Protección contra Dirección del Trabajo

Arica, ocho de enero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece Susan Calderón Choppelo, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Dirección del Trabajo, por haber emitido la Resolución Exenta N° 22 de 7 de agosto de 2020, notificada el 23 de noviembre de 2020, que denegó un recurso de reposición y aplicó a la recurrente la sanción de destitución, pese a estar prescrita la responsabilidad disciplinaria, conculcando con su actuar ilegal y arbitrario la garantía prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio procesal señalando que el 6 de febrero de 2018, la Dirección del Trabajo de Arica inició una investigación sumaria, para indagar la conducta atribuida a la recurrente, consistente en haber hecho mal uso de licencias médicas con reposo domiciliario desde el 11 de abril del 2016 al 13 de mayo del 2016, período que coincidió con la asistencia de la recurrente al Centro de Atención Integral de Víctimas de Delitos Violentos de la Región de Arica y Parinacota, asistencia que era necesaria para optar al título de abogada.

Refiere que el proceso disciplinario se inició habiendo transcurrido 1 año, 7 meses y 24 días desde la última conducta objeto de reproche, y que el 20 de junio del 2018, mediante Resolución Exenta N° 163-2018, la recurrida elevó la investigación sumaria a sumario administrativo, proceso en que se comprobó la conducta imputada con el mérito del registro de asistencia del referido Centro de Atención Integral de Víctimas; luego, la investigación se cerró el 10 de julio de 2018 mediante una Resolución Exenta de la Fiscalía Administrativa.

Asevera que en el expediente administrativo consta la formulación de cargos mediante Oficio Reservado N° 4/2018 de 4 de julio de 2018, y que pese a haber renunciado al cargo el 1 de octubre de 2018, le notificaron los cargos por carta certificada el 7 de febrero de 2019, suspendiéndose la prescripción administrativa transitoriamente.

Manifiesta que el 31 de agosto de 2019, se cumplió la primera calificación funcionaria, haciendo presente que dentro de la Dirección del Trabajo las calificaciones funcionarias abarcan desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. Posteriormente, el 31 de agosto del 2020, se cumplió la segunda calificación funcionaria, sin que la recurrente haya sido sancionada, con lo cual debió darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 159 parte final de la Ley N° 18.834, norma que prescribe que, si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias, sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiera interrumpido; por tanto, sostiene que desde el 1 de septiembre de 2020 comenzó a correr el plazo de la prescripción contra el servicio recurrido y a favor de la ex funcionaria recurrente, y que coincide con el comienzo de la tercera calificación funcionaria.

No obstante, recién el 23 de noviembre del 2020, se le notificó el acto terminal sancionatorio, con la evidente afectación a la legalidad disciplinaria del servicio recurrido, ya que se cumple el presupuesto legal del artículo 158 de la Ley N° 18.834, que refiere que la acción disciplinaria prescribe en cuatro años contados desde el día en que se hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. Por lo anterior, denuncia que la ilegalidad de la recurrida es clara, al aplicar una sanción habiendo transcurrido 4 años y 7 meses.

Sostiene que, al no someter la recurrida su actuación a las normas legales vigentes, donde sólo estaba investida para aplicar la acción disciplinaria hasta el 31 de agosto de 2020, en circunstancias que el último hecho data del 31 de mayo de 2016, su conducta deviene en ilegal y arbitraria, al haberse excedido en plazo y habiendo corrido la prescripción en favor de la recurrente, caducando la potestad disciplinaria de la Dirección del Trabajo por no aplicar en tiempo oportuno la sanción, afectando igualmente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la garantía de igualdad ante la ley, pues ante la evidencia de que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, la recurrida debió declararla –incluso- de oficio, y al no hacerlo así, ha dado a la recurrente una diferencia de trato arbitraria, citando jurisprudencia al respecto.

Pide que se suprima el acto administrativo terminal, en aquella parte que sanciona a la recurrente con la destitución, debido a que la acción sancionatoria se encuentra prescrita, y su responsabilidad administrativa se encuentra extinguida.

Informó en su oportunidad Sebastián Espinoza Astorga, abogado, en representación de la Dirección del Trabajo, solicitando que el recurso sea rechazado, con costas.

Como cuestión previa, hace presente que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el recurso es improcedente en contra de la resolución Exenta N° 22 de la Dirección del Trabajo, por tratarse de un acto administrativo de mero trámite o intermedio, pues no tuvo por objeto poner término al sumario administrativo, sino que solamente resolvió el recurso de reposición interpuesto por la inculpada, denegándolo y manteniendo la medida disciplinaria de destitución; mientras que el acto administrativo que puso término al proceso administrativo es la Resolución N° 9 de 16 de diciembre de 2020, que aprueba la tramitación del sumario administrativo y aplica medida disciplinaria a la ex funcionaria, y que fue remitida a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón.

Sin perjuicio, y luego de reseñar la cronología de los hitos principales del proceso disciplinario en comento, afirma que el recurso igualmente debe rechazarse, pues los hechos materia del procedimiento ocurrieron desde el 11 de abril de 2016 al 13 de mayo de 2016, inclusive, por lo que la prescripción se suspendió con la formulación de cargos notificada el 7 de febrero de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 159 del Estatuto Administrativo. Por tanto, refiere que desde el 13 de mayo de 2016, al 7 de febrero de 2019, transcurrieron 2 años, 8 meses y 25 días, hasta que la prescripción se suspendió en dicha época, sin que hayan transcurrido más de 2 años de paralización del procedimiento, ni tampoco 2 calificaciones funcionarias, como para concluir que el plazo de prescripción continúe corriendo, destacando que de acuerdo al dictamen N° 26.850 de 2016, de Contraloría General de la República, el periodo calificatorio culmina el 31 de diciembre, y no el 31 de agosto, como afirma la recurrente. Por consiguiente, encontrándose todavía suspendida la prescripción, no puede ser alegada por la recurrente a su favor, sin que el recurso pueda prosperar, por no existir ilegalidad ni arbitrariedad de la Dirección del Trabajo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil– o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° 22 de 7 de agosto de 2020, notificada el 23 de noviembre de 2020, que deniega el recurso de reposición y aplica la sanción de destitución a la recurrente, conculcando con su actuar supuestamente ilegal y arbitrario la garantía fundamental prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, de los antecedentes expuestos no se vislumbra algún tipo de ilegalidad o arbitrariedad de parte de la recurrida, pues el cómputo de la prescripción de la responsabilidad administrativa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 159 del Estatuto Administrativo, se ajustó a derecho. En efecto, considerando que las calificaciones anuales de los funcionarios se deben contabilizar al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República citada por la recurrida, particularmente el dictamen N° 26.850 de 2016, criterio que se encuentra vigente, aparece que las dos anualidades aún no habían transcurrido a la época en que se dictó la resolución que impuso la sanción, ni a la de su notificación a la interesada, debiendo por lo demás dejarse establecido que no es la resolución que la recurrente impugna pues la que ha atacado constituye un mero acto trámite y sin perjuicio de que al 1 de octubre de 2018, la recurrente había renunciado a su cargo, no siendo por tanto susceptible de ser calificada en su cometido funcionario.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, atendidos los fundamentos de la presente acción constitucional, resulta que ésta no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos o para determinar la prescripción de la responsabilidad disciplinaria, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa, lo que conduce necesariamente a la conclusión que la presente acción de protección no puede prosperar, máxime que los hechos alegados no son vulneratorios de la garantía constitucional denunciada.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol N° 1310-2020 Protección.

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