nombre reservado con INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Arica, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, ingeniero agrónomo, domiciliada en domicilio reservado, y dedujo recurso de protección en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP, representado por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, vulnerando con ello, sus garantías constitucionales de los Nº 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 16 de febrero del año 2012, comenzó a prestar servicios para la recurrida en calidad de contrata hasta el 31 de enero de 2018, añadiendo que en el año 2015, comenzaron una serie de problemas de acoso laboral por parte de su Superior, que terminaron con la interposición de una causa por Tutela Laboral ante el Juzgado de la ciudad, la Rit T 43-2017, que finalmente fue desestimada, no obstante, determinó que sus funciones cesaban el 31 de enero de 2018.

Refiere que este despido, dio origen a una segunda acción de tutela por vulneración, con ocasión del despido, la Rit T 9-2018 y mediante sentencia de 12 de julio de 2018 se ordenó su reincorporación, hasta el 31 de diciembre de 2018 y actualmente se encuentra pendiente un recurso de unificación de jurisprudencia, de lo que se ha valido la recurrida para no reincorporarla hasta el día de hoy.

Refiere que la recurrida dispuso la no renovación de su contrata para el año 2019, a través de la “Resolución Exenta 168049”, de 29 de noviembre de 2018, fundando su decisión en razones de buen servicio, ya que en atención a la duplicidad de funciones en diferentes materias, se optaba por no renovar su contrata, teniendo en consideración su baja calificación en el periodo que fue de 39,11 puntos, lo que representaba estar 10 puntos más abajo que en años anteriores.

La actora refuta los fundamentos y en consecuencia, el actuar de la recurrida, lo que en su concepto vulnera el artículo 11 de la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, al carecer de fundamentación.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, dejándose sin efecto la resolución recurrida, con costas.

Evacuando el informe solicitado por esta Corte, la recurrida opone en primer término la excepción de prescripción de la acción, pues desde la época en que tomo conocimiento de la no renovación 30 de noviembre, mediante notificación electrónica y la época de interposición del recurso, han trascurrido más de treinta días.

Entrando al fondo del recurso, señala que la Resolución Exenta, se dictó en el legítimo ejercicio de una potestad legal, establecida expresamente en el Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, a los principios de juridicidad y racionalidad, artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, y artículo 2º de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en consecuencia, el acto que se impugna no es ilegal, ya que dicho acto además goza de una presunción de legalidad, de conformidad al artículo 3º de la citada Ley Nº 19.880.

Agrega que el Decreto recurrido, contiene los fundamentos que determinaron su dictación, siendo fruto de un procedimiento reglado, que cumple con los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y las instrucciones y criterios de la Contraloría General de la República, amen que la recurrente no les presta servicios desde el 1° de febrero de 2018.

Alude la informante, que el acto administrativo por el cual se designó en calidad de la funcionaria a contrata, tenía incorporada la fórmula, “mientras sean necesarios sus servicios”, expresión que enfatiza la transitoriedad del vínculo contractual del funcionario con respecto a la Administración.

Asimismo, el artículo 3º letra c) del Estatuto Administrativo, define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. A su vez, el artículo 10 dispone que los empleos a contrata “(…) durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley (…)”.

Expone que las razones, para no renovar la contrata de la recurrente, que es la reestructuración, se encuentran en la resolución que se impugna y que resultan completamente impertinentes todas las expresiones vertidas con supuestos acosos laborales que judicialmente fueron desestimados.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo, cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación del Decreto Exento N° 168049 de 29 de noviembre de 2018, del Ministerio de Bienes Nacionales, que dispuso la no renovación del empleo a contrata de la recurrente.

CUARTO: Que, así las cosas, es dable tener presente que el artículo 10 de la Ley N° 18.834, expresa que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven, expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” sin que sea el caso discutir que la autoridad administrativa detenta tal prerrogativa, la misma debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto propuesto, es del caso señalar que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, de duración limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna.

SEXTO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata, señala que son aquellos de carácter transitorio, que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa, puede ponerle término a esa función, en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que, tal como se colige de los antecedentes, el acto administrativo impugnado, expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad, consistente en desvincular laboralmente al recurrente, lo es en razón a un profundo proceso de reestructuración de la estructura orgánica de la recurrida, en las sedes de las Direcciones Regionales, eliminando duplicidad de funciones, suprimiendo físicamente determinadas unidades y redistribución de funciones, entre otras unidades, habiendo sido absorbidas las labores de la accionante, por otros funcionarios, proceso que no tuvo motivaciones ladinas, con la finalidad de perjudicar deliberadamente a la accionante, sino que en políticas generales, derivadas de la Dirección Nacional del servicio en cuestión, como da cuenta la Resolución Exenta N° 166216, de 23 de noviembre del año próximo pasado, acompañada por la informante, donde se da cuenta de diseño de reorganización de INDAP 2.018 – 2.022, elaborado por la División de Gestión y Desarrollo, de cinco de noviembre del mismo año, aportado igualmente por la recurrida, de lo que se da cuenta asimismo, en la Resolución Exenta N° 168049, de 29 de noviembre del 2.018, que constituye el acto recurrido y que obedecen a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

SEPTIMO: Que, en este mismo orden de ideas, se debe tener igualmente presente, que la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter, una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley.

En efecto, el empleo a contrata, se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora.

Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico, atribuible al actuar de la recurrida, Instituto de Desarrollo Agropecuario, resulta suficiente para desestimar el recurso.

OCTAVO: Que, en cuanto a lo analizado por la recurrida en su informe, respecto al principio de la “confianza legítima”, cabe referir que efectivamente, en la actualidad, constituye un verdadero axioma, que si una relación laboral a contrata se renueva reiteradamente, genera en el funcionario, la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración en indefinido, un vínculo que en abstracto debía ser transitorio, situación que ha dado origen a la elaboración del principio de “confianza legítima” que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente, con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, y que ha sido recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema.

NOVENO: Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, por un período continuo de a lo menos 2 renovaciones y que el acto que dispone tal medida, esté dotado de la motivación y fundamento suficiente que permita vencer la expectativa de continuidad antes mencionada.

DÉCIMO: Que, en el caso concreto, el vínculo entre el accionante nombre reservado y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, no se encuentra dentro de los parámetros o supuestos que tanto la jurisprudencia, como la Contraloría General de la República han considerado como el de la “confianza legítima”, toda vez que, en el presente caso, tal como se desprende del dictamen N° 6.400 de 2° de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que “Actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700, de 2016, “sobre confianza legítima en las contratas”, se indica “la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años”, sin embargo, no obstante aquella extensión de tiempo, nada obsta a que la autoridad administrativa, no renueve la contrata de que se trate, si concurren razones fundadas para esa decisión.

DUODECIMO: Que, en la especie, la resolución que dispuso su no renovación del empleo, se fundó en forma contundente, en una importante reestructuración orgánica de la recurrida, habiendo sido absorbidas las funciones de la accionante, tal como se explicó en el motivo séptimo del presente fallo, de lo que se colige que el acto recurrido, es apto para privar legítimamente a la amparada de la función pública que desempeñaba, lo que lleva necesariamente al rechazo del recurso de protección impetrado en favor de nombre reservado, al no constatarse que el acto sea ilegal y, haya existido una infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que, las razones fundadas que se esgrimieron en la Resolución Exenta N° 168049, de fecha 29 de Noviembre del año 2018, resultan objetivas y no es posible avizorar en relación a las mismas, una desigualdad en el trato dado a la recurrente, y consecuencialmente, que éste sea de carácter arbitrario, más aun si, como se ha señalado, ha sido debidamente fundado.

A su turno, en relación a la garantía constitucional de libertad de trabajo, obviamente, la no renovación de la contrata de la recurrente, de ningún modo puede conculcar dicho derecho, porque no es un impedimento que pueda trabajar.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO ARICA Y PARINACOTA INDAP.

No firma el Ministro señor Mauricio Silva Pizarro, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso de conformidad del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 14-2019 Protección.

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