Protección contra ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICRO EMPRESARIOS DE ARICA “AGRIMA”

Arica, quince de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece Francisco Corona Fuentes, abogado, en representación de nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, y deduce recurso de protección en contra de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICRO EMPRESARIOS DE ARICA “AGRIMA”, rol único tributario Nº 65.119.980-8, y de su representante legal, doña nombre reservado cédula de identidad Nº RUT reservado, en su calidad de Presidenta de la Asociación Gremial, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, por infringir con su actuar las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que junto a quien fuera en vida su cónyuge, don nombre reservado, han pertenecido y participado durante 25 años en la Asociación Gremial recurrida, cumpliendo con sus principios y todas las obligaciones impuestas por dicha Asociación.

Expone que durante el año 2016 su cónyuge, falleció, y que ella junto a sus hijos, en calidad de herederos, se hicieron cargo de todas sus obligaciones incluyendo, las contraídas con AGRIMA.

Indica que en virtud de lo antes señalado, comenzó a trabajar por la Asociación, lo que se tradujo en un trabajo en terreno, específicamente en 2 lotes de terreno (que son arrendados a Bienes Nacionales por la asociación), en que ha construido muros medianeros, cierre perimetral, pavimentación de pisos, pago de empalmes de luz eléctrica, además se ha encargado del pago de las mensualidades del arriendo y el pago de otros gastos derivados de su mantenimiento.

Expresa que nunca había -desde el año 2016- sido discriminada como socia o haya recibido un trato desigual respecto de otros socios y que si bien que las boletas y comprobantes de pago están a nombre de su difunto cónyuge, ello no fue motivo de conflicto o trato desigual por parte de las anteriores directivas. Sin embargo, desde enero de este año, al asumir la actual directiva, cuya presidencia la detenta doña nombre reservado, comenzaron a existir una serie de problemas con los demás socios, los que incluyen malos tratos, discriminaciones y arbitrariedades de su parte, privándola de una serie de derechos, no permitiéndole pagar las cuotas, sin causa alguna, excluyéndola de toda actividad de la Asociación y dándole respuestas evasivas cada vez que solicitaba explicaciones sobre estos malos tratos y discriminaciones.

Asevera que la razón de estos malos tratos por parte de la recurrida se deben, entre otras, a una supuesta venta de los lotes a un tercero, al incumplimiento de sus obligaciones gremiales, específicamente la falta de pago y que no hacía uso de los terrenos. Que la Presidenta de la Asociación, doña nombre reservado, es quien no le ha permitido efectuar el pago de sus cuotas sociales.

Señala que el 19 de abril recibió en su domicilio, una carta que comunicaba su expulsión de la Asociación por razones que carecen de efectividad, tales como que en una reunión supuestamente ella y sus hijos tuvieron una conducta irrespetuosa e indecorosa para con parte de la directiva y que incumplieron sus obligaciones pecuniarias con la Asociación. En contra de aquella resolución, efectuó los descargos previstos en el Estatuto Gremial, los que fueron recepcionados el 25 de abril del año en curso y del cual no ha recibido comunicación formal, acompañando en dicha ocasión los comprobantes de pago y otros gastos en que ha incurrido con motivo de la agrupación.

Sostiene que durante el mismo mes de abril pasado, en circunstancias que se dirigió a los terrenos a buscar unas cosas y realizar la mantención en los mismos, se percató que habían cambiado las aldabas y candados de los terrenos, con el objeto de impedir su entrada, quedando en el interior todas sus pertenencias, tales como herramientas de albañilería entre otros objetos muebles de valor. Al consultar sobre la adopción de esta medida, solo se me indicó que fue por orden de la Presidenta de la Asociación, por lo que debió concurrir a efectuar una denuncia en Carabineros de Chile, por el delito de apropiación indebida.

Niega haber incurrido en actos ofensivos en contra de algún miembro de la Agrupación o haber cometido alguna falta grave, como se señaló en la comunicación de expulsión y que por el contrario las conductas arbitrarias e ilegales han sido efectuadas por la Presidenta de la Asociación, quien se ha apropiado de sus bienes, le ha impedido la entrada a sus lotes y que los descargos realizados a esta resolución de expulsión no está firme, puesto que desde su interposición aún no ha recibido una respuesta, lo que deja de manifiesto que tal sanción se basó solamente en motivos caprichosos e injustos, por lo que solicita se deje sin efecto la misma y pide recuperar su calidad de socia, o en su defecto se le devuelvan sus pertenencias y lo invertido durante todos estos años.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, señala las que están descritas en los numerales 1º, 2º 4º y 24 de la Constitución Política de la República, pues, en síntesis, las medidas adoptadas por la Asociación recurrida y su directiva, han vulnerado su integridad psíquica, causándole un fuerte daño emocional, debido a los episodios de llanto, desesperación que le han provocado dolores de cabeza, estrés excesivo y problemas de presión; que ha recibido por parte de la Presidenta de la Asociación, tratos indignos e carentes de igualdad y que los motivos para la expulsión, se fundan en situaciones totalmente falsas, por lo que dichas imputaciones solo tienen por objeto dañar su honra y la de su familia y finalmente indica que la recurrida se han apropiado de sus pertenencias, negándole el ingreso a los lotes de los cuales tenía la mera tenencia, en calidad en arrendataria soportando todos los gastos derivados de los mismos, además de su mantención, que el derecho de propiedad se ha visto perturbado constantemente toda vez que hasta la fecha no ha podido usar, gozar ni menos disponer de sus cosas muebles que se encuentran al interior de los terrenos.

Pide se acoja el presente recurso de protección y se adopten las providencias pertinentes para restablecer el imperio del Derecho, con costas.

Informando la recurrida pide se rechace el presente recurso señalando que, don nombre reservado, efectivamente fue socio de la AGRIMA hasta la época de su fallecimiento el 4 de marzo de 2016, muerte de la que tomaron conocimiento en el mes de enero del presente año y que al revisar los estados de pago de cuotas sociales, se percataron de la existencia de recibos de pago a nombre del señor nombre reservado, pero que la firma no correspondía a la de éste.

Refiere que en atención a estos hechos se procedió a comunicar a la viuda y recurrente de la presente acción que no tiene la calidad de socio, por aplicación del número 1° del artículo 12 de los Estatutos gremiales.

Asevera que existe en el contenido de la comunicación efectuada el 19 de abril del año en curso, puesto que no fue la voluntad de AGRIMA comunicar una “expulsión”, sino que informar a la viuda que el señor nombre reservado con el hecho natural del fallecimiento perdió la calidad de socio ipso facto, y que por ende se le haría devolución de los dineros que había pagado a nombre del socio.

Sostiene que la conducta de la recurrente demuestra una intención de asumir la calidad de continuadora legal del fallecido, figura jurídica que no es posible por existir norma expresa que regula los efectos de la muerte de cualquier socio, esto es, la pérdida de su titularidad dentro de la agrupación.

Expresa que la ilegalidad y arbitrariedad que alega la recurrente, no se produce porque no es socia y que al no poseer tal calidad, malamente puede privársele de la misma, es decir, que no puede perder un derecho que no tiene.

Finalmente y dado que la recurrente fue quien entablo la presente acción, AGRIMA dejará constancia en sus actas que ésta ha tomado conocimiento de la pérdida de calidad de socio de su difunto marido, como asimismo que se la invita a acercarse a las oficinas de AGRIMA para hacer retiro de la totalidad del dinero pagado indebidamente por ella.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el hecho al cual se reputa ilegalidad y arbitrariedad consiste en la pérdida de la calidad de socia de la recurrente por habérsele aplicado la medida de expulsión de la asociación gremial a la que pertenecía, a través de una carta informativa, el día 19 de julio de 2021, sanción fundamentada en situaciones y hechos falsos.

CUARTO: Que de los antecedentes acompañados se desprende que la Asociación manifiesta en su carta informativa que la recurrente fue citada para comparecer ante la Directiva con ocasión de haberse detectado una serie de irregularidades a la normativa de Bienes Nacionales y a las del propio Estatuto gremial incurriendo en las conductas sancionadas en el artículo 11 letras a) y c), perdiendo la calidad de socio atento lo establecido en el artículo 12 “N°3, letra c)” de las normas estatutarias.

QUINTO: Que, los Estatutos de la Asociación Gremial, en su artículo 11 señala que: “Los socios serán sancionados por las faltas que cometan, con alguna de las siguientes medidas disciplinarias:…5.- Expulsión, en los casos de haber cometido actos que comprometen el prestigio o la existencia misma de la Asociación Gremial.”.

Por su parte el artículo 12 indica que: “La calidad de socio se pierde por la concurrencia de algunas de las siguientes circunstancias:…1. Por fallecimiento.”

SEXTO: Que, del tenor de los documentos acompañados, de los dichos de la propia recurrente y de lo informado por la recurrida, no existe discusión respecto a que quien detentaba la calidad de socio era su cónyuge difunto, don nombre reservado, y no la recurrente y que las boletas de pago allegadas al presente recurso, figuran a nombre precisamente de don nombre reservado incluso con fechas muy posteriores a su fallecimiento, por lo que careciendo la recurrente de la calidad de socia de la Asociación Gremial, la acción desplegada por ésta, no puede ser calificada de ilegal o arbitraria, por ser una decisión que se encuentra apegada a los estatutos de la Asociación Gremial, debiendo concluir que no existen las transgresiones a la Carta Fundamental alegadas por la accionante, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, es necesario indicar que, en el presente caso, no concurren los requisitos que la Constitución exige para que la acción de protección prospere, ya que para que ello suceda es menester que el derecho cuyo resguardo se invoca, sea uno ya declarado y no discutido, lo que no se cumple en el presente caso, toda vez que no existe un derecho indubitado.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICRO EMPRESARIOS DE ARICA “AGRIMA”.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°1382-2022 Protección 4