nombre reservado con nombre reservado

Arica, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció nombre reservado, Oficial Policial Profesional de Línea de la Policía de Investigaciones de Chile, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Arica y Parinacota, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra de don nombre reservado, como Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y en contra del Prefecto don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes de manera ilegal y arbitraria ordenaron su traslado a la Región Metropolitana conculcando las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio constitucional señalando que actualmente presta servicios policiales en la Brigada de Investigación Criminal Arica, en razón de ello el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, tomó conocimiento del contenido de un documento institucional denominado “Radiograma N° 536 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile”, documento que remite la nómina de funcionarios trasladados de una región a otra, dentro de la cual se dispone su traslado desde la dotación de la Brigada de Investigación Criminal Arica, de la Región de Arica y Parinacota, hacia la Brigada de Investigación Criminal Melipilla, de la Región Metropolitana, lo que después fue ratificado por medio de la Resolución Exenta RA N° 380/1474/2020 de la Región Metropolitana de dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Agrega que la determinación de destinación se contrapone a los derechos que le asisten, contenidos en el D.F.L N° 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, específicamente en el artículo 90 A, pues conjuntamente con el recurso extraordinario de revisión, presentado ante el Jefe Regional de Arica y Parinacota de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector José Ortiz Sandoval, denunció una serie de irregularidades y contravenciones a la Reglamentación Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, a la Ley y a la Constitución, todos actos cometidos por el entonces Jefe de la Prefectura Provincial Arica, nombre reservado.

Agrega que al momento de efectuar la denuncia referida, solicitó que se tuviera presente que se acogía a la prerrogativa señalada en el artículo 90A, indicando que al no tener respuesta de su denuncia en el plazo de cinco días que establece la ley, desde la recepción de la misma, ésta se entiende aceptada. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados y de haber solicitado la instrucción de un sumario, solo se investigó la infracción grave del nombre reservado al principio de probidad administrativa y por un proceso administrativo que no era el idóneo, como fue la investigación sumaria que se dispuso según Orden N° 554, de nueve de octubre de dos mil veinte, la que conforme a reglamentación, procede para hechos que carecen de gravedad, que a su juicio no era el caso de los hechos que denunció.

En cuanto a la ilegalidad del acto recurrido, sostiene que de materializarse su traslado, se ven conculcadas las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 2, N° 24 de la Constitución Política de la República, vulnerando además la protección establecida en el artículo 90 A, de la Ley N° 18.834, en virtud del cual los empleados que efectúan denuncias, no pueden ser destinados.

Alega que la decisión que impugna, es además arbitraria, por cuanto pese a encontrarse acogida en su totalidad la denuncia realizada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por medio de la figura del “Silencio Positivo”, al no haber recibido respuesta de la autoridad en el plazo que establece la Ley, solo se ha investigado uno de los muchos hechos denunciados, por medio de investigación sumaria, la cual aún no se encuentra firme y ejecutoriada, por existir un recurso pendiente del propio denunciado. Asimismo, no existe pronunciamiento alguno de los restantes hechos denunciados, los que pese a ser alegados y reiterados en todas las etapas procesales pertinentes, han sido ignorados, por lo que ordenar su traslado es un actuar de la más alta arbitrariedad.

Agrega que con la decisión impugnada está recibiendo un trato discriminatorio, vulnerando además su derecho de propiedad, pues estando acogido al derecho que le asiste propio de la prerrogativa del artículo 90 A de la Ley N° 18.834, de materializarse dicho acto arbitrario e ilegal incidiría en las remuneraciones del amparado por cuanto la Región de Arica y Parinacota cuenta con un porcentaje de sobresueldo de un 45% a diferencia de la Región Metropolitana que no cuenta con asignación alguna, lo cual sería lícito dejar de percibir, si el hecho que dispone el cambio de localidad de trabajo también fuera lícito, lo que en la especie no ocurre.

Pide que se reestablezca el imperio del derecho, en relación a lo estipulado en el artículo 90 A de la Ley N° 18.834, que no se materialice lo dispuesto en su contra por medio del Radiograma N° 536 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de dieciséis de diciembre de dos mil veinte y, posterior Resolución Exenta RA N° 380/1474/2020 de la Región Metropolitana de fecha dieciocho de diciembre del mismo año, ambas de la Policía de Investigaciones de Chile, consistentes en el traslado y/o destinación del recurrente desde la Región de Arica y Parinacota hacia la Región Metropolitana, dejando ambas sin efecto por cuanto se trata de un acto arbitrario e ilegal, con expresa condenación en costas.

Informó en su oportunidad don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señalando en primer lugar que el recurso debe ser desestimado por no ser el medio idóneo para alegar supuestos vicios de ilegalidad en la destinación de un funcionario, cuyo proceso se regula de acuerdo a lo estipulado en la Orden General N° 2333, Reglamento nombre reservado, no siendo posible, a su juicio, dilucidar la controversia planteada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre por cuanto lo que se persigue por el recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la resolución que da término a un proceso disciplinario, procedimiento administrativo que fue legalmente tramitado por la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que el presente recurso de protección no puede constituir una nueva instancia administrativa.

En cuanto al fondo, sostiene que la destinación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile es un procedimiento reglado, propio de toda institución jerarquizada. Especialmente en el D.L. N° 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, la Orden General N° 2.333, Reglamento nombre reservado y en lo pertinente al recurso deducido, el artículo 90 A), letra a), contenido en el D.F.L 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que establece a favor de los funcionarios públicos que hayan efectuado las denuncias que indica, un catálogo de derechos especiales de carácter protector que buscan, ante todo, impedir actos graves de venganzas o represalias que puedan dirigirse en contra de aquéllos, por parte de las autoridades del respectivo Servicio. Especialmente la letra b) del citado artículo 90 A, impide el traslado del denunciante de localidad o de la función que desempeña, sin su autorización por escrito.

Señala que el recurrente el veintiocho de septiembre de dos mil veinte presentó un Recurso Extraordinario de Revisión, impetrado en tiempo y forma ante el otrora Jefe Regional de Arica y Parinacota de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector José Ortiz Sandoval, procediendo además a denunciar una serie de irregularidades y contravenciones a la reglamentación institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, la Ley y la Constitución, todos actos cometidos por el entonces Jefe de la Prefectura Provincial Arica, nombre reservado y que afectaban tanto al recurrente, como a la fe pública, procediendo la autoridad a dictar la Orden N° 554, del nueve de octubre de dos mil veinte, por la que instruye Investigación Sumaria.

Afirma que el Jefe Regional de Arica y Parinacota de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector José Ortiz Sandoval, ha obrado en todo momento conforme a las facultades legales y reglamentarias vigentes, enmarcándose la destinación del recurrente dentro del Plan Anual de destinaciones, que corresponde a un proceso que cada año realiza la Policía de Investigaciones de Chile de alto impacto institucional que sigue una lógica de resguardar y gestionar el conocimiento de un policía, buscando eficiencia en costo, contando con un personal competente que permita un desarrollo exitoso de su labor. En razón de lo anterior, el recurrente fue destinado hacia la Región Metropolitana, desconociendo la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas la existencia de una investigación sumaria incoada a partir de la denuncia efectuada por el recurrente, por lo que, al tomar conocimiento de la presente acción constitucional de protección se dispuso de manera inmediata, mediante la Resolución Exenta N° 307, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dejar sin efecto la destinación del Comisario nombre reservado, concluyendo que el presente recurso ha perdido su objeto, razón por la cual se solicita que sea desestimado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde al traslado del recurrente desde la dotación de la Brigada de Investigación Criminal Arica, de la Región de Arica y Parinacota, hacía la Brigada de Investigación Criminal Melipilla, de la Región Metropolitana, mediante documento institucional denominado “Radiograma N° 536 de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile”, lo que después fue ratificado por medio de la Resolución Exenta RA N° 380/1474/2020 de la Región Metropolitana de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en circunstancias que se encontraba amparado por lo dispuesto en el artículo 90 A de la Ley N° 18.834, al haber realizado una denuncia que se acogió a tramitación.

CUARTO: Que, la recurrida informó que sin perjuicio de constituir una facultad legal la destinación de los funcionarios de la Policía de investigaciones de Chile, la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, desconocía la existencia de una investigación sumaria incoada a partir de la denuncia efectuada por el recurrente, de lo que se enteró mediante la presente acción constitucional de protección, disponiendo de manera inmediata, mediante la Resolución Exenta N° 307, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dejar sin efecto la destinación del Comisario nombre reservado.

QUINTO: Que, teniendo únicamente en consideración la Resolución Exenta N° 307, de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, suscrita por nombre reservado, Prefecta Jefe Nacional de Administración y Gestión de las Personas Subrogante, que deja sin efecto la destinación del Comisario nombre reservado, documento acompañado por la recurrida, en el que consta que dejó sin efecto la destinación impugnada, en cuya virtud entonces el presente recurso carece de oportunidad, por cuanto los hechos o actos que se estimaban como atentatorios a los derechos constitucionales del accionante han desaparecido, por lo que esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado como necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en los términos que se contemplan en el artículo 20 de la Constitución Política y, por consiguiente, al no concurrir en la especie uno de los presupuestos de procedencia de la acción de protección, esto es, la posibilidad de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado, ella no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, como Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y en contra del Prefecto don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

II. Que se deja sin efecto orden de no innovar.

III. Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 1308-2020 Protección.