nombre reservado con COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL VILLA PONDEROSA

Arica, veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Visto:

Comparece Osiel Esteban Obreque Besares, abogado en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado todos domiciliados en el sector de la Ponderosa y deduce recurso de protección en contra del Comité de Agua Potable Rural Villa Ponderosa, representada por su nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, del mismo sector.

Refiere que el Comité recurrido administra el suministro y cobro del agua potable rural en el sector de La Poderosa, y obtuvo de la Dirección de Obras Hidráulicas, licencia para tales fines contando para ello con 47 arranques autorizados.

Explica que el 26 de marzo de 2023, la directiva encabezada por la señora nombre reservado, actuando arbitraria e ilegalmente, retiró los medidores de aguas y los arranques de los domicilios de los recurrentes por deudas de agua que no existen ya que todos han pagado oportunamente depositando o transfiriendo en la cuenta bancaria del Comité existente en el Banco Santander N° RUT reservado.

Precisa que en el mes de diciembre de 2022, se llevó a efecto una asamblea ordinaria de elección del directorio para el periodo 2022 a 2025 y resultaron electas entre otras personas la actual presidenta, no obstante la elección fue impugnada y se conoce actualmente ante el Tribunal Electoral Regional de la Región de Arica y Parinacota, bajo el rol C-1005-2022, por lo que y dado el carácter provisorio de la mencionada directiva tiene problemas para realizar trámites ante el Servicio de Impuestos Internos y ante el Banco donde tienen la cuenta bancaria el Comité, por lo que les exigió que depositaran los pagos de agua potable en una cuenta que no le pertenecía al Comité, negándose a ello lo que provocó las represalias en su contra retirando los arranques y medidores de propiedad de los recurrentes, desconociendo su paradero.

Añade que la recurrida no ha cumplido con la obligación de pagar a la empresa de servicios sanitarios (aguas del altiplano) el consumo de agua del Comité, adeudando una suma superior a los once millones de pesos, por lo que empresa sanitaria con fecha 24 de marzo de 2023 suspendió totalmente el suministro de agua potable.

En cuanto a las garantías conculcadas cita las previstas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se ordene a la recurrida instalar nuevamente los medidores y arranques en los domicilios de los recurridos conectándolos a la red de suministro de agua potable rural y se adopten todas las medidas necesarias para su inmediato restablecimiento con costas.

En su oportunidad la recurrida informo que el Comité debe realizar la distribución y cobro de agua potable rural en el Sector la Ponderosa, de acuerdo a la ley 20.998 y de acuerdo con sus listados los recurrentes no son socios y en consecuencia, no tienen derecho a medidor ni arranques, toda vez que no consta el pago de la inscripción ni el título de su terreno y respecto de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, corresponden a tomas de terreno a quienes el anterior Presidente de manera irregular les dio acceso al suministro.

Por otra parte el 24 de marzo de 2023, la empresa Aguas del Altiplano realizó el corte de suministro por deudas existentes con anterioridad a la elección realizada en el mes de diciembre de 2022.

En cuanto a la cuenta bancaria donde los recurrentes estarían efectuando los depósitos, la misma está habilitada para efectuar los pagos, lo que se informó en asamblea, por mensajes de texto vía whatsapp, por avisos y por carta entregada en cada parcela de La Ponderosa, y si los recurrentes efectuaron pagos en dicha cuenta pagaron mal, y deben asumir las consecuencias de su decisión.

Precisa que a la fecha como Comité adeudan producto del robo de agua y del no pago del consumo de algunas parcelas $13.436.500, motivo por el cual en reunión de asamblea de 6 de marzo 2023, acordaron suspender el suministro de agua potable a las personas que mantenían deudas de agua y que fueron informadas oportunamente de que los pagos debían efectuarse en la cuenta vista Nº[cuenta reservada] del Banco Estado, logrando con posterioridad que Aguas del Altiplano repusiera el suministro.

Enfatiza que fueron retirados 13 arranques y medidores cuyos dueños no son los recurrentes, ya que estos no son socios, y no están autorizados para conectarse del sistema público, sorprendiendo que dentro de las boletas acompañadas figuren pagos de conexión y arranques extendidos por nombre reservado con posterioridad al cese de su cargo.

Por su parte nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado no poseen arranques ni medidores, pues no son socios del Comité y no tienen título de dominio, ocupando ilegalmente sus terrenos, nombre reservado y nombre reservado son cuidadores de parcelas, de propiedad de terceros y no cuentan con la legitimidad para actuar en su representación. Respecto a nombre reservado y nombre reservado, no se les retiro ni el medidor ni el arranque.

Afirman que efectivamente el domingo 26 de marzo en horas de la madrugada retiraron los arranques clandestinos instalados por el Ex Presidente nombre reservado en las tomas de terrenos de pasaje Los Pinos y retiraron momentáneamente los medidores de usuarios del comité, que mantenían deudas, por más de cuatro meses, y que señalaron haber pagado a la cuenta personal de nombre reservado o en la cuenta el Banco Santander no habilitada para el nuevo Directorio.

Concluyen negando la vulneración de garantías constitucionales y que los recurrentes no se vieron privados del agua por decisión de su parte, sino por un acto de Aguas del Altiplano, ya que el retiro fue realizado con posterioridad al corte de suministro y se trató de un operativo realizado con pleno conocimiento de la Dirección de Obras Hidráulicas, autoridad que supervisa y asiste técnicamente a los “APR” de la Región de Arica y Parinacota, quienes estaban de acuerdo con el proceso ya que el retiro correspondía a terrenos en toma y que les dio la oportunidad de revisar las instalaciones y conexiones clandestinas, descubriendo 11 medidores sin numeración a través de los cuales se roba agua al comité y que genera la cuantiosa deuda.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, tiene el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, en adelante CPR, frente a situaciones que de no mediar una pronta acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por lo que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para pedir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otros, se vean amenazados o amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, respecto de lo cual la Corte de Apelaciones competente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, en este caso se denuncian infringidas las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el retiro de los medidores de agua y arranques desde los domicilios de los recurrentes, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2023, por la existencia de supuestas deudas en el suministro de agua potable por parte de éstos.

TERCERO: Que, no fue controvertido por la recurrida que llevó a cabo la acción que se le imputa, justificándola por la existencia de cuantiosas deudas de suministro de agua potable que incluso llevó al corte del suministro por parte de la empresa Aguas del Altiplano; malos manejos del presidente anterior del Comité; medidores y arranques clandestinos autorizados en tomas de terrenos.

CUARTO: Que, en el presente caso no cabe sino concluir que la autotutela como un método de resolución del conflicto fue lo que guió el actuar de la recurrida, quien ejerció la justicia por propia mano, ignorando todos los mecanismos legales a su servicio, con el único objeto de retirar las conexiones que estima clandestinas y obtener el pago de lo que entiende adeudado por concepto de agua potable a todo evento.

En efecto, la recurrida desconoce los pagos efectuados en una cuenta que no es del Comité e imputa un delito de hurto de aguas a todos quienes poseen una conexión clandestina, aun cuando reconoce que fueron autorizados por la presidencia anterior. Luego, procede a retirar los medidores y arranques sin diferenciar cada situación, acusando la existencia de deudas millonarias y supuestas maniobras dolosas de la presidencia anterior, incluso en la emisión de recibos de pago, todo lo cual realizó para justificar su proceder.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en contra del Comité de Agua Potable Rural Villa Ponderosa, representado por su nombre reservado, y se ordena restituir, dentro del plazo máximo de 48 horas, los medidores y arranques retirados desde los domicilios de cada uno de los recurrentes, restableciendo el suministro de agua potable.

Regístrese y archívese sino se apelare.

Rol N° 123-2023 Protección.