INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRA GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA Y GENERAL JEFE DE LA XV ZONA DE CARABINEROS DE ARICA Y PARINACOTA

Arica, diez de marzo de dos mil diecisiete.

VISTO:

Comparece don DAVID MANUEL BAHAMONDES GONZÁLEZ, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con domicilio en domicilio reservado, a favor de doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; don nombre reservado, colombiano, cédula de identidad nacional N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; don nombre reservado, dominicano, DNI 117 - RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado, colombiana, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, peruana, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado, colombiana, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; don nombre reservado, colombiano, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado, dominicana, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, y don nombre reservado, chileno, ambos domiciliados en domicilio reservado, Población nombre reservado, Arica; don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado, dominicana, DNI N° RUT reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y los hijos menores de estos últimos, Marcelina, Manuel y Robinson, todos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; doña nombre reservado, peruana, DNI RUT reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, nombre reservado (de 6 años de edad), nombre reservado (de 5 años de edad), nombre reservado (1 año de edad) y nombre reservado (de 17 años de edad), todos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, Arica; quien interpone acción constitucional de amparo en contra de la GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA, representada por su Gobernador, don Ricardo Sanzana Oteiza, domiciliado domicilio reservado, y del JEFE DE LA XV ZONA DE CARABINEROS DE ARICA Y PARINACOTA, General don nombre reservado, don domicilio en domicilio reservado, quienes dispondrán y ejecutarán en forma ilegal y arbitraria un desalojo masivo de la toma ubicada en la comuna de Arica, sector denominado nombre reservado, constituyendo una amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual de los amparados, establecido en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política del Estado.

Señala que entre los años 1984 y 1989 fueron importados desde Suecia más de 20 mil toneladas de residuos, caratulados como "barros con contenidos metálicos" los cuales eran realmente desechos polimetálicos tóxicos con alto contenido de plomo y arsénico. Posteriormente, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) autorizó la construcción de viviendas sociales para albergar a 12.000 personas en las cercanías de la zona de acopio de los desechos tóxicos, lo cual se tradujo en que con el paso de los años, alrededor de 3 mil personas refirieran daños a su salud. Finalmente, entre otras medidas, la Ley N° 20.590 estableció un programa de intervención en las zonas con presencia de polimetales en Arica, no obstante, el sector de nombre reservado sigue habitado actualmente.

Entre los días 20 y 22 de febrero del año 2017, y en respuesta a una denuncia, funcionarios del INDH efectuaron una visita la Población nombre reservado, oportunidad en que entrevistaron a residentes de aquel lugar, quienes manifestaron que desde que se inició la ocupación hasta el mes de febrero de 2017, no sostuvieron reunión con ninguna autoridad de Gobierno. En efecto, el año 2016 se solicitaron en varias oportunidades una audiencia con la Intendenta de la Región de Arica y Parinacota, quien no los recibió ni dió respuesta a sus inquietudes, por ello se organizó una marcha pacífica que buscó informar a la opinión pública de la situación en que se encontraban los habitantes de nombre reservado, y que pese a los reclamos y marchas pacíficas, no fueron recibidos por ninguna autoridad competente sino hasta el día 14 de febrero de 2017, fecha en la que hablaron con la Intendenta en una reunión realizada junto a la Seremi de la Vivienda, pero negándose siempre a abrir una mesa de trabajo o dar una solución efectiva al problema social del nombre reservado.

Destaca que la SEREMI de Vivienda, doña Claudia Bustos Carpio, el 21 de noviembre de 2016, mediante el Ordinario N° 1058, dio respuesta a sus peticiones, reiterando lo informado en el Ordinario N° 4191 del SERVIU de Arica y Parinacota, de 07 de noviembre de 2016, señalando que el comité "nombre reservado" estaba integrado por ocupantes irregulares de las viviendas emplazadas en el sector de nombre reservado, por lo que sería aplicable lo señalado en Decreto N° 105, de 1980, del MINVU, inhabilitando a los ocupantes para ser asignatarios de una vivienda social, acceder al subsidio habitacional o subvención alguna.

Refiere que los pobladores después de mucha insistencia y manifestaciones pacíficas, sostuvieron dos reuniones, la primera, el 14 de febrero, y la segunda el día 16 de febrero, ambas del año en curso, donde tanto la Intendenta como la SEREMI de Vivienda y Urbanismo se limitaron a señalar que los pobladores serían desalojados entre los meses de febrero y marzo del presente año, pero sin dar una fecha específica del acto en cuestión, ni establecer mecanismos de reubicación de los mismos, asimismo, se les informó que el procedimiento de desalojo sería efectuado por Carabineros de Chile.

Manifiesta que una de las preocupaciones de los pobladores es la falta de difusión y desconocimiento de la fecha de desalojo, la inexistencia de un plan de reubicación conocido por los afectados, y la falta de organización del desalojo con las autoridades.

Indica que el día 22 de febrero, llegó al sector un contingente importante de Carabineros quienes transitaron velozmente entre los estrechos pasajes del sector, en motos y vehículos institucionales, desatando la angustia de los pobladores del sector, mientras personal civil (no saben bien si de SERVIU o de la empresa externa encargada de la demolición), instalaba señaléticas que informaba sobre el proceso de demolición.

En síntesis, manifiesta que el desalojo afectaría aproximadamente 397 viviendas, en cada una de las cuales habitan familias integradas en promedio por 4 personas (1600 personas aproximadamente), entre las cuales se encuentran niños, adolescentes, mujeres, ancianos, personas con deterioro en su condición de salud, capacidades disminuidas y migrantes, muchos con escasos niveles de educación y la mayoría en condiciones socioeconómicas por debajo de la línea de pobreza.

Sostiene que en el transcurso de los últimos días, las autoridades han sostenido reuniones con las personas que resultarán afectadas por la medida, y que pese a estas acciones de carácter muy reciente, aún resulta evidente la falta de un plan de desalojo racional y justo, compartido con la población afectada y armonizado con los estándares internaciones de derechos humanos, lo que se refleja, por ejemplo, en la falta de notificación previa, audiencias públicas, soluciones habitacionales para todas las familias, de una organización en la entrega de alimentos, agua, enseres y vestimenta por parte de las autoridades para la protección de personas vulnerables como niños, ancianos o personas con discapacidad.

Manifiesta que en este grupo poblacional hay migrantes en situación irregular, y que éstos últimos corresponden a unas 70 familias, conformadas en promedio por 5 personas, por lo que aproximadamente ascienden a 350 migrantes en situación irregular. Además, hay un número aproximado de 170 niños, niñas y adolescentes y 150 personas indígenas: aimaras, mapuches y quechuas; y bolivianos y peruanos con residencia, conjuntamente hay personas solicitantes de refugio, lo que aumenta las condiciones de vulnerabilidad.

Lo anteriormente descrito, argumenta que configura una serie de incumplimientos por parte de las autoridades recurridas, de los estándares de DDHH establecidos en instrumentos internacionales respecto a desalojos forzosos por las siguientes razones:

a) Falta de aviso apropiado a las personas afectadas por el desalojo o de un plazo suficiente y razonable de notificación.

El 22 de febrero del año en curso, se efectuó una reunión entre las organizaciones de nombre reservado (Comité de Vivienda, Comité Indígena), representantes de migrantes dominicanos, peruanos, bolivianos y colombianos y la Gobernación Provincial, donde se encontraba el Director Regional de SERVIU, el Seremi de Medio Ambiente, el Seremi de Gobierno y la Seremi de Vivienda, y a la que fue invitado el INDH. Dentro de las organizaciones se encontraban el Comité de Vivienda nombre reservado, el Comité de Allegados Indígena Wiñau Marka, conformado por 50 familias, entre ellas aimaras y quechuas chilenos, bolivianos y peruanos y algunos mapuches.

En dicha oportunidad, por primera vez, las autoridades entregaron información concreta a las organizaciones y representantes de migrantes, que se encontraban en la etapa de demolición y que las personas que estaban viviendo en el sector de villa El Solar de la Población nombre reservado, debían abandonar las casas a la brevedad posible, puesto que la demolición era inminente. Se les comunicó, además, que el día 23 de febrero la empresa comenzaría a demoler las viviendas que se encuentran deshabitadas, lo que en el transcurso de la tarde fue desmentido informalmente.

El día 23 de febrero del presente año tuvo lugar una segunda reunión con dirigentes y autoridades mencionadas precedentemente, a la que asistieron profesionales del INDH. En dicha reunión el Gobernador, SEREMI de Medio Ambiente y Director Regional del SERVIU, informaron lo siguiente:

* Mejoría de una de las 3 soluciones planteadas: El subsidio de arriendo ofrecido, fue mejorado de $130.000.- por seis meses a $210.000.- por 12 meses.

* Levantamiento in situ de un catastro definitivo de los pobladores, a fin de establecer su situación y determinar el beneficio al que se accedería.

* Insistencia a los dirigentes a que sus representados deberán tomar una decisión definitiva respecto a cuál de los beneficios se acogería cada una de las familias, y resuelto a dónde irse para el día lunes 27 de febrero, fecha en que deben desocupar las casas.

Señala que en ese sentido, las autoridades no han indicado específicamente a los afectados la fecha del desalojo, pero han sido insistentes en que tras la culminación del proceso de catastro que se llevará a cabo en el lugar los días viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27, todos del mes de febrero del año en curso, no habrá más gestiones pendientes y estarán en condiciones de iniciar la demolición de los inmuebles, realizándose el desalojo de quienes se encuentren en el lugar.

Manifiesta que los representantes de los pobladores afectados insistieron en la imposibilidad de hacer efectivos los beneficios en tan breve plazo y expresaron temor por la acción de Carabineros, refiriendo que el día anterior llegó al sector un contingente importante de Carabineros, que transitaron velozmente en motos por entre los estrechos pasajes del sector, que ello ha provocado temor y angustia de los pobladores del sector, particularmente niñas y niños; mientras personal civil (no saben bien si de SERVIU o de la empresa externa encargada de la demolición), instalaba señaléticas que informaban sobre el proceso de demolición.

Refiere que el 24 de febrero de 2017, el INDH constató en el lugar la falta de información que aún existe hacia los afectados, instalándose a mediodía un toldo con funcionarios de SERVIU, y que la Jefa de Operaciones de SERVIU, doña nombre reservado, señaló que por orden de la Gobernación no podrían atender a nadie dicho día 24 y que la atención se realizaría mañana con otros servicios públicos, agregando que cualquiera de las 3 alternativas no se activarán de manera inmediata, es decir las familias deben primero salir de sus viviendas y buscar un lugar para vivir con sus propios recursos, mientras se tramita la ayuda a la cual se hayan adscrito.

b) Falta de audiencias públicas sobre los planes y las alternativas propuestos.

Señala que la ayuda que entregará el Estado a las familias catastradas y que cumplen con los requisitos para acceder a cualquiera de los tres beneficios son:

1. Un Subsidio de Arriendo de 5UF por 12 meses ($210000), cuyo requisito es que la vivienda cuente con 3 habitaciones y tenga recepción final;

2. Un Banco de Materiales de 50UF ($1.350.000) que se le otorgará a la familia que reciba al grupo familiar de nombre reservado, con la finalidad de comprar materiales de construcción que permitan habilitar un lugar para un grupo familiar que como promedio cuenta con una composición de 6 integrantes.

3. Un Bono de Acogida de 5UF por 6 meses, otorgado por el Ministerio del Interior, que no requiere de rendición como los 2 anteriores beneficios y que será un aporte para el ingreso de aquella familia que reciba a esta familia de nombre reservado.

Dichas alternativas de solución no son individuales ni por familias, sino por vivienda, es decir, si en una vivienda habitan 2 familias, éstas tendrán que compartir esta solución. Sólo podrán elegir una de las alternativas de ayuda por vivienda, y que las tres alternativas de solución están destinadas sólo a los/las chilenos/as, migrantes con residencia y migrantes con RUT provisorio que hayan sido catastrados por SERVIU, quedando fuera los y las migrantes en situación irregular que ascienden a un número aproximado de 70 familias, las/los que no han sido catastrados.

c) Falta de difusión eficaz por las autoridades de la información correspondiente por adelantado, en particular los registros de la tierra y los planes amplios de reasentamiento propuestos, con medidas dirigidas especialmente a proteger a los grupos vulnerables.

Sostiene que después de un somero análisis a las alternativas de solución habitacional propuestas, es posible afirmar que en el transcurso de las reuniones referidas precedentemente, los pobladores y pobladoras de nombre reservado han sido informadas de alternativas existentes para hacer abandono de las viviendas. No obstante, los afectados con la medida no tendrán tiempo para reunir recursos para complementar el arriendo ni encontrar un arrendador, ni tampoco para buscar algún lugar donde aquéllos puedan llegar a vivir como allegados.

A mayor abundamiento, indica que los beneficios ofertados excluyen a un grupo importante de familias asentadas en la zona, los/las extranjeros/as que no han regularizados su situación en el país, y que en muchos casos están en proceso de solicitud de asilo, sumado a ello, razones constitutivas de infracciones a los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desalojos forzados, a fin de resguardar el derecho a la libertad personal y seguridad individual, y que más adelante se desarrollan, a saber:

i.- Falta de un plan de desalojo racional y coordinado con las autoridades competentes como, por ejemplo, coordinar la actuación del SENAME como veedores y garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pese a la existencia de esta población en el sector a desalojar;

ii.- Falta de conocimiento de la proporcionalidad de los medios a utilizar en el desalojo inspirado en la necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública, de manera de evitar violencia innecesaria o atropello a los derechos de las personas y sus bienes. De forma de precaver la privación arbitraria de bienes a consecuencia de formas de destrucción deliberada, negligencia o cualquier forma de castigo colectivo.

iii.- Ausencia de un alojamiento alternativo o reasentamiento eficaz, dado el poco tiempo que tienen los amparados para hacer efectiva las eventuales soluciones propuestas, puesto que sólo esta semana las personas que serán desalojadas han sido informadas de las alternativas propuestas; así como de la obligación de decidir entre ellas y tomar las acciones para hacerlas operativas, para lo cual no tienen un período mínimamente razonable.

iv.- Ausencia de un plan de contingencia médica y de salud que tenga en cuenta las particularidades de niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y en condición de salud deteriorada y capacidades disminuidas, en casos de ser necesario.

v.- Falta de oportunidad para que las personas hicieran inventario de los bienes que pudieran verse dañados, debido al breve plazo que les dan para desocupar las casas, previo al desalojo.

vi.- Falta de atención de las autoridades a personas en particular condición de vulnerabilidad, como las personas que se encuentran en situación de refugio o en trámite de refugio.

Hace presente que, por respeto a dignidad inherente a la persona humana, principio que inspira a nuestra legislación como al derecho internacional en la materia, la participación de los afectados debe ser considerada por la autoridad para elaborar el plan de desalojo, lo que no ha ocurrido. En ese sentido, sin perjuicio de las ofertas efectuadas por la autoridad, no existe viabilidad para que los afectados puedan implementarlas de este modo, el desalojo que se realizará en el futuro inmediato, sin un plan adecuado y sin participación y conocimiento de los/las afectados/as, provocará oposición.

Arguye que existe fundado temor de que el desalojo se produzca con uso desproporcionado de la fuerza pública, en circunstancias que en el lugar existen niños, niñas y adolescentes, personas de tercera edad —algunas en situación de postración- que podrían verse afectados/as psicológicamente por estos hechos, lo que amenaza la libertad personal y seguridad individual de estas personas.

El recurrente sostiene en definitiva que debe existir un plan de desalojo organizado y debidamente informado a los afectados/as, con un tiempo razonable para que las personas puedan no sólo decidir la oferta planteada por las autoridades en un tema tan relevante para sus vidas, sino mínimamente desarrollar las acciones para que dichas ofertas se implementen; de modo de permitir el traslado de sus enseres, sin amenazar la seguridad individual de los/las afectados/as; con la presencia de autoridades y profesionales pertinentes (SENAME y Salud) que resguarden la integridad personal de personas vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres y ancianos/as, personas en situación o trámite de refugio) y previendo la relocalización de personas que no podrán acceder a ninguna de las tres medidas propuestas a los afectados, así como su acceso seguro a: i) alimentos esenciales, agua potable y saneamiento; ii) alojamiento básico y vivienda; iii) vestimenta apropiada; y, iv) servicios médicos esenciales.

En cuanto al derecho, sostiene que la actividad jurisdiccional puede caracterizarse por estar únicamente vinculada al interés del derecho, que no es otro que la garantía de la jurisdicción, esto es, la tutela de los derechos e intereses lesionados. Es, por lo tanto, a partir de este principio que entendemos posible la caracterización de la función jurisdiccional como la que ejerce la garantía de cierre del sistema mediante la corrección de los márgenes de desviación e ilegitimidad jurídicas en que otros poderes o los propios individuos hubieran podido incurrir.

En dicho contexto, manifiesta que la acción constitucional de amparo constituye una manifestación esencial de la garantía de la jurisdicción, ya que abre las posibilidades de demandar ante los órganos jurisdiccionales la amenaza, perturbación o privación del derecho a la libertad personal y seguridad individual buscando preservarlo o restablecerlo, siendo así un medio idóneo para que dicho derecho sea efectivo en toda circunstancia que sea contraria a la Constitución y las leyes.

En efecto, sostiene que la acción constitucional de amparo materializa la garantía de un recurso efectivo, pues la existencia de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentran vigentes, requiere el establecimiento de mecanismos para su protección, y que el Estado debe establecer recursos efectivos para proteger los derechos, conforme lo previene el artículo 25.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25.1.

Así, la acción constitucional de amparo regulada en el artículo 21 de la Carta Fundamental, en plena correspondencia con su calidad de mecanismo de protección de derechos fundamentales, ha sido establecido con la finalidad de preservar, en términos amplios, todo aquello que se vincula con el derecho a la libertad personal y seguridad individual, y procura el que por las vías más expeditas y ágiles se entregue todo lo que vaya en procura de asegurar el que nadie pueda ser privado o amenazado ilegal y/o arbitrariamente de su libertad y seguridad individual, en consecuencia, la acción constitucional se extiende a todo cuanto implique el restablecimiento del derecho y propenda a la protección del afectado.

Indica que la normativa internacional en materia de derechos humanos consagra y resguarda la libertad personal y la seguridad individual a través de una serie de instrumentos (artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y en nuestro ordenamiento la acción constitucional de amparo cautela el derecho a la libertad personal y seguridad individual consagrado en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República, lo que trasciende la mera libertad ambulatoria o de circulación. Por ello, la doctrina especializada ha señalado que en un contexto amplio, la libertad personal dice relación con el libre desarrollo de la personalidad, con el derecho de cada cual, de decidir su rol en la sociedad, de disponer la forma en que desee realizarse en lo personal. La libertad personal es el fundamento de una sociedad democrática, y está vinculada a la libertad natural de los seres humanos y a su dignidad. Por ello es más extenso y pleno que el mero resguardo de la libertad de desplazamiento y residencia.

Por otro lado, indica que la seguridad individual es un derecho independiente del derecho a la libertad personal y no se restringe únicamente a las garantías que rodean el ejercicio de la libertad personal, sino que incluyen la vida y la integridad personal, sino que abarca además aquellas acciones ilegales que restringen, perturban o amenazan la seguridad individual de los amparados.

Considera que la libertad personal es el fundamento de una sociedad democrática, y que está vinculada a la dignidad de los seres humanos, y por ello es más extensa y plena que el mero resguardo de la libertad de desplazamiento y residencia; y teniendo presente, como lo ha resuelto la E. Corte Suprema, que la seguridad individual debe ser asegurada en situaciones diferentes de la afectación de la libertad ambulatoria, como en caso de amenazas a la integridad personal, resulta necesario precisar los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos para los desalojos forzados, a fin de resguardar el derecho a la libertad personal y seguridad individual, los cuales parten de la base que la dignidad es uno de los elementos que conforman la esencia del ser humano, y que la integridad personal, como soporte biológico y psíquico del hombre, lo que asegura es una vida realmente humana y que valga la pena vivirla.

En razón de ello, afirma que deben examinarse las circunstancias que tienen lugar antes y durante el desalojo para determinar si estas son coherentes con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, del artículo 19 N° 1 d la Constitución.

Hace presente que la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 4, inciso 20, establece que "El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente ... a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes", y "d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley".

En consecuencia, indica que el Gobernador tiene como tarea mantener la seguridad de sus habitantes y bienes, de modo que pesa sobre la administración provincial el deber de resguardar la seguridad y los bienes de las personas con ocasión de las medidas u órdenes que decrete en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, el Gobernador, deberá velar por el pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales. En efecto, el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, impone a los órganos del Estado no sólo la obligación de someter sus actuaciones a la ley, sino también garantizar su cumplimiento. De lo antes esbozado, aparece un mandato doble a los agentes del Estado -entre ellos al Gobernador-, primero, encuadrar su actuar dentro de sus competencias y a la forma prescrita por la ley, y segundo, velar, dentro de su ámbito de competencia, por el orden institucional y el respeto a la Constitución y la ley.

Además, refiere que el Gobernador Provincial, según dispone el artículo 30, inciso 20, de la referida ley, tiene "la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, existentes en la provincia". En este sentido, en los casos que corresponda, debe disponer coordinadamente el actuar de los servicios públicos, cuando a consecuencia de una orden de su autoridad ello sea necesario. Así, por ejemplo, si la Gobernación dispone un desalojo de un lugar que sirve de residencia a niños y niñas, debe disponer que el desalojo se desarrolle con la presencia de autoridades y profesionales atingentes (Sename y Salud) que resguarden la integridad personal de personas vulnerables (niños y niñas); o adoptar las medidas necesarias para evitar que las personas desalojadas, entre ellas niños y niñas, sean reasentadas en un lugar insalubre o que no se les entregue ningún lugar de reasentamiento.

Por otro lado, argumenta que si bien Carabineros de Chile debe cumplir las órdenes de la Gobernación cuando sea requerido, también debe someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, en los términos señalados en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, ello ya que el despliegue policial que presenciaron funcionarios/as del INDH en el nombre reservado, da pie para presumir que el desalojo se realicen sin que ni la Gobernación ni Carabineros resguarden el derecho a la liberad personal y seguridad individual de los/las amparados/as, aun cuando pese sobre ellos el mandato constitucional de someter sus actuaciones a la ley y la Constitución.

Ante la evidente amenaza de los derechos constitucionales ya señalados, solicita como medidas necesarias para dar la debida protección a los/las amparados/as las siguientes;

- Declarar que el actuar de los recurridos, tal como se está desarrollando, constituye una amenaza a la libertad personal y seguridad individual de los/las amparados/as; y, - Ordenar a la Gobernación Provincial de Arica y a XV Zona de Carabineros de Arica disponer todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional a que hubiere lugar, a fin de poder garantizar la libertad personal y seguridad individual de los/las amparados/as, en particular: dar aviso apropiado a las personas afectadas por el desalojo; disponer un plan adecuado de reasentamiento donde se consideren medidas dirigidas especialmente a proteger a los grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes y migrantes en situación irregular; brindarle a las personas afectadas por el desalojo la oportunidad de trasladar sus enseres; disponer la presencia de funcionarios del gobierno o de sus representantes en el desalojo, en especial del SENAME, y del Servicio de Salud; que Carabineros de Chile adopte un plan especial para el desalojo, que considere la presencia de niños, niñas y adolescentes y personas de edad avanzada yen deterioradas condiciones de salud o capacidades disminuidas; y un uso necesario y proporcional de la fuerza pública; proporcionar un alojamiento alternativo o reasentamiento para las personas que no cumplen los requisitos exigidos; se disponga la presencia de ambulancias u otros servicios de asistencia de salud en caso de emergencia; y que se adopten las medidas necesarias para asegurar que el reasentamiento para quienes cumplen los requisitos se haga en un lugar digno.

Una vez interpuesto el recurso, esta Corte, mediante resolución de veinticinco de febrero del año en curso, y teniéndose en consideración que de los hechos fundantes del recurso no aparece una afectación del derecho a la libertad personal y/o seguridad individual de los recurrente amparada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, tuvo por interpuesto el recurso, pero en calidad de recurso de protección, pues de los hechos expuestos en el mismo daban cuenta más bien de una privación, perturbación o amenaza de aquellas garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, requiriéndose, en consecuencia, los informes respectivos.

En su oportunidad, informó don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe XV Zona de Carabineros “Arica y Parinacota”, indicando que por imperativo legal, Carabineros de Chile conforme lo señalan los artículos 1 y siguientes de su Ley Orgánica Constitucional, N° 18.961, es una institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho y su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, y cumplir las demás funciones que le encomienda la Constitución y la ley. Agrega que el inciso tercero de dicho artículo, dispone que Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás autoridades regionales, provinciales o comunales, para el fiel cumplimiento del mandato constitucional, agregando, en su artículo 4, inciso segundo, que la institución prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

Manifiesta que en dicho orden de ideas, el Oficial General y Jefe de Zona, ha sido convocado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a cargo del Intendente (S), don Marcelo Lau Suarez, el 30 de enero del año en curso, junto a otras autoridades y jefes regionales, dentro de los cuales se encontraba el Gobernador de Arica, don Ricardo Sanzana Oteiza, a una reunión de coordinación en dependencias de dicha sede regional, en donde se dio a conocer la continuación del proceso de erradicación de la villa El Solar del sector nombre reservado, correspondiendo a la etapa de demolición de las viviendas, para lo cual se debe desalojar a la totalidad de las personas que allí residen, acordándose, además, el 23 de febrero del año en curso como fecha de intervención.

Indica que conforme se expuso, se recepcionó por la Jefatura de Zona de Carabineros, la Resolución N° 39, de 22 de febrero de 2017, del Gobernador Provincial de Arica, don Ricardo Sanzana Oteiza, por medio de la cual dicha autoridad resuelve desalojar y restituir los bienes fiscales al SERVIU, los que están siendo ocupados de manera ilegal e ilegítima, localizados en el sector denominado villa El Solar, sector nombre reservado, disponiendo que en caso de oposición, se autoriza el auxilio de la fuerza pública a fin de restablecer el imperio del derecho. Agrega dicha resolución, que el auxilio de la fuerza pública deberá ser prestada por Carabineros de Chile, para lo cual se deberán adoptar las medidas pertinentes, y que, conforme a ello se dispuso a la Prefectura de Carabineros Arica N° 1, de su dependencia, realizar los cursos de acción necesarios, a objeto que, en el evento de ser requerida la presencia policial en el lugar de los hechos se esté prestó para cumplir con dicho cometido.

Sostiene que durante el desarrollo de dicho requerimiento, la intervención de la fuerza pública fue aplazada por parte del Gobernador directamente con el Jefe de Zona que suscribe, toda vez que se efectuaban procesos de desalojo asistido mediante la intervención de camiones y personal del Ejército de Chile, asimismo, de la entrega de información de beneficios a los que podían acceder a los ocupantes de la villa El Solar.

Refiere que finalmente el desalojo fue fijado para el 01 de marzo de 2017, a las 08:30 horas, lo que no se llevó a efecto, toda vez que el representante de los bienes fiscales, esto es, el SERVIU no se presentó con el ministro de fe para la recepción de los inmuebles una vez desalojados y restituidos éstos, como tampoco se presentó con personal para desalojar los inmuebles ocupados, con el fin de sacar los bienes muebles desde el interior de los domicilios, ante la negativa por parte de sus propietarios, ello sin perjuicio, que alrededor de las 12:35 horas, por medio de Oficio N° 1153 de dicha fecha, tomó conocimiento que la Iltma. Corte de Apelaciones concedió la orden de no innovar, paralizándose el desalojo mientras se tramita el presente recurso, en consecuencia, el Jefe de Zona que suscribe, ordenó al Prefecto suspender el proceso, no enviándose a personal de Carabineros al sector de villa El Solar.

Agrega que la intervención de Carabineros, respecto del desalojo en cuestión, fue motivada única y exclusivamente en cumplimiento de lo requerido por la autoridad de Gobierno Provincial, además que, en su actuación se observaron y aplicaron en su totalidad los protocolos respectivos, respetándose en todo momentos los derechos individuales de los pobladores en toma.

Hace presente que el 28 de febrero pasado, personal de Carabineros acompañó a un grupo de veinte personas integrantes del SERVIU, al sector de villa El Solar de la Población nombre reservado, a fin de que éstos procedieran a notificar el desalojo de las personas residentes.

Finaliza señalando que en el presente recurso no se ha señalado en forma alguna cuáles serían las perturbaciones, privaciones o amenazas de aquellas garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental que habrían sido conculcadas por el actuar policial, haciendo imposible presentar una adecuada defensa sobre el particular.

En forma oportuna, informó don nombre reservado, Gobernador Provincial de Arica, manifestando que es un hecho no controvertido que las personas que habitan los inmuebles fiscales son ocupantes ilegales, establecido por el Oficio Ordinario N° 634, de 21 de Febrero de 2016, del Director (S) Regional SERVIU Región de Arica y Parinacota, y la Resolución Exenta 39/2017, de la Gobernación Provincial de Arica, habiéndose procedido a su ocupación sin autorización del ente público, propietario del mismo.

Manifiesta que la antedicha ocupación ilegal vulnera el derecho de dominio del Fisco de Chile – igualmente sujeto a protección constitucional - toda vez que los inmuebles a que hace referencia la Resolución Nº 39/2017, de la Gobernación Provincial y Oficio Ordinario N° 634, son viviendas que tienen por destino ser demolidas en observancia a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley N°20.590, el cual establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica y que SERVIU debe velar para que la viviendas una vez desocupadas no vuelvan a reutilizarse y/o demolerse, y que a mayor abundamiento, señala que incluso podría estar configurándose la figura típica del artículo 457 del Código Penal, que dice relación a la usurpación.

Refiere que de acuerdo a la legislación vigente, la Autoridad Provincial se encuentra obligada a actuar y evitar que las personas amparadas por el recurso de protección interpuesto continúen permaneciendo en el terreno, lo cual permite concluir que los actos de la administración vinculados a los procedimientos de restitución han sido ejecutados con pleno respeto a la Constitución y la Ley. En efecto, señala que por Oficio Ordinario N° 634, de 21 de Febrero de 2016, del Director (S) Regional SERVIU Región de Arica y Parinacota, se pidió la restitución administrativa de los inmuebles fiscales, y que el Gobernador Provincial posee aquella facultad, otorgada por el artículo 4º letra h) de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, motivando, en su oportunidad, la dictación de la Resolución Nº 39, de 22 de Febrero de 2017, que ha sido debidamente notificada.

Señala que se han llevado a cabo reuniones con Carabineros de Chile para planificar la ejecución material de las órdenes dispuestas por la Gobernación Provincial, buscando disponer la mayor cantidad de medios logísticos y personales para proteger la integridad física de los propios ocupantes, solicitándose expresamente la presencia de funcionarias para atender el desalojo en lo que dice relación con mujeres, niños, niñas y adolescentes. Destaca que dicha planificación –entre otros aspectos- comprendió la intervención del SENAME, y el Servicio de Salud, con el objeto que personal especializado y vehículos de dichas instituciones se encuentren presentes al momento de la implementación de la restitución forzada, con el objeto de adoptar los procedimientos médicos que resultasen pertinentes y proporcionar asistencia preferencial a mujeres, niños, niñas o adolescentes y adultos mayores.

Argumenta que la Gobernación Provincial de Arica, en su calidad de órgano estatal, está vinculado al principio de legalidad. En este sentido, el artículo 3º de la Ley Nº 19.175, le entrega la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, por lo que ha dispuesto que el desalojo se haga en presencia de funcionarios del Servicio de Salud o del Sename, para resguardar la integridad de personas vulnerables, como niñas y niños.

Manifiesta que, al margen de la planificación señalada, en el intermedio se intentó a través de la intervención de las autoridades regionales y provinciales obtener una salida consensuada a la ocupación, orientando a los pobladores a canalizar sus necesidades habitacionales a través de los mecanismos de postulación previstos en la ley y solicitando a los ocupantes efectuar la restitución voluntaria de los terrenos, cuestión que desafortunadamente no llegó a concretarse. En efecto, indica que las alternativas ofrecidas a los habitantes de nombre reservado son:

· Alternativa 1: Tarjeta Banco de Materiales del Programa De Protección del Patrimonio Familiar (DS255): 50 UF, aplicado a la vivienda registrada en la FPS o a otro domicilio que la familia proponga, cuyo titular del subsidio será el propietario de la vivienda que acoge a la familia.

· Alternativa 2: Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda (DS 52): Monto del subsidio: 8 UF mensuales. Período de hasta 12 meses. Valor del arriendo: hasta 12 UF.

· Alternativa 3: Bono de Acogida. Monto: 5 UF mensuales. Período de hasta 6 meses. Aporte entregado directamente a la familia por parte de la Intendencia Regional (ORASMI).

Indica que lo anterior generó la dictación de la Resolución Exenta Nº 39, de 22 de noviembre de 2017 (sic), la cual ordenó la restitución administrativa de los inmuebles, disponiéndose, dicha Resolución desde una perspectiva jurídica se funda en las letras d) y h) del artículo 4º de la Ley Nº 19.175, a saber, “Artículo 4º El gobernador tendrá todas las atribuciones que el Intendente le delegue y además, las siguientes que esta ley le confiere directamente. d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el Gobernador velará por el respeto al uso a que están destinadas, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegitimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.

Refiere que la resolución se encuentra en conocimiento de los ocupantes ilegales de los inmuebles, como se colige de la lectura de la solicitud de orden de no innovar que fue presentada con fecha 28 de Febrero del 2017, pero la ejecución forzada de la resolución se encuentra pendiente y sujeto a un proceso, y que implicará adoptar por la Gobernación y Carabineros todas las providencias que resulten procedentes, atendidas las características de la ocupación, procurando que tales actuaciones se ejecuten en estricto cumplimento de la legislación actual vigente y con pleno respeto de los derechos de los recurrentes y sus familias.

Sostiene que la Gobernación Provincial de Arica, ha actuado en los hechos vinculados a los procedimientos administrativos objeto del recurso, dentro de la esfera de sus atribuciones y con tal apego a los criterios y razonamientos legales, de donde su conducta no cabe ser tildada de ilegal o arbitraria, dado que la resolución se funda en la letra h) del artículo 4° de la ley N° 19.175. En este sentido, acerca de un eventual empleo de la fuerza pública para estos efectos, destaca que la letra d) del artículo 4° de la indicada ley faculta expresamente a los gobernadores para solicitar su auxilio en conformidad a la ley, y el artículo 34 del referido Decreto con Fuerza de Ley N° 22, consigna que dicho requerimiento procede en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de las órdenes o resoluciones de carácter ejecutivo que dicten en uso de sus atribuciones. Así, siendo una resolución de carácter ejecutivo aquélla en virtud de la cual el gobernador ejerce su facultad de exigir la restitución de un bien, es dable sostener que sólo cuando dicha orden no sea obedecida, el gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza pública. Es por esto que la resolución que ordena la restitución tampoco es una decisión arbitraria, pues por el contrario persigue por la vía legal, lícita o arreglada a derecho, aquello que los actuales ocupantes pretenden conseguir por la vía ilícita, oculta o ilegal.

En cuanto a la manera de obtener la restitución efectiva de la señalada propiedad, indica que la letra f) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda -Orgánica del Servicio de Gobierno Interior-, prescribe que al Gobernador le corresponderá “Exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición, podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley.”.

Argumenta que el Gobernador Provincial no tiene facultades para otorgar directamente o exigir de las autoridades habitacionales soluciones de vivienda al margen de los programas habitacionales por ellas desarrollados, ni aun a pretexto de las facultades de coordinación, y que la restitución de los inmuebles no constituyen un capricho de la autoridad provincial, sino una imperiosa necesidad de cumplir con lo que establece la ley.

En consecuencia, la Resolución Exenta Nº 39 de la Gobernación Provincial no puede constituir, ni constituye una privación ni una amenaza a una garantía constitucional alguna de los ocupantes ilegales, quienes por sus propios actos se han colocado en una situación contraria a derecho.

Adicionalmente, señala que corresponde rechazar el recurso de protección, en consideración a que, de la sola lectura de las peticiones formuladas por la recurrente se desprende que solicitan imponer al Gobernador Provincial de Arica la adopción de medidas regulatorias del procedimiento de desalojo no previstas en la ley y medidas de carácter habitacional que exceden las atribuciones otorgadas a la autoridad provincial por la Ley Nº 19.175 y disposiciones complementarias, y se distancian del marco litigioso que un recurso de protección puede establecer.

Indica que todas las pretensiones que la recurrente pretende construir pierde sus cimientos y se desploma al invocar la letra a) del numeral 7º del artículo 19 de la Constitución Política, que establece en nuestra legislación dos claros límites al contenido de la libertad personal y la seguridad individual, y que tales límites han sido traspasados por los ocupantes ilegales, puesto que han pretendido ejercer un derecho (residir en un lugar) con infracción de la constitución y ley, ocupando un inmueble fiscal que no es suyo, violentando el derecho de dominio, y que por lo demás no se encuentra apto para tales fines debido a los altos niveles de contaminación.

Manifiesta que para determinar la procedencia de la acción constitucional, es necesario determinar si concurren sus dos elementos configurativos: la existencia de un acto u omisión arbitraria e ilegal, y si de él, o ella, se ha seguido una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos amparados por ella.

En relación al primer elemento, indica que la Resolución Exenta N° 39, dictada por la autoridad recurrida respecto de los inmuebles ocupados ilegalmente, que dispusieron el desalojo de dichos inmuebles a petición del SERVIU, no constituyen actos ilegales o arbitrarios. Al respecto, y partiendo de la base que ni recurrente ni recurrida controvirtieron los hechos esenciales contenidos en el recurso, del análisis de los antecedentes, emana que la Gobernación Provincial de Arica la dictó, la resolución, luego de ser requerida por el SERVIU, servicio dueño de los inmuebles ocupados de hecho por los recurrentes y situación que a opinión de esta parte, faculta a la autoridad provincial, a exigir su restitución administrativamente, de acuerdo a la norma del artículo 4 letra h) de la Ley 19.175, en relación a su literal e), observando el procedimiento previsto en la Ley 19.880. En efecto, tratándose de una ocupación de hecho de bienes fiscales, el SERVIU recurrió a la autoridad provincial para obtener la restitución administrativa, autoridad que dictó la resolución en análisis dentro del procedimiento administrativo, resolución que fue notificada a los ocupantes ilegales, acto administrativos que de acuerdo al artículo 3 inciso final de la Ley 19.880, goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa. Igualmente, señala que la Gobernación Provincial no ha realizado un acto arbitrario, ya que la resolución se funda debidamente y obedece a los fines de protección de los inmuebles de propiedad de los servicios fiscales que la ley deja a su cargo, y a requerimiento de los mismos.

En relación al segundo elemento, sostiene que tampoco se acreditó la privación, perturbación o amenaza en el goce de los derechos fundamentales.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en cuanto al inicio de la acción en su carácter de amparo y, sin perjuicio de lo resuelto por esta Corte el pasado veinticinco de febrero, cabe consignar que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, previene que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Agrega que el mismo recurso podrá ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

nombre reservado: Que, a fin de que prospere el recurso de amparo es necesario que concurran los siguientes supuestos: 1) que exista una persona arrestada, detenida o presa; 2) que esa afectación de su libertad provenga de una infracción a la Constitución o la Ley; o 3) que exista una privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad individual.

TERCERO: Que, del propio tenor de la acción de amparo deducido y de los informes evacuados por las recurridas es claro que en la especie no existen personas arrestadas, detenidas o presas cuyo amparo se pretenda, en consecuencia, aparece que la presente acción de amparo tiene un carácter eminentemente cautelar de otros derechos garantizados por la Constitución Política de la República, cuya tutela queda sujeta a la acción contendida en el artículo 20 de dicha norma fundamental.

CUARTO: Que, en cuanto al recurso de protección de garantías constitucionales contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, es decir, se trata de un derecho esencial de la persona humana a la tutela jurisdiccional a través de un procedimiento rápido y eficaz en protección de los derechos constitucionales.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, en cuanto a la ilegalidad, especie de antijuridicidad, cabe precisar que ella importa contrariedad al texto expreso de la ley, producto de un actuar abusivo o excesivo de un poder jurídico que se detenta. A su vez la arbitrariedad, se refiere a una actuación opuesta a la justicia, atentando contra la razón o bien contra las leyes vigentes y totalmente dominada por su voluntad o bien por su capricho, es decir se trata de un actuar injusto, antirreglamentario, abusivo, improcedente, inconsistente, insostenible, parcial, prohibido, en síntesis, ilegal.

SEXTO: Que, considerando lo señalado precedentemente, corresponde analizar, si la actuación que se reprocha a la recurrida ordenando el desalojo de los bienes fiscales y, en caso de oposición, autorizando el auxilio de la fuerza pública, es ilegal y/o arbitraria. Para ello, debe consignarse, primero, el marco jurídico aplicable en la especie, y luego, si este ha sido contrariado.

SÉPTIMO: Que, el artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, dispone que “El Gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.”. Agrega la norma legal, en su inciso segundo, que: “El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente”, y las letras: “d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.”; y, “h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda.”.

OCTAVO: Que, la atribución vigilancia de los bienes del Estado consignada precedentemente derogó tácitamente aquella relativa a exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado, contenida en el artículo 26 letra f) del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, referente al Gobernador Departamental y que fuese radicada en el Gobernador Provincial, conforme lo previene el artículo único del D.L. N° 1439, de 1976, pues en mérito de lo previsto en la parte final de esta última disposición, la atribución indicada será ejercida por el Gobernador mientras no se dicten las normas definitivas sobre estas materias, lo cual aconteció el 21 de marzo de 1993, mediante la vigencia de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

NOVENO: Que, por otro lado, el Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en su artículo 19, inciso segundo, previene que: “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.”. Agregando, en su inciso tercero que: “Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, son que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código”.

DÉCIMO: Que, de las disposiciones legales reseñadas en los tres considerando que anteceden, se desprende que para efectos de distinguir las atribuciones que le competen al Gobernador para ordenar el desalojo es necesario distinguir, en forma previa, la naturaleza jurídica del bien del Estado, esto es, bien nacional de uso público o bien fiscal.

UNDÉCIMO: Que, de la interpretación literal de la norma contenida en la letra h) del artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, se desprende que la atribución del Gobernador Provincial para efectos de decretar el desalojo dice relación con bienes que poseen el carácter de nacional de uso público, en primer lugar, debido a que si bien aparece que dicha autoridad debe ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, circunscribe su atribución especialmente a aquellos que poseen el carácter de bien nacional de uso público y, en segundo lugar, debido a que el segundo párrafo de la norma, contiene una oración compuesta de carácter consecutivo, que inicia con el verbo “impedir”, seguida de las formular verbales “ocupación” ilegal o “empleo” ilegítimo, y finalizada con el calificativo de carácter especificativo “uso común”, respecto del sujeto implícito (bien del Estado), lo cual, se encuentra en armonía con lo previsto en el artículo 589 del Código Civil, en orden a definir los bienes nacionales de uso público como aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

DUODÉCIMO: Que, por su parte, refuerza la interpretación gramatical señalada precedentemente, una interpretación lógica, sistemática e histórica de la ley.

La primera, lógica, toda vez que del propio tenor del artículo 4 de la Ley N° 19.175, aparece que las atribuciones del Gobernador Provincial dicen relación con bienes naciones de uso público, verbi gracia, la letra c) referente a la autorización de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público.

La segunda, sistémica, pues las atribuciones de conservación de los bienes nacionales de uso público, radicadas en el Gobernador Provincial, igualmente aparecen reflejadas en tal sentido en otros cuerpos normativos, a saber: artículo 6 del D.F.L. N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 11 del D.F.L. N° 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas, otorgándoles facultades para ordenar su restitución administrativa.

Lo anterior, sumado al hecho que el propio ordenamiento jurídico, contempla un procedimiento especial para obtener la restitución de los otros bienes raíces fiscales, previsto en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en el sentido que sus ocupantes que no acrediten autorización, concesión o contrato serán reputados ocupantes ilegal, contra el cual se podrá ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las ordinarias respectivas.

Y, por último, histórica, relacionada con el procedimiento de restitución ya aludido, ya que ha sido la propia administración quien ha reconocido en el Mensaje N° 190-361, por el cual S.E. el Presidente de la República envió a la H. Cámara de Diputados, la modificación del procedimiento de restitución de bienes fiscales contendido en el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, debido a que “Si bien el espíritu de la norma anterior es otorgar al fisco un procedimiento expedito para la recuperación del patrimonio fiscal ocupado ilegalmente, en los hechos se han detectado diversas dificultades de interpretación y aplicación práctica de la misma, lo que ha redundado en abusos graves, y en ocasiones reiterados, por parte de particulares que ocupan inmuebles fiscales sin la debida autorización, muchas veces con ánimo de lucro y sin respeto a normas urbanísticas y medioambientales, causando así un grave perjuicio a un patrimonio nacional tan preciado como lo es el territorio fiscal.”. Agregando, más adelante en su mensaje que “Lo anterior, sumado a la circunstancia de tener que impetrar las acciones civiles ordinarias para obtener su restitución, impide al Fisco en estos casos hacer uso de ellos por extensos períodos de tiempo lo cual hace que la administración de los inmuebles fiscales, como el resguardo de los intereses público y fiscal se vean seriamente afectados.”.

DÉCIMOTECERO: Que, de los hechos expuestos por las partes y de las probanzas allegadas, examinadas conforme a las reglas de la sana crítica, es posible dar por acreditado los siguientes hechos:

1.- Que, la Ley N° 20.590, estableció un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, por lo cual se procedió a relocalizar a las familias propietarias de los inmuebles ubicados en las villas Los Laureles, El Amanecer y el Solar, denominadas por sus permisos de construcción como nombre reservado, II, III, III segunda etapa, IV, V y VII de la ciudad de Arica, las cuales se encuentran dentro de los márgenes de mayor contaminación con polimetales.

2.- Que, con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de relocalización, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, la viviendas ubicados en las villas Los Laureles, El Amanecer y el Solar, denominadas por sus permisos de construcción como nombre reservado, II, III, III segunda etapa, IV, V y VII de la ciudad de Arica, cuyo destino es su demolición, conforme lo previene el artículo 38 del Reglamento de la Ley N° 20.590.

3.- Que, en forma posterior a la adquisición de las viviendas por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, estas resultaron ocupadas, entre otros, por los recurrentes del presente recurso.

4.- Que, mediante Ordinario N° 634, de 21 de febrero de 2017, el Director (S) del SERVIU de Arica y Parinacota, solicitó al Gobernador de la Provincia de Arica, que exija administrativamente la restitución de sus inmuebles, ello ante la ocupación masiva e irregular por terceros de difícil individualización.

5.- Que, el Gobernador Provincial de Arica, el 22 de febrero de 2017, dictó la Resolución Exenta N° 39, ordenando el desalojo de los bienes fiscales del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, localizados en el sector denominado villa El Solar, nombre reservado, de esta ciudad.

DÉCIMOCUARTO: Que, atendido el marco jurídico reseñado -en síntesis- en los considerandos séptimo a duodécimo, aparece que la decisión del Gobernador Provincial de Arica, en orden a decretar el desalojo de los inmuebles fiscales resulta ilegal, pues aparece un hecho pacífico que los inmuebles, cuya restitución se ha solicitado, poseen la naturaleza jurídica de bien fiscal, debiendo proceder, en cuanto a su restitución conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y, en consecuencia, el Gobernador se encontraba impedido de ejercer la atribución contenida en la letra h), del inciso segundo del artículo 4 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, más aún cuando, implícitamente se funda en la atribución derogada del artículo 26 letra f) del D.F.L. N° 22, de 1959, del Ministerio de Hacienda, conforme a lo razonado en el motivo octavo.

En efecto, aceptar la tesis de la recurrida significaría que lo dispuesto en el artículo 19 del citado decreto Ley carezca de sentido, siendo letra muerta, puesto que el Gobernador tendría facultades para resolver, por sí y ante sí, el desalojo de un bien fiscal, tanto si se trata de la toma ilegal de una calle, carretera, como de una casa u otra situación cualquiera.

DÉCIMOQUINTO: Que, el hecho ilegal atribuido al Gobernador Provincial importa para los particulares un juzgamiento por un órgano distinto del tribunal que señala la ley para dirimir una controversia, vulnerándose de este modo la garantía constitucional consagrada en el inciso quinto del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo tal que la presente acción será acogida.

A mayor abundamiento, la decisión planteada, sin interponer las acciones legales que el propio Decreto Ley N° 1939 establece u otras que estimen pertinente, ejerciéndose, consecuencialmente, una potestad que no se encuentra prevista para la situación denunciada en autos, trae como consecuencia que se ha adjudicado para sí funciones jurisdiccionales, recurriendo a la autotutela, la que se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, ello sin perjuicio de extralimitarse en la mismas conforme lo previenen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMOSEXTO: Que, por otro lado, de los hechos expuestos no aparece acto ilegal o arbitrario alguna que reprochar a Carabineros de Chile, de modo tal, que la presente acción será rechazada a su respecto.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se acoge el recurso de protección interpuesto por el letrado Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don nombre reservado, a favor de los recurrentes ya individualizados, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 39, de 22 de febrero de 2017, del Gobernador Provincial de Arica, debiendo, en consecuencia, la autoridad administrativa ejercer las acciones civiles respectivas a fin de obtener la recuperación de los inmuebles fiscales del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, localizados en el sector denominado villa El Solar, nombre reservado, de esta ciudad.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 118-2017 Protección.

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