nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Arica, dos de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Compareció don Rodrigo Patricio Ruiz Velásquez, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, a nombre y en favor de nombre reservado, chilena, ingeniera de ejecución en administración de empresas, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Arica e interpuso recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, representada por don nombre reservado, chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por vulnerar las garantías previstas en los numerales 2° y 17 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el año 2005 la recurrente ingresó al Poder Judicial, desempeñándose como funcionaria Encargada de Acta Grado XII del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El año 2007 cumplió funciones como Administrativa Grado XIII en el Juzgado de Garantía de Arica, cargo que desempeñó hasta fines del año 2011. Durante este período tuvo una destacada labor en el Tribunal, lo que consta de la hoja de vida funcionaria, acta de mérito de 2008 y pre evaluación de abril de 2011, que acompaña a este recurso.

Indica que pese a su destacada labor y la precalificación efectuada en el mes de abril de 2011 con un puntaje de 6.67, lista sobresaliente, en el mes de noviembre del mismo año, en un proceso irregular, fue calificada con nota deficiente, lo que provocó su salida del Servicio.

Refiere que después de 9 años decidió intentar ingresar nuevamente al Poder Judicial y postuló al Concurso N° de Folio 12018 para proveer el cargo de Auxiliar Administrativo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, siendo notificada por correo electrónico el 6 de octubre de 2020 que su postulación fue declarada como “No admisible”, sin expresar motivo o causa, lo que, en definitiva, la dejaba fuera del concurso del Escalafón Empleados. Señala, además, durante el mismo año postuló a diversos concursos públicos en los meses de febrero y agosto, a los que tampoco se le admitió por el mismo motivo, obviando en forma permanente la aplicación de las normas previstas en el Estatuto Administrativo, que autoriza el reingreso a los cargos públicos luego de una calificación deficiente cuando han transcurrido cinco años, plazo que la recurrente ya cumplió a cabalidad.

Asevera que el resultado de la última postulación, así como los de las postulaciones anteriores permiten presumir que, de seguir la Corporación Administrativa con el criterio arbitrario utilizado en estos concursos, la recurrente jamás podrá acceder a un cargo en el Escalafón Empleados del Poder Judicial, estableciéndose así una inhabilidad a perpetuidad.

Expone que el rechazo de la solicitud de la recurrente para postular al cargo antes mencionado por parte de la recurrida constituye un acto arbitrario, puesto que en dicho acto administrativo no se expresaron las motivaciones que justificaron esta determinación, limitándose únicamente a realizar una escueta referencia al no cumplimiento de las condiciones del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, sin exponer los motivos específicos en los cuales se sustenta el rechazo y que la misma ha debido inferirla, que se refiere a la letra e) del referido artículo. Además, la recurrida otorga un tratamiento diferenciado entre Escalafón Primario y Escalafón de Empleados para reincorporarse al Poder Judicial luego de haber obtenido una calificación deficiente, permitiendo a los primeros ingresar después de cinco años y a los segundos prohibiéndoles el reingreso de forma perpetua, una diferencia que carece de todo fundamento objetivo y razonable, siendo contraria a los valores y principios constitucionales.

Expresa que se trata, además, de un acto ilegal, toda vez que a pesar de que el Subdepartamento de Reclutamiento ha aplicado el artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales que rige la materia, no tiene en consideración lo previsto en el artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo y que de haber realizado la interpretación correspondiente habría relacionado estas dos disposiciones, otorgando de esta manera la posibilidad a la recurrente para acceder nuevamente a un cargo en el Poder Judicial, considerando que el acto que se denuncia configura una discriminación y un grave atentado a la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público.

Arguye que en el presente caso no existió una decisión conforme a derecho, puesto que al declarar inadmisible la postulación de la recurrente, no se hizo la aplicación complementaria del artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo y con ello, tampoco la efectiva posibilidad de ingresar nuevamente al Poder Judicial, vulnerando sus garantías fundamentales, esto es, las consagradas en los numerales 2° y 17° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, infringiendo en primer lugar, el principio de razonabilidad, entendido por la doctrina que “El trato desigual por parte del legislador sólo será constitucionalmente legítimo si reúne las condiciones referidas: distintas situaciones de hecho, finalidad, razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. En otros términos, si el trato desigual tiene una justificación objetiva y razonable. De lo contrario, la introducción en una norma de consecuencias jurídicas diferentes para distintos grupos o individuos, no será constitucionalmente admisible”; y el principio de proporcionalidad, que requiere que en la aplicación de una sanción de inhabilidad en el desempeño de cargos públicos, sea escalonada y proporcional a la gravedad del delito, estableciéndose límites temporales a efectos que guarden relación con los propios fines de la pena, lo que sumado a la falta de fundamentación deviene que el acto sea uno de carácter arbitrario. Y en segundo lugar, en cuanto a lo previsto en el artículo 38 de la Carta Magna, que dice relación con la obligación que tiene el legislador de asegurar la igualdad de las oportunidades de ingreso a la Administración Pública, señalando la doctrina que “La igualdad de oportunidades requiere que los individuos que persiguen el mismo objetivo enfrenten los mismos obstáculos relevantes para conseguirlo. En consecuencia, obstáculos que solo afectan a uno o a algunos de los agentes en cuestión, deben ser removidos”.

Finalmente, expone que no existe razón alguna ni argumento lógico para establecer un obstáculo permanente para el reingreso de la recurrente al Poder Judicial.

Pide que se acoja el presente recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la declaración de inadmisibilidad de la postulación al Concurso N° de Folio 12018; se ordene al Subdepartamento de Reclutamiento y Selección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, tomar todas las medidas administrativas y de coordinación para ajustar y unificar los criterios de ingreso al Poder Judicial; que declarando infringido los numerales 2° y 17° del artículo 19 de la Constitución, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio de derecho y se ordene al Subdepartamento de Reclutamiento y Selección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que aplique el derecho vigente, particularmente el artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo y, en definitiva, se declare como admisible la postulación de doña nombre reservado en el concurso público N° de Folio 12018 y en todos los concursos posteriores.

Evacuando el informe solicitado, la Corporación Administrativa del Poder Judicial expuso que el presente recurso ha sido interpuesto en razón de haberse declarado “no admisible” su postulación en el concurso folio N° 12018 de auxiliar administrativo del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por habérsele removido el 6 de diciembre del año 2011 por calificación deficiente, evento desde el cual ya han transcurrido alrededor de 9 años, declaración arbitraria porque, a su juicio, vulneraría las garantías de los numerales 2° y 17° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al numeral 17° y de acuerdo lo previene el artículo 20 de la Carta Fundamental, señala que la privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías que expresa taxativamente este articulado, es susceptible de la acción de protección y que cualquier otra garantía constitucional no incluida en dicho precepto que se dé por vulnerada, no autoriza un recurso de protección, como ocurre en el presente caso, al alegar como vulnerada una garantía que no es susceptible de un recurso de protección.

Haciéndose cargo de la garantía de la igualdad ante la ley expresa que no ha existido vulneración, porque la igualdad no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en los últimos años ha evolucionado el concepto de la igualdad ante la ley, no sólo a la prohibición de toda diferenciación basada en razones de sexo, estirpe o condición, sino también como la igualdad entre los iguales, esto es, entre los que se encuentran en la misma situación, a los que debe aplicarse similar estatuto jurídico. Adicionalmente, la Carta Fundamental prohíbe la discriminación arbitraria, la que se ha asociado a la adecuada ponderación y razonabilidad de la medida o diferencia, para lo cual debe realizarse un test de proporcionalidad, destacando que se ha entendido que no existe diferencia carente de razonabilidad, entre otros casos, al fijarse diversos procedimientos judiciales, con distinta vigencia, al configurarse ciertos tipos penales, o establecerse por ley financiamiento o beneficios económicos especiales.

Indica que la recurrente dedujo anteriormente recurso de protección, Rol N° 174-2020 en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque ésta declaró inadmisibles sus postulaciones en tres concursos anteriores para proveer cargos del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, por incurrir en la causal contemplada en la letra e) del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, recurso que fue rechazado y confirmado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 20 de mayo de 2020, dictada causa Rol N° 33.022-2020. Discusión que fue circunscrita a la infracción de la garantía fundamental de la igualdad en la aplicación de la Ley, que se traducía en un trato discriminatorio entre el Escalafón Primario y el de Empleados, porque al primero no le es aplicable la citada letra e) del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales.

Expresa que de acuerdo al Acta N° 184-2014 de la Excma. Corte Suprema, Auto Acordado sobre Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial y las Bases Generales de concursos aprobadas por el Consejo Superior que dirige a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, corresponde a esta última revisar la admisibilidad en concursos para proveer cargos del Escalafón de Empleados en tribunales. Para verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso se solicita a los postulantes una declaración jurada de no encontrarse en las condiciones establecidas en las letras e) y f) del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, esto es: “e) No haber cesado en un cargo en el Poder Judicial o en la Administración del Estado como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria” y “f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o acusado por crimen o simple delito”. En el presente caso la postulación de la recurrente no era admisible porque no cumplía el requisito de ingreso del señalado artículo 295, norma legal que no limita en el tiempo la prohibición.

Refiere que debe tenerse presente además, que el Consejo Superior, considerando que carecía de facultad para definir los criterios de ingreso al servicio judicial, en acuerdo de 2 de mayo de 2019 ordenó solicitar al Pleno de la Excma. Corte Suprema que se pronuncie sobre la homologación de requisitos de ingreso entre los funcionarios del Escalafón Primario y los del Escalafón de Empleados, esto es, entre los artículos 250 y 295 letra e) del Código Orgánico de Tribunales, respectivamente, dado que el primer precepto impone como requisitos de ingreso, entre otros, los del Estatuto Administrativo, cuyo artículo 12 letra e), limita la prohibición mencionada a cinco años desde la expiración de funciones por calificación deficiente. Además de solicitar un pronunciamiento sobre la procedencia de exigir Decreto Supremo de rehabilitación en caso de personas removidas por vía disciplinaria, el que aún se encuentra pendiente, por lo que en cuanto a los requisitos de ingreso al Escalafón de Empleados no debe alterarse la aplicación de la norma legal vigente del precitado artículo 295 letra e) del Código Orgánico de Tribunales, mientras el tema no sea resuelto con un criterio distinto por la Excma. Corte Suprema y que a la recurrida se le aplicó una norma vigente, no existiendo, en la especie, vulneración a garantía constitucional alguna y en consecuencia, el recurso de protección no debe prosperar.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil -o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, previo a resolver el fondo del presente recurso y de las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas, es necesario indicar que, a juicio de esta Corte, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, las garantías constitucionales protegidas por dicho arbitrio constitucional, son únicamente los allí indicados, entre los cuales no se encuentra el numeral 17°del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que justifica desde ya el rechazo de la presente acción por este capítulo.

CUARTO: Que, el acto que se califica como ilegal y arbitrario y que vulnera la garantía constitucional esgrimida por la recurrente, es haber declarado “no admisible” su postulación en el concurso folio N° 12018 y el asunto sometido a la decisión de esta Corte es determinar la procedencia de la aplicación del artículo 295 letra e) del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo a los postulantes a cargos del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, preceptos que regulan tal postulación a cargos del referido Escalafón y a la Administración del Estado, respectivamente, teniendo en consideración que aquélla fue removida de su cargo en el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, por calificación deficiente, hace nueve años.

QUINTO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes acompañados en la presente acción, se pueden colegir los siguientes hechos:

1.-Que nombre reservado ingresó al Poder Judicial en el año 2005, desempeñándose como funcionaria del 7° Juzgado de Garantía de Santiago como Encargada de Acta Grado XII, para trasladarse el año 2007 al Juzgado de Garantía de Arica como Administrativa Grado XIII, cargo en el cual se desempeñó hasta fines del año 2011.

2.- Que, mientras se desempeñaba como funcionaria en el Juzgado de Garantía de Arica, fue calificada con nota deficiente en noviembre del año 2011, cuestión que provocó su remoción del cargo por imperativo legal.

3.-Que, la recurrente después de nueve años postuló al Concurso N° de Folio 12018 para el cargo de Auxiliar Administrativo en Juzgado de Letras del Trabajo de Arica.

4.- Que, el 6 de octubre de 2020 fue notificada que su postulación fue declarada como “No admisible” en mérito de lo dispuesto en el artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales.

5.- Que, el 19 de octubre de 2020 la recurrente presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del artículo 295 letra e) del Código Orgánico de Tribunales.

6.- Que, el 24 de junio de 2021 el Tribunal Constitucional resolvió acoger el requerimiento referido en el numeral anterior y declaró inaplicable por inconstitucional el artículo 295 letra e) del Código Orgánico de Tribunales en el presente recurso de protección.

SEXTO: Que, el artículo 263 del Código Orgánico de Tribunales señala que “los jueces de letras, los ministro de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y los demás funcionarios judiciales serán nombrados por el Presidente de la República, con sujeción a las normas que se indican en los artículos siguientes.”, cuyos requisitos, respecto del personal del Escalafón de Empleados están regulados en el artículo 295 del citado Código y clasificado en categorías, de la primera a la séptima, en el artículo 292 del mismo cuerpo legal.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 1° reza: “las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencia, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularan por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley N° 18.575.”.

OCTAVO: Que, de la simple lectura de las normas recién transcritas, a juicio de esta Corte, el personal del Escalafón de Empleados del Poder Judicial se regula por el Código Orgánico de Tribunales y no por el Estatuto Administrativo, en general, por cuanto cuando el legislador quiso aplicar este último lo señaló expresamente, como el artículo 250 del primer cuerpo legal mencionado.

NOVENO: Que, no obstante lo concluido precedentemente, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que en el presente caso no es aplicable por inconstitucional el requisito para postular al ingreso del Servicio en cargos del Escalafón del Personal de Empleados del Poder Judicial la norma contenida en la letra e) del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, que exige que el postulante no haya cesado en un cargo en dicho Poder o en la Administración del Estado como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, en lo que interesa, obliga a esta Corte a resolver en consecuencia, dado que en razón del mismo requerimiento el concurso en que incide la presente acción constitucional se encuentra suspendido.

DECIMO: Que, al haberse declarado inadmisible la postulación de la recurrente al cargo de que se trata, en virtud en lo estatuido en la letra e) del artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, corresponde tener por vulnerada la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado Rodrigo Patricio Ruiz Velásquez, a nombre y en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solo en cuanto se ordena a la recurrida declarar admisible su postulación al Concurso N° de Folio 12018 para proveer el cargo de Auxiliar Administrativo en el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica si reúne, en todo caso, los demás requisitos contemplados en el artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese, y archívese, si no se apelare.

Rol N° 1229-2020 Protección.