Protección contra ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD ACHS

Arica, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece Susan Calderon Choppelo, abogada y deduce en representación de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, recurso de protección en contra de ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD ACHS, representada por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, providencia, Santiago.

Explica que hace quince años atrás fue diagnosticado con epilepsia, patología que se encuentra completamente controlada, sin presentación de crisis convulsivas durante todo este periodo, con tratamiento farmacológico preventivo habitual en el manejo de esta enfermedad.

Expone que para acreditar su aptitud laboral al trabajo que postula fue sometido a una serie de evaluaciones medicas y a pesar de contar con certificación medica expresa que lo declara apto para realizar trabajo en altura la recurrida impide su aprobación.

Recurre de protección ya que la recurrida exige como condición para aprobar sus exámenes médicos de trabajo en altura, la obtención del alta médica respecto del diagnóstico de epilepsia y que no consuma medicamentos asociados a dicha patología, exigencias que resultan improcedentes desde el punto de vista médico, por cuanto la epilepsia es una enfermedad crónica, que puede encontrarse controlada, pero que no requiere ni admite un “alta médica” en el sentido exigido por la recurrida y más grave aún, exigir la suspensión del tratamiento farmacológico indicado por especialista, constituye una exigencia contraria a criterios médicos básicos, pues precisamente el tratamiento permite mantener controlada la enfermedad.

En consecuencia, califica la decisión adoptada por la recurrida como ilegal y arbitraria, que impide injustificadamente que el recurrente pueda ejercer su actividad laboral, privándolo de una oportunidad de trabajo y generándole un perjuicio directo en su desarrollo profesional económico. En cuanto a las garantías vulneradas cita las previstas en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide, declarar que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, ordenando a la recurrida permitir que el recurrente sea evaluado y certificado para trabajo en altura conforme a criterios médicos objetivos, sin exigir su alta médica ni la suspensión del tratamiento farmacológico, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado con costas.

En su oportunidad informó la recurrida y expuso que la Evaluación Pre- Ocupacional tiene por finalidad dar cumplimiento a la obligación del potencial empleador de “certificar medicamente la aptitud” de las personas trabajadoras, según lo previsto en los artículos 184, 186 y 187 del Código del Trabajo, que hacen mención de la necesidad de poder “desempeñarse en trabajos peligrosos o insalubres”, “que superen sus fuerzas” o “que puedan comprometer su salud o seguridad”. Esta evaluación tiene por objetivo detectar la presencia de condiciones, factores de riesgo y/o patologías que pudieran eventualmente generar una complicación de salud, ante la exposición a agentes o condiciones presentes en el lugar de trabajo, o por la ejecución de tareas/funciones específicas del cargo, o aquellas que hagan a la persona trabajadora más vulnerable a accidentarse o enfermarse en el ejercicio de su labor, las que podrían contraindicar su desempeño.

Precisa que el resultado de las Evaluaciones Pre-Ocupacionales genera un informe que, concluye y certifica la ausencia o presencia de condiciones de salud propias de la persona trabajadora, que contraindiquen el desempeño de la persona evaluada con relación a uno o más riesgos determinados, inherentes a la función, cargo o condiciones del medio propias del trabajo al cual postula. En la especie, el Sr. nombre reservado se evaluó la batería de altura física, cuyo riesgo principal es “caída de altura” y dentro de los requerimientos establecidos en el acuerdo de homologación en su versión séptima -acuerdo suscrito por las empresas de la minería y Codelco en el año 2025 para uniformar evaluaciones de salud para trabajar en sus instalaciones-, se establece que la patología “Epilepsia” contraindica para este riesgo y que para levantarlo se requiere “evaluación y certificado de especialista con alta neurológica que señale cumplir con 10 años sin crisis y 5 últimos años sin tratamiento farmacológico”.

Asegura que en ningún caso ha querido discriminar arbitrariamente al recurrente al exigir un “informe médico que indique tratamiento, evolución, y fecha de último episodio. Es condición para la compatibilidad informe de alta neurológica, 10 años sin crisis y 5 últimos años sin fármacos”, por cuanto solo ha dado estricto cumplimiento al acuerdo de homologación que han suscritos las empresas de la industria, y que, por lo demás, se hace a todas las personas que padecen de la misma enfermedad del recurrente debido al riesgo al cual estarán expuestos.

Además, en el mes de enero del año 2024, al recurrente se le exigió lo mismo que en esta oportunidad denuncia como un acto de discriminación arbitraria en su contra.

En definitiva, teniendo en consideración la normativa legal aplicable en la especie, y los antecedentes del caso, ésta acción cautelar resulta improcedente porque no existe ninguna medida que pudiera arbitrar respecto de lo exigido en el acuerdo de homologación, ya que dicho instrumento fue por los empleadores quienes están obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger de modo eficaz la vida y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones cuando éstas se desarrollan en industrias o faenas insalubres o peligrosas, y por ello los dependientes deben acreditar su aptitud o idoneidad para poder laborar en ellas, mediante certificado médico.

Por otra parte, la acción de protección no es la vía idónea para reclamar ya que la pretensión del recurrente desborda los límites de la acción constitucional, toda vez que en el presente caso la parte carece de un derecho de carácter indubitado y preexistente, y finalmente la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, en el artículo 3° dispone de un procedimiento especial de denuncia, a través de una acción de no discriminación arbitraria, siendo competente para su conocimiento el Juez de Letras del domicilio del afectado o del domicilio del responsable de la acción u omisión respectiva. Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la exigencia de acreditar el alta médica de su diagnóstico de epilepsia y la supresión de los medicamentos asociados a dicha patología como condición para aprobar sus exámenes de salud de trabajo en altura.

TERCERO: Que, aparece que la exigencia de obtener un certificado neurológico que dé cuenta de un alta médica, de un periodo sin convulsiones y la ausencia de toma de medicamentos, aun cuando tenga una fuente contractual, como lo es el acuerdo de homologación en su séptima versión, no puede ir contra conocimientos científicamente afianzados y superponerse a normas de rango legal y constitucional que impiden la discriminación para la contratación de empleos.

En efecto, la falta de crisis convulsiva durante los últimos diez años, situación que fue acreditada con la documental del folio 1, no puede serlo sin medicamentación alguna, pues precisamente la ingesta habitual de dichos medicamentos es lo que mantiene la enfermedad bajo control, enfermedad que en todo caso no tiene una cura permanente, sino que únicamente se mantiene bajo control y tratamiento medicamentoso, como ocurre en el caso del recurrente.

CUARTO: Que, por lo anterior la exigencia del alta médica resulta incompatible y contradictoria con el requerimiento de ausencia de tratamiento farmacológico en paralelo, pues precisamente la falta de convulsiones lo es por la ingesta de medicamentos, y desde esa perspectiva, se está discriminado al recurrente, persona de 28 años, quien de acuerdo con el certificado médico del folio 11, de 16 de febrero de 2026, padece de epilepsia, pero sin presentar crisis convulsiva desde el año 2012 por el consumo de Levetiracetam 1000 mg, limitando así su campo de trabajo por la aplicación de un convenio que no contempla la situación particular de aquél.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se ACOGE el recurso de protección deducido en el folio 1, solo en cuanto la recurrida deberá someter al recurrente a un examen neurológico que evalué su capacidad para el trabajo al que postula, para lo cual deberá tener a la vista sus antecedentes médicos por la condición de salud que presenta Decisión acordada con el voto en contra de la ministra señora Arenas, quien fue de parecer de rechazar el recurso, teniendo para ello presente: 1.- Que es menester recordar la naturaleza jurídica de una acción de protección, cuyo fin último es amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza mediante la adopción de medidas concretas destinadas a reestablecerlas. Por ende, no es una acción declarativa de derechos, ni permite discutir si se tiene derecho o no a lo que se reclama, pues aquella disquisición importa necesariamente aporte de prueba, su examen y una decisión en una instancia diversa. 2.- Que, fijado los límites del recurso, es del caso tener en consideración que no se divisa un derecho indubitado a obtener una certificación para trabajar en altura y en todo caso lo exigido, con el mérito de la Interconsulta folio NUM000 de 4 de febrero de 2026, son 10 años sin crisis y 5 años sin fármacos, es una petición que se ajusta al acuerdo de homologación del folio 8, vigente entre los empleadores del sector minero que, precisamente, frente a la patología de epilepsia exige 10 años sin crisis y 5 sin tratamientos farmacológicos, decisión que no puede ser atribuida únicamente a la recurrida, pues nace de una convención previa que no ha sido objeto de impugnación alguna a cuyo amparo el recurrido se ha negado legítimamente a tomar el examen que exige el recurrente. 3.- Que, finalmente si lo atacado es la discriminación para los efectos de una contratación laboral, existen otras vías para su discusión, como aquellas previstas en la ley 20.422 o ante los tribunales del trabajo por la vía de la tutela laboral.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 144-2026 Protección.