Protección contra Gobernación Marítima de Arica y de la Tesorería General de la República

Arica, veinte de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

Se ha deducido recurso de protección de garantías constitucionales por don nombre reservado, en contra de la Gobernación Marítima de Arica y de la Tesorería General de la República, relatando que durante los años 1991 y 1992 mantuvo en concesión un terreno de playa en comodato por parte de la primera de las recurridas, de aproximadamente 30 metros cuadrados, en el que instaló un kiosco turístico, y al final la concesión, lo entregó en forma, con todos los pagos y sin tener mayores problemas con la institución.

Sin embargo, desde 2012 le llegan cobros de la Tesorería por deudas de impuesto territorial de la propiedad de domicilio reservado, y si bien la Gobernación le indica no mantener pendientes con ellos, Tesorería no da respuesta concreta del origen de la presunta deuda.

Finaliza exponiendo que el 28 de abril del año en curso, recibió en su domicilio una nueva notificación de requerimiento de pago y amenaza de embargo, y alude a su residencia fuera de la ciudad para regularizar la supuesta deuda que le cobran.

Informó en primer término el Tesorero Regional de Arica y Parinacota, alegando la extemporaneidad de la acción, pues conforme el mismo recurrente señaló, tiene conocimiento de los cobros desde 2012.

En lo que respecta al fondo, y citando las normas de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, corresponde al Servicio de Tesorerías el cobro administrativo y judicial de obligaciones tributarias morosas, y en el caso del recurrente, como bien se indica en la nómina acompañada por él mismo, a formularios 30 por Rol 001-00675-035, cobro de impuesto territorial girado por el Servicio de Impuestos Internos por el inmueble singularizado con el rol de avalúo fiscal indicado y cuya dirección es Calle Av. Las Dunas S/N, el que se le notificó conforme el artículo 171 del mismo cuerpo legal.

En cuanto a la naturaleza del impuesto, y si bien el recurrente menciona que no serían procedentes, aclara que se refieren a un terreno fiscal cuyas concesiones son otorgadas por la Gobernación Marítima de Arica, y que el artículo 27° del DFL 1 de 1998 del Ministerio de Hacienda que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, establece que “El concesionario u ocupante por cualquier título, de bienes raíces fiscales, municipales o nacionales de uso público, pagará los impuestos correspondientes al bien raíz ocupado”.

En este sentido, y de estimarse por el contribuyente que los impuestos girados por el Servicio no se corresponden, por cuanto no se estaría en la hipótesis de la norma legal recién citada, tiene las vías legales y administrativas reguladas en el Código Tributario para reclamar ante dicho Servicio por los Giros emitidos, o bien oponerse a les gestiones de cobranza emitidas por el Servicio de Tesorerías, pudiendo presentarlas de conformidad a la ley para su tramitación y resolución de conformidad a la ley.

En tal entendido y estimando que no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno, pidió el rechazo del recurso, con costas.

A su turno, informó el Gobernador Marítimo de Arica, quien expuso que verificado el archivo histórico de dicha autoridad, no existe registro de la concesión marítima a la que alude el recurrente, en los registros de la Capitanía de Puerto de Arica, lo que consta en el Acta de Búsqueda Negativa N° 1/2022 de 6 de junio de 2022, sin constar que el recurrente haya utilizado o use en la actualidad, el sector que se indica en el recurso.

Precisa, en todo caso, que en el caso de haber cobros por un espacio entregado en concesión, los pagos se efectúan con antelación a la entrega de la resolución respectiva, lo que tampoco consta en los archivos de dicha autoridad.

Estimando, finalmente, que el cobro que menciona el recurso no corresponde a la competencia de dicha Autoridad Marítima, pide el rechazo del recurso, tanto por extemporáneo como por la ausencia de acto u omisión arbitraria por parte de esta recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que la alegación de extemporaneidad será desestimada con el mérito de los antecedentes, de los que consta que, sin perjuicio de que el recurrente manifiesta entender que arrastra ciertas dificultades con las recurridas desde el año 2012, sin expresar con claridad cuáles serían las mismas, y ante la falta de patrocinio letrado del arbitrio, lo cierto es que la notificación del cobro fue conocida por el recurrente el 28 de abril del año en curso, con los antecedentes del cobro ejecutivo de obligaciones tributarias que acompaña, de modo que su escrito, ingresado en dependencias de la Corte el 27 de mayo posterior, hace entender a estos sentenciadores que se dedujo dentro del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado que regula la materia.

CUARTO: Que en lo que hace al fondo, y sin perjuicio del contenido del informe del Gobernador Marítimo de Arica, que desconoce el hecho de que la autoridad haya dado alguna concesión al recurrente en el pasado, lo cierto es que en la actualidad, como expuso el señor Tesorero Regional, existe un procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, de aquellos regulados en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, proveniente de un giro de tributos emanado del Servicio de Impuestos internos.

Y es en aquél en el que el contribuyente deberá efectuar su defensa, descargos y solicitudes, y no por la vía cautelar y de emergencia que ha elegido, que tiene por finalidad resguardar derechos indubitados, cuyo no es el caso que plantea el recurrente, lo que motiva que esta acción constitucional no pueda prosperar.

QUINTO: Que, en aras de lo fundamentado preteritamente, esta Corte, como medida para mejor resolver, pidió informe al Servicio de Impuestos Internos, ente fiscalizador que el día 11 de julio del año en curso, mediante oficio reservado 22, comunicó esta Corte que el recurrente mantiene una concesión marítima, correspondiéndole un rol de avalúo 675-35.

Explica el mentado ente fiscalizador, que el rol respectivo, corresponde a una construcción destinada a kiosco turístico de playa, procediéndose a su respectiva tasación, teniendo un destino de comercio.

Cuenta el Servicio de Impuestos Internos, que debido a las normas vigentes y que cita en su informe, la propiedad quedó afecta al pago de impuesto territorial, el cual a la fecha sigue afecto, con deuda pendiente.

Se añade que a la fecha del informe, tampoco se ha planteado algún requerimiento o acción a fin de obtener la eliminación del rol de avalúo por término de concesión por parte del recurrente, o de algún otro documento que se haya presentado en relación a un supuesto término de la concesión de playa.

El mismo servicio informante, en forma prolífica, explica cuál es el procedimiento para eliminar un rol de avalúo, indicando que es el contribuyente quien debe presentar la respectiva solicitud al servicio, con la copia de la Gobernación Marítima que señale el término o inexistencia de la concesión marítima, a fin de revisar eventuales deudas pendientes y determinar la procedencia de eliminar del rol de avalúo la concesión en cuestión.

SEXTO: Que, como puede advertirse, el recurrente, a través de la presente tutela constitucional, pretende obtener pronunciamientos de carácter declarativos de derechos, esto es, declarar la extinción de impuestos y la eliminación de actos de autoridad, que le confirieron una concesión marítima, lo cual resulta ajeno a la naturaleza de restablecimiento urgente de derechos constitucionales de la presente acción de amparo.

Es la propia recurrente, la cual para obtener la declaración de derechos que pretende, quien se debe dirigir a los entes competentes, que puedan declarar la extinción o eliminación de los roles tributarios, impuestos y concesiones de las cuales es titular, toda vez que dichos procedimientos, se encuentran sometidas por orden del legislador, a tramites determinados y preestablecidos, que permitirían dar solución a la problemática administrativa que afectaría a quien solicita la tutela, sin embargo, la naturaleza del presente recurso, descarta que sea la vía idónea para obtener la declaración de derechos que se pretende, por lo que la presente acción de amparo constitucional como ya se anunciaba, será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE RECHAZA la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la Gobernación Marítima de Arica y de la Tesorería General de la República.

No firma el Ministro, señor Pablo Zavala Fernández, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

No firma el Fiscal Judicial (S) señor nombre reservado, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en el cargo para el cual había sido nombrado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 1419-2022 Protección.