Protección contra GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA

Arica, doce de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece la abogada doña KARINNE ARENAS CARMONA, en representación de don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA, representada por su Gobernador, don Ricardo Sanzana Oteiza, ambos domiciliados en domicilio reservado, y del SECRETARÍO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES (S), don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que su representado junto a su familia habita domicilio reservado, -hoy-, denominada Héroes del Morro N° 302, desde el año 1999. En efecto, refiere que el recurrente ingresó a trabajar el año 1994 en la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, ESSAT S.A., la que tenía por costumbre habitual entregar casas habitaciones que formaban parte de su dominio a los trabajadores que lo necesitaban, siendo así que don nombre reservado solicitó y consiguió, en el mes de septiembre de 1999, que el inmueble ya referido fuese habitado por uno de los funcionarios del servicio, a saber, el recurrente don nombre reservado.

Manifiesta que el año 2014 se transfirió el derecho de explotación de las concesiones sanitarias de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá a la Empresa Aguas del Altiplano S.A., y a pesar de haberse puesto término al contrato de trabajo que poseía el recurrente con la última de ellas en el año 2015, éste igualmente junto a su familia mantuvo la ocupación del inmueble, sin cuestionamiento alguno por parte de la nueva empresa, ocupándola de manera tranquila, continua y sin clandestinidad, realizando cerramiento, levantamiento y mejoras que cualquier dueño realizaría en su propiedad.

Indica que el 20 de diciembre de 2017, su representado fue notificado por el Ministerio de Bienes Nacionales que la propiedad pasó a ser de dominio fiscal por una permuta inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Arica el 24 de agosto de 2017, otorgándosele un plazo de 10 días para hacer abandono de la misma o de lo contrario iniciarían acciones legales. En espera de dichas acciones legales, manifiesta que el 5 de febrero de 2018 se le notificó la Resolución Exenta N° 33/2018, emanada del Gobernador Provincial (S) de Arica, don nombre reservado, ordenando el desalojo y restitución, con el auxilio de la fuerza pública, del bien fiscal ocupado ilegalmente, a lo que el Secretario Regional Ministerial recurrido, por Oficio SE15 238-2018, fijó un plazo de 5 días hábiles para el retiro de pertenencias y restitución del inmueble al Fisco, lo que se materializó el 14 de febrero pasado.

Esgrime que en los actos efectuados por los recurrida, se manifiesta la ilegalidad y arbitrariedad por el hecho de haber constatado una ocupación ilegal del inmueble y otorgando un plazo para su desalojo bajo anuncio de iniciar acciones legales en caso de no hacerlo, todo lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939 en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.880 en relación con el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, toda vez que en forma previa a la declaración de ilegalidad de la ocupación debió haberse constatado la existencia de una autorización, concesión o contrato que dé cuenta de la ocupación y sólo, en el evento que no se acredite, se reputa la ilegalidad, contra la cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, lo que en el presente caso no aconteció; agregando, a su vez, que la hipótesis del artículo 4 letra h) de la Ley N° 19.175, entregada a los Gobernadores Provinciales, se encuentra establecida para hipótesis distintas que dicen relación con simples ocupaciones de hecho, y no respecto de aquellas que se justifican en una autorización previa acerca de la entrega del inmueble.

Refiere que el antedicho acto ilegal y arbitrario, ha conculcado la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues a su representado se lo ha privado, perturbado y amenazado respecto al derecho de propiedad sobre las instalaciones construidas en el terreno fiscal permutado, como cerramiento y levantamiento del inmueble, privándolo del derecho a ejercer las acciones restitutorias.

Por las anteriores consideraciones, pide que ordene el término de la conducta ilegal y arbitraria de los recurridos, permitiéndosele al recurrente el ingreso a la propiedad de domicilio reservado, junto a su familia, dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo.

En su oportunidad, informaron tanto don Ricardo Sanzana Oteiza, Gobernador Provincial de Arica, como don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica y Parinacota, quienes alegaron, en forma previa, la extemporaneidad del recurso, fundado en que el propio recurrente manifestó que la calidad de ocupante ilegal le fue informada por el Ministerio de Bienes Nacionales el 20 de diciembre de 2017, por Oficio Ordinario N° 3774, de igual fecha, por lo que la presente acción ha sido intentada fuera del plazo previsto en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, en síntesis, manifestaron que la Resolución Exenta N° 33, de 31 de enero de 2018, ha sido dictada dentro de la esfera de atribuciones que le concede el artículo 4 letra h) de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, al Gobernador Provincial, que lo faculta para ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público y velar por el respeto al uso a que están destinados, impidiendo su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigir administrativamente su restitución cuando procediere.

A su vez, la Gobernación Provincial dictó la Resolución Exenta N° 33, de 2018, por la petición que le efectuase la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, por Oficio N° SE15-100-2018, de 16 de enero de 2018, dando cuenta que en el bien fiscal indicado en el recurso se constató la existencia de la ocupación ilegal del recurrente, en el marco del procedimiento de fiscalización que fue iniciado por el Servicio en el mes de septiembre de 2017, e informado a aquél formalmente mediante Oficio Ordinario N° 3774, de 20 de diciembre de 2017.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad, señala que la recurrente no ha precisado con claridad el dominio de algún bien que fue de su propiedad, limitándose a señalar que realizó cerramiento, levantamiento y mejoras que cualquier dueño haría en su propiedad, las que, conforme lo previene el Decreto Ley N° 1939, de 1977, quedan a beneficio del Fisco, salvo aquellas que puedan separarse sin detrimento y que sean retiradas en el plazo fijado.

Finalizan, exponiendo que el recurrente el 14 de febrero pasado restituyó el inmueble, retirando los bienes de su propiedad, sin limitación alguna, incluso efectuando el retiro de los ventanales del inmueble, por lo que piden el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad, cabe tener presente que el acto administrativo imputado de ilegal y arbitrario y que materializa la restitución del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, ha sido la Resolución Exenta N° 33, de 5 de febrero de 2018, emanada del Gobernador Provincial de Arica, de modo tal que el presente recurso intentado el 15 de febrero pasado, se encuentra interpuesto dentro del plazo previsto en el numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que cabe desestimar la alegación.

SEGUNDO: Que la acción constitucional de protección ha sido establecida en nuestro ordenamiento jurídico como un recurso extraordinario, cuya finalidad es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de todo aquel que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias sufra privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el propio legislador se ha encargado de precisar.

TERCERO: Que, el mérito de los antecedentes allegados y lo expuesto por las partes, aparece como un hecho no discutido que el recurrente ocupó el inmueble de domicilio reservado de esta ciudad, desde el mes de septiembre de 1999, en virtud de habérsele entregado para que lo ocupara como habitación por la empresa Essat S.A., con la que mantenía un vínculo contractual, conforme aparece del documento acompañado por el recurrente, el que posteriormente fue contratado por empresa Aguas del Altiplano S.A., el 30 de agosto de 2004, manteniéndose los derechos contenidos en el contrato de trabajo celebrado con la primera el 2 de marzo de 1994, y a pesar de no existir antecedentes que acrediten haber otorgado dicho inmueble en la misma calidad al recurrente por su nueva empleadora, en el hecho lo mantuvo.

CUARTO: Que, el 20 de diciembre de 2017, el recurrente nombre reservado fue notificado del Oficio SE15-3774-2017, de igual fecha, emanado del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, informándosele que el 1 de septiembre se realizó la fiscalización al inmueble que detenta, constatándose que lo está ocupando ilegalmente, toda vez que posee la calidad de inmueble fiscal, otorgándosele un plazo de 10 días para el retiro de sus pertenecías y la restitución, y en caso contrario se remitirían los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado o a la Gobernación Provincial, para el ejercicio de las acciones legales correspondientes; cuyo acto no fue impugnado en su oportunidad por el recurrente.

QUINTO: Que, atendido lo consignado en el motivo que antecede, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, solicitó al Gobernador de Arica, que en uso de sus facultades, requiriera la restitución de la propiedad fiscal de domicilio reservado de esta ciudad; y en virtud de ello, el último dictó la Resolución Exenta N° 33 de 31 de enero de 2018, ordenando el desalojo y restitución del inmueble fiscal ya referido, que se encontraba ocupado de manera ilegal e ilegítima por el recurrente, y cuya notificación se materializó el 5 de febrero de 2018, a través del Oficio SE15-238-2018, del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, otorgándosele, además, un plazo de 5 días hábiles para que el ocupante retire de sus pertenecías y restituya la propiedad. Restitución que, en todo caso, se efectuó el 14 de febrero pasado.

SEXTO: Que, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1977, los bienes raíces del Estado no pueden ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales; de lo que carecía el recurrente respecto de la propiedad de domicilio reservado, lo que fue constatado por funcionarios de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en la fiscalización practicada al inmueble fiscal el 1 de septiembre de 2017, y puesta en conocimiento del recurrente el 20 de diciembre de 2017 a través del Oficio SE15-3774-2017 emanado de la autoridad ya referida.

SÉPTIMO: Que, habiéndose constatado la ocupación ilegal del inmueble fiscal, la dictación de la Resolución Exenta N° 33 de 31 de enero de 2018, del Gobernador Provincial de Arica, se adjuntó a las facultades que le entrega el artículo 4, letra h, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en orden a exigir administrativamente la restitución de los inmuebles fiscales ocupados ilegalmente.

OCTAVO: Que, conforme se ha expuesto en los dos motivos que anteceden, en el procedimiento que culminó con la dictación de la Resolución Exenta N° 33 de 31 de enero de 2018, del Gobernador Provincial de Arica, no se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, alegada por el recurrente en su libelo, toda vez que los actos administrativos impugnados por esta vía se encuentran ajustados a la ley.

NOVENO: Que, por otro lado, igualmente en el procedimiento de restitución no se divisa arbitrariedad alguna, en la medida que los actos recurridos otorgaron los plazos pertinentes para que el recurrente efectúe el retiro de sus pertenecías, ello sin perjuicio que ninguna traba se opuso para que ejerciese las acciones pertinentes.

DÉCIMO: Que, en mérito de lo expuesto, la acción no podrá prosperar, más aun que ninguna probanza rindió al efecto de acreditar el derecho de propiedad que dice detentar, lo que además se encuentra discutida por los recurridos, lo cual excede el ámbito de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada doña Karinne Arenas Carmona, en representación de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 130-2018 Protección.