Protección contra Instituto Nacional de Deportes

IRL'iLltíH 1 ub V is to y te n ien do presente: DIECISEIS 31 ó 1.- Que a fojas 106, comparece don nombre reservado

nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Instituto Nacional de Deportes, Región de Arica y Parinacota, y de su representante legal, Director Regional señor Roberto Carrión Muñoz, fundado en que el Director Regional de Deportes revocó, mediante Resolución Exenta N° 96, de 4 de marzo del año en curso, la licitación N° 1236-4-LP-15 de enero de 2015 por 44 eventos deportivos en espacios públicos; por lo que el 12 de marzo de 2015 interpuso una denuncia (N° 150901) en la Contraloría Regional, la que aún está en tramitación. Sin perjuicio de lo cual dedujo el presente recurso en consideración a que con ocasión de esta revocación, el Instituto Nacional de Deportes llamó a una nueva licitación N° 1236-14-LP-15, habiendo tomado conocimiento de todas las propuestas que se habían presentado solicitando para este nuevo llamado antecedentes que permiten excluir a la mayoría de los postulantes originales con el propósito de favorecer a un proveedor en particular, señala -e l recurrente- a modo ejemplar el factor experiencia.

Sostiene que los hechos denunciados contravienen la Ley N° 19.886 y Decreto Supremo N° 250 de 2004, a la vez que constituyen un atentando en contra de la garantía constitucional de Igualdad ante ia ley reconocida en el numeral 2o del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto se vulneran las bases y la igualdad de los participantes, desde que por una parte, no solicita certificaciones probatorias para verificar la experiencia, indicando que tal factor se debe acreditar sólo completando el anexo N° 5, y además, porque agrega restricciones o inhabilidades no contempladas en la Ley N° 19.886 ni su Reglamento, al señalar que “en la evaluación de las facturas no serán consideradas aquellas de valores inferiores a $1.500.000.-, no se permite el fraccionamiento de facturas por el mismo evento, no se permite la suma de facturas, las boletas de honorarios como tampoco las ordenes de compra, sólo se considerarán en esta etapa facturas emitidas del año 2010 al 31 de marzo de 2015”. Con esto se demuestra que buscan restringir la participación de la mayoría de ios proveedores, y beneficiar al proveedor que en ia licitación del año 2014 del mismo Programa Calles Abiertas, emitió 7 facturas superiores a $1.500.000.-, aumentando la ponderación del factor Experiencia de un 10% que tenía en la Licitación revocada a un 30% en la actual, lo que le da mucha ventaja sobre los demás participantes.

Arica, diecinueve de mayo de dos mil quince.

Finalmente, señala que para clarificar estas reglas referidas a la presentación de facturas realizó las consultas pertinentes a la institución recurrida, obteniendo reiteradamente respuestas poco claras.

Por lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso y se declare que los actos recurridos son arbitrarios e ilegales.

2.- Que informando el recurrido, hace presente, en forma previa, que el recurrente no explica de manera concreta y efectiva cómo los actos que reclama están afectando sus derechos, ya que se trata de procesos concúrsales en donde él se encuentra participando, lo que demuestra que la discriminación denunciada no es tal.

Indica que en enero pasado se llamó a licitación pero la Comisión Evaluadora emitió un informe señalando que no era posible aquilatar objetivamente a los oferentes con solo una variable, esto es, sólo con haber pedido a los oferentes que señalaran la cantidad de eventos deportivos realizados con facturas y órdenes de compra, ya que no detallaban con exactitud el contenido de lo realizado en los eventos, por lo que es necesario requerir otros elementos para evaluar a los oferentes, como son años de experiencia realizando eventos deportivos, adjuntar contratos, cantidad de beneficiarios, etc.

Agrega que las facturas con que postuló el recurrente, suscitaron dudas, en especial a las exentas, por lo que realizada la consulta al Servicio de Impuestos Internos, éste informó que en caso de ser los eventos deportivos recreativos de diversión y esparcimiento se trata de una actividad afecta al Impuesto a las Ventas y Servicios.

En virtud de todo lo anterior y atendido lo dispuesto en los artículos 53 y 61 de la Ley 19.880 se determina la necesidad de invalidar la resolución que llamó a licitación. Y el 14 de abril pasado se publicó el llamado a una nueva licitación, en la que se ponderó de manera diferente los factores experiencia, calidad y económico, ya que es un deber de la administración velar por que la persona o empresa técnica contratada tenga la idoneidad técnica y financiera que permita prestar un servicio de la mejor calidad a la población.

En la actualidad esta licitación está en período de evaluación por la Comisión Evaluadora, habiéndose declarado admisible la postulación del recurrente, por lo que es incomprensible que alegue la inobservancia del principio de libre concurrencia y de igualdad ante las bases de licitación.

Finalmente, en lo relativo a las consultas efectuadas por el recurrente durante el período de licitación se le dio respuesta a todos los reclamos.

Fundado en lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas.

2 Tu m * i E ' n r 3173.- Que en primer lugar cabe precisar que el recurtente preíenae por una parte que se ha quebrantado el orden jurídico que regula la contratación pública, vulnerando con ello la ley 19.886 y ei Decreto Supremo 250 de 2004, con ocasión de la revocación por parte del Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, una licitación luego de haberse conocido las ofertas de los postulantes, antecedente que habría servido para incluir en las bases de la nueva licitación un factor ponderador de experiencia que dejaría fuera del concurso a muchos de los oferentes, lo que redunda en la transgresión del principio de igualdad ante la ley, amparado por el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

4. Que sobre el particular, y sin perjuicio de la competencia que pueda tener esta Corte para conocer de la materia, atento lo que se dirá a continuación, no es manifiesta la pretendida vulneración de la garantía de igualdad ante la ley denunciada por el recurrente producto de los actos materiales reconocidos por el recurrido, desde que las nuevas bases han establecido criterios objetivos de ponderación, que per se no puede estimarse, ni se ha comprobado que han sido establecidos para excluir del proceso a determinada o determinadas personas, o que conlleven beneficiar a otras, por lo que no apareciendo que tal actuar en si mismo constituya un proceso de preferencia o de discriminación injustificada, el presente recurso no puede prosperar.

5.- Que por otra parte, el mismo recurrente ha denunciado la infracción de la ley 19.886 y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo 250 de) año 2004.

En este orden de ideas conviene tener presente que el artículo 61 de la ley 19.886, en su artículo 22 crea el denominado “Tribunal de Contratación Pública”, entre cuyas competencias, acorde lo preceptúa el artículo 24, se encuentra precisamente conocer de los actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por dicha ley, entre los que, conforme lo dispone el artículo 1 del mismo texto legal, queda comprendido el Instituto Nacional de Deportes.

6.- Que en el referido contexto y no apareciendo en la especie una manifiesta o evidente transgresión constitucional en el actuar reprochado a la recurrida, corresponde al Tribunal de Contratación Pública, conocer de estas materias, atendida su especialidad y especial competencia y regulación.

7.- Que como si lo anterior no bastara, cabe acotar además, que el propio recurrente ha señalado que contra el acto revocatorio formuló denuncia ante la Contraloría Regional de la República procedimiento que se encuentra pendiente, por lo que aún no se han consolidado las presuntas ilegalidades o arbitrariedades que reclama, de tal manera que las situaciones jurídicas que se han planteado, son precarias y están sujetas a la resolución administrativa del Órgano Contralor.

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