Protección contra Fiscalía Nacional

Arica, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparecen nombre reservado, del Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota y nombre reservado

nombre reservado, Director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia e interponen acción de protección en favor del adolescente nombre reservado, los NNA residentes en domicilio reservado y sus funcionarios en contra de Fiscalía Nacional, Canal 13 S.A., Copesa S.A., La Hora y Bio Bio Comunicaciones S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en la exposición audiovisual e identificación de la residencia, dispositivo residencial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que pone en riesgo a todos los niños, niñas y adolescentes que residen en dicho recinto, además de la exposición del nombre completo y fotografía del adolescente nombre reservado en el reportaje emitido por Canal 13 el pasado 2 de marzo de 2026 en su noticiario central y en sus sitios web asociados, vulnerando las garantías constitucionales de los N° 1, 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explican que nombre reservado se encontraba vinculado al sistema de protección en la causa Rit X 901-2019 del Juzgado de Familia de Arica, por lo que la identificabilidad pública del lugar donde habitaba junto a otros NNA bajo cuidado estatal no es un dato neutro, sino que incrementa riesgos de estigmatización, hostigamientos, intromisiones y afectación de su bienestar. Por ello, todo lo relativo a su localización y reconocimiento público se vincula directamente con la protección de la vida privada y honra, integridad psíquica y la inviolabilidad del hogar. Señalan que en el reportaje de 2 de marzo de 2026 se difundió en sus sitios web una nota sobre el hallazgo del cuerpo de un adolescente de 14 años en el sector Las Llosyas, Arica, incorporando la declaración del Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien enfatizó una marco de criminalidad organizada y que su muerte dio cuenta de un ajuste entre organizaciones delictuales que no se había observado que afectara a un chileno y que el adolescente debía encontrarse en una residencia de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada, pero que se había escapado, agregándose declaraciones institucionales en el sentido de que se habrían realizado coordinaciones y búsquedas y que el caso excedería la capacidad de respuesta del Servicio.

Sin embargo, la versión audiovisual del reportaje exhibió el frontis de la Residencia nombre reservado con tomas y elementos del entorno que permiten reconocer el inmueble e incluso aproximar su ubicación. Esta exposición se torna de gravedad precisamente por su nexo con el marco de criminalidad instalado por los dichos del Fiscal Regional, si el propio relato público enfatiza ajuste de cuentas, organizaciones delictuales y rearticulación de bandas, el exhibir un dispositivo residencial de protección produce un efecto amplificador del riesgo, al posibilitar que terceros identifiquen el lugar, lo asocien a dinámicas delictivas y generen estigmatización colectiva, hostigamientos, intromisiones o amenazas.

A lo anterior se suma un elemento adicional de exposición directa y altamente lesivo como lo fue la divulgación del nombre completo e imagen del adolescente fallecido, lo que constituye una intromisión especialmente intensa en su vida privada, honra e identidad, con efectos de revictimización y estigmatización, además de consolidar la exposición pública del caso y facilitar su viralización. La replicación del contenido por otros medios y redes sociales agrava el daño, pues lo vuelve persistente y de difícil reversión por indexación y viralización, manteniendo vigente la amenaza y perturbación de dichas garantías constitucionales.

Recurren de protección ya que la exhibición audiovisual del frontis e identificabilidad de la Residencia nombre reservado, configura una afectación actual, grave y de carácter continuo a garantías constitucionales de niños, niñas y adolescentes, en particular de terceros NNA residentes bajo cuidado estatal y la divulgación del nombre completo e imagen del adolescente fallecido, constituye una intromisión especialmente intensa en su vida privada, honra e identidad con efectos de revictimización y estigmatización, además de consolidar la exposición pública del caso y facilitar su viralización.

En consecuencia, el acto reclamado, comprende tres dimensiones que se refuerzan entre sí. En primer lugar, la difusión y mantención en plataformas digitales del material audiovisual que exhibe el frontis y elementos del entorno de la Residencia nombre reservado, haciendo el recinto reconocible y potencialmente localizable. En segundo lugar, el encuadre narrativo difundido en el reportaje, que instala un contexto de criminalidad organizada (ajuste entre organizaciones delictuales, reagrupación de bandas, posibles móviles asociados a tráfico de drogas), intensificando el riesgo social y el estigma. En tercer lugar, la exposición del adolescente fallecido mediante la divulgación de su nombre completo e imagen, elemento que no resultaba indispensable para informar y que incrementa de manera directa la afectación a derechos fundamentales del propio adolescente y de su entorno, amplificando el impacto sobre terceros NNA y sobre el dispositivo residencial expuesto.

Pide el primer recurrente medidas inmediatas y principales respecto de la residencia, tales como: a) Ordenar el retiro (despublicación) y eliminación de todo registro audiovisual, fotograma, miniatura, extracto, reel, short, historia, previsualización o cualquier soporte digital bajo control de los recurridos que muestre el frontis, accesos, entorno reconocible, señaléticas o elementos que permitan identificar o geolocalizar la Residencia nombre reservado (o cualquier dispositivo residencial del Servicio de Protección Especializada exhibido en los reportajes; b) Ordenar la edición obligatoria de toda nota o publicación que se mantenga disponible, de modo que se suprima íntegramente cualquier elemento visual o textual que permita reconocer o ubicar el dispositivo residencial (incluyendo miniaturas y previsualizaciones), bajo apercibimiento y c) Ordenar la eliminación o modificación de títulos, descripciones, rótulos, etiquetas, metadatos, captions y textos de redes sociales que refuercen la identificabilidad o localización del dispositivo residencial, cuando ello sea verificable en contenido bajo control de los recurridos.

B. nombre reservado inmediatas respecto del NNA fallecido (nombre e imagen): a) Ordenar la anonimización del NNA en todas las publicaciones bajo control de los recurridos, disponiendo la eliminación del nombre completo y su sustitución por iniciales, y el retiro, pixelado o sustitución de cualquier fotografía o imagen que permita su identificación, incluyendo miniaturas, recortes y previsualizaciones y b)

Ordenar la supresión o reformulación de pasajes que, por su redacción, instalen como hecho afirmado una vinculación estigmatizante del NNA con criminalidad organizada, debiendo ajustarse a un estándar informativo acorde a investigación en curso y sin imputaciones mediáticas.

C. nombre reservado de no repetición y resguardo reforzado: Ordenar a los recurridos la adopción de medidas de no repetición, consistentes en implementar un protocolo editorial mínimo para contenidos que involucren NNA y dispositivos de protección, que incluya al menos: prohibición de exhibir frontis o ubicaciones de residencias; anonimización integral de identidad e imagen de NNA; revisión editorial previa y control de miniaturas, extractos y previsualizaciones.

D. nombre reservado específicas respecto de Fiscalía Nacional: Ordenar que Fiscalía Nacional informe y adopte resguardos comunicacionales verificables para que, en vocerías o comunicaciones públicas relacionadas con casos que involucren NNA, se evite facilitar directa o indirectamente la identificabilidad de dispositivos residenciales y la divulgación de identidad de NNA, debiendo remitir a esta Iltma. Corte el estándar o directrices aplicables, dentro del plazo que se fije; informar sobre los procesos administrativos iniciados por motivo de los hechos expuestos en el presente recurso y disponer las demás providencias que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, con costas si procediere.

A su turno, el segundo recurrente pide la suspensión inmediata de toda exhibición pública, digital o audiovisual que permita reconocer, ubicar o asociar visualmente el inmueble donde funciona la residencia, debiendo los recurridos retirar provisionalmente de sus plataformas cualquier registro que contenga imágenes, referencias espaciales, descripciones o recursos gráficos que hagan identificable el lugar; la eliminación temporal de publicaciones en sitios web y redes sociales administradas por los recurridos que contengan fotografías, fotogramas, enlaces o elementos que posibiliten la geolocalización del recinto o su asociación directa con los hechos investigados; la supresión cautelar del nombre completo del adolescente fallecido, reemplazándolo por iniciales, junto con la remoción o alteración de imágenes que permitan su reconocimiento, en todas las versiones digitales actualmente disponibles; que los recurridos se abstengan de efectuar nuevas publicaciones o replicaciones que incluyan antecedentes identificatorios del adolescente o del dispositivo residencial mientras se resuelve el fondo del recurso; en caso de estimarse excesiva la suspensión total del material, se ordene al menos su modificación inmediata, eliminando todo elemento identificatorio del inmueble y manteniendo la anonimización del NNA.

Informando en el folio 34 el Fiscal Nacional del Ministerio Público, nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección en su contra.

Expone que, en la actualidad, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sigue adelante una investigación penal por el fallecimiento del adolescente nombre reservado, cuyo cadáver fue hallado el 17 de febrero del presente año, alrededor de las 19:00 horas, por un transeúnte en la vía pública, específicamente en el sector de Alto Las Llosyas, comuna de Arica. Según los antecedentes que obran en la carpeta investigativa y especialmente conforme el Informe Científico Técnico del Sitio del Suceso evacuado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Arica, el cadáver se encontraba en un 80% carbonizado y con signos en su cuerpo y hallazgos en el sitio del suceso mismo que hacen presumir fundadamente la intervención de terceros.

Estas mismas condiciones en las que fue encontrado el cadáver permiten formular, como una de las hipótesis investigativas, que la dinámica delictiva en torno a la muerte de la víctima es compatible con los fenómenos de criminalidad organizada y con motivaciones preexistentes a la causa del fallecimiento, debilitándose, de esta forma, la posibilidad de que el hecho investigado responda a un episodio accidental.

En cuanto a la entrevista del Fiscal Regional Mario Carrera Guerrero, como puede advertirse y según fluye de manera evidente de aquella, es posible afirmar categóricamente que en ninguna de las respuestas formuladas se aludió ni a la identidad de la víctima ni tampoco se hizo mención alguna a la intervención de una residencia del Sistema de Protección en el que se hubiere mantenido ingresada la víctima.

Dichos antecedentes tampoco fueron proporcionados a la periodista fuera de cámara.

Cotejados los dichos formulados por el Fiscal Regional en la entrevista, con el contenido y fundamentos del Recurso de Protección deducido, es posible colegir que no existe modo alguno que la entrevista proporcionada por el Fiscal Regional Carrera Guerrero pudiese vulnerar las garantías fundamentales aludidas en el recurso, considerando que, en ninguna parte de sus dichos, alude ni a la identidad ni a circunstancias personales o de protección de la víctima. El único punto en el que se hace una referencia que pudiese entenderse como una circunstancia personal lo es cuando se refiere a que la víctima era un “chileno”. Esto cobra relevancia si se considera que en el mismo reportaje en el que se reprochan, infundadamente, los dichos del Fiscal Regional, aparece entrevistado también don nombre reservado, Director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en cuyos dichos alude derechamente a la vinculación existente entre la víctima y el Servicio de Protección, lo que a su vez permite concluir que la víctima era sujeto de protección en una de las residencias dependientes del referido servicio.

Por otro lado, las referencias que aluden a un “ajuste entre organizaciones delictuales”, “crimen organizado” o la reagrupación de organizaciones o bandas, son hipótesis genéricas construidas sobre la base de datos empíricos aplicados a la investigación, sin que en ninguno de sus dichos se profundizara en antecedentes particulares de la investigación.

Informando en el folio 40 Bio Bio Comunicaciones S.A., solicita el rechazo de la acción constitucional.

Sostiene que el recurso se fundamenta en la publicación realizada por Radio Bío Bío en su sitio web, de un reportaje, de 13 de marzo de 2026, intitulado: “Entre la calle y las drogas: los últimos días de nombre reservado, el adolescente asesinado y quemado en Arica”.

En el reportaje en cuestión, se recogen declaraciones tanto de la madre del menor fallecido, como del Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Sr.

nombre reservado.

Enfatiza que los hechos que constituyen vulneraciones a garantías fundamentales según el recurrente, no concurren en su reportaje en el cual nunca se incluyó: el nombre completo del menor fallecido nombre reservado, la dirección de la residencia nombre reservado a la que había sido destinado el menor fallecido, fotografías de la fachada o del exterior o interior de la residencia antedicha o atribuciones de participación del menor fallecido en bandas criminales o en otros delitos, ni expresiones deshonrosas, injuriosas o calumniosas respecto del menor fallecido, su familia o del Servicio Admite que si se incluyó el nombre de pila del menor fallecido, así como una fotografía de su rostro, pero esta última fue eliminada incluso antes que fuera notificado el presente recurso, motivo por el cual este Tribunal de Alzada no podrá disponer ninguna medida de protección que permita el restablecimiento del derecho de los recurrentes, ya que, como se explicó, el reportaje en cuestión no incluye, en la actualidad, ninguna información o dato sensible del menor, su familia, la residencia o sus ocupantes, con la única salvedad del nombre de pila del menor fallecido, antecedente que no permite bajo ninguna circunstancia, por sí solo, identificar a alguien.

Informando en el folio 48, Canal 13 SpA., solicita el rechazo del recurso.

Expone que la nota en cuestión que indica la recurrente no se encuentra actualmente en el sitio web www.t13.cl, ni tampoco existen otras publicaciones o replicaciones de los mismos hechos en sus sitios web o plataformas, por lo que, en la práctica, y respecto de su representada, no existen medidas de protección o cautela que se puedan adoptar al respecto.

Informado en el folio 52, La Hora (LaHora.cl), pide el rechazo del recurso de protección deducido en su contra ya que el reportaje que se le atribuye da cuenta que la información fue extraída de Canal 13 e incluso la nota periodística cita como fuente a Canal 13, aseverando que el mismo día de la notificación del presente recurso, eliminaron toda la información del caso de sus plataformas y no queda ningún registro.

Respecto de la recurrida Copesa S.A. (LaCuarta.com), se prescindió de su informe en el folio 54.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie, el acto ilegal y arbitrario denunciado por las recurrentes puede ser fraccionado en dos órdenes de afectaciones, primero las que dicen relación con el adolescente fallecido nombre reservado por intervención de terceros y en circunstancias delictuales, actualmente en investigación y, en segundo lugar, las que guardan relación con la residencia nombre reservado cuya ubicación, exposición y reconocimiento pone en riesgo a sus habitantes niños, niñas, adolescentes e incluso funcionarios. En el primer caso, dar a conocer su nombre completo, exponer su fotografía y vincularlo con el mundo delictual dentro de un contexto de “ajuste entre organizaciones delictuales” lo estigmatiza al instalar públicamente asociaciones que no corresponden a hechos establecidos. En el segundo caso, conduce a la estigmatización colectiva, hostigamientos, intromisiones y amenazas.

CUARTO: Que, cabe dejar establecido como un hecho cierto, que ninguno de los recurridos proporcionó la dirección de la residencia nombre reservado y únicamente como esbozan los recurrentes en el reportaje audiovisual de Canal 13 se exhibió el frontis de aquella, y aun cuando presuman que ello es suficiente para reconocer un inmueble en la ciudad de Arica, que permita identificarlo y potencialmente dar con la dirección, aquello no son más que conjeturas que no se concretaron en ningún antecedente real, cierto o fidedigno que dé cuenta que terceros ajenos al normal desenvolvimiento de la residencia se aproximaron hasta ella para ejecutar alguna acción como las que presumen podrían haber ocurrido.

QUINTO: Que, en relación con la muerte del adolescente nombre reservado, ésta actualmente se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público de esta ciudad, y de acuerdo con lo informado por las recurridas, no existe ningún antecedente visual o fotográfico que de acceso a su nombre y fotografía. Tampoco el reportaje se mantiene o circula por las plataformas de las recurridas, por lo que, lo perseguido con el recurso, su eliminación, ya se obtuvo, por lo que la presente acción constitucional en este acápite perdió oportunidad.

SEXTO: Que, finalmente en lo que dice relación con las medidas que solicita respecto del Ministerio Público, éste es un organismo autónomo, regulado en la Constitución Política de la República y en su Ley Orgánica N° 19.640, por lo que esta Corte no esta facultada para disponer protocolos internos ni medidas que digan relación con su funcionamiento a su respecto, salvo una vulneración flagrante a las garantías constitucionales, lo que no se ha verificado en la especie.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en el folio 1.

Sin perjuicio de lo anterior, se ordena a las recurridas que en lo sucesivo y en futuras publicaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes, se abstengan de divulgar sus nombres completos, fotografías, imágenes y antecedentes visuales o de contexto que permitan su individualización.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 137-2026 Protección (acumulada Rol N° 141-2026 Protección).