EMELPAR S.A. CONTRA DIRECTOR REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES DE LA REGION XV

Arica, dos de julio de dos mil diez.

VISTO:

A fojas 62, comparecen nombre reservado y nombre reservado, Presidente y Secretaria del Directorio de EMPRESA ELECTRICA PARINACOTA S.A. EMELPAR S.A., domiciliados en domicilio reservado e interponen recurso de protección en contra de nombre reservado, Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Región XV.

Interponen esta acción de cautela constitucional informando que el día sábado 17 de abril de 2010 mientras participaban de una reunión efectuada en la localidad de Socoroma convocada por el SERNAC, a raíz de la existencia de dos empresas distribuidoras de energía eléctricas –COOPERSOL LTDA. y EMELPAR S.A.- las que facturaban el mismo consumo al mismo usuario con tarifas distintas e incluso la primera emitiendo boletas sin timbraje del Servicio de Impuestos Internos, reunión en la que también se encontraban presentes un funcionario de COOPERSOL LTDA. y el Alcalde Subrogante de la Ilustre Municipalidad de Putre, Fabián Flores, el recurrido haciendo uso de la palabra afirmó que COOPERSOL LTDA. es la única autorizada para emitir boletas de ventas y/o servicios y para cobrar el consumo de electricidad en la ciudad, asilándose para argumentar la falta de timbre de las boletas de esta última en una Resolución Exenta del Servicio de Impuestos Internos del año 1999 y justificando sus excesivas tarifas en atención a que según sus dichos se encontrarían acordes con la normativa vigente. De esta forma, arrogándose facultades jurisdiccionales que no le competen y atribuyéndose facultades administrativas que exceden las que tiene como funcionario público de la SEC resolvió los reclamos de los vecinos de la localidad, causando grave perjuicio y agravio a su parte.

Indican que a la fecha EMELPAR S.A. goza de la calidad de concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica en la localidad de Putre, amparada por Decreto Supremo N° 321 de 16 de mayo de 1996 y en la localidades de Socoroma y Zapahuira amparada por Decreto Supremo N° 270 de 6 de mayo de 1996. De igual forma la empresa es comodataria de los tendidos eléctricos de Putre, Socoroma y Zapahuira mediante la celebración de convenios que se encuentran vigentes e igualmente administran el suministro de energía eléctrica en Putre, Socoroma y Zapahuira.

Conforme señalan los recurrentes, aun cuando se hayan rematado sus concesiones eléctricas con fecha 31 de octubre de 2006 en autos Rol Exhorto 117-2003 del Primer Juzgado de Letras, adjudicándoselas a COOPERSOL LTDA., con posterioridad la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica conociendo de un recurso de apelación interpuesto respecto de la subasta pública revocó la resolución apelada ordenando que para llevar a efecto la subasta debía el Tribunal solicitar las autorizaciones contempladas en el artículo 46 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 1982 del Ministerio de Minería. No obstante ello, el adjudicatario presunto de las concesiones eléctricas solicitó al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción la autorización para que se le transfirieran las concesiones, infringiendo expresamente lo resuelto tanto por el Tribunal de Alzada como en las propias bases de la subasta, obteniendo maliciosamente la promulgación del Decreto N° 255 de fecha 8 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 2008, decreto que en todo caso ordenaba a la empresa cumplir con todas las condiciones que establece la LGSE y RLGSE dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación, bajo sanción de caducidad además de dictaminarle regirse por las tarifas aplicables a EMELPAR S.A.

Afirman los recurrentes que COOPERSOL LTDA. no cumplió dentro del plazo las exigencias impuestas, no sólo por cuanto carece de líneas eléctricas sino porque su concesión caducó.

Continúan, aseverando que las Cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica, que operen como concesionarias del servicio público de distribución no gozan de franquicia tributaria de ninguna otra índole, por lo cual el recurrido no pudo asilarse en una resolución exenta y eximir a COOPERSOL LTDA. del timbraje de talonarios de boletas de ventas y servicios.

Sostienen, por otra parte, que el recurrido no ha resuelto los reclamos planteados por EMELPAR S.A. y que dicen relación con denuncias sobre conexiones irregulares, autorización al Municipio de Putre y Edelnor S.A. para la conexión de tres sistemas eléctricos de distribución, adopción de las medidas de la Ley N° 18.410, debida gestión y fiscalización de COOPERSOL LTDA. y fiscalización de las tarifas de la última.

En un párrafo III imputa la existencia de un convenio paralelo ilícito entre COOPERSOL LTDA. y el ex Intendente Miguel Silva Rodríguez de fecha 9 de febrero de 2009.

Finalmente y en lo tocante a las garantías constitucionales conculcadas, manifiesta que los hechos descritos anteriormente constituyen privación, perturbación y amenaza de las garantías de igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y derecho de propiedad.

Acompaña al efecto la documental de fojas 1 a 60, la que se ha tenido a la vista.

A fojas 86, informa el recurrido que no es efectivo que los habitantes de Socoroma y Zapahuira consultaran acerca de un asunto tributario (boletas timbradas), sino que el tema fue planteado por los propios recurrentes, lo mismo que la pérdida de la calidad de concesionaria de COOPERSOL LTDA., la existencia de juicios pendientes y la conveniencia de las tarifas cobradas por EMELPAR. S.A. la luz de los dichos de los ejecutivos se limitó a dar lectura al Oficio Ordinario SEC Arica y Parinacota N° 44 de 2 de febrero de 2010. Concluye dada la literalidad entre la descripción de los hechos y lo que expresa el Oficio, que los ejecutivos conocían el acto administrativo que pretenden objetar y, que por lo tanto, el recurso es absolutamente extemporáneo. No cabe duda que el acto realmente recurrido es el Oficio Ordinario N° 44 de SEC Arica y Parinacota de fecha 2 de febrero de 2010.

En cuanto al fondo y si fuera desestimada la alegación anterior, no existe un acto tal que sea arbitrario o ilegal, la conversación o alocución del recurrido no ha privado, perturbado o amenazado en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales amparadas por el recurso de protección y no hay una relación de causalidad entre el acto “hacer uso de la palabra” y la amenaza, privación o perturbación invocada. En efecto y como indica el recurso de protección, el acto por el cual se recurre se habría producido al momento en que “haciendo uso de la palabra” habría sostenido que COOPERSOL LTDA. “es la única autorizada para emitir boletas de ventas y/o servicios y para cobrar el consumo de electricidad en la localidad”.

En consecuencia y dado que la Dirección Regional de esta Superintendencia, así como todos los órganos de la Administración del Estado susceptibles de ser recurridos de Protección, sólo emite pronunciamientos a través de actos administrativos, no es posible considerar que su Director Regional “haciendo uso de la palabra”, haya cumplido el requisito de emitir un acto que prive, perturbe o amenace al recurrente. A lo más dichas palabras podrán constituir una opinión, a lo mejor una sugerencia, sin embargo y en ningún caso podrían constituir un acto administrativo de autoridad que pueda privar, perturbar o amenazar el ejercicio de derechos constitucionales.

Agrega que, una opinión o ponencia no puede ser el despojo de la garantía protegida ni puede ser un anuncio, cierto, actual y preciso de un daño futuro. Primero porque los Directores Regionales de este Servicio se expresan a través de sus resoluciones u Oficios (actos administrativos) y, segundo, porque la supuesta respuesta esta descontextualizada. En definitiva, no es posible que una opinión realizada verbalmente pueda privar, perturbar o amenazar a alguien en el ejercicio legítimo de un derecho.

Por otra parte lo señalado en el Oficio como la lectura del mismo, no son más que la constatación de una situación jurídica resuelta previamente, tanto a nivel judicial como administrativo. Desde el punto de vista administrativo la situación fue zanjada por la autoridad competente, mediante Decreto Supremo N° 255 de fecha 8 de julio de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que autorizó la transferencia de las concesiones que poseía EMELPAR S.A, a COOPERSOL LTDA.

Desde el punto de vista judicial, la recurrente pretende desconocer la validez del remate de las concesiones y la calidad de concesionario de COOPERSOL LTDA. pese a que la situación fue definitivamente zanjada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en autos Rol N° 440-2009, que desestimó las pretensiones de EMELPAR, ratificada dicha resolución por la Excma. Corte Suprema que rechazó los recursos que se presentaron en contra de dicha sentencia. Como podrá percibirse, los más altos Tribunales han declarado la validez del remate y como consecuencia natural la validez del Decreto Supremo N° 255. Podrá apreciarse que la recurrente no hace más que volver por distintos medios y de distintas formas a solicitar el pronunciamiento de esta Iltma. Corte a fin de confundir y provocar la eventualidad de fallos contradictorios de los cuales pueda obtener algún beneficio. Por ello, esta situación se enmarca dentro de lo que la doctrina llama abuso del derecho.

Para terminar, y en lo que dice relación con el asunto tributario, expone que cabe precisar que no se hizo referencia alguna al timbrado o no timbrado de las boletas que debiera emitir COOPERSOL LTDA. ni menos aún a alguna Resolución Exenta que permitiera aquello. Respecto de los reclamos no resueltos, las exposiciones a que se refiere la recurrente acerca de quién es concesionaria de distribución de energía eléctrica son cuestiones de fondo que han sido resueltas administrativa y judicialmente. Sus otras alegaciones también guardan relación con el tema de fondo que se encuentra resuelto.

Por último no se entiende como se pudo afectar algún derecho constitucional con la celebración de un convenio que habría celebrado el Gobierno Regional, si desconoce su origen y en el cual, por cierto, no participó. Esta alegación que vuelve sobre el tema de fondo, deja de manifiesto el abuso del derecho que viene realizando la empresa EMELPAR S.A..

Acompaña al efecto la documental de fojas 80 a 85, la que se ha tenido a la vista.

A fojas 121, se tuvo por parte a COOPERSOL LTDA.

A fojas 124, se ordenó agregar Informe del Alcalde Subrogante de la Municipalidad de Putre, Fabián Flores Flores.

A fojas 127, se trajeron los autos en relación.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, por ende cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior es dable argumentar, que lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza los derechos a la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica y derecho de propiedad de EMELPAR S.A., es la intervención del recurrido nombre reservado durante una reunión efectuada el día 17 de abril de 2010. En otras palabras y examinado el documento de fojas 86, se recurre contra las expresiones del recurrido, quien reiterando el Ordinario N° 044 de 2 de febrero de 2010 de la SEC Arica y Parinacota informó a los asistentes que (sic) “COOPERSOL LTDA. es la única empresa que está facultada para facturar la energía eléctrica.”.

CUARTO: De esta forma la opinión o la lectura de un Ordinario, pues la semejanza entre una y otro es palmaria, no constituye un acto decisorio, puesto que no se trata de un acto administrativo de resultado material que haya producido un menoscabo en los derechos que se acusan conculcados.

QUINTO: Que, en cuanto a no resolver las reclamaciones deducidas por la recurrente que pueden resumirse en imputaciones de conexiones irregulares, autorizaciones al Municipio de Putre para conectar sistemas eléctricos de distribución, falta de adopción de medidas de la Ley 18.410, falta de gestión e inspección de COOPERSOL LTDA., y en la no fiscalización de las tarifas de la última, tales fueron conocidas a través del Recurso de Protección Rol N° 497-2005, de manera que existiendo sentencia definitiva de fecha 20 de enero de 2006, ésta tiene mérito de cosa juzgada y no es procedente volver a discutir lo ya resuelto. En lo que dice relación con la celebración de un Convenio Ilícito, no siendo un acto en que haya participado la recurrida, lo que incluso es reconocido por el propio recurrente, hace innecesario cualquier análisis.

SEXTO: Que, aparece de manifiesto que la recurrente EMELPAR S.A, no tiene un derecho indubitado sobre las concesiones de distribución de energía eléctrica en las localidades de Putre, Socoroma y Zapahuira, las cuales fueron adjudicadas a COOPERSOL LTDA., recurriendo de protección cuando ha agotado las instancias judiciales para discutir la validez de una subasta pública y de las resoluciones que se han dictado a través de los años en la causa Rol Exhorto 117-2003 del Primer Juzgado de Letras que tienen mérito de cosa juzgada, aspiraciones que no se encuentran protegidas por esta vía extraordinaria.

Que, atendido el mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, se concluye que no se encuentra acreditada la existencia de actos arbitrarios o ilegales que vulneren una o más de las garantías constitucionales invocadas.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara: Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido a fojas 62.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare. Devuélvanse los autos traídos a la vista.

Rol Nº 149-2010 Protección