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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1312-202022 ene 2021

nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

Fecha
22 de enero de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Arica
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Arica, Rol N° 1312-2020, sentencia de 22 de enero de 2021

Resumen

Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Arica por la no renovación de la contrata: el acto está legalmente facultado, pues la contrata es transitoria y se extingue al vencer su plazo, y el decreto está debidamente fundamentado.

Texto íntegro

Arica, veintidós de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección de contra de la Ilustre Municipalidad de Arica, persona jurídica de derecho público, Rut N°RUT reservado, representada por su Alcalde, don Gerardo Espíndola Rojas, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°6891/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2021, vulnerando con ello sus garantías constitucionales establecidas en los Nº 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó el 29 de enero de 2019 a prestar funciones en la Ilustre Municipalidad de Arica, nombrado mediante Decreto Alcaldicio N°1650, en calidad de contrata. Posteriormente, fue nombrado en calidad de suplente de un cargo de planta por Decreto Alcaldicio N°10300, con fecha 02 de agosto de 2019. Luego le sucedieron 4 nombramientos a contrata mediante decretos N°839, N°4132, N°6227 y N°6531, todos del año 2020, en la Dirección de Administración y Finanzas.

Expone que su calidad de contrata ha sido reanudada en varias oportunidades, desempeñándose en la actualidad como Encargado de Gestión de Personas del Departamento de Recursos Humanos y que resulta arbitraria tal terminación, debido a la falta de fundamentación del decreto que se impugna, en la medida que ésta sólo se explica por no estar de acuerdo con la forma de actuar de la recurrida respecto a la utilización de antecedentes infundados y falsos, utilizados para desvincular a otra funcionaria.

Estima conculcadas las garantías fundamentales establecidas en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en la medida que le fue negado su derecho a defensa, al no encontrarse fundada la decisión; arbitrariedad que además considera un resultado discriminatorio respecto a otros trabajadores que se encontraban en idéntica situación laboral.

Luego de citar el Dictamen N°3704/134 del año 2004, emanado de la Dirección del Trabajo, el Convenio 111 y la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la O.I.T., así como lo previsto en el artículo 2 del Código del Trabajo, solicita se declare como ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N° 6891/2020, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas.

Evacuando el informe solicitado, el abogado Ricardo Iturriaga Quispe, en representación de la Ilustre Municipalidad de Arica, señaló que el recurrente ingresó a prestar servicios a honorarios el 29 de enero de 2019, vínculo contractual que regiría desde el día 14 de enero de 2019 hasta el 30 de junio del mismo año, estableciéndose que las partes dejaban expresa constancia que dicho contrato tenía la calidad legal de contrato civil.

Agrega que con fecha 2 de agosto de 2019 se dictó el Decreto Alcaldicio N° 10030/2019 que nombró al recurrente a contar del 1 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 en calidad de suplente en el cargo planta profesionales, certificándose que dicho cargo de la planta permanente se encontraba disponible y no era ocupado en suplencia, imputándose en definitiva el nombramiento en calidad de suplente a la cuenta 21.03.005 denominada “Suplencias y Reemplazos”. Posteriormente se dictaron 4 decretos alcaldicios que evidencian el nombramiento a contrata que comprendió exclusivamente el año 2020, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de dicha anualidad.

Expone que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha determinado que la práctica que genera la confianza legítima es aquella que se extiende por más de dos años, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas; lo que no ocurre en este caso, pues sólo se extendió por el año 2020.

Arguye que el decreto impugnado se encuentra debidamente fundado, según lo dispuesto en artículo 2 de la Ley N°18.883, por tratarse el empleo a contrato de uno transitorio, de manera que el acto no resulta ilegal ni arbitrario, en la medida que fue una decisión resuelta por la autoridad municipal competente en uso de sus facultades privativas, considerando –además- que las alegaciones de arbitrariedad del recurrente se sustentan sólo en su propio relato, no aportándose medios probatorios al respecto; razones por las cuales solicita el rechazo del recurso, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, es la dictación del Decreto Alcaldicio N°6891/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, que dispuso el término de la contrata del recurrente.

TERCERO: Que, son hechos no discutidos del recurso:

Que, el recurrente prestó servicios de manera ininterrumpida para la Ilustre Municipalidad de Arica, desde el 14 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Primeramente, mediante un contrato de honorarios que rigió desde el 14 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019; posteriormente, fue contratado en calidad de suplente de un cargo de planta, desde el día 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019; y luego, mediante cuatro contratos sucesivos en calidad de contrata, el primero desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, el segundo, desde el 1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2020, el tercero, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2020 y, el último, desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

Que, mediante el Decreto Alcaldicio N°6891/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, el cual fue notificado al día siguiente, se dispuso el término de la contrata del recurrente por cumplimiento del plazo.

CUARTO: Que, el artículo 2° de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales establece en lo pertinente:

“Los cargos de planta son aquéllos que conforman la organización estable de la municipalidad y sólo podrán corresponder a las funciones que se cumplen en conformidad a la ley N° 18.695. Respecto de las demás actividades, se deberá procurar que su prestación se efectúe por el sector privado.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios.

Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal.”.

Asimismo la letra f) del artículo 5, señala:

“Para los efectos de Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente:

f) Empleo a contrata: Es aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad.”.

QUINTO: Que, respecto del principio de la confianza legítima corresponde señalar, que si bien los servicios públicos y las municipalidades deben sujetarse a los Dictámenes de la Contraloría General de la República, a juicio de estos sentenciadores, las normas legales precedentemente descritas son claras en señalar que las personas que prestan servicios en las municipalidades en calidad a contrata, lo hacen por el plazo establecido expresamente en la resolución respectiva, y en el caso del recurrente, este lo debía hacer hasta el 31 de diciembre de 2020.

SEXTO: Que, tal como lo ha referido la Excma. Corte Suprema en la causa Rol Corte Nº19.181-2019, la resolución que se impugna se relaciona con la decisión de no renovar la contrata del recurrente para el período del año 2021, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es, que llegado el plazo previsto para su término, estas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período posterior ni tampoco, en caso de renovarse, que la prórroga se deba extender necesariamente hasta el día 31 de diciembre del nuevo período.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, solo cabe concluir que la Ilustre Municipalidad de Arica, se encontraba legalmente facultada para no renovar o renovar los servicios a contrata del recurrente, puesto que, como se dijo, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa, razón por la que el acto impugnado no puede ser tildado de ilegal o arbitrario.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento cabe señalar, que el Decreto Alcaldicio N°6891/2020 de 16 de diciembre de 2020, se encuentra debidamente fundamentado, cumpliendo con los requisitos exigidos en el artículo 41 de la Ley Nº 19.880.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1312-2020 Protección.

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