nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Arica, ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, empleado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, representada legalmente por nombre reservado, denunciando como acto ilegal y arbitrario la realización de descuentos practicados en sus liquidaciones de remuneraciones de marzo de 2023, con vulneración de la garantía constitucional establecida en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 29 de junio de suscribe un pagaré en favor de la recurrida, por la suma de $6.630.814.- por concepto de un mutuo más los intereses correspondientes, obligación que debía ser pagada en 45 cuotas de $193.350.-, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de 2021, con la respectiva cláusula de aceleración.

Indica que se constituyó en mora a partir de la cuota 38, razón por la cual fue demandado ejecutivamente en la causa ROL C-1927-2022 seguida ante el 2° Juzgado de Letras de esta ciudad, donde fue notificado y requerido de pago. Sin perjuicio de ello, y tras haberse excepcionado, la ejecutante cesó en la prosecución de la causa, por lo que fue declarado el abandono de ésta, mediante sentencia interlocutoria firme y ejecutoriada.

Refiere que actualmente mantiene un trabajo estable, con la legítima expectativa de percibir su remuneración de manera íntegra y previsible, conforme lo pactado con el empleador, pero que, sin embargo, en marzo pasado, se le realizó un descuento denominado “Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 1/1” por la suma de $120.131.- con lo que entiende la recurrida determinó sustraer del ámbito extrajudicial el cobro del crédito, a pesar de haberse interpuesto la demanda ejecutiva y haber sido declarado su abandono, no habiendo sido informado tampoco respecto de la decisión unilateral de ésta de ejecutar el descuento ordenado a su empleador, por lo que no tuvo elementos ni informaciones que le permitieran prever esta merma en su sueldo.

Así, este actuar reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales conforme a la Ley N°18.833, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar información alguna a su persona ni a su empleador.

En cuanto al derecho, señala que se afecta su derecho de propiedad consagrado constitucionalmente y por la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 18.833, al realizar un uso arbitrario e ilegal de las facultades que le otorga la ley en relación a la retención de los montos adeudados, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de manera categórica y uniforme, al haber manifestado la voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando la totalidad de la deuda, como de plazo vencido, por lo que ahora, ordenar la retención de montos, a su conveniencia, y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial por ellos promovida, sin informar previamente que iban a realizar los descuentos, vulnera la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al afectar el monto de $120.131.- de su liquidación de sueldo, lo que puede repetirse en los próximos meses de remuneración mediante este mecanismo de pago, citando jurisprudencia al efecto.

Por lo anterior, es que solicita se ordene el cese de todo tipo de retención o descuento de la remuneración del recurrente, se restituya los descuentos efectuados y los que puedan efectuarse mediante la tramitación de la acción y se condene en costas a la recurrida.

En su oportunidad, evacuó informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso fundado en que es efectiva la existencia del crédito señalado por la recurrente, en relación con el monto y las cuotas a pagar, dando cuenta que fueron pagadas las cuotas 1 a la 9, y se encuentra en mora de las cuotas 9 a 32 (sic).

Da cuenta que la acción de cobro ejecutivo se hizo en cumplimiento de la obligación que dispone la Circular 3567 que dispone el Compendio de normas que regulan a las cajas de compensación, donde se establece que la cobranza judicial debe iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, por lo que no se estaría actuando de manera arbitraria ni menos ilegal pues la normativa vigente la obligaba a interponer la demanda ejecutiva.

Así, el crédito se encuentra vigente, actualmente exigible y las acciones no se encuentran prescritas, por lo que la recaudación conforme al mecanismo del artículo 22 de la Ley 18.833 es pertinente y oportuno.

Tras dar cuenta de las funciones de las cajas de compensación y su forma de financiamiento, entre las que se encuentran las comisión, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, entre otros, estableciendo el legislador garantías para el cobro y pago de estos créditos sociales, como lo dispone el artículo 22 ya referido, que permite la deducción de la remuneración de la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando los montos adeudados a la Caja acreedora, correspondiendo éste a un mecanismo especial de pago que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación al tener el mismo grado de obligatoriedad que las cotizaciones previsionales, siendo esta obligatoriedad una carga del empleador que debe realizar el descuento por planilla, no pudiendo el trabajador oponerse ni negarse al descuento por planilla, puesto que la obligación proviene del mecanismo normativo y propio del tipo de crédito otorgado.

Agrega que la obligación es actualmente exigible, toda vez que la prescripción debe ser declarada judicialmente, encontrándose por tanto vigente.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración a las garantías constitucionales, sostiene que no es procedente puesto que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, conforme al artículo 22 citado. Así, solo sería un acto arbitrario e ilegal si se informara deducciones a partir de créditos sociales e que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como de aquella emanada del mutuo, las que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos y que no han sido declaradas en favor del recurrente.

Tras citar jurisprudencia al efecto, solicita el rechazo del recurso de protección intentado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto denunciado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a un descuento practicado en su liquidación de remuneraciones del mes de marzo del año en curso, fundado en un crédito impago que suscribió con la recurrida, pese a que operó el abandono del procedimiento en la sede judicial de cobro.

CUARTO: Que en dichas circunstancias, y del mérito de lo indicado por la parte recurrente, se han practicado descuentos en su planilla de remuneraciones, aun cuando la recurrida, habiendo optado por el cobro judicial de la deuda, y siendo decretado en dichos antecedentes el abandono del procedimiento, luego vuelve a optar por el cobro administrativo del mismo, estándole vedado lo anterior, atendido el hecho de haber ejercido la acción de cobro ejecutivo.

Por lo anterior, configurando de esta forma un acto arbitrario de la recurrente el descuento por planilla del crédito social, en los términos referidos, implican necesariamente que debe acogerse el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, y con su mérito se ordena a la recurrida a abstenerse de realizar a futuro los descuentos por planilla del crédito social materia de autos y reintegre las sumas ya descontadas arbitrariamente a partir de marzo del año en curso.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 149-2024 Protección