Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Arica, diez de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparecen nombre reservado, Nastassja nombre reservado, e Ignacio Fuentes Miranda, abogados, en favor de nombre reservado, venezolana; nombre reservado, venezolana; nombre reservado, cubana; nombre reservado, cubana y Eddith Zerpa Márquez, venezolana, quienes recurren de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por vulnerar los derechos constitucionales de los Artículos 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República, por omitir respuesta de las solicitudes de regularización migratoria del artículo 91 N°8 del Decreto Ley N°1.094.

Refiere respecto de Rosines Yarais nombre reservado, fue expulsada por la ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota mediante Resolución exenta N°8.759/8.001, de fecha 20 de noviembre de 2019, sanción administrativa que fue dejada sin efecto por resolución de la Excma. Corte el 28 de abril de 2021, en causa Rol N°30.096-2021. El 16 de agosto de 2021, presentó solicitud de regularización del artículo 91 N°8 del antiguo Decreto Ley N°1.094, ante el Subsecretario del Interior, sin respuesta al día de hoy, tiene dos hijas chilenas y no tiene antecedentes penales.

nombre reservado fue expulsada el 10 de marzo de 2021 por la ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota mediante Resolución exenta N°680/449, sanción administrativa que fue dejada sin efecto por la Excma. Corte Suprema el 28 de mayo de 2021, en causa Rol N°35.604-2021. El 31 de agosto de 2021 presentó solicitud de regularización del artículo 91 N°8 del antiguo Decreto Ley N°1.094, ante el Subsecretario del Interior, sin respuesta al día de hoy, cuenta con arraigo al estar casada con chileno, y no posee antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

nombre reservado, fue expulsada por la ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota por Resolución Exenta N°1.052/996, de 19 de febrero de 2019, sanción administrativa que fue dejada sin efecto por la Excma. Corte Suprema en causa Rol 33.316-2020. El 04 de agosto de 2021 presentó solicitud de regularización del artículo 91 N°8 del antiguo Decreto Ley N°1.094, ante el Subsecretario del Interior, sin tener respuesta al día de hoy, está casada y tiene una hija chilena y no que no tiene antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

nombre reservado, fue expulsado por Resolución Exenta N°1.053/997, de fecha 19 de febrero de 2019 de la ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota, sanción administrativa que fue dejada sin efecto por la Excma. Corte causa en causa rol 33.316-2020. El 04 de agosto de 2021 se presentó solicitud de regularización del artículo 91 N°8 del antiguo Decreto Ley N°1.094, ante el Subsecretario del Interior, sin tener respuesta al día de hoy, tiene una hija chilena, tiene contrato de trabajo como operario agrícola desde el 28 de julio de 2021, sin antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

nombre reservado, fue expulsada por la ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota mediante resolución exenta N°2.698/2.469 de fecha 10 de julio de 2020, sanción administrativa dejada sin efecto por al Excma. Corte Suprema en causa rol 150.383-2020. El 12 de octubre de 2022 se presentó solicitud de regularización del artículo 91 N°8 del antiguo Decreto Ley N°1.094, ante el Subsecretario del Interior, sin respuesta al día de hoy. Tiene hijo chileno y no cuenta con antecedentes penales en su país de origen ni en el territorio nacional.

Indica que a la fecha no ha recibido respuesta de dicha solicitud, lo que la mantiene en incertidumbre y malestar puesto que no tiene un documento de residencia, lo que les impide obtener su cédula de identidad y permiso de trabajo.

Alude a la vulneración de las reglas contenidas en la Ley N° 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la que establece los principios de inexcusabilidad, celeridad y economía procedimental, toda vez que han transcurrido con creces el plazo de 6 meses que establece el artículo 27 de dicha ley.

Pide como medida para restablecer el imperio del derecho, ordenar a la recurrida que dicte el acto administrativo final que en derecho corresponda.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales del recurrente.

Respecto de la recurrente nombre reservado, su solicitud de regularización se encuentra en tramitación y se le solicitaron más antecedentes mediante oficio ordinario N°54834 de fecha 20.12.2021, no constando su remisión. En el caso de nombre reservado, su solicitud de regularización se encuentra en tramitación y se le solicitaron más antecedentes mediante oficio ordinario N°54754 de fecha 20.12.2021, no constando su remisión. En la situación de nombre reservado, su solicitud de regularización se encuentra en tramitación. En cuanto a nombre reservado, se le solicitaron más antecedentes mediante oficio ordinario N°54800 de fecha 20.12.2021, no constando su remisión. Por último, en lo concerniente a nombre reservado, su solicitud de regularización se encuentra en el Servicio.

En canto al derecho, recuerda el artículo 24 de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, que dispone que el ingreso irregular es una infracción grave a la ley de migraciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 en relación con el N°3 del artículo 32, de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería y que no se ha dispuesto por la autoridad competente, esto es el Ministerio Del Interior, un mecanismo de regularización, en virtud de lo establecido en el artículo 155 N°8, en relación con lo señalado en el artículo 157 N°13, ambos de la Ley N°21.325 precitada, ni tampoco en relación al artículo 91 N° 8 del Decreto Ley 1.094, por lo que este Servicio no puede acceder a su solicitud de regularización, sin perjuicio que los extranjeros pueden solicitar una autorización de salida del país según lo dispuesto en el artículo 30 y 157 N°4 de la Ley N°21.325, y los artículos 19 y siguientes del Decreto N°296, que aprueba el Reglamento de la Ley N°21.325, concurriendo al Servicio Nacional de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, completando el formulario de autorización de salida y acompañando copia de su tarjeta de infractor otorgado por PDI, copia de su documento de identidad y pasajes de salida del país. Recuerda además que las regularizaciones extraordinarias son de competencia del Ministerio del Interior.

En consecuencia, refiere que, habiendo actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, entiende que no existe actualmente un acto u omisión que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha omitido pronunciamiento respecto de la solicitud de regularización de residencia, a pesar de haber transcurrido más de seis meses desde su requerimiento.

CUARTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos en el recurso y por la recurrida en su informe, se advierte que las respectivas peticiones se interpusieron en diferentes épocas, siendo la última de ellas de 12 de octubre de 2022, por lo que a esta fecha ha transcurrido más de un año y ocho meses sin emitir decisión alguna. Por su parte, la recurrida se limitó a informar que dicha solicitud se encuentra en etapa de “Resolución”, agregando que no es el organismo competente para resolver la petición del recurrente, sino que ello es de competencia de la Subsecretaria del Interior.

QUINTO: Que, sin duda ha existido una demora excesiva en la resolución de las peticiones de los recurrentes, vulnerando así el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, dado que ha dejado a los recurrentes en una situación de incertidumbre frente a su situación migratoria, toda vez que de su presunta incompetencia únicamente tomaron conocimiento los recurrentes con ocasión del presente arbitrio.

SEXTO: Que, en relación a lo anteriormente anotado aparece importante recordar que la Ley N°19.880, aplicables a la actividad de toda la Administración del Estado, entrega al administrado la solución que por esta vía se pretende, especialmente en cumplimiento de los principios de celeridad, inexcusabilidad y conclusivo, de manera que contando entonces la garantía que se reclama transgredida con el debido resguardo legal, esta debe ser observada por el organismo reclamado, el cual se encuentra en inobservancia de los principios antes aludidos, sin que haya entregado una explicación alguna razonable respecto a su falta de pronunciamiento, máxime que estimaba ser incompetente para resolver lo peticionado.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ha omitido decisión del asunto sometido a su conocimiento, debiendo emitir pronunciamiento a la brevedad y, en caso de no tener competencia para conocer de este asunto, se remitan inmediatamente los antecedentes al organismo que le corresponda conocer del asunto.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 13-2024 Protección.