nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, treinta de mayo de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece el abogado Fabián Paiva, en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, denunciando como ilegal y arbitrario la omisión en el pronunciamiento de la resolución respecto de su solicitud de permiso de permanencia definitiva del recurrente, efectuado por él el día 15 de diciembre de 2020, con vulneración de la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 27 de la ley N° 19.880.

Refiere que el recurrente ingresó como turista a Chile en enero de 2019, cambió su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada; y, solicitó en tiempo y forma, previo al vencimiento de su visa como residente temporario, su Permanencia Definitiva, con fecha 15 de diciembre de 2020, número de solicitud 7863104, sin que la recurrida, a la fecha, haya dado respuesta alguna, encontrándose hasta el día de hoy “en trámite”.

Así, transcurridos un año y seis meses a la fecha de presentación del recurso, la recurrida no ha dado respuesta a la solicitud.

Alude a la vulneración de las reglas contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que establece los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo y de inexcusabilidad.

Pide como medida para restablecer el imperio del derecho, ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a la situación migratoria del extranjero, describe que el 24 de marzo de 2019, ingresó al país por paso habilitado, otorgándose una visa de turismo por 90 días. Luego, mediante Resolución Exenta N° 2249, dictada por la Gobernación Provincial de Arica, de fecha 12 de abril de 2019 se otorgó perimo para trabajar por el periodo de 4 meses, con vigencia hasta el día 12 de agosto de 2019. Más tarde, y por Resolución Exenta N° 3314, dictada por la Gobernación Provincial de Arica, de fecha 28 de mayo de 2019 se cambió la calidad de residente, de visación temporaria con sujeta a contrato de trabajo a visación temporaria en calidad de titular por un año, con vigencia hasta el día 05 de marzo de 2021.

Añade que el 15 de diciembre de 2020, el extranjero solicitó Permiso de Permanencia Definitiva, y el 10 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21430098, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “Evaluación intermedia”, lo que incluye: a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y, b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda, de conformidad a la circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

Estima que el recurrente se encuentra en situación migratoria regular en el país, la que tiene fundamento en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería, no existiendo actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de sus garantías constitucionales, estimando que no es procedente la acción constitucional. Y en cuanto al plazo administrativo, que no corresponde a un plazo fatal para la Administración, el que, además, no ha conllevado perjuicios al recurrente.

Pide el rechazo del recurso, así como el rechazo a la condena en costas al Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la parte recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de su solicitud de permanencia definitiva, a pesar del tiempo transcurrido en exceso para ello.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que la petición de permanencia definitiva se interpuso el 15 de diciembre de 2020. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que desde el 10 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21430098, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud, encontrándose en “Evaluación Intermedia”, pese a que ha transcurrido, hasta la fecha de esta sentencia, más de un año y cinco meses desde su interposición.

QUINTO: Que, lo razonado precedentemente permite concluir que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que contempla un plazo máximo de seis meses en que los órganos de la Administración deben pronunciarse respecto de las solicitudes que presenten los administrados, el que debe computarse desde la fecha en que se inicia el procedimiento, que en la especie ocurrió el 15 de diciembre de 2020, lo que importa una vulneración a la garantía constitucional contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al no haber resuelto oportunamente la referida petición, en desmedro del recurrente.

Sólo a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en un caso similar en la sentencia Rol N° 86.868-21, estableciendo que (…) queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880.

(…) Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente (...).

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración), debiendo el recurrido pronunciarse dentro de quince días hábiles en relación a la solicitud del recurrente.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1331-2022 Protección.