2 Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 01 de abril de 2025.

1.3 Declaración jurada realizada ante el notario público nombre reservado de fecha 21 de marzo de 2025.

1.4 Contrato de Trabajo de fecha suscrito con el empleador COLUCCIO PIÑOÑES LIMITADA, RUT RUT reservado

1.5 Anexo de contrato COLUCCIO PIÑOÑES LIMITADA, RUT RUT reservadoSeñala que efectuado un análisis de los antecedentes aportados al objeto de dar curso a la devolución de fondos regulada en la Ley N°18.156. de este modo el mismo día del ingreso de los antecedentes por el recurrente, mediante ticket 2607747, la AFP envía la siguiente información al correo electrónico del accionante: “Hola nombre reservado: Te informamos que tu solicitud de Retito Técnico Extranjero ingresada con fecha 09/04/2025, se encuentra en estado pendiente de ingreso.

Para poder continuar con el proceso de validación, será necesario que puedan enviarnos en un plazo máximo de 4 días hábiles desde notificado esta comunicación, los siguientes documentos:

· Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador (El certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en País de Origen). Legalización sólo es válida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el caso que no recibamos la documentación dentro del plazo indicado, tu solicitud será rechazada y será necesario que vuelvas a ingresar un nuevo requerimiento…”.

Lo anterior, debido a que la documentación aportada, específicamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no da cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de la recurrida.

Tras la respuesta entregada, el día 10 de abril de 2025, el recurrente acompaña nuevamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones de 1 de abril de 2025 y la declaración jurada realizada ante el notario público nombre reservado de 21 de marzo de 2025, ante lo cual AFP Modelo entrega la siguiente respuesta: “Hola Oswaldo Te informamos que tu solicitud de Retito Técnico Extranjero ingresada con fecha 09/04/2025, no fue ingresado por los siguientes motivos: Documento de Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que te encuentra afiliado no cumple con el requisito de estar legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en País de Origen. Por esto, te invitamos a recopilar los requisitos necesarios e ingresar una nueva solicitud por medio de la página web www.afpmodelo.cl o de manera presencial en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, te dejaremos un link directo de las ubicaciones de las sucursales: https://nueva.afpmodelo.cl/centro-contacto/sucursales...”.

En virtud de las respuestas mencionadas precedentemente, se puede apreciar que el motivo por el cual AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros se debe a que la recurrente aportó un documento llamado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” el cual fue emitido fuera de Chile y que no se encuentra debidamente apostillado o legalizado.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

Por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las coberturas que otorga el régimen previsional del venezolano y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de 21 de marzo de 2025 tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente.

De lo anterior se concluye, que no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro a cada uno de los requisitos establecidos por las normas vigentes que regulan la materia, específicamente, acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

De lo expuesto, se puede determinar que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, el recurrente no cumplía, especialmente con los presupuestos contenidos en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten.

Indica que la Ley N°18.156, que establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Hace presente que esta ley es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales.

Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

Por otra parte, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso y, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa y la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al recurrente, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Dando cumplimiento a un trámite decretado por esta Corte, la Superintendencia de Pensiones informa que el recurrente no registra ante este Organismo reclamo o presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que la Ley N°18.156 Superintendencia de Pensiones OF-FIS-25-3022 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Señala que de conformidad al N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L.N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a esta Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, de manera tal que, en ejercicio de dicha facultad legal, es que este organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la ley N°18.156, y por ende de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal.

Precisado lo anterior, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 señala que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, según la letra b) del artículo 1° de la ley N°18.156, para invocar los beneficios de la citada ley, se ha de acreditar la voluntad del trabajador en orden a mantener su afiliación a su país de origen, mediante la inclusión de una cláusula en tal sentido en el respectivo contrato de trabajo, siempre y cuando se halle vigente la relación laboral de que se trata.

Del mismo modo, se informa que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Pues bien, hasta el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile la delegación consular de ese país extendía a los afiliados venezolanos las certificaciones respectivas para los efectos de acreditar la cobertura previsional en el extranjero por todos los riesgos señalados en conformidad a la citada letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156. Dicha certificación debía ser legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Menciona como algo importante que todas las Administradoras de Fondos de Pensiones informaron en su oportunidad sobre la imposibilidad para llevar a cabo la revisión de las solicitudes de los trabajadores venezolanos, asociada particularmente con la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), certificado que contiene un código QR mediante el cual, en circunstancias normales, al ser verificado se dirigía al sitio web sesión.sodoc.cl y arrojaba la individualización del afiliado y la fecha de afiliación al sistema previsional venezolano, el cual además era debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, las Administradoras informaron que, a partir del 5 de agosto de 2024, no pudieron verificar ningún código QR puesto que el sitio web arrojaba el mensaje: “No responde servidor” y que existía indisponibilidad en la página web (http://www.ivss.gov.ve).

Consecuente con lo anterior, mediante el Oficio N°15.202, de fecha 20 de agosto de 2024, esta Superintendencia informó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la problemática en cuestión. Dado que este organismo es el competente en la materia, se le consultó si existían casos pendientes de legalización referidos a certificaciones emitidas por la delegación consular venezolana, y si ese Ministerio adoptaría alguna medida, a fin de que se pudiera subsanar la imposibilidad para llevar a cabo la validación de las certificaciones y las apostillas emanadas de la autoridad previsional venezolana, a los efectos de poder acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, y de la calidad de técnico extranjero, respecto de las solitudes pendientes y aquellas que en el futuro se presentaran por los trabajadores venezolanos ante las AFP.

Mediante el Oficio Reservado N°4062, de fecha 3 de septiembre de 2024, de fecha 3 de septiembre de 2024, la División de Servicios Consulares de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (DEVADI) respondió el Oficio N°15.202, de 2024, señalando, en lo pertinente que, con ocasión del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, dicha representación diplomática gestionó documentos para sus connacionales hasta el 26 de julio del 2024, los cuales fueron presentados para ser legalizados ante ese Ministerio durante la semana del 29 de julio del 2024.

Asimismo, informó que debido a haber sido informados de que la página para validar los certificados de afiliación previsional con QR estaría disponible hasta el sábado 3 de Superintendencia de Pensiones OF-FIS-25-3022 agosto del 2024, personal de ese Ministerio trabajó profusamente en la verificación y legalización de los documentos que se presentaron para ser gestionados durante la semana del 29 de julio al 3 de agosto de 2024 y que fueron recibidos 1400 documentos.

A su vez, señaló que, si el documento original que presenta el usuario venezolano tiene la legalización de este Ministerio, debe entenderse que este fue verificado oportunamente y por ello completó el proceso de legalización que establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil chileno e indicó que, de presentarse dudas sobre la validez de dicho documento, el original de los antecedentes debe ser exhibido en ese Ministerio.

Además, precisó que, si los documentos no habían sido legalizados en ese Ministerio en las fechas señaladas, aquellos que presentan firma manual, estaban siendo legalizados y respecto de los documentos con firma electrónica que tienen QR, al no estar disponible la página web http://www.ivss.gov.ve para su verificación, no estaban siendo legalizados.

Por último, indicó que el certificado de afiliación previsional podía ser solicitado y apostillado en el país de origen y que, para estos efectos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debían recibir y verificar el documento directamente en las plataformas que señale su apostilla, sin intervención de ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello, debido a que los instrumentos públicos otorgados por un Estado Parte de la Convención de la Haya, no deben ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostilla por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento. En estos casos, la firma, sello o timbre que figuren sobre la Apostilla quedarán exentos de toda certificación.

Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores por su Oficio Reservado N°4488, de fecha 3 de octubre pasado, informó lo siguiente:

“1. En relación con su oficio de la referencia, relacionado al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, se informa que los documentos de origen venezolano que no fueron legalizados en el procedimiento descrito en el reservado DISER N 04062, si estos presentan solo firma manual de los funcionarios consulares, están siendo legalizados.

2. En cuanto a los documentos que además de firma manual incluyen QR, al no estar disponible la página web http://www.ivss.gov.ve para su verificación, no están siendo Superintendencia de Pensiones OF-FIS-25-3022 legalizados, ya que la Embajada de Venezuela en Chile informó las especificaciones y los elementos de seguridad a considerar en el proceso de legalización de documentos venezolanos, siendo de particular relevancia la inclusión del código QR en el documento que acredita el régimen previsional.

3. Es importante señalar que, aunque la legalización consiste en la certificación de firmas, este Ministerio tiene la responsabilidad de realizar un análisis exhaustivo de la documentación, en línea con las directrices proporcionadas por la Embajada. Si se determina que los documentos cumplen con los requisitos necesarios, se procede a concluir el proceso de legalización correspondiente. De lo contrario, y considerando las actuales dificultades con ese país, no podremos gestionar dichos documentos.”

Además, ese Ministerio reiteró lo ya informado, por su Oficio Reservado N°4062, de 2024, en cuanto a su disponibilidad para revisar los documentos ya legalizados en el Departamento de Validación y Análisis de Documentos Internacionales (DEVADI) siempre y cuando se presente el original de la documentación, dado que no es posible pronunciarse sobre la validez de los documentos digitalizados, puesto que estos no pueden ser debidamente cotejados.

Por otra parte, informó que el enlace https://mppre.gob.ve/, se encuentra activo y tiene acceso al servicio de legalización y apostilla.

Pues bien, como se evidencia de los antecedentes expuestos, ante el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile y frente a la imposibilidad de que las Administradoras de Fondos de Pensiones pudieran validar las Constancias de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para el Retiro de Fondos, esta Superintendencia envió diversos oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno destinados a obtener toda la información necesaria y pertinente con la finalidad de que los afiliados venezolanos pudieran continuar tramitando las solicitudes para la obtención de sus fondos previsionales en el marco de la Ley N°18.156.

En este orden de ideas, es útil señalar que a través del Oficio N°19.250, de fecha 14 de octubre de 2024, esta Superintendencia puso en conocimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones la información entregada por el Oficio Reservado N°4488, de fecha 3 de octubre del Ministerio de Relaciones, con la finalidad de que considerarán los nuevos Superintendencia de Pensiones OF-FIS-25-3022 antecedentes proporcionados por ese Ministerio para el análisis y la resolución de las solicitudes presentadas por los afiliados venezolanos; y en particular, pudieran verificar la validez de las legalizaciones y apostillas emitidas por las autoridades venezolanas competentes, mediante el sitio web https://mppre.gob.ve/. Pues bien, en la especie el recurrente acompaña a su recurso una constancia electrónica de cotizaciones, que aparece emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin legalización o apostilla, en la que se indica que el recurrente se encuentra cesante, por medio de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, documentación que no acredita que se encontrare afecto a un régimen previsional en Venezuela que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, en tanto desempeñe actividades en nuestro país.

En consecuencia, precisado lo anterior, de la sola lectura de las disposiciones citadas precedentemente, y considerando que uno de los presupuestos de procedencia de la acción cautelar de protección es que el acto u omisión reclamado- que implique una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de un determinado derecho debe ser ilegal o arbitrario- no se advierte de qué manera este Organismo habría actuado contra ley o al margen de ella. Esto, con mayor razón, si se tiene en cuenta que la situación en cuestión no ha sido objeto de un pronunciamiento por parte de esta Superintendencia, por lo que pide se rechace el presente recurso, por improcedente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como arbitrario e ilegal por el cual comparece ante esta Corte, es aquel en que la recurrida declara no ingresada la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero, realizada el día 11 de abril de 2025, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por exigir requisitos no establecidos en la misma ley y realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud sí cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156.

CUARTO: Que, por medio de esta vía cautelar, la recurrente pretende que se ordene a la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., que le haga devolución de sus fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N 18.156.

QUINTO: Que, informando la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., señaló que no ha actuado de manera arbitraria o ilegal, toda vez que, una vez realizado el análisis de los antecedentes aportados por el recurrente, se estimó que la Constancia Electrónica de Pensiones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no está firmada por quien la emite ni se encuentra apostillada o legalizada, requisito que debía cumplir conforme lo estatuye el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEPTIMO: Que, respecto al rechazo por esta vía impugnado, cabe señalar que no consta satisfecha la exigencia de haberse apostillado o legalizado el certificado solicitado para ejercer los derechos que establece la Ley N°18.156, por cuanto la misma constituye un requisito indispensable para acreditar la situación previsional del extranjero en su país de origen.

En este sentido, se debe tener presente que la redacción de la norma, exige la vigencia de su afiliación, circunstancia que, si bien es reconocida por el actor, la misma debe acreditarse fehacientemente, lo que no ha ocurrido en la especie.

OCTAVO: Que, la Superintendencia de Fondos de Pensiones, al evacuar su informe, lo hizo en términos similares a los expresados precedentemente, concordando con la opinión de la A.F.P. relativa a que en la especie no concurrían los elementos exigidos por la normativa vigente para dar curso a la solicitud presentada por el recurrente.

NOVENO: Que, analizando los antecedentes aportados al recurso, se advierte que efectivamente como señalaron las instituciones requeridas, en la especie la decisión impugnada se ajusta a la normativa aplicable de modo tal que la ilegalidad o arbitrariedad denunciada no se ha configurado debiendo rechazarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol 151-2025 Protección.