nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Arica, dos de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció don Matías Andrade Gálvez, abogado, en representación convencional de nombre reservado, con domicilio en esta ciudad, e interpuso recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, representada por su Alcalde Sr. Gerardo Espíndola Rojas, por incurrir en un acto ilegal y arbitrario, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 1061/ 2022, de fecha 10 de febrero del año en curso, notificado a su parte el 11 de abril recién pasado, mediante el cual se rechazó en todas sus partes el recurso de reposición interpuesto por su parte y se confirmó o mantuvo la sanción de destitución que pesa sobre el recurrente.

Funda en los hechos el recurso, exponiendo que por el Decreto Alcaldicio N° 7876/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, se aprobó la vista fiscal del sumario administrativo instruido mediante el Decreto Alcaldicio N° 5318, de 23 de abril de 2019 y de acuerdo a lo informado en ordinario N° 917/2021, evacuado por la Asesora Jurídica, se aplicó al recurrente la medida de destitución, fundada en falta a la probidad administrativa y conducta inmoral, prevista en el artículo 72 letra b del D.F.L. N°1 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en relación al artículo 123, inciso segundo de la Ley N° 18.883, además de hacer efectivo lo señalado en el artículo 137 inciso final en relación a remitir los antecedentes a la justicia ordinaria, relativa a la denuncia sobre perpetración de abuso sexual contra “la menor Srta. nombre reservado, de la escuela América” (sic).

Sostiene que contra dicho acto administrativo, su parte dedujo un recurso de reposición el 18 de enero del año en curso, con alegaciones de fondo tendientes a dejarlo sin efecto, pero el 10 de febrero, mediante el Decreto Alcaldicio Nº 1061 ya citado, la recurrida lo rechazó, por extemporáneo, confirmando la medida de destitución.

Añade que la recurrida estimó que el recurso se dedujo con fecha 19 de enero, de modo que al estar notificado con fecha 11 de enero de 2022, y su interposición lo fue fuera del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley N° 18.883, expresándolo así en la resolución en comento.

Manifiesta que tal ponderación de hecho es absolutamente errónea y que el recurso se dedujo el día 18 de enero, dentro de plazo legal, lo que acredita con el documento que incorporó a la carpeta electrónica. Tal error administrativo, constituye el primer acto vulneratorio de garantías constitucionales, pues confirmó la medida disciplinaria de destitución.

Enseguida, fundó el recurso en la falta de motivación que observa en el acto administrativo que lo destituyó, pues no consigna antecedentes en cuyo mérito pueda concluirse que los hechos de que se trata configuren una infracción grave, ni expresa la antedicha conclusión ya que solamente se consignó en forma absolutamente somera que “por lo cual ante la perpetración de abuso sexual contra la menor Srta. nombre reservado, de la escuela América” (sic), sin señalarse a qué menor se refiere, forma de comisión del ilícito, fecha lugar ni contexto.

En el mismo orden de cosas, la resolución de destitución tampoco expresa cómo se configura la gravedad de la infracción al principio de probidad administrativa, que justificada la imposición de la sanción máxima, cuestión exigida por el artículo 123 de la Ley N° 18.883.

Por otro lado, alude a la desproporción de la sanción, pues si se examina el mérito del sumario administrativo, aparece que el informe del Fiscal Administrativo no reconoce la concurrencia de circunstancia atenuante alguna ni hace presente que se encuentra en Lista N°1 de mérito, por lo que no está justificada la imposición del castigo máximo, todo lo que implica la vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley.

También expresa que el acto administrativo adolece de incongruencia, en infracción a lo preceptuado en el inciso primero y segundo del artículo 137, inciso primero del artículo 138 y finalmente inciso segundo del artículo 123 de la ley mencionada, ya que los cargos formulados en su oportunidad omitieron la individualización de las víctimas y se expresaron en forma genérica, y en definitiva, en la sanción se menciona a una víctima que no figura en el cargo fiscal.

En subsidio, y en lo que respecta a los hechos imputados en la vista fiscal, junto con ser falsos, como ha sostenido su defensa, son imprecisos, someros y genéricos, y algunos ni siquiera constituyen una conducta de significación sexual, lo que sumado a la prueba rendida, que, en definitiva, califica como deficiente, no permitía condenar al recurrente, procediendo su absolución, cuestión que solicita.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, alude al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, pues la imputación, como sostuvo, es somera, imprecisa, desproporcionada e incongruente, y la sanción, desproporcionada. También acusa infracción al artículo 19 N° 16, en cuanto a la libertad de trabajo y su protección, al privársele de su empleo de más de cinco años, y al numeral 24 del mismo artículo al perturbar el derecho a la propiedad de su cargo.

Pide como medida para restablecer el derecho vulnerado dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 1061/2022, de 10 de febrero de 2022, y en forma consecuencial, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 7876/2021, dictado el 10 de diciembre de 2021, ordenando el reintegro del recurrente a sus funciones; o, en subsidio, que se imponga una sanción inmediatamente menor a la contenida en el artículo 120 de la Ley 18.883, esto es la suspensión de 3 meses de su empleo, o la sanción que esta Corte estime pertinente, con costas del recurso.

Informando, la Ilustre Municipalidad de Arica, estima que la petición de dejar sin efecto el decreto de 10 de diciembre de 2021, excede el campo de acción del presente recurso, ya que dicho acto administrativo fue notificado al recurrente el día 11 de enero del año 2022, encontrándose vencido el plazo de 30 días a que alude el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Sin perjuicio, respecto del Decreto Alcaldicio N° 1061/2022, notificado el día 11 de abril de 2022, y efectuadas las indagaciones en la Oficina de Partes y Archivo General del municipio, debido al funcionamiento con personal de apoyo por brotes de Covid-19 en el período en que se presentó el recurso de reposición del recurrente, consta que es efectivo lo sostenido por éste, y que el recurso fue deducido dentro de plazo, el 18 de enero de este año, debiéndose el error en que fue ingresado al sistema un día después.

Es en razón de ello que se limita a informar dicha situación, ya que no puede pronunciarse respecto de la Reposición en cuestión, lo anterior por expreso mandato legal establecido en la Ley N° 19.880, la cual en su artículo 54 inciso tercero dispone: “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión.”

Finaliza expresando que su parte estará al mérito de lo que resuelva esta Corte.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la parte recurrente como ilegal y arbitrario corresponde, en primer término, a la declaración de extemporaneidad del recurso de reposición que dedujera en contra de la resolución o decreto alcaldicio que determinó la destitución del actor, y en segundo lugar, a la calificación como ilegal y arbitrario de este último, por falta de fundamentación e incongruencia, entre las demás razones que latamente expuso en el recurso.

CUARTO: Que el artículo 139 de la Ley N° 18.883 que “Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, dispone que: “En contra del decreto que ordene la aplicación de una medida disciplinaria, procederá el recurso de reposición.

El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de cinco días, contado desde la notificación, y deberá ser fallado dentro de los cinco días siguientes.”.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, además del documento incorporado en la carpeta electrónica, signado con el N° 5 del segundo otrosí del libelo de protección, se advierte en forma prístina que la petición recursiva del protegido, deducida por intermedio de su apoderado, fue presentada ante la recurrida dentro del plazo establecido en el artículo mencionado en el motivo precedente, lo que implica que no sólo su declaración de extemporaneidad sino que su falta de resolución, hasta la fecha, como se advierte de los antecedentes, sea vulneratoria de, al menos, las garantías de propiedad y del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, invocadas por el recurrente, razón por la que el recurso ha de ser acogido, debiendo adoptar esta Corte la medida que se indicará en lo resolutivo en orden a restablecer el imperio del derecho conculcado al protegido.

SEXTO: Que de esta manera, y no encontrándose totalmente afinado el decreto alcaldicio que ordenó la destitución del protegido, no se pronunciará esta Corte sobre su mérito, fundamentación ni restantes alegaciones formuladas por aquél.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido por el representante de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, y se ordena como medida para restablecer el imperio del derecho que la recurrida deberá pronunciarse, dentro del plazo que establece el artículo 139 de la Ley N° 18.883, sobre el recurso de reposición interpuesto por el protegido con fecha 18 de enero de 2022, término que se contará a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1318-2022 Protección.