nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA-SUBDERE

Arica, veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTO:

Compareció Sandra Negretti Castro, abogada, a favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, técnica en nivel superior agropecuaria, domiciliada en domicilio reservado, e interpuso recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública representado por don nombre reservado, y en contra del Subsecretario del Interior representada por nombre reservado, todos con domicilio en el Palacio de La Moneda , Santiago, comuna de Santiago, por la Resolución Exenta N°11.812 de fecha 18 de noviembre de 2020 que le fuera notificada con fecha 30 de noviembre del presente año, de no prorrogar su contrato a contrata, asimilada al grado 12 EUR, para el próximo período año 2021, cargo que desempeña en la Gobernación Provincial de Parinacota, en la comuna de Putre, vulnerando las garantías constitucionales previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Funda su arbitrio constitucional señalando que la referida notificación fue dirigida por la Jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, doña nombre reservado, y, en ella se indica, que su representada cesa en su cargo a partir del próximo 01 de enero de 2021 en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 letra c) de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Señala que la recurrente ingresó a prestar funciones para el Ministerio del Interior, en calidad de Asistente Administrativo de los Complejos Fronterizos Chungará y Visviri, dependientes de la Gobernación Provincial de Parinacota, a partir del 29 de Septiembre del año 2017, en virtud de un contrato de prestación de servicios a honorarios, permaneciendo allí hasta el 30 de Abril del año 2018, pues a contar del 1° de Mayo del año 2018 fue trasladada a las dependencias de la Gobernación de Parinacota, en Putre, como apoyo al Departamento de Administración y Finanzas, colaborando además para la administración de los complejos, ejecutando labores relacionadas con documentación; memorándum, requerimiento de compras, licitaciones públicas, realización de recepción conforme de facturación para pagos, realización de remesas mensuales y comprometer y devengar los pagos referidos a la administración de complejos. Que a partir del 1 de enero del año 2019, le cambian su condición contractual de honorarios por contrata, asimilada también a grado 12°, permaneciendo con las mismas funciones y en Administración y Finanzas, percibiendo un sueldo mensual de $1.156.805-.

Indica que luego fue trasladada al Complejo Fronterizo Chungará y a partir del 13 Octubre 2020 estuvo con reposo médico por 08 días (licencia); según licencia extendida por el Dr. nombre reservado, de la Mutual de Seguridad, acogida a la Ley 16.744, que se extendía hasta el 20/10/2020. Este reposo se extendió por otros 2 días más, desde el 20 al 22 de octubre de 2020. Posteriormente fue trasladada a la Gobernación y presentó nueva licencia médica por 18 días a contar del 30 de Noviembre de 2020.

Señala que dentro de los argumentos para no renovar se menciona dentro de los considerandos: “6.- Lo informado por la Gobernación Provincial de Parinacota, en cuanto a que la funcionaria nombre reservado, ha presentado un desempeño deficiente y atrasos reiterados durante los procesos administrativos internos de su responsabilidad, relacionados con la administración de los complejos fronterizos a cargo de dicha Gobernación”.

Expone que tales argumentos serían vagos e insuficientes, además de genéricos y se contradicen con la hoja de calificación, y que en definitiva no existe motivación verídica para no renovar la contrata de la funcionaria, sino sólo el actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad, por cuanto el puesto de trabajo existe, la funcionaria tiene buenas calificaciones, la funcionaria cumple y ha cumplido satisfactoriamente el perfil del cargo.

Por consiguiente el proceder adoptado por la recurrida, exige una fundamentación idónea, lo anterior, en base a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 19.880 de Base sobre Procedimiento Administrativo, y por cierto que acorde a lo ordenado por la misma Contraloría General de la República, por lo que el actuar de la recurrida deviene en discriminatorio.

En cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, indica que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto.

Finalmente, respecto a la libertad de trabajo el acto administrativo adoptado ha vulnerado flagrantemente su libertad de trabajo, entendiendo por tal la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata como lo desempeñó históricamente.

Pide que se declare que el acto administrativo es ilegal y arbitrario, decretándose los actos pertinentes para el restablecimiento del derecho, invalidando la Resolución Exenta que dispone la no renovación del contrato a contrata.

Informó en su oportunidad Carlos Flores Larraín, abogado, por ambos recurridos, solicitando el rechazo del presente recurso de protección en todas sus partes, porque no se ha cometido ningún acto arbitrario ni menos ilegal, por cuanto el remedio judicial intentado es una acción cautelar autónoma, excepcional, informal y sumaria, no verificándose arbitrariedad o ilegalidad de ninguna especie.

Señala que la acción de protección no es la vía idónea, pues el artículo 160 de la ley 18.834 habilita a los funcionarios a reclamar ante la entidad de control.

Manifiesta que la decisión de no renovar la designación a contrata de la recurrente, se enmarca en el ejercicio de una facultad que le asiste a la autoridad y que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos propios de las vinculaciones a contrata, esto es que llegado el plazo previsto para su término, éstas se extinguen naturalmente, sin que sea procedente imponer a la autoridad administrativa la obligación de renovarla para un período igual.

En cuanto a la confianza legítima, dicha expectativa se genera sólo a partir de la segunda renovación y se debe extender por un período no superior a dos años, conforme la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, postulados que no se verifican en la especie, desde que la recurrente prestó funciones a contrata sólo desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio que los pronunciamientos en materia de confianza legítima no afectan las facultades de las autoridades respectivas en torno a dichos vínculos jurídicos.

Indica que no se comparan en concreto distintas formas de proceder por parte del servicio en desmedro de la recurrente, que el régimen de derecho público que establece causales de cese no afecta la libertad de trabajo, y que no se puede tener propiedad sobre las labores que desempeña el Estado en pos del bien común y las necesidades públicas.

Finaliza señalando que la recurrente carece de confianza legítima en relación a su cargo, por no existir dos renovaciones de su contrata, por lo que pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar del recurrido fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil– o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a la dictación de la Resolución Exenta N° 11.812, de 18 de noviembre de 2020, que le fuera notificada con fecha 30 de noviembre de 2020, de no prorrogar su contrata.

CUARTO: Que el artículo 10 de la Ley N° 18.834 expresa: “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” de modo que el acto recurrido, a lo menos desde el punto de vista formal, fue dictado por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y contiene la referencia al informe de la Gobernación en que se apoyó su decisión.

QUINTO: Que, a su turno, la recurrente ha fundado su arbitrio en la contradictoriedad entre los fundamentos del acto recurrido y la conducta funcionaria o de mérito de la recurrente, específicamente en sus altas calificaciones y que no fueron acompañadas en esta instancia, privando a esta Corte de los hechos que debían necesariamente ser cotejados con el acto impugnado, razón por la cual el recurso no puede prosperar.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, la autoridad administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley.

En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por la interesada, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de la accionante constitucional en torno a que en la especie habría operado a su respecto el principio de la “confianza legítima”, cabe referir que efectivamente, en la actualidad, constituye un verdadero axioma que si una relación laboral a contrata se renueva reiteradamente, genera en el funcionario la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración, en indefinido un vínculo que en abstracto debía ser transitorio, situación que ha dado origen a la elaboración del principio de “confianza legítima” que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, y que ha sido recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de esta Corte.

OCTAVO: Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, por un período continuo de a lo menos dos renovaciones, cuyo no es el caso.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Sandra Negretti Castro, abogada, a favor de nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública representado por don nombre reservado, y en contra del Subsecretario del Interior representada por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1297-2020 Protección.