nombre reservado con BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SA

Arica, cinco de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece, bajo el N° Protección 114-2021 de esta Corte de Apelaciones, doña nombre reservado, environmental scientist y agricultora natural ancestral independiente, don nombre reservado, agricultor natural ancestral independiente y don nombre reservado, técnico de nivel superior en mecánica y electricidad automotriz; todos ellos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, e interponen recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de Arica y Parinacota, representada legalmente por don nombre reservado; de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota, representada legalmente por doña nombre reservado; de Remavesa Ingeniería y Construcción, representada legalmente por don nombre reservado; y de Bogado Ingenieros Consultores SpA, representada legalmente por don nombre reservado.

A su turno comparece bajo el N° Protección 118-2021 de esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sede Arica y Parinacota, mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don nombre reservado, actuando en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, corporación autónoma de derecho público, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1° y siguientes de la Ley N° 20.405, que crea la entidad, y en particular lo señalado en el artículo 2° inciso primero y artículo 3° N° 5 de la referida ley, deduciendo Recurso de Protección en favor de las personas que habitan el sector Alto Copaquilla, comuna de Putre, de esta región, el que dirige en contra del Ministerio de Obras Públicas, representado por don Alfredo Moreno Charme, del Ministerio del Medio Ambiente, representado doña nombre reservado, y del Ministerio de Salud, representado por don nombre reservado; todos por vulnerar los derechos constitucionales de las personas que habitan el lugar, particularmente de nombre reservado, Traquela nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos miembros de la nombre reservado, domiciliados en el sector rural de Putre; de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado; miembros de la Comunidad Indígena Trigo Pampa, Copaquilla; de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y miembros del grupo familiar de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Cristaria nombre reservado, nombre reservado, Alaya nombre reservado, A.A.A.T, nombre reservado, Axelia nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos domiciliados en pueblo de Mallku, km 88, ruta CH-11 Alto de Copaquilla; de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, domiciliados en el poblado de Copaquilla; y de nombre reservado, domiciliado en el pueblo de Socoroma; quienes han visto afectados su derecho a la vida, integridad física y psíquica, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, establecidos en el artículo 19, numerales 1 y 8 respectivamente, de la Constitución Política del Estado.

Finalmente, comparecen bajo el N° Protección 120-2021 de esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, aymara - chilena, domiciliada en Putre, Consejera Nacional Aymara Mallkus y T'allas de la comuna de Putre; nombre reservado nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado; y, don nombre reservado, domiciliado en esta ciudad, e interpusieron recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Secretaría Ministerial Regional de Obras Públicas, de la Región de Arica y Parinacota, representada por el Seremi don Guillermo Beretta Riquelme, por la omisión ilegal que le cabe en la extracción de los residuos (relaves) mineros de la explotación minera de la mina Choquelimpie ubicados en Alto Copaquilla (ex planta PROMEL).

Por resolución de 26 de abril del año en curso el recurso N° 120-2021 se ordenó acumular al N° 118-2021, y con fecha 10 de mayo pasado, éste último se ordenó acumular al N° 114-2021, conforme lo dispone el numeral 13 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al Recurso de protección N° 114-2021, deducido por los señores nombre reservado, nombre reservado y Santos, estiman que las recurridas, Seremías del Medio Ambiente y de Salud, Remavesa Ingeniería y Construcción y Bogado Ingenieros Consultores SpA, han incurrido en actos arbitrarios e ilegales que han perturbado y amenazado gravemente la salud de los recurrentes y de la población en general de la Región de Arica y Parinacota amenazando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sostienen los recurrentes formar parte de una Red Comunitaria Defensores de la Vida Arica-Parinacota, en vías de constituirse legalmente, y que tiene como misión y objetivo principal defender, proteger y cuidar el territorio y la Pachamama, amenazada y vulnerada por el progreso institucional, al igual que la dinámica de su territorio ancestral, basada en la transhumancia, donde ancestralmente se transitaba libremente por los distintos pisos ecológicos: altiplano, precordillera, valles y costa.

Indican que el pasado 24 de marzo del año en curso, en el contexto del contrato de construcción del tramo Km. 76 al Km. 88 de la ruta 11-CH (carretera internacional Arica-Bolivia) entre REMAVESA S.A. y la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, las empresas REMAVESA S.A. y BOGADO SpA cometieron un atentado premeditado y planificado, que atenta contra la salud pública y la vida, consistente en la extracción ilegal de aproximadamente 10 camionadas de residuos mineros tóxicos (relaves) del abandonado Pasivo Ambiental de Alto Copaquilla para ser reutilizados, como empréstito, en la puesta de la nueva carpeta asfáltica de la ruta 11-CH, estimando la extracción de aproximadamente entre 200 y 300 toneladas, sin ninguna medida de resguardo.

Añaden que el Ingeniero Ambiental de REMAVESA, nombre reservado, al ser consultado, sólo se refirió a que se trataba de extraer dichos residuos para “muestras”, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, dado que dicho proyecto no ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental.

Explican que en enero del 2021, le empresa contó con un denominado “Informe Análisis Químico SQC-63940”, que concluyó, en su página 13, “que el residuo analizado no presenta características de peligrosidad”, lo que escapa totalmente la realidad de Alto Copaquilla y de la región, respondiendo el MOP que no todos los proyectos pasan por dicha calificación, principalmente porque su departamento ambiental asesora y revisa el Plan de Manejo Integral que las empresas contratistas deben presentar a la Dirección de Vialidad para dar cumplimiento con la normativa ambiental vigente, el que no les ha sido facilitado a los recurrentes.

Por otro lado, describen que el abandonado pasivo ambiental de Alto Copaquilla es un sector de aproximadamente 16 hectáreas donde se han estado acopiando más de un millón de toneladas de residuos mineros tóxicos (relaves), por décadas, provenientes de las operaciones industriales de la mina Choquelimpie y PROMEL, empresa que importó también residuos mineros tóxicos (relaves) de la minera sueca Boliden a la comuna de Arica. Actualmente, según la información proporcionada por SERNAGEOMIN, la empresa que figura a cargo de los residuos de Alto Copaquilla es la Compañía Contractual Minera Los Andes, RUT RUT reservado, División Exploración CODELCO Chile.

Arguyen que en 1998, se constituyó la Comisión Técnica Especial Copaquilla para revisar el caso, que indicó varias acciones urgentes de desarrollar, cuestión que no se realizó hasta que el año 2013 intervino la Contraloría General de la República, que mediante el Informe de Investigación Especial No.3, recomendó a todos los organismos públicos que integraban la mencionada Comisión, dar cumplimiento a las acciones comprometidas.

Refieren además, que durante 2013, doce personas y la Ilustre Municipalidad de Putre interpusieron una demanda por daño ambiental en contra del Ministerio de Medio Ambiente, concluyendo el Segundo Tribunal Ambiental, en su fallo del 2015, que los demandantes no lograron acreditar el daño ambiental, pero realizando varias consideraciones finales, como relevar la sostenida y persistente inquietud ciudadana sobre el problema, destacando la excesiva dilación institucional, y la necesidad de identificar los peligros que revisten estos residuos, determinar su estabilidad física y química, identificando las medidas que se deben implementar para mitigar los riesgos, dados los altos niveles de metales que sobrepasan la norma chilena N° 1333/78 en muestras de agua almacenada en piscinas para riego, en pozos y estanques para consumo humano.

Finalmente, realizan consideraciones relativas a la desidia estatal, estimando que se ha convertido a la región en una zona de sacrificio, y en la negligencia del Sistema de Evaluación Ambiental.

Destacan en consecuencia, los actos cometidos por las empresas recurridas y las omisiones de las instituciones públicas respecto de las que también recurren, omisión constituida en el actuar indebido y contrario a la Constitución y a la Ley N° 19.300, y que hasta la fecha de presentación del recurso, ninguna autoridad encargada de la zona ha decretado medidas para mejorar las condiciones ambientales de la comuna.

Piden acoger el recurso y restablecer el imperio del derecho, ordenando el cese los actos contaminantes.

En cuanto al Recurso de protección N° 118-2021, deducido por el INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en favor de las personas que señaló, lo contextualiza describiendo que el año 1980, la Empresa Procesadora de Metales Limitada (PROMEL), fue autorizada por las autoridades de la época para explotar un yacimiento aurífero denominado Mina Vilacollo, en el cerro Choquelimpie, comuna de Putre, ubicado en un área silvestre protegida, proceso minero que consistía en la extracción del mineral y su posterior traslado fuera de dicha área, para su procesamiento en la Planta Pukara, de propiedad de la misma empresa, la cual se ubicaba en Alto Copaquilla, aproximadamente a 100 km. al este de la ciudad de Arica, a un costado de la ruta internacional 11-CH, donde se trataban minerales auro-argentíferos por cianuración.

Reseña que la planta funcionó hasta el año 1989, siendo posteriormente desmantelada, quedando en el sector cerca de dos millones de toneladas de desechos mineros, envases de productos tóxicos y residuos minerales, principalmente ripios de lixiviación y relaves (material fino) distribuidos desordenadamente en un terreno de, aproximadamente, 16 hectáreas.

Indica que el Estado ha actuado a través de las siguientes vías:

1.- Tras 10 años desde el cierre, se constituyó por primera vez una Comisión Técnica Especial integrada por el Gobierno Regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Medio Ambiente, Salud, SAG, DGA y SERNAGEOMIN con el objetivo de abordar la contaminación en el sector, la que arribó a varias conclusiones, e indicó acciones urgentes a desarrollar. Sin embargo, tras 15 años, la mayoría de ellas no se cumplieron.

2.- En 2013, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Investigación Especial N°3, recomendando a todos los organismos públicos, que integraban la Comisión Técnica de Copaquilla, dar cumplimiento a las acciones comprometidas que hasta esa fecha se encontraban pendientes.

Luego, el 27 de junio del 2013, doce personas en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Putre, interpusieron una demanda por daño ambiental contra el Ministerio del Medio Ambiente. En dicho procedimiento, seguido ante el Segundo Tribunal Ambiental, si bien las comunidades indígenas no lograron acreditar el daño ambiental, y por ende fue rechazada la acción, el órgano jurisdiccional pudo determinar situaciones que podrían configurar responsabilidades de órganos del Estado, e identificó la subsistencia de un conjunto de riesgos relacionados tanto a los residuos mineros mismos, como otras fuentes, efectuando recomendaciones de seguridad, y finalmente concluye su convencimiento que la prolongada situación de abandono de residuos minerales potencialmente de grave toxicidad, en Altos de Copaquilla “no será superada efectivamente mientras las autoridades administrativas y políticas regionales no adopten urgentemente decisiones conducentes de las iniciativas sectoriales como especialmente a la ejecución inmediata de las medidas identificadas reiteradamente en estudios de los organismos públicos con competencias sectoriales (…) ” (Considerando cuadragésimo séptimo).

4.- Por su parte, el Gobierno Regional licitó la contratación de la ejecución del estudio denominado “Análisis nombre reservado – Código BIP N°RUT reservado”, a raíz de lo ordenado por la Contraloría y siguiendo las recomendaciones de la sentencia, adjudicado a la consultora Altoya Ltda., que entregó el informe final en enero de 2018, destacando entre sus hallazgos más importantes la exposición aguda que se traduce en la posible ingesta de residuos en el sitio de emplazamiento de los residuos mineros abandonados, proponiendo un plan de acción, que contempla entre sus medidas la de reducir el área donde se localizan e implementar medidas de prevención como informar sobre los riesgos existentes, mediante señaléticas que adviertan sobre su peligrosidad, la prohibición de transitar por el lugar y de manipular dichos residuos.

5.- Finalmente, expone que el conflicto de los residuos se encuentra documentado en el “Mapa de Conflictos Socio Ambientales” del INDH, se trata de un conflicto en estado latente.

En cuanto a los hechos que motivan el recurso, describen que desde el mes de diciembre de 2020 la empresa privada REMAVESA S.A., comenzó a realizar trabajos de mejoramiento de la ruta CH-11 para la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, desde el km. 76 hasta el km. 88 aproximadamente, y el día 24 de marzo de 2021, entre las 9:00 y 19:00 horas, los pobladores del sector pudieron observar cómo camiones de la empresa ingresaron al sector de acopio de los residuos mineros de Copaquilla y usando una pala mecánica removieron y extrajeron parte de estos residuos en diez camiones, contenedores cada uno de veinte cubos aproximadamente lo que implicó la extracción de aproximadamente quince toneladas de residuos, extracción que no se encuentra autorizada ambientalmente y se realizó destruyendo los acopios de material lixiviado, removiéndolos con maquinaria pesada, sin ninguna medida de protección para evitar que tanto las personas que trabajaron en ese proceso, como los vecinos del sector fueran afectados por la dispersión de polvo tóxico. Acto seguido dichos estériles fueron cargados a los camiones tolva, sin contar con toldos, protecciones u otras medidas de mitigación para su adecuado traslado, el que se habría realizado con la presunta finalidad de ser utilizados como materia prima para las obras de mejora de la vialidad del sector Ruta 11 CH, originando varias denuncias ciudadanas de las que se da cuenta en el recurso.

Estiman vulnerados los derechos a la vida, integridad física y psíquica, y medio ambiente libre de contaminación, consagrados en la Constitución Política de la República.

En cuanto al primero de ellos, debe entenderse vinculado con el derecho a la salud, contenido en el artículo 19 N° 9 de la Carta Fundamental, puesto que las personas que habitan el sector Alto de Copaquilla están constantemente expuestas a las partículas tóxicas del acopio que por dispersión o por su simple abandono afectan gravemente la salud física y mental de las personas que allí habitan, y así, de hecho, conforme las conclusiones del peritaje de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, DICTUC, encargado por el 2° Tribunal Ambiental en el acopio de residuos tóxicos y suelos aledaños, los desechos abandonados contienen altísimos niveles de metales pesados, muy por sobre el Perfil Ambiental Chileno señalado el año 1994 por la CONAMA. Estos valores indican que el Arsénico (As) en los depósitos de PROMEL está superado más de 15 veces el nivel promedio en el Perfil Ambiental; el Plomo (Pb) más de 5 veces en relación a dicho perfil; el doble para Cadmio (Cd); Zinc (Zn) más de 6 veces, y Cobre (Cu) más de 15 veces el nivel promedio nacional.

Ahora, en relación a como estos compuestos químicos afectan a la salud humana, cabe señalar que tal como ha identificado el Ministerio de Salud en diversos estudios e investigaciones, incluida la Guía Clínica: Vigilancia Biológica de la Población Expuesta a Plomo en la Comuna de Arica. Santiago: MINSAL, 2014, los metales pesados, especialmente el Plomo, pueden producir patología aguda, desarrollada rápidamente tras el contacto con una dosis alta, o crónica por exposición a dosis bajas a largo plazo.

Describen que el estudio encargado por el Ministerio del Medio Ambiente al Centro de Toxicología CITUC en octubre del año 2016, denominado “nombre reservado en la comuna de Arica por la Presencia de Polimetales” en la matriz suelo indican en relación al arsénico que “la nombre reservado debido a la presencia de polimetales en el suelo de la comuna de Arica en el periodo 2015 evidencia que el arsénico es el contaminante de interés, toda vez que su concentración en suelo se relaciona con un nivel de riesgo incremental de cáncer que se encuentra por sobre el nivel de riesgo aceptable de uno en un millón”.

Sostienen que ambos estudios MINSAL como del CITUC, indican que la presencia de metales pesados, incide en la generación de patologías agudas de las personas expuestas a dichos contaminantes, y por ende son susceptibles de afectar gravemente la vida e integridad física de las personas expuestas a estos tóxicos.

Añade que si bien, a la fecha, estos riesgos existían y eran latentes a raíz de la sola existencia del acopio tóxico, el año 2015 el 2° Tribunal Ambiental descartó que estas sustancias químicas se hubiesen desplazado -como consecuencia del viento o factores naturales como lluvias altiplánicas- en cantidades significativas para afectar a la salud humana y a los ecosistemas aledaños, o que estos residuos hayan lixiviado, generando o pudiendo generar por sí solos afectaciones a la salud, solo como consecuencia de la poca acidez (alcalinidad) de los suelos, pero además porque dicha estabilidad, se sustentó principalmente por la no intervención del acopio tóxico.

Finalmente, señala que como ha indicado el estudio SERNAGEOMIN-BGR 2006 (CGR 2016) el Pasivo Ambiental Minero, es definido como “toda faena minera cerrada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas, o para el medio ambiente, así declarado por el Servicio Nacional de Geología y Minería” y que por ende para evitar materializar el riesgo significativo para la vida o salud de las personas, estos depósitos de materiales peligros deben someterse a medidas rigurosas de seguridad minera, situación que en el caso de autos, no acontece.

Como segunda garantía afectada, aluden a la del artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, norma que vincula con lo señalado en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, sobre las normas de calidad secundarias, definidas en el artículo 2 letra ñ) como aquellas que establecen los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza.

Para el caso de los componentes antes identificados en el Pasivo Ambiental Minero de Copaquilla, - arsénico, plomo, cadmio, zinc y cobre - cabe señalar que en Chile no existe norma de calidad – ni primaria ni secundaria - para suelo; y por tanto no es posible establecer si los niveles observados en los diferentes acopios implican incumplimiento normativo. Por esa razón, y como se explicó en el apartado anterior sobre vida y salud, el 2° Tribunal Ambiental ha utilizado como parámetro para suplir la falta de normativa ambiental, y poder establecer un parámetro de las concentraciones máximas y mínimas permisibles de sustancias tóxicas en el sector de Alto Copaquilla, el Perfil Ambiental Chileno de Suelo, publicado el año 1994 por la CONAMA, y como se expuso, los valores periciados el año 2014 superan aquellas.

Refiere que para dar cumplimiento a este derecho, el Estado debe tomar las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, cuestión que, amén de no cumplirse, se trata de un conflicto que lleva décadas en el territorio de la comuna de Putre, con diferentes actuaciones del Estado; como Comisiones Especiales, demanda ante los Tribunales de Justicia, denuncia ante el Ministerio Público, Informes de la Contraloría General de la República, que aunque diversas, todas han sido ineficaces para resguardarla, inobservado el Estado de Chile las obligaciones de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, de prevención de violaciones de derechos humanos, y de supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo.

Así, la única normativa aplicable en la Región de Arica y Parinacota es la Ley N° 20.590 que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica, pero que excluye de su aplicación a la comuna de Putre, y por ende al sector de Copaquilla, desatendiendo el riesgo real e inmediato que es evidente, y además era conocido por las autoridades, atendidas las actuaciones estatales que se refieren en el recurso y que a lo largo de los años motivaron los informes y demandas del caso.

Expone el recurso, las omisiones y acciones ilegales de cada una de las recurridas, en el sentido que indica, primeramente, del MOP al no cerrar adecuadamente el actual camino público ni efectuar las obras de contención y acopio definitivo y seguro, desde la ruta CH-11 hasta el cruce con el camino a Livilcar, adoptando sólo medidas que destacan por su precariedad, como asimismo la omisión en la construcción del bypass del acopio, omisiones que atentan contra el artículo 18 de la ley DFL N° 850 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, que establece las obligaciones del MOP a través de la Dirección de Vialidad.

Enseguida, destaca que el Ministerio de Salud incurre en la omisión ilegal de no efectuar fiscalizaciones y mediciones para determinar la calidad del suelo de Altos de Copaquilla, no habiendo tomado un rol proactivo para la implementación de medidas preventivas y/o de mitigación para la contaminación y/o la posible intoxicación de la población que habita y transita por el sector, contraviniendo el Código Sanitario (artículos 72 y 73), el artículo 14 de la Ley N° 19.937 que establece las funciones de la Autoridad Sanitaria, omitiendo toda actividad fiscalizadora y sancionatoria.

Sobre las omisiones del Ministerio del Medio Ambiente, surgen ante el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, artículo 70 letras n), y t), lo que pone en peligro la salud pública, pues desde noviembre de 2012, la Seremi del Medio Ambiente asumió la coordinación de la Comisión Técnica de Copaquilla que entre sus primeras acciones acordó cerrar el paso al recinto y construir un nuevo camino que bordee el sitio donde están depositados los residuos, lo que no se ha cumplido, siendo posible fácilmente el acceso, extracción y remoción.

Pide el recurrente se activen los mecanismos de protección jurisdiccional, siendo el Poder Judicial el primer garante de los derechos de las personas, teniendo como deber el actuar eficazmente para remediar la violación, reparar a las víctimas y decretar las siguientes medidas de protección para la no ocurrencia de nuevas vulneraciones:

1. Se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las omisiones de los recurridos.

2. Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en el artículo 19 N° numerales 1 y 8, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales violados, poniendo fin a las omisiones ilegales y arbitrarias descritas con antelación respecto de las personas afectadas, particularmente solicitando que: 3.1.- Se ordene la prohibición de nuevas remociones de residuos sin previa realización de estudios pertinentes sobre impacto ambiental y a la salud de las personas que habitan en el sector. 3.2.- Se disponga implementar medidas para impedir el acceso y libre tránsito de terceros por el lugar de acopio, con el objetivo de evitar la manipulación de dichos residuos. 3.3.- Se disponga la realización de estudios de cargo de los organismos recurridos - Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente - para la identificación completa de los contaminantes que existen en el área, así como la peligrosidad para las personas que habitan en ese sector y también para el medio ambiente. 3.4.- Se ordene evaluar una metodología que de acuerdo a la recomendación del Plan de Acción (GORE) permita reducir el área en que se encuentran los nombre reservado. 3.5.- Realizar procesos informativos a la comunidad sobre los riesgos asociados a estos contaminantes, a su vez, mantener el lugar con información visible y detallada que permita comunicar el riesgo.

En cuanto al Recurso de protección N° 120-2021, deducido por los señores nombre reservado nombre reservado y nombre reservado, deducido en contra de la Secretaría Ministerial Regional de Obras Públicas, le atribuyen la omisión ilegal que le cabe en la extracción de los residuos (relaves) mineros de la explotación minera de la mina Choquelimpie ubicados en Alto Copaquilla (ex planta PROMEL).

En cuanto a los hechos que estiman constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales, y de manera similar a los demás recurrentes, aluden al acopio de desechos mineros abandonados por décadas en el sector como pasivo ambiental.

Añaden a lo referido por los demás actores, que en el año 2009, el MOP-Vialidad intervino el área y removió, por primera vez, el material acopiado con el objeto de hacer el mejoramiento de la huella de ingreso a la localidad de Livilcar, atravesando el relave por la mitad, denunciándose esta situación a la Fiscalía local de Arica, la cual se declaró incompetente para conocer.

Aluden, además, a la denuncia de 27 de junio del 2013, ingresada al Segundo Tribunal Ambiental, destacando las consideraciones vertidas en la sentencia, pese al rechazo de la misma.

Refieren como hecho que funda su recurso, el relativo a la extracción de material realizada con maquinaria pesada el día 24 de marzo último, sin medida de seguridad alguna, con riesgo de contaminación latente, Luego, el 7 de abril recién pasado, la autoridad informó a través de un medio virtual bajo el título de: “Vialidad aclaró situación de extracción de áridos en ruta internacional Arica – Tambo Quemado, que “el inspector fiscal de obras pudo comprobar que la empresa realizó una extracción de áridos del sector, para pruebas de laboratorio, sin autorización alguna, material que fue depositado en sector de la planta de acopio de la instalación de faena”. Agregando que “en la actualidad no hay un metro cúbico de material colocado en la obra en desarrollo, destacando que ese material, será retornado a su lugar de origen”, finalizando el comunicado en el sentido que “en estos momentos hay un equipo de trabajo –en terreno- de la Dirección Nacional de Vialidad del MOP, constatando que dicho material sea devuelto a la brevedad, en coordinación y resguardo con la autoridad ambiental de la región”.

Según afirmó Vialidad, los antecedentes habrían sido puestos en conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y que el hecho constituía “una imprudencia” de la empresa a cargo de las obras.

Agregan a lo señalado, que en la visita realizada en el terreno, el día 13 de abril de 2021, por diversas autoridades regionales y locales, se tomó conocimiento de la efectividad de la denuncia, pudiendo observarse parte del material extraído, cubierto con plástico corriente sin mayor precaución, y sin certeza de que fuera el único acopio.

Sostienen que esta situación ha sido favorecida por la autoridad, al no cumplir su deber de cuidado, ni seguir las medidas de mitigación de este riesgo, las que transcriben y se encuentran en el Informe final: “ANÁLISIS nombre reservado – CÓDIGO BIP Nº RUT reservado”. Gobierno Regional, 2018, págs. 117-118, el que citan y, aseveran, no fueron consideradas ni implementadas por quien correspondía a pesar de que el citado informe fue encargado por el Gobierno Regional.

Consideran vulneradas las garantías establecidas en los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución, en forma de amenaza a las mismas, tanto a la población que reside en el sector, a los trabajadores de la empresa constructora por contacto con el material extraído y, eventualmente, quienes accedan al sector desconociendo los riesgos para la salud que ello significa, sin considerar una posible contaminación por dispersión del material o la alteración del acopio que pudiera alcanzar fuentes fluviales, suelo, etc.

Piden como medidas para restablecer el imperio del derecho, pedir a la recurrida informe sobre la efectividad y alcance de la extracción de material de relave acopiado en Alto Copaquilla, realizadas en la ejecución de los trabajos de la empresa constructora Remavesa S.A. y Bogado SPA, sobre las medidas adoptadas y cómo éstas han sido informadas o solicitadas, según sea el caso, a otros órganos con competencia en la materia; cómo dicha repartición, en lo que le compete, ha dado cumplimiento a la implementación del plan de acción, resultado del estudio básico "Análisis nombre reservado matrices Copaquilla" código BIP RUT reservado; si se ha solicitado, por una parte, estudios o evaluaciones de la estabilidad fisicoquímica del lugar de acopio, tras la extracción de material de relave y, por la otra, si se ha evaluado la factibilidad técnica de devolver al mismo lugar dicho material y, de ser así, qué protocolos y asistencia técnica especializada se ha contemplado para su implementación.

En el orden de sus presentaciones, conforme se aprecia de la carpeta electrónica, informaron a folio N°30, la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota; a folio N°36, en forma conjunta, el Ministerio del Medio Ambiente y la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Arica y Parinacota; a folio N° 38, la SEREMI de Obras Públicas de esta Región; a folio N°39, la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas; a folio N°42, REMAVESA S.A; a folio N°47 el Ministerio de Salud, y a folio N°51, BOGADO Ingenieros Consultores SpA.

Además, y dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tramitadora; a folio N° 67 el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN contestó el oficio que se le dirigiera.

Informó por la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, a folio N°30, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud, quien precisó que el hecho que motiva el recurso es el retiro de 14 metros cúbicos de residuos mineros, desde el Sector Alto Copaquilla, realizado con fecha 24 de marzo del año en curso por la empresa REMAVESA, sin autorización, para trasladarlos hacia la planta de materiales de dicha empresa, emplazada a más de 10 kilómetros de distancia de Copaquilla.

Añade que se realizó una visita inspectiva el día 7 de abril del año en curso por funcionarios de Vialidad, y Seremías de Medio Ambiente y Salud, quienes inspeccionaron el sector de extracción de los ripios de Alto Copaquilla, así como la planta de materiales de la empresa señalada, constatando que los residuos extraídos se mantenían aislados, tapados para evitar su dispersión eólica, con barreras y señalética, sin comprobarse reutilización de los mismos, por impedirlo la Superintendencia de Medio Ambiente. Además se constató que la vivienda más cercana al punto de extracción se ubica a cerca de un kilómetro. Las huellas dejadas por el camión que retiró los residuos, aún subsistían, petrificadas.

Explica que, además, se constató que el sector mantiene tres áreas de acopio, distinguidas por su granulometría y riesgo que representa cada una, la primera acopia el material de mayor volumen, rocas; la segunda, material chancado tipo gravilla, no susceptible de arrastre eólico; y, la tercera, sector de piscina de lixiviación, que incluye material cianurado, producto del tratamiento de los ripios y que contienen analitos como arsénico, plomo y zinc.

Destaca que la extracción se efectuó únicamente en la segunda área en mención, que conforme su caracterización no implica peligrosidad de residuos extraídos, pues a diferencia de lo que señala el recurrente, son inertes e inclusive alcalinos, de modo que mientras su estado químico se mantiene, no revisten una fuente de posible daño a las personas, salvo que sean ingeridos. Resalta además lo señalado por el 2° Tribunal Ambiental, la dispersión eólica de toda la faena en su conjunto, que supera el millón de toneladas, no es suficiente para provocar daños en la salud, menos el retiro de catorce metros cúbicos.

Precisa que lo expresado por el Tribunal Ambiental fueron recomendaciones, ya que la demanda fue desestimada, y alude a las conclusiones contenidas en el Informe Final de 15 de diciembre de 2014 realizado por el Laboratorio Tecnológico Avanzado para la Minería DICTUC, denominado “Muestreo y Análisis Químico de Residuos y Matrices Ambientales del Sector Altos de Copaquilla, Región de Arica y Parinacota, Septiembre 2014”, encomendado por el mismo tribunal en su oportunidad, y que refieren a que las muestras obtenidas no presentan la característica de toxicidad por lixiviación, es decir, no liberan metales tóxicos al medio ambiente; y, que los niveles de pH, tanto de suelos como de residuos, indican que el material contiene materiales alcalinos que aportan capacidad neutralizadora en caso de generación ácida interna.

Alude a que las restantes consideraciones que efectúan los recurrentes, esto es, declarar el sector como zona saturada o latente, es una materia de competencia del Ministerio del Medio Ambiente, así como el ingreso de un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, competencia del Servicio de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio.

En consecuencia, y teniendo presente que se encuentra descartado el riesgo para la salud de las personas, y que el recurso no atribuye a la SEREMI hechos o conductas que se traduzcan en la conculcación de garantías, pide el rechazo del recurso a su respecto.

Informó a folio N°36, don nombre reservado, Subsecretario del Medio Ambiente en forma conjunta por el Ministerio del Medio Ambiente y la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Arica y Parinacota.

Explica que desde 1980, en la Planta Pukará, de propiedad de PROMEL, ubicada en Alto Copaquilla, se procesaba el mineral extraído del yacimiento aurífero denominado Mina Vilacollo, la que habría funcionado hasta el año 1989. Conforme al Informe Técnico “Ripios de Copaquilla” del año 2013, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, con participación de la SEREMI del Medio Ambiente de esta Región, desde dicha fecha habrían quedado abandonados, en el sector Alto Copaquilla, RUT reservado toneladas de ripios mineros, en un terreno de 16 hectáreas, situación advertida por el Ministerio del Medio Ambiente, el que ha ejecutado, en conjunto con otros órganos de la Administración del Estado, diversas medidas, incluyendo una evaluación y análisis técnico de los riesgos a la salud de la población eventualmente expuesta, sin que existan riesgos significativos para las comunidades de Copaquilla, Trigo Pampa y Pueblo de Mallku, receptores más cercanos.

Refiere, en cuanto a los hechos acontecidos el 24 de marzo de 2021, responde que diversos habitantes del sector Alto Copaquilla habrían observado el ingreso de camiones de la empresa Remavesa, al sector de acopio de estos ripios mineros, efectuándose denuncias ciudadanas, las que, atendidas, en conformidad con las atribuciones fiscalizadoras que le fueron otorgadas por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Ley Orgánica (artículo 2 de la Ley N° 20.417), se encuentran en investigación para determinar si existió traslado de nombre reservado y si hay presencia de contaminantes fuera del sitio de acopio que pudiera significar un riesgo a la población.

En cuanto a las reparticiones que representa, y dadas las infracciones legales que se les atribuyen, del artículo 70 letra n) y del artículo 70 letras g) y t), de la Ley N° 19.300, estima que el hecho que motiva los recursos no puede calificarse como omisiones imputables a ellas, puesto que no han ejecutado la acción que se estima ilegal y arbitraria.

En un segundo orden de cosas, estima que los recursos han sido interpuestos fuera de plazo, al haber transcurrido latamente el plazo fatal de 30 días contado desde que los recurrentes tomaron conocimiento de las supuestas omisiones que imputan a esa Secretaría de Estado; ya que realmente se sostienen dichas acciones en supuestas omisiones respecto a la falta de ejecución de aquellas funciones contempladas en las letra n), g) y t) del artículo 70 la Ley N° 19.300 y, específicamente, la ausencia de un marco normativo adecuado, de modo que la fecha propuesta por los recurrentes tiene por finalidad justificar en forma artificiosa que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo, debido a que esta situación ambiental data del año 1989 y tienen conocimiento cierto al menos desde el año 2018.

Enseguida, reclama que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir las diversas alegaciones enmarcadas en la existencia de los ripios mineros abandonados, situación de extrema complejidad, que corresponde a materias que deben ser ventiladas en procedimientos administrativos y judiciales de lato conocimiento.

Se explaya sobre este punto, estimando que una solución permanente y definitiva escapa claramente de los alcances de un recurso de protección, y, de hecho el INDH ya ha ventilado en otras oportunidades situaciones de similares características mediante recursos de protección en contra del MMA, en relación a aquellas zonas que se encontrarían en una situación de vulnerabilidad ambiental, acciones rechazadas por las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones y confirmadas por la Excelentísima Corte Suprema, como ejemplifica.

Destaca, en este sentido, que con fecha 28 de junio de 2013, diversas personas naturales interpusieron en contra del MMA una demanda de reparación por daño ambiental, precisamente por la existencia de este acopio de ripios mineros abandonados en Alto Copaquilla, ante el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, causa Rol D-3-2013, el que, tras dos años de juicio, mediante sentencia de fecha 10 de abril de 2015, rechazó la demanda, la que se encuentra firma y ejecutoriada.

En consecuencia, la vía de urgencia no es la idónea para resolver esta situación histórica sobre la situación ambiental del sector Alto Copaquilla, más aún si para ello la institucionalidad contempla tanto vías judiciales como administrativas.

En cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la omisión del Ministerio en relación a las funciones establecidas en la letras n), g) y t) del artículo 70 de la Ley N° 19.300, junto con la cita de las normas, las refuta, dado que el servicio, continuamente, se encuentra desarrollando procesos de generación de normas de calidad y emisión; y planes de prevención y descontaminación; así como generar políticas, programas y planes respecto a la contaminación de suelo; e información técnica y científica sobre contaminación de suelo y, en específico, en el sector de Alto Copaquilla; dicha alegación corresponde a materias administrativas y judiciales de lato conocimiento.

Resulta claro de las omisiones imputadas al Ministerio de Medio Ambiente -la manera en que se da forma al marco normativo ambiental, la estructura del mismo y la priorización de los distintos instrumentos de gestión ambiental-, que ésta se refiere a materias contenciosas administrativas de carácter ambiental y decisiones de carácter discrecional asignadas por ley a la Secretaría de Estado.

Añade que ante la ausencia de acciones eficientes y eficaces por parte de los órganos de la Administración del Estado en el marco de sus competencias, el ordenamiento jurídico contempla expresamente la posibilidad de acudir ante la Contraloría General de la República, para que dicho organismo realice un control sobre la eventual responsabilidad de la Administración, la que efectuó una auditoría, cuyos resultados quedaron plasmados en el Informe N° 3, de 2013, denominado “Investigación especial relativo a presunta contaminación producto de desechos mineros en el sector de Copaquilla, comuna de Putre”, y que derivó a su vez en un segundo informe de seguimiento.

Adicionalmente, cabe destacar que, en conformidad al artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, y los artículo 28 y 30 de la Ley N° 19.880, los recurrentes puedan solicitar mediante presentación escrita dirigida a la Ministra y fundada en estudios científicos, económicos u otros de general reconocimiento, el inicio de la dictación de una norma de emisión, de calidad ambiental, y planes de prevención y/o descontaminación, entre otros instrumentos de gestión ambiental a cargo del MMA, cuestiones que tampoco indican o solicitan en los recursos.

Reiterando que el hecho aislado en que se funda el recurso correspondería a la acción de un tercero ajeno a la Administración del Estado, alega que existe una confusión sobre los hechos denunciados, la responsabilidad sobre los mismos, y los roles, funciones y competencias de los diversos Servicios Públicos que componen los órganos de la Administración.

Sin embargo, afirma que, en el ejercicio y pleno funcionamiento de la institucionalidad ambiental vigente, la SMA como entidad fiscalizadora en materia ambiental se encuentra investigando si hubo utilización de ripios mineros por parte de Remavesa, y está actualmente elaborando el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental asociado a este caso (Expediente “DFZ-2021-681-XV-RCA RUTA 11 CH”), el cual analizará todos los antecedentes recopilados durante las actividades de fiscalización ambiental, para luego determinar si existe o no alguna infracción a algún instrumento de gestión ambiental, informando el día 27 de abril del presente año, el Superintendente del Medio Ambiente a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado sobre el avance de esta fiscalización.

En tal entendido y sosteniendo que los recurrentes no indican en forma precisa y concreta cómo se están viendo privados, perturbados o amenazados los derechos que reclaman, así como a la falta de vínculo de causalidad entre la acción y/u omisión ilegal o arbitraria y el resultado agraviante, esto es, la vulneración de garantías constitucionales, recalcando los resultados del estudio denominado “Análisis nombre reservado matrices Copaquilla”, elaborado por la consultora UTP Altoya-Brand el año 2018, que descarta riesgos significativos para las comunidades aledañas al sector, reflexionando acerca de que ninguno de los recurrentes del Recurso 114-2021, son habitantes de la comuna de Putre.

En consecuencia, y estimando que el recurso no tiene un objeto útil respecto del Ministerio que representa, ya que, además, el MMA suscribió con el Gobierno Regional Arica y Parinacota el año 2015 un Convenio de Colaboración para la ejecución del “Análisis de nombre reservado”, cuyo Informe Final, identifica en forma completa los contaminantes que existen en el sector de Copaquilla, así como los riesgos para las personas que habitan en ese sector y también para el medio ambiente, cuyos resultados, fueron debidamente expuestos y compartidos a la comunidad por la consultora que lo desarrolló, a través de la realización de un taller y un seminario, los días 25 y 26 de enero de 2018, respectivamente, abiertos a toda la comunidad, a través de la invitación directa a los vecinos del sector.

Que, adicionalmente, el estudio se encuentra disponible a todo público en forma permanente a través de la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Ambiental (“SINIA”) del MMA (https://sinia.mma.gob.cl/), resultando claro que lo solicitado por el INDH en relación a las competencias del MMA, ya se ha cumplido voluntariamente por esa Secretaría de Estado.

Que, por su parte, los recursos de protección de autos, imputan al MMA omisiones sobre la falta de ejecución de las atribuciones establecidas en el artículo 70 de la Ley N° 19.300, Que, todo lo anterior, significaría por parte del MMA no haber adoptado un marco normativo adecuado, y cuya supuesta omisión habría conculcado garantías fundamentales de los recurrentes, detallando en el informe algunas de las diversas acciones que ha desplegado el MMA en el marco de dichas competencias (i) Política Nacional para la Gestión de Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes, definida el año 2009, con un enfoque correctivo y territorial, bajo el cual se aborda la problemática de suelos contaminados de manera integral y cuyo objetivo principal considera el proveer la base de información para un Sistema de Gestión de Sitios Contaminados, que permita reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En el año 2012, y considerando los resultados del estudio, el MMA desarrolló un instrumento denominado “Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes”, aprobado mediante la Resolución Exenta N° 406, de 2013, guía que expone, de manera práctica, los principales procedimientos a considerar en la gestión de suelos con presencia de contaminantes, en base a los principios de la evaluación de riesgo ambiental y ecológico, describiendo a continuación los detalles de la guía.

(ii) Implementación de la Política Nacional y la Guía Metodológica para la Gestión de SPPC en Alto Copaquilla. El año 2017 el MMA a través de la licitación mercado público N°608897-23-LE17 encargó el estudio “Evaluación confirmatoria sitio-específico del riesgo ambiental en sitios con potencial presencia de contaminantes en la región de Arica y Parinacota”, desarrollado por IDEAMBIENTE, para determinar la presencia de contaminantes en los sitios “Ex Faenas Sector F (Sitio F y PROMEL)” ubicados en la Región de Arica y Parinacota.

En este marco, y como se ha mencionado, el Gobierno Regional en conjunto con la SEREMI del Medio Ambiente, encargó el estudio “Análisis de nombre reservado”, y resultado de éste fue que “Como conclusión final, no existe ruta para el traslado de contaminantes que puedan afectar a las comunidades de Copaquilla, Trigo Pampa y Pueblo de Mallku” (p. 74, punto 6.8 “Conclusiones”). “El análisis de la caracterización química realizada, permitió descartar las eventuales rutas de transporte de elementos nocivos desde el SPPC hacia los potenciales receptores. Por lo que, de acuerdo al Modelo Conceptual desarrollado, ninguna de las matrices ambientales del territorio en que se localizan las comunidades se ve afectada en forma significativa por la presencia del SPPC en estudio”

En la misma línea, se indicó que “Con el objeto de establecer la o las Zonas de Riesgo por la presencia de los residuos mineros se aplicó la metodología propuesta en el “nombre reservado de Faenas Mineras Abandonadas o Paralizadas (FMA/P)” (Golder Associates, SERNAGEOMIN, 2008), la que concluyó que no hay riesgos significativos para las comunidades de Copaquilla, Trigo Pampa y Pueblo de Mallku y que la única zona que requiere de un análisis detallado para establecer los reales riesgos para la salud de las personas es en la zona en que estos se encuentran presentes” (p.10)

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de llevar adelante una gestión del sitio, y reducir el área en que se encuentran los residuos y los posibles riesgos, el estudio sugiere un Plan de Acción. Que, para la ejecución del Plan de Acción, y a modo de avanzar en la gestión del financiamiento del mismo, el Gobierno Regional de la Región de Arica y Parinacota le solicitó a la SEREMI del MOP la generación de un Programa de Conservación para la implementación del mismo.

(iii) Gestiones de otros órganos de la Administración del Estado, entre los que destaca, el informe de nombre reservado Faena Minera Abandonada Copaquilla, ex Planta Pukará, ejecutado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, año 2009, el cual determinó que dicha faena no presentaba riesgos significativos por seguridad y contaminación, y por consiguiente que las instalaciones no constituían un Pasivo Ambiental Minero; el Informe de Evaluación Ambiental, sector Copaquilla, desarrollado por la SEREMI de Salud de la Región de Arica y Parinacota, año 2010, que concluye que no existe una influencia directa o aportes negativos de metales desde los acopios de minerales hasta el valle de la quebrada de Copaquilla que impacten negativamente la calidad del suelo; Informe Proyectos Mineros instalados en la Región de Arica y Parinacota, realizado por la Dirección General de Aguas, año 2012; Informe Técnico Ripios de Copaquilla, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, año 2013; Informe preliminar monitoreo de suelos con presencia de arsénico en sectores de acopio y alrededores de Trigo Pampa, localidad de Copaquilla, ejecutado por el Ministerio de Salud, año 2013, entre otros.

Pide, en consecuencia, rechazar el recurso ante la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, así como tampoco relación causal con las supuestas omisiones atribuidas al Ministerio.

Informó a folio N° 38, don Guillermo Beretta Riquelme, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Arica y Parinacota, respecto del recurso en que se le pidiera informe y que rola bajo el N° Protección 120-2021 de esta Corte de Apelaciones, estimando que no existe acto arbitrario o ilegal atribuible al Ministerio, que ha adoptado las medidas que le correspondían al servicio.

Refiere que el contrato “Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota” fue adjudicado a la empresa REMAVESA S.A. mediante Resolución TR DV N° 185 de fecha 31.12.2019, con fecha término legal al 26 de agosto de 2023. Las obras que contempla este contrato son, en términos generales, una reposición del pavimento de la ruta 11 Ch entre los kilómetros 76,6 y 88,0 para mejorar sus condiciones de seguridad, comodidad y fluidez, detallando las obras a realizar.

Adicional al contrato de obra pública, se adjudicó mediante Resolución DV N° 17, de 24 de marzo de 2019, a la consultora Bogado Ingenieros Consultores SpA el contrato de Asesoría a la Inspección fiscal del mismo proyecto, acto por el cual el Ministerio encarga a un tercero la asesoría a la Inspección Fiscal (AIF), según definición establecida en el artículo 1° de las Bases Administrativas, aprobadas mediante Resuelvo TR DGOP N° 227 de 2009.

En cuanto a la extracción de material, explica que las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación, aprobadas mediante resolución de la Dirección General de Obras Públicas N° 259, de 2009 y que forman parte integrante del contrato de obra pública, establecen en su punto N° 7.8, “Materiales Para La Obra”, lo siguiente: “Los materiales que se empleen en la obra deberán cumplir con lo establecido en el artículo 144 del Reglamento. Antes de ser empleados en la obra, deberá darse aviso al Inspector Fiscal para que éste, vistos los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

Conforme a lo anterior, la empresa contratista deberá obtener por su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la obra, los que deberán estar sujetos a aprobación conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La elección del sitio de los pozos de empréstitos que servirán a la obra es de responsabilidad de la empresa contratista. La información sobre pozos o materiales que se entregan en los documentos de licitación, tendrán el carácter solamente informativo y no constituye compromiso para la Dirección.

Los pozos de empréstitos deberán ser aprobados por el inspector fiscal y, en los documentos que entregue la empresa contratista a lo momento de solicitar dicha aprobación, deberá quedar expresamente indicado que la explotación de los pozos, cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos para llegar a ellos e incluye todas las obras que resulten necesarias […]”.

Añade que el artículo 144 del Reglamento para Contratos de Obra Pública, aprobado mediante Decreto N° 75, de 2004 (RCOP) establece que: “Los materiales que se empleen en la obra deberán ser de buena calidad y provenir de las canteras o de las fábricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulación, deberá ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Antes de ser empleados en la obra deberá darse aviso al inspector fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

No obstante, si durante el período de construcción o del plazo de garantía, se comprobare que el material aceptado por el inspector fiscal ha resultado deficiente, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstituir a su costa la obra en que fue empleado.

A mayor abundamiento, la partida 210-1, de Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos del contrato, establecía que:

“Esta partida se refiere al diseño e implementación del Plan de Manejo para la apertura, explotación y abandono de empréstitos el cual debe incluir las consideraciones y criterios ambientales que se deben tener en cuenta para la localización, operación y abandono de (los) empréstitos utilizados durante la ejecución de la obra.

El plan de manejo para la apertura, explotación y abandono de empréstitos debe ser elaborado por el contratista en forma independiente para cada empréstito, de acuerdo con los requisitos y contenidos señalados en el Manual de Carreteras volumen 9. Será condición previa para el inicio de la explotación de un determinado empréstito, que su respectivo plan cuente con la aprobación de la inspección fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad. La posterior localización, operación, abandono y plazos de cada empréstito deberán ajustarse a lo especificado en dichos planes”.

Describe que la extracción de material desde un depósito de relave minero en el sector de Alto Copaquilla, efectivamente ocurrió con fecha del 24 de marzo pasado, sin participación del contrato de asesoría desarrollado por BOGADO SpA, de modo que la extracción efectuada por REMAVESA, corresponde a un muestreo del material que efectuó dicha empresa con el propósito de analizar un eventual y condicional uso de ese material en la obra. Aclara que el estudio de algún material para su utilización no requiere permiso o autorización por parte de la Dirección de Vialidad, sino que el contratista, tras efectuar el análisis respectivo, puede determinar que el material a utilizar es el adecuado, y para que se pueda utilizar en la obra, es necesario que previamente presente un Plan de Manejo, el cual si resulta ser aprobado por el Departamento de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección de Vialidad, sería finalmente aprobado por el Inspector Fiscal del contrato, y solo de esta manera y a partir de ese ese momento puede comenzar su extracción en un volumen mayor para ser utilizado, refiriendo que la Dirección de Vialidad del MOP no autorizó el uso del material extraído, no fue utilizado en la elaboración de la carpeta asfáltica, ni se ha instalado en la ruta 11 CH, respaldando esa afirmación con un extracto del Acta de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que tomó muestras con un equipo especializado (XRF) para detectar la trazabilidad del material mediante un perfil de concentración en el suelo de diversos metales denominados como “pesados”.

Indica que conforme los resultados de la fiscalización, se demuestra que el perfil del suelo analizado en el punto de extracción, solo coincide con el punto de almacenamiento transitorio de los ripios extraídos, y las tres muestras de trazas de metales pesados restantes obtenidas en planta de materiales de Remavesa, al igual que la muestra de Ruta 11 CH, no coinciden con el perfil del punto de extracción.

Por otro lado, en relación al volumen de extracción, indica que, con fecha 24 de marzo de 2021, la SMA requirió a la Dirección Regional de Vialidad los antecedentes del proyecto que consideró la extracción de material, cantidad extraída, disposición del material y medidas ambientales implementadas, así como los antecedentes de los proyectos en que trabaja la empresa REMAVESA, detallando áreas de trabajo, permisos ambientales, cronogramas de actividades, insumos utilizados, entre otros.

Al respecto, la DRV, mediante ORD. N° 519, de 9 de abril de 2021, contestó el requerimiento de información formulado, acompañando una minuta con los antecedentes del sitio de extracción, el que junto con la ubicación geográfica, expone que según lo declarado por Remavesa S.A., la extracción de material fue de 14 m3, aun cuando está en desarrollo una pericia topográfica, para la validación de dicho volumen, como medidas ambientales la aplicación de agua en la zona de extracción (humectación), a fin de minimizar el levantamiento de material particulado, entre otros, y como disposición final el reintegro al lugar de extracción cuando se determine. Actualmente a la espera de autorización para el traslado a lugar de origen, mientras tanto el material se encuentra protegido de condiciones climáticas en la planta de producción de materiales.

Añade, que el inspector fiscal informó internamente que la empresa contratista realizó la extracción de 1 (un) camión cargado con material desde el punto en cuestión, esto es, alrededor de 14 m3; el cual fue depositado en sector de planta de materiales (Ruta 11 CH, km 94.450 faja derecha) para posterior análisis de laboratorio vial, en relación a desgaste de material.

Posteriormente, con fecha 25 de marzo, y en presencia de la encargada UGAT, nombre reservado.; el prevencionista de riesgos, Carlos Díaz G., ambos profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y el Inspector Fiscal del contrato, Hernán Morales, se visitó el sector de depósito del material extraído (área de acopio planta de materiales), en donde se observó un montículo de material con granulometría pareja y además presencia de otra capa de material -de idéntico color- bajo esta, el cual posee características de polvo roca.

Luego se realizó una visita al punto de extracción de material, en donde se evidenció extracción a través de medio mecanizado. La superficie afecta a extracción es de alrededor de 764 m2, según levantamiento en terreno.

Añade que, con fecha 7 de mayo de 2021, la Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato, elaboró el documento denominado “Minuta/AIF/R11CZ/07may21 Ver. 00”. En este documento, se efectúa una estimación del volumen en la zona de extracción, de un 20% más del volumen medido en acopio de las instalaciones (derivados de pérdidas por carguío, traslado y descarga), esto es un aproximado de 30 m3.

Por otro lado, se presentó al Inspector Fiscal del contrato un “Informe de Análisis Químico”, encargado por empresa Remavesa S.A. de fecha 11 de febrero de 2021, respecto al material depositado en sector de acopio de Copaquilla. La muestra fue obtenida por la empresa contratista y posteriormente enviada a CESMEC para análisis de conformidad a las normas del D.S N° 148/2003, del MINSAL, que “Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de nombre reservado”, para los siguientes parámetros: toxicidad aguda y/o crónica (especies de interés toxicológico), toxicidad extrínseca (constituyentes orgánicos e inorgánicos), reactividad (generación de gases tóxicos), inflamabilidad (tasa de propagación de llama) y corrosividad (tasa de corrosión y pH).

La conclusión de dicho informe es que los valores obtenidos para los ensayos específicos se encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del D.S N° 148/2003. Por lo anterior, el residuo analizado no presenta características de peligrosidad.

La peligrosidad de un residuo aparece descrita en el artículo 3° del citado D.S N° 148/2003, como la posibilidad de que se genere un riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de las características señaladas en el artículo 11 del mismo reglamento. Al determinarse que los residuos extraídos y analizados no presentan tales características, entiende que no se configura un riesgo para la salud pública, ni presenta o genera efectos adversos al medio ambiente.

Con todo, indica que ante el accionar, al menos irregular, del contratista, en forma inmediata y con fecha 24 de marzo de 2021, el inspector fiscal dio la instrucción al residente de la constructora de paralizar la actividad de extracción en cuestión y de los movimientos de material en el área de faenas donde quedó el volumen que se alcanzó a sacar.

Señala que los residuos fueron retirados el día 11 de mayo de 2021, conforme consta en Comprobante de retiro de Residuos, otorgado por la empresa Vía Limpia, que trasladó el material hasta el “Centro de residuos de Manejo Integral de Residuos Zona Norte”, además de Declaración de nombre reservado generada a través de Sistema Sectorial SIDREP, de la Ventanilla Única del Ministerio de Medio Ambiente, Folio N° 1160299, con estatus Cerrado, lo cual establece que los residuos fueron recepcionados por Hidronor Chile S.A., con fecha 13 de mayo de 2021 a las 09.36 AM, para su disposición final.

En relación a esto, el retiro incluyó la remoción adicional del 30 cm del suelo subyacente del acopio de residuos mineros según recomendación contenida en el punto 5 del Ord. AyP N° 83/2021 de fecha 16 de abril de la SMA a Remavesa S.A.

En cuanto a la imputación al Ministerio sobre falta al deber de cuidado, que habría facilitado la actitud, a lo menos imprudente, de la empresa constructora, y en lo relativo a las medidas de mitigación establecidas en el informe final “Análisis nombre reservado matrices Copaquilla", cuyas medidas sugeridas incumben a diversos servicios y no son en su totalidad competencias del Ministerio.

Añade y acota, que el mismo día 25 de marzo el Inspector Fiscal de Obras y personal de la Seremía, concurrieron a terreno, visitaron el sector de depósito del material extraído (área de acopio planta de materiales), en donde se observó un montículo de material con granulometría pareja y además presencia de otra capa de material, lo cual fue materia de informe de fecha 25 de marzo de 2021. Así también, y en forma paralela, la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme sus competencias, a través de Ord. N° 83/2021 de fecha 16 de abril de 2021, remitió a REMAVESA, las recomendaciones para tratar la situación.

Además, el MOP, ha prestado colaboración en todas las mesas regionales de trabajo sobre el tema, a través de su Direcciones Regionales que podrían tener atribuciones y aportar a la mitigación del problema (Dirección Regional de Vialidad y Dirección Regional de Aguas). En ese marco, a partir del año 2012 la Dirección Regional de Vialidad, asumió el compromiso de desarrollar un trazado de bypass al sitio de acopio de forma definitiva, logrando consolidar un camino que va desde la ruta 11CH hasta Livilcar, alcanzado una longitud de 31 km. bajo el identificador Ruta S/R-A-193, aportando a los usuarios de la ruta un tránsito seguro en términos viales y fuera de los riesgos denunciados por focos de contaminación, y, sin perjuicio, la Dirección Regional de Vialidad está preparando una solución definitiva para esta ruta, la cual cumple lo requerido en el aludido “Plan de Acción”, a través de una iniciativa de inversión denominada “Construcción de Embalse Livilcar, nombre reservado, Comuna de Arica”, Código BIP: RUT reservado.

Añade que se encuentra habilitado y operativo un camino alternativo que se desarrolla en el perímetro oeste de los ripios lixiviados, trazado por la Ilustre Municipalidad de Arica en su momento y su mantención forma parte del programa de conservación periódica de caminos de la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota (DRV) bajo el nombre de ruta “S/R-A-193”.

Afirma que se han dispuesto medidas para evitar el acceso y libre tránsito de terceros en el lugar del acopio, consistentes en el cierre actual del camino que cruza el sitio, el que no se encuentra bajo la competencia de la Dirección Regional de Vialidad, por tanto, las acciones que podría ejecutar dicho Servicio se encuentran restringidas por Ley, sin perjuicio de lo cual, ha previsto anular a lo menos cuatro accesos vehiculares al camino, los cuales se empalman a la ruta S/R-A193 (camino de bypass a los ripios lixiviados) y que acceden a dicho sector de “polimetales”, con una barrera física del tipo “New Yersey” o similar y como plazo para ejecutar la medida, el término de 30 días hábiles a contar de la fecha de emisión de Ord. DV N° 755 del 14 de mayo de 2021. Además, se dispuso mantener el lugar con información sobre los riesgos.

En cuanto a los estudios o evaluaciones de estabilidad que reclama la recurrente, estas acciones escapan a las competencias que posee el Ministerio sobre la materia, debiendo los organismos técnicos pronunciarse respecto a la pertinencia o no de resultar más conveniente el devolver el material, sin perjuicio del traslado de los residuos, como expuso anteriormente.

Finalmente, expone que esta materia corresponde, más bien, a un juicio de lato conocimiento y no a un recurso de protección, de naturaleza cautelar, por hechos que tienen como contrapartida las acciones previas derivadas de diversos actores regionales en los que se analizó la problemática ambiental de Copaquilla, sin perjuicio de que fueron ejecutados por la empresa REMAVESA, sin existir un acto arbitrario o ilegal imputable al Ministerio, por lo que refuta que el ente público haya vulnerado las garantías reclamadas.

Añade que el material removido, conforme a las conclusiones del Informe de Análisis Químico de CESMEC, señaló que los valores obtenidos para estos ensayos específicos se encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos, y que por lo tanto, se puede concluir que el residuo analizado no presenta características de peligrosidad, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del D.S N° 148/2003, el que además no ha sido utilizado para ejecutar obras en la ruta conforme los muestreos que ya se han informado.

Informó a folio N°39, la Fiscal Nacional (s) del Ministerio de Obras Públicas, doña Cristina Manterola Capo, actuando por delegación de firma del Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno Charme, según 14 consta en Resolución Exenta MOP N° 1509 de fecha 07 de agosto de 2019, quien en términos prácticamente idénticos a la exposición del SEREMI del ramo, en cuanto a la descripción del contrato de obra pública en cuestión, del contrato de asesoría a la inspección fiscal y de las medidas adoptadas ante la remoción del material que han reclamado los recurrentes por la empresa contratista, precisando que la Dirección de Vialidad del MOP no autorizó el uso del material extraído para la obra y que el mismo no se utilizó en ella.

Sin referirse a medidas de mitigación, dado el tenor del informe que esta Corte de Apelaciones le solicitara, y coincidiendo en estimar que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver una materia de esta naturaleza, como asimismo, alegando expresamente la falta de legitimación pasiva del Servicio, pues el acto que se indica recurrido fue cometido por un tercero, niega que exista un acto arbitrario o ilegal.

Destaca que, acorde a lo denunciado por los recurrentes que implicaría una infracción a las obligaciones del ministerio, en cuanto obligaciones de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo y de prevención de violaciones de derechos humanos, aquello excede a sus competencias; y, en lo que hace al supuesto incumplimiento o inobservancia de las obligaciones de supervisión y fiscalización, informa que el camino no es público y por lo tanto no se encuentra bajo la competencia de la Dirección Regional de Vialidad, sin perjuicio de prestar colaboración a la mitigación del problema, y asumió el compromiso de desarrollar un trazado de bypass al sitio de acopio de forma definitiva, logrando consolidar un camino que va desde la Ruta 11CH hasta Livilcar, alcanzado una longitud de 31 km bajo el identificador Ruta S/R-A-193. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Regional de Vialidad está preparando una solución definitiva para esta ruta, la cual cumple lo requerido en el aludido “Plan de Acción”, a través de una iniciativa de inversión denominada “Construcción de Embalse Livilcar, nombre reservado, Comuna de Arica”.

Sobre la omisión de no ejecutar el bypass de la ruta 11-CH, lo cual atenta contra el artículo 18 del DFL MOP N° 850/97, aclara que, a la fecha, está habilitado un camino alternativo que se desarrolla en el perímetro oeste de los ripios lixiviados, este camino fue trazado por la Ilustre Municipalidad de Arica en su momento y su mantención forma parte del programa de conservación periódica de caminos de la Dirección Regional de Vialidad.

Destaca, finalmente, las actuaciones del Servicio ante el recurso deducido, que implican además la paralización de actividades en el sector de acopio.

Pide, en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de autos, por improcedente e infundado, con expresa condenación en costas.

A folio N°42, informó el representante de la empresa REMAVESA S.A; letrado José Tomás del Campo de la Rosa, quien expone que con fecha 01/08/2019 la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, llamó a licitación pública para la obra denominada “Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000; Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota.”, la que se adjudicó a Remavesa S.A.

Añade que, a 1.300 metros del lugar de las obras, se encuentran en el sector de “Alto Copaquilla” RUT reservado toneladas de ripios mineros en un terreno de 16 hectáreas, lugar que no contiene señalética o información que indique prohibición de su uso, lo que consta fehacientemente de lo informado el día 27 de abril del presente año por parte del Superintendente del Medio Ambiente a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Expone que la empresa consideró la posibilidad de, eventualmente, utilizar algo de ese material, tomando todas las providencias del caso para efectos de lograr determinar si es el mismo era viable técnicamente, solicitando el pronunciamiento de un laboratorio externo, especializado en el tema, para que determinara la posible peligrosidad de los componentes del material, informando con fecha 11 de febrero de 2021, el Laboratorio CESMEC, el análisis de material muestreado correspondiente a Pasivo Ambiental Minero abandonado en el sector de Copaquilla, de dominio fiscal según lo informado por el Ministerio de Bienes Nacionales, en cuya conclusión señala textualmente lo siguiente: “De acuerdo con los resultados obtenidos para las muestras identificadas como “(Residuos Material de Acopio, M1), analizada según D.S. 148/2005, para los parámetros de Toxicidad Aguda y/o Crónica (Especies de Interés Toxicológico), Toxicidad Extrínseca (Constituyentes Orgánicos e Inorgánicos), Reactividad (Generación de Gases Tóxicos), Inflamabilidad (Tasa de Propagación de Llama) y Corrosividad (Tasa de Corrosión y pH), señalados en Resolución Nº 292 de fecha 31 de Mayo de 2005, más otras metodologías no indicadas en dicha Resolución, se observa que los valores obtenidos para estos ensayos específicos se encuentran por debajo de los niveles máximos permitidos. (Arts. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento). Por lo tanto, se puede concluir que el residuo analizado no presenta características de peligrosidad.”, resultados que fueron puestos oportunamente en conocimiento de la Inspección Fiscal de la obra.

Además, con fecha 24 de marzo de 2021, en el contexto de las obras de reposición encomendadas por la Dirección de Vialidad, Remavesa S.A. procedió a realizar un estudio de campo de laboratorio, basado en un muestreo del material superficial del lugar antes indicado, por sobre la cota de la superficie, para establecer principalmente si dicho material cumplía con ciertos parámetros técnicos, específicamente aquellos relacionados a determinaciones granulométricas; datos necesarios que permitirían establecer si existía factibilidad técnica para su uso y así proseguir con un estudio de reutilización de pasivos ambientales para una futura producción de agregados a ser eventualmente utilizados en la obra encargada, extrayéndose material superficial y su transporte a la planta de Remavesa S.A. La cantidad extraída fue de 14 m3 y la duración de dicha operación fue de 2 Horas, incluida extracción y transporte a la planta. La medida ambiental ejecutada consistió en la aplicación de agua en la zona donde se realizó el muestreo (humectación).

Indica que se estableció que no existía factibilidad técnica para utilizar dicho material en algún proceso productivo, lo que se informó inmediatamente al mandante y a la SEREMI de Bienes Nacionales con fecha 9 de abril de 2021, a raíz de una consulta efectuada por dicho organismo con fecha 7 de abril del mismo año.

Asevera que todo el material que se utilizó en los análisis permaneció en custodia y protegido de las condiciones climáticas en la instalación de planta hasta el día 11 de mayo de 2021. Posteriormente a la fecha señalada, el material fue enviado a disposición final a un relleno de seguridad, dándole el tratamiento de residuo peligroso de acuerdo con una orden emanada de la Dirección de Viabilidad.

Niega la utilización de materiales peligrosos o contaminantes con ocasión de la ejecución de las obras de reposición vial que le fueron adjudicadas, ni le ha correspondido efectuar actividades relativas a permisos ambientales u otras en su calidad de adjudicataria.

Niega conductas atribuibles a su representada que hayan afectado los derechos señalados por las recurrentes, desde que lo realizado se trata de un acto extractivo puntual efectuado con fines netamente de prueba de material, realizado sin norma alguna que lo prohibiera y de manera legítima, llevado a cabo en una única oportunidad, en concordancia con lo ordenado por la institucionalidad.

Además, considera que de la sola lectura del recurso interpuesto, es claro que el mismo carece de una petición concreta respecto de las partes involucradas como recurridas, siendo totalmente vaga imprecisa la solicitud de “cesen los actos contaminantes”, de modo que el recurso es improcedente por carecer de oportunidad, lo que agrega que los hechos señalados por el recurso forman parte de un proceso administrativo en actual tramitación, que nació de una fiscalización que efectuó la Superintendencia del Medio Ambiente, de la que, con fecha 16 de abril de 2021, la autoridad ambiental realizó recomendaciones a su representada Remavesa S.A.: Trasladar el material hacia el interior de la planta, en sector con superficie impermeable y canal perimetral que conduzca aguas de contacto hacia estanque impermeabilizado. Construcción de pretil de contención contiguo a canal perimetral del nuevo sector de acopio. Material extraído y acopiado, debe estar cubierto con material resistente al clima. Sector de acopio debe estar señalizado; prohibiendo acceso a personas ajenas a planta. Retirar suelo superficial del sector actual de acopio, escarpando capa de 30 cm de profundidad, disponiéndolo según Reglamento de Manejo de nombre reservado, todas las que fueron consideradas e implementadas satisfactoriamente por Remavesa S.A.

Pide, en consecuencia, el rechazo del recurso de marras.

Informó a folio N°47 don nombre reservado, por el Ministerio de Salud, exponiendo, en primer término, la improcedencia de esta acción constitucional, por no tratarse de la vía idónea para los fines perseguidos, al exceder las materias ambientales y/o sanitarias que deben ser conocidas por este recurso, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que aquellos deben ser discutidos de acuerdo a la competencia que el artículo 17 de la Ley N° 20.600 otorga Tribunales Ambientales, en un procedimiento de lato conocimiento que garantice el debido proceso a todos los órganos de la administración del Estado que inciden en la materia.

Previa alusión a las competencias del Ministerio, fijadas en el DFL N° 1 de 2005, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, en el Decreto Nº 136 de 2005, artículo 67 del Código Sanitario, y para el caso de la especie, Decreto N° 148 de 2003 del Ministerio de Salud, cuerpo normativo que establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a las que deben someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reúso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de residuos, y que encomienda a la Autoridad Sanitaria la tarea de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de dicho reglamento así como las del Código Sanitario, de acuerdo a las normas e instrucciones generales impartidas por el Ministerio de Salud.

Indica que el 07 de abril de 2021, funcionarios de la Unidad Técnica de Salud Ambiental de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota y del Servicio de Evaluación Ambiental, inspeccionaron el sector Alto Copaquilla con la finalidad de constatar en terreno la extracción de ripios de lixiviación del mencionado sector, arrojando dicha fiscalización la remoción de catorce toneladas que fueron depositados al interior de la planta de materiales de Remavesa, cubiertos con polietileno de alta intensidad HDPE y se había instalado un cerco perimetral. Independiente de lo anterior, se les solicitó a los trabajadores de la empresa mejorar su cobertura e instalar un letrero que prohibiera su ingreso al sector al cual sólo puede ingresar el personal debidamente autorizado para ello, constatando además la ausencia de cursos de agua y de asentamientos de personas cercanos al lugar.

Sin perjuicio se solicitó a la empresa un informe aclaratorio de diversos puntos, que señala, informando, además sobre la disposición final de los residuos, respondiendo el jefe (s) de la Superintendencia del Medio Ambiente, que habían tomado muestras de campo en los ripios almacenados a través de una pistola XRF (método fluorescencia de rayos X), para los siguientes parámetros: 1.1- Establecer la trazabilidad de estos ripios si fueron reutilizados en la elaboración de carpetas asfálticas y fueron instalados en el tramo de la Ruta 11 CH que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental. 1.2- Además informa que al momento de tomar la muestra de campo al acopio de ripios en relación a Plomo – Pb -, está sobre la normativa establecida en la Ley 20.590, la cual estable una cantidad máxima de 400 Mg/Kg;

En caso que estos residuos sean caracterizados como peligrosos la empresa Remavesa S.A., deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo N° 14 del DTO N° 148 de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario Sobre Manejo de nombre reservado, a través de un Test de Toxicidad por Lixiviación -TCLP- el cual determina la movilidad de los contaminantes inorgánicos presentes en una muestra y si los filtrados generados dan lugar a clasificar el material como peligroso, por tal motivo deben ser tratados como nombre reservado en relación a su almacenamiento, transporte y disposición final. Un residuo tendrá la característica de toxicidad extrínseca cuando su eliminación pueda dar origen a una o más sustancias tóxicas agudas o tóxicas crónicas, en concentraciones que pongan en riesgo la salud de la población.

Cuando la eliminación se haga a través de su disposición final en el suelo se considerará que el respectivo residuo tiene esta característica cuando el Test de Toxicidad por Lixiviación arroje, para cualquiera de las sustancias mencionadas, concentraciones superiores a las señaladas en la tabla que indica, incluida en el citado Decreto N° 148.

Respecto de los ripios almacenados al interior de la planta de materiales de la citada empresa, se deberían tomar muestras compuestas y someterlas a un Test de Toxicidad de Lixiviación; si este Test califica como nombre reservado a esas sustancias, aquellas deben ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en el Titulo VI, DE LA ELIMINACION, Párrafo I, “De las Instalaciones de Eliminación”, establecida en el artículo 43 y siguientes del Decreto N° 148 de 2003, si no califica como tal el administrador del terreno de acopio de Alto Copaquilla debe decidir justificadamente si lo recepciona o no, el citado muestreo y análisis lo debe realizar el organismo con competencia sectorial, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente.

Finalmente, se debe dar cumplimiento de acuerdo a las competencias sectoriales de cada Servicio, a lo explicitado en el Informe Final del “Análisis nombre reservado” que ente sus medidas sugiere reducir el área donde se localizan los residuos mineros, implementar medidas de prevención, tales como informar sobre los riesgos existentes en el lugar mediante señaléticas que adviertan sobre su peligrosidad, la prohibición de transitar por el lugar y manipular los residuos mineros y además realizar una serie de obras para fortalecer los diques existentes, de acuerdo a las acciones que contempló el Segundo Tribunal Ambiental en su fallo de 2015.

Refiere que no existe riesgo en el almacenamiento de ripios, y en lo relativo, a la presencia de polimetales en estos ripios, es importante delimitar que las competencias en dicha materia se encuentran definidas en la Ley N° 20.590, en lo relativo al Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica señala lo siguiente: “es competencia del Ministerio de Medio Ambiente determinar la o las Zonas con Presencia de Polimetales para efectos de la ley Nº 20.590 o la o las Zonas Contaminadas por Polimetales”, exponiendo, como hicieron otros informantes, que los estudios arrojaron que estos ripios no revisten una fuente de daño inminente a la salud de las personas, razones por las que afirman no existir garantías vulneradas, amén de la imposibilidad de los tribunales de pronunciarse sobre políticas públicas.

Pidió el rechazo del recurso.

Finalmente, a folio N°51, informó don nombre reservado, en representación de BOGADO Ingenieros Consultores SpA., en su calidad de recurrida y adjudicataria de la Asesoría a la Inspección Fiscal del Proyecto Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones – Zapahuira, Región de Arica y Parinacota, quien previa referencia a la regulación de ese tipo de contratos, indica que consiste en prestar todos los servicios “necesarios para que el Inspector Fiscal de la obra, lleve un adecuado control técnico y administrativo de ésta. La Asesoría de la Inspección Fiscal, en adelante AIF, asumirá la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las labores estipuladas para el adecuado control del desarrollo de la obra, dentro de los términos señalados en los presentes TR”.

En relación a los hechos que ocasionaron el presente recurso, informa que con fecha 24 de marzo de 2021, se constató que empresa REMAVESA se encontraba extrayendo, retirando y acopiando en las instalaciones de faena, material correspondiente a residuos mineros de antigua data, acopiado en el km. 89 lado derecho de la Ruta 11 CH, lo que motivó que la Superintendencia del Medio Ambiente requiriera antecedentes a la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota y que el día 25 de marzo de 2021, se realizaran visitas a la zona por autoridades locales.

A su turno, el 31 de marzo, profesionales de Bogado realizaron una inspección visual en la planta de producción de materiales, en la cual se observó acopio del residuo minero, requiriendo se mejoraran las medidas de resguardo del mismo, de manera de evitar dispersión de material, observaciones que se encuentran contenidas en el Informe Nº 9 de Asesoría a la Inspección Fiscal Medio Ambiente, Territorio y Participación.

Luego, el 7 de abril de 2021, se realizó una inspección en terreno por el Inspector Fiscal del contrato, el jefe del Departamento de Contratos de la Dirección Nacional de Vialidad, funcionarios de la SEREMI MOP de la Región, de la Superintendencia de Medio Ambiente, y profesionales de Bogado, en la cual se constató la mejora en las condiciones de acopio, disponiendo la cubierta del mismo en completitud, así como un cierre perimetral, disponiéndose no continuar con el retiro de estos residuos mineros y proponer el manejo de aquellos que permanecían en instalación de faena al costado de la Ruta 11 CH, Km. 94.

Previos nuevos informes de su representada, el día 20 de abril de 2021, tras inspección del lugar, se apreció el acopio de residuo minero provisto con una señalética que indica “Prohibido el ingreso”, oportunidad en la que funcionarios de la SMA realizaron toma de muestras en diferentes sectores de la planta de producción, pasivo ambiental, material en empréstito río Seco y base en terreno del Km. 87.900. Al día siguiente, BOGADO emitió el Informe de inspección Nº3 de fecha 21 de abril de 2021, dando cuenta de la inspección de seguimiento realizada a la situación del sector el acopio de residuos mineros y a las observaciones sobre la planta de producción de materiales.

En primer término, precisa que su representada no ejecutó extracción de material alguno por cuanto su labor consiste únicamente en asesorar a la Inspección Fiscal del contrato, más no en ejecutar obra alguna, por lo que no cabría imputar responsabilidad en dicha actuación, así como tampoco tenía a su cargo alguna obligación que hubiere dejado de cumplir relacionada con esa actividad, dando cabal y oportuno cumplimiento a sus obligaciones, concluyendo que la acción se encuentra erróneamente dirigida, no sólo por cuanto conforme fue explicado no ejecutó acción de extracción alguna; sino por cuanto el propio recurso no desarrolla cuál es la acción u omisión específica imputable a BOGADO que habría afectado los derechos que invoca la recurrente, reclamando falta de legitimación pasiva y refutando, a su turno que exista alguna acción u omisión imputable a BOGADO, destacando no existir derechos indubitados, ni menos sobre una materia que deba ser resuelta mediante un procedimiento de urgencia como el de la especie.

Señala que el acto extracción se trató de un hecho aislado y puntual -sólo se trasladó material el día 24 de marzo- y que el material no fue utilizado para la ejecución de las obras que conforme a contrato con la Dirección de Vialidad REMAVESA debía ejecutar, manteniendo el material extraído en sus instalaciones para su estudio, separado del material utilizado en la ejecución de las obras, y con los debidos resguardos que requería el acopio, todo lo cual fue parte de la fiscalización de la entidad técnica mandante con el apoyo de la asesoría prestada por nuestra empresa. En razón de esta circunstancia, debe rechazarse el recurso, además, por falta de oportunidad de la acción constitucional.

Manifiesta que no existe acto u omisión ilegal imputable a BOGADO, no desarrollando los recurrentes de manera alguna qué norma podría su representada haber incumplido ni de qué forma, estimando que no existe vulneración a las garantías reclamadas, toda vez que el material extraído no reviste la peligrosidad que se le atribuye, no ha sido utilizado para la ejecución de obras y se ha mantenido a resguardo en las instalaciones de la empresa, debidamente fiscalizadas por las autoridades sanitarias, el mandante del contrato, y BOGADO con ocasión de la AIF, de modo que pide el rechazo del recurso, con costas.

Que a folio N° 67, el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN ofició a esta Corte, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala tramitadora.

Se trajeron los autos en relación.

Como medida para mejor resolver, se ofició al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, solicitándole acompañar efectivamente los documentos ofrecidos en su ordinario N°1228 de 4 de junio de 2021. Cumpliendo el referido servicio la medida solicitada, adjuntando los documentos: “Informe de nombre reservado, Faena Minera Abandonada Copaquilla, Ex Planta Pukara. Comuna de Putre, Provincia de Parinacota “, de diciembre de 2009 y sus anexos e “Informe Técnico de Ripios de Copaquilla Alta” Dirección Zonal Norte de SERNAGEOMIN”, de 16 de octubre de 2013.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de las garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional que permite poner pronto remedio a situaciones de hecho que amaguen derechos de rango constitucional, estrictamente enumerados en el artículo 20 de la carta fundamental, comprendiendo situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEGUNDO: Que, el hecho fundante común y no controvertido de las acciones cautelares incoadas en los roles de protección N°114-2021, N°118-2021 y N°120-2021, acumuladas en estos autos, es el ingreso, el día 24 de marzo del año corriente, de camiones de la recurrida empresa privada Remavesa que realizaba trabajos para la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en la ruta CH -11, al sector de acopio de ripios mineros aledaña a esa misma ruta en la localidad de Copaquilla y la extracción de material depositado por años en el lugar para ser utilizados en los trabajos encomendados, acciones por las que se recurre en contra de dicha empresa y de otra, Bogado asesora de la inspección Fiscal de la primera. Sin perjuicio que, en varios pasajes de sus respectivos libelos, los recurrentes hacen también diversas imputaciones a los recurridos órganos de la administración del Estado, Ministerios de Medio Ambiente, Salud y Obras Públicas y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Arica y Parinacota, consistentes en supuestas omisiones al cumplimiento de sus obligaciones legales que, según exponen, producen afectación a las garantías que expresan, razón por la que resulta necesario analizar cada una de ellas, para verificar si tienen la entidad suficiente para ser ventiladas mediante los presentes arbitrios constitucionales.

TERCERO: Que, en el recurso signado con el Rol 114-2021, los recurrentes accionan entre otros contra la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente y la Secretaria Regional Ministerial de Salud, ambas de la Región de Arica y Parinacota, exponiendo respecto de la primera que, conforme la normativa ambiental establecida en la letra n del artículo 70 de la Ley 19.300, el Ministro de Medio Ambiente del que depende esa Seremi, es el encargado de coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención y/o descontaminación, determinando los programas para su cumplimiento. Asimismo, señalan que el artículo 44 de la misma ley dispone que, mediante decreto supremo de ese Ministerio se establecerán planes de prevención o de descontaminación en las zonas calificadas como latentes o saturadas, respectivamente, obligaciones que dicha cartera ministerial, según indican, no ha cumplido vulnerando asi las garantías constitucionales invocadas. Respecto de la recurrida Seremi de Salud Regional, alegan genéricamente que esta, como el Ministerio del que depende, han omitido el cumplimiento de las obligaciones que la ley les encomienda, señalando que la omisión está constituida por un “actuar indebido, contrariando también el Código Sanitario y que es deber del Servicio de Salud atender todas las materias relacionadas con la salud pública, lo que evidentemente no se ha hecho en el caso de marras.”. Denunciando además una falta de coordinación entre ambas instituciones para erradicar los elementos contaminantes del territorio.

A su turno, los recurrentes en los autos sobre protección Rol 118.2021, accionan también en contra del Ministerio de Medio Ambiente, acusándolo de las mismas supuestas omisiones respecto a la ejecución de aquellas funciones contempladas en las letras n), g) y t) del artículo 70 la Ley N° 19.300.-, indicando que tales omisiones que califican de ilegales y/o arbitrarias han afectado garantías constitucionales. Enseguida y respecto del Ministerio de Salud le imputan el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código Sanitario y la Ley 19.937 que establece las funciones de la Autoridad Sanitaria, en cuanto a las omisiones de la Secretaria Regional Ministerial respecto de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de las actividades contaminantes y riesgosas para la salud humana y del medio ambiente que tienen lugar en la zona. Específicamente, la ejecución de acciones de supervigilancia o fiscalizaciones que correspondan respecto a los suelos contaminados, como, por ejemplo; estudios o informes del sector, vigilancia epidemiológica de la población que habita próxima al acopio de residuos, u cualquiera otra medida destinada a la protección de la salud de la población de la comuna de Putre.

CUARTO: Que, como ya ha sido resuelto anteriormente en situaciones análogas y no obstante la vaguedad en los términos mediante los cuales se exponen en el Rol de Protección N°114-2021 los argumentos para justificar las acciones incoadas en contra de las Secretarias Regionales Ministerial de Arica y Parinacota, de Medio Ambiente y Salud respectivamente, lo que ya de suyo obliga desestimarlas, es dable concluir que en relación a las alegaciones de las recurrentes respecto de esas entidades y los Ministerios de los cuales dependen, formuladas en ambos recursos, la materia que por esta vía se pretende abordar, dada su complejidad y extensión, excede con creces en su sustanciación las limitaciones de un arbitrio de urgencia, como lo es el recurso de protección, concebido para restablecer el imperio de un derecho indubitado amagado por un acto a todas luces ilegal y/o arbitrario, existiendo por lo demás procedimientos de lato conocimiento especiales para ello, como es el caso de aquellos establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 20.600 que crea los Tribunales Ambientales. Sin perjuicio que, resulta conveniente hacer notar que el Ministerio de Medio Ambiente acreditó, mediante la documentación adjunta a su informe del folió 36 de autos, la ejecución de diversas acciones en cumplimiento de las obligaciones legales que los recurrentes denuncian como omitidas en relación con la gestión de sitios con potencial presencia de contaminantes, incluyendo el de Alto Copaquilla.

Por su parte el Ministerio de Salud a través de su Secretaría Regional Ministerial de Arica y Parinacota, una vez conocido el evento de la extracción de material por la empresa Remavesa en el sector de Copaquilla, realizó una serie de gestiones relativas a sus competencias sectoriales de las que da cuenta en su informe del folio 47, en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente, iniciándose una investigación de estos hechos que actualmente se encuentra en curso. Razones todas por las que los recursos incoados contra de esos Ministerios y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales, serán desestimados.

QUINTO: Que los recurrentes de los roles N°118-2021 y N°120-2021, deducen sus respectivas acciones constitucionales ahora en contra del Ministerio de Obras Públicas los primeros y de su Secretaría Regional de Arica y Parinacota los segundos, por la omisión ilegal que, según expresan les cabe en la “extracción de los residuos (relaves) mineros de la explotación minera de la mina Choquelimpie ubicados en Alto Copaquilla (ex planta PROMEL) por parte de la empresa Remavesa S.A., que realiza trabajos de mejoramiento de la ruta CH-11 para la Dirección de Vialidad de ese Ministerio”.

Denuncian que el Ministerio de Obras Públicas, específicamente su departamento de vialidad, teniendo conocimiento de las obras y sobre todo del sector donde estas se materializan y disponiendo de órganos técnicos especializados, no ejerció las funciones de fiscalización y supervisión que le corresponden. Además, sostienen que esa Secretaria de Estado no cumplió con la medidas de mitigación de su competencia recomendadas para abordar la situación de contaminación del sector en los diversos informes encargados por diferentes organismos gubernamentales, como la Contraloría General de la República, el 2° Tribunal Ambiental o la Comisión Técnica creada al efecto, como lo son cerrar adecuadamente el actual camino público, con el objetivo de impedir que los vehículos transiten, proyectar una estructura más robusta de contención, para evitar eventuales arrastres de residuos en el perímetro sureste del acopio, reforzando sus diques y sobre todo desarrollar y materializar un trazado de bypass del acopio definitivo y seguro, desde la ruta CH-11 hasta el cruce con el camino a Livilcar del área de riesgo. Medidas todas, las que según expresan no se han implementado, constituyendo omisiones que atentan contra el artículo 18 de la ley DFL N° 850 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL Nº 206, de 1960, que establece las obligaciones del Ministerio de Obras Públicas MOP a través de la Dirección de Vialidad de realizar obras viales incluida aquellas destinadas a la construcción de nuevos caminos, su mejora y señalización.

SEXTO: Que, consta en autos que, si bien la empresa Remavesa que procedió al retiro de material en el acopio de Copaquilla, es contratista de la Dirección de Vialidad de Arica y Parinacota, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, actuó al margen de toda autoridad y previsión de ese Ministerio o sus organismos dependientes y sin la autorización del Inspector fiscal de las obras, como estipula la normativa para efectos de la utilización de los materiales destinados al proyecto que ejecuta.

En efecto, según se lee en el punto 7.8 “Materiales Para La Obra”, de las Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación, aprobadas mediante resolución de la Dirección General de Obras Públicas N°259, de 2009, que forman parte integrante del contrato de obra pública, Reposición Ruta 11-CH Sector Cardones Zapahuira Región de Arica y Parinacota., acompañadas al informe de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas en el folio 38 de autos: “Los materiales que se empleen en la obra deberán cumplir con lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

Antes de ser empleados en la obra, deberá darse aviso al Inspector Fiscal para que éste, vistos los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

Conforme a lo anterior, la empresa contratista deberá obtener por su cuenta los materiales necesarios para ejecutar la obra, los que deberán estar sujetos a aprobación conforme a las exigencias de las Especificaciones.

La elección del sitio de los pozos de empréstitos que servirán a la obra es de responsabilidad de la empresa contratista.

La información sobre pozos o materiales que se entregan en los documentos de licitación, tendrán el carácter solamente informativo y no constituye compromiso para la Dirección.

Los pozos de empréstitos deberán ser aprobados por el inspector fiscal y, en los documentos que entregue la empresa contratista al momento de solicitar dicha aprobación, deberá quedar expresamente indicado que la explotación de los pozos, cualquiera sea su naturaleza, incluye los accesos para llegar a ellos e incluye todas las obras que resulten necesarias […]”.

El referido artículo 144 del Reglamento para Contratos de Obras Pública, aprobado mediante Decreto N°75, de 2004 (RCOP) establece que: “Los materiales que se empleen en la obra deberán ser de buena calidad y provenir de las canteras o de las fábricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulación, deberá ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Antes de ser empleados en la obra deberá darse aviso al inspector fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

No obstante, si durante el período de construcción o del plazo de garantía, se comprobare que el material aceptado por el inspector fiscal ha resultado deficiente, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstituir a su costa la obra en que fue empleado.”.

La normativa precedente, se complementa con la partida 210-1, de “Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos del Contrato”, el que establece: “Esta partida se refiere al diseño e implementación del Plan de Manejo para la apertura, explotación y abandono de empréstitos el cual debe incluir las consideraciones y criterios ambientales que se deben tener en cuenta para la localización, operación y abandono de (los) empréstitos utilizados durante la ejecución de la obra. El plan de manejo para la apertura, explotación y abandono de empréstitos debe ser elaborado por el contratista en forma independiente para cada empréstito, de acuerdo con los requisitos y contenidos señalados en el Manual de Carreteras volumen 9. Será condición previa para el inicio de la explotación de un determinado empréstito, que su respectivo plan cuente con la aprobación de la inspección fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad. La posterior localización, operación, abandono y plazos de cada empréstito deberán ajustarse a lo especificado en dichos planes”

A pesar que la empresa REMAVESA S.A: extrajo el material acopiado en el sector alto de Copaquilla, sin las autorizaciones pertinentes, este no fue utilizado en la elaboración de la carpeta asfáltica, ni fue instalado en la ruta 11 CH., cómo quedó demostrado en el referido informe suscrito por el Seremi de Obras Públicas del Folio 38 de la carpeta electrónica de estos autos, mediante un extracto adjunto del Acta de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en donde se procedió a tomar muestras con un equipo especializado (XRF) para detectar la trazabilidad del material mediante un perfil de concentración en el suelo de diversos metales denominados como “pesados”, concluyéndose que, conforme a los resultados de la fiscalización, se demuestra que el perfil del suelo analizado en el punto de extracción (M1), solo coincide con el punto de almacenamiento transitorio de los ripios extraídos (M2), las tres muestras de trazas de metales pesados restantes obtenidas en planta de materiales de Remavesa (M3, M4, M5), al igual que la muestra (M6) de Ruta 11 CH, no coinciden con el perfil del punto de extracción (M1)”.

SEPTIMO: Que, consta además que ocurrido el evento que motiva las acciones constitucionales incoadas en autos, consistente en la extracción de áridos en el sector de Copaquilla, por su empresa contratista REMAVESA S.A., el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus organismos competentes adoptó las medidas administrativas correspondientes. Desde luego el mismo día 24 de marzo en que se produjeron los hechos denunciados, el inspector fiscal, instruyó mediante correo electrónico al residente de la constructora REMAVESA S.A, la paralización de la actividad de extracción en cuestión y de los movimientos de material en el área de faenas donde quedó acopiado el volumen que se alcanzó a sacar. Luego, al día siguiente, se realizó una inspección por parte de funcionarios de la Seremi de obras Públicas y el inspector fiscal al sector del depósito del material extraído, así como al punto de su extracción georreferenciado bajo coordenadas: UTM y posteriormente se entregó toda la información solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente, en virtud de la investigación correspondiente iniciada por ese organismo de fiscalización, la que se encuentra en ciernes.

Cabe señalar que finalmente y como también quedó acreditado en autos mediante el Comprobante de retiro de Residuos, otorgado por la empresa Vía Limpia, los residuos extraídos y depositados en dependencias de la empresa Remavesa S.A. fueron retirados el día 11 de mayo de 2021 y trasladados al “Centro de residuos de Manejo Integral de Residuos Zona Norte”, además de efectuarse la Declaración de nombre reservado generada a través de Sistema Sectorial SIDREP, de la Ventanilla Única del Ministerio de Medio Ambiente, Folio N°1160299, con estatus Cerrado, lo cual establece que los residuos fueron recepcionados por Hidronor Chile S.A., el día 13 de mayo del año corriente para su disposición final. El retiro incluyó la remoción adicional del 30 cm del suelo subyacente del acopio de residuos mineros según recomendación de la Superintendencia de Medio Ambiente a Remavesa S.A OCTAVO: Que, en cuanto a la denuncia de los recurrentes por la omisión de parte del Ministerio de Obras Públicas referida a su supuesta inacción respecto de las recomendaciones efectuadas por diversos organismos para la realización, conforme sus competencias, de acciones de mitigación en el acopio minero de Copaquilla, en su informe da cuenta de una serie de actividades desarrolladas en ese ámbito, como la mantención regular del camino alternativo signado como ruta “S/R-A-193 por parte de la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota, haciendo presente que, sin embargo se ha previsto anular a lo menos cuatro accesos vehiculares al camino aludido, que acceden a dicho sector de “polimetales” mediante una barrera física del tipo “New Yersey” o similar, estableciéndose como plazo para ejecutar la medida, el término de 30 días hábiles a contar de la fecha de emisión de Ord. DV N° 755 del 14 de mayo del presente año, así como en 60 días hábiles la instalación de todas las señalizaciones contenidas en el plan de acción resultado del estudio básico "Análisis nombre reservado ordenado por el gobierno regional de Arica y Parinacota, incluyendo señales informativas sobre los riesgos del tránsito por el área de acopio de ripios hasta indicaciones de seguridad vial.

NOVENO: Que, como consta de los antecedentes de autos, el Ministerio de Obras Públicas, por sí o a través de sus organismos competentes, esto es la Secretaria Regional Ministerial respectiva y la Dirección Regional de Vialidad, no tuvo participación en los hechos que motivaron los recursos incoados en su contra, desde que la empresa contratista privada Remavesa S.A., actuó sin autorización alguna en la sustracción y remoción del material acopiado en el alto de Copaquilla, y que, una vez detectada esa acción se adoptaron las medidas correspondientes a sus competencias.

En cuanto a la omisión de las medidas de mitigación denunciadas, conforme lo informado en el folio 38 de autos, en que además se adjuntaron los documentes que acreditan las acciones ejecutadas allí consignadas, cabe señalar que en opinión de esta Corte, cualquier alegación destinada a desvirtuarlas debe ser efectuada en un procedimiento de lato conocimiento, atendido que siendo el recurso de protección, una vía de urgencia, excepcional y autónoma que goza de tramitación informal y sumaria para restablecer un derecho indubitado preexistente, dada la complejidad técnica y probatoria de tales denuncias, no resulta idóneo para tal efecto, razón por la que los recursos impetrados contra el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaria Regional de Arica y Parinacota de esa misma cartera ministerial, serán también desestimados .

DECIMO: Que, en los autos rolados de Protección N°114-2021 los recurrentes accionan de protección en contra de la empresa BOGADO S.A., adjudicataria de la Asesoría a la Inspección Fiscal del Proyecto Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones – Zapahuira, Región de Arica y Parinacota, por su supuesta participación en la extracción de material del acopio de Copaquilla, efectuado el 24 de marzo del presente año, no obstante que, no indican cual seria el acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de garantías constitucionales que le atribuyen, de modo que el recurso impetrado en su contra carece de los elementos sustanciales que permitan discernir a esta Corte, las razones que motivan su interposición. Ello, por cuanto de los hechos descritos por los recurrentes tampoco es posible inferir de qué manera le habría cabido participación a esa recurrida en su acaecimiento. En efecto, tal como se encuentra acreditado en autos, la empresa BOGADO S.A. previa adjudicación de la correspondiente licitación se constituyó como asesor del inspector fiscal del mentado proyecto ejecutado por la empresa REMAVESA S.A., actuando esta última en la cuestionada extracción, sin una autorización formal de parte de esa empresa asesora y, según esta indica, sin tener ella conocimiento previo de dicho acto, no proporcionando los recurrentes antecedentes alguno que permitan concluir en esta sede algo distinto, lo que obliga a desestimar esta acción constitucional deducida contra esa entidad recurrida.

A mayor abundamiento, en su informe, Bogado S.A., detalló las medidas de fiscalización y control que adoptó al momento de tomar conocimiento de los hechos, entre las que destacan: una inspección visual el 31 de marzo reciente, efectuada por sus profesionales en la planta de producción de materiales, en la cual se observó el residuo minero extraído, requiriendo mejorar las medidas implementadas para su resguardo de manera de evitar la dispersión de material, observaciones que se encuentran contenidas en el Informe Nº9 de Asesoría a la Inspección Fiscal Medio Ambiente, Territorio y Participación; una inspección en terreno efectuada el 7 de abril de este año por el Inspector Fiscal del contrato, en que participó junto al jefe del Departamento de Contratos de la Dirección Nacional de Vialidad y funcionarios de la Secretaria Regional Ministerial de Arica y Parinacota del Ministerio de Obras Públicas, constatándose mejoras en las condiciones del acopio, disponiéndose la completitud de la cubierta que lo cubría y el establecimiento de un cierre perimetral que lo aislara, ordenando no continuar con los retiros y proponiendo el manejo de los que permanecían en la instalaciones de faena al costado de la ruta 11CH.

UNDECIMO: Que, en los autos caratulados: protección Rol N°114- 2021, se dedujo también un recurso de protección en contra de la empresa REMAVESA S.A. contratista del Ministerio de Obras Públicas, por la extracción del material acopiado en el alto de Copaquilla, producto de antiguas operaciones mineras de la empresa Promel, en la mina Choquelimpe. Cabe señalar que este recurso más los otros dos signados con los roles: Protección N°118-2021 y Protección N°120-2021, tienen como fundamento basal, este mismo hecho, aun cuando solo en los autos de Protección N°114-2021 se accionó directamente contra la empresa RAMAVESA. S.A.

DUODECIMO: Que, según reconoció el representante de RAMAVESA S.A en su informe del folio N°42, se consideró la posibilidad eventual de utilizar parte de ese material, tomando todas las providencias del caso para determinar si era viable técnicamente, solicitando primeramente el pronunciamiento de un laboratorio externo, especializado para analizar la posible peligrosidad de sus componentes, informando con fecha 11 de febrero de 2021, el Laboratorio CESMEC, que los valores obtenidos para estos ensayos específicos se encontraban por debajo de los niveles máximos permitidos según la normativa reglamentaria. Por lo que concluyó que el residuo analizado no presentaba características de peligrosidad.

Agregó que, en mérito del informe precedente, el 24 de marzo del presente año, en el contexto de las obras de reposición encomendadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en la ruta 11-CH, realizó un estudio de campo de laboratorio, basado en un muestreo del material superficial del acopio, por sobre la cota de la superficie, para lo cual procedió a la extracción de 14 m3 de ese material, transportándolo a su planta con el objeto de verificar si cumplía con ciertos parámetros técnicos, relacionados con determinaciones granulométricas y así establecer si existía factibilidad para su uso y proseguir luego con un estudio de reutilización de pasivos ambientales para una futura producción de agregados a ser eventualmente utilizados en las obras encargadas por la Dirección de Vialidad del MOP. Análisis que arrojó como resultado que el material carecía de la idoneidad para ser usado en algún proceso productivo Hizo hincapié que, en el lugar de extracción de los ripios, no existe ningún tipo de señalética o información que indique prohibición alguna de su uso, lo que consta fehacientemente de lo informado el día 27 de abril del presente año por parte del Superintendente del Medio Ambiente a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Indicó también que no se transgredió ninguna norma y tampoco se afectó ninguna garantía constitucional como el derecho a la vida o a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, desde que el material empleado no resultó ser peligroso.

DECIMOTERCERO: Que, no obstante una vez detectado el evento consistente en la remoción de los materiales, se ordenó la paralización de esas labores y se activaron de parte de la autoridad todos los protocolos y procedimientos tendientes a neutralizar cualquier eventual peligro, llama la intención de esta Corte la circunstancia que la empresa REMAVESA S.A., realizara un análisis de peligrosidad previa de muestras del lugar del acopio, antes de su extracción. Es así como los resultados de ese análisis fueron entregados el 11 febrero de este año, es decir con mucha anticipación al día de la intervención del acopio y que motivó los presentes recursos, ocurrida el 24 de marzo reciente. Luego, como ha quedado acreditado, la empresa actuó sin autorización alguna de su mandante y finalmente, no es posible determinar con exactitud la cantidad y volumen extraído, desde que, según describieron los recurrentes, se habría tratado de diez camiones que ingresaron al acopio y retirado material del lugar. En cambio, la Secretaria Regional Ministerial del MOP, informó a requerimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad que cursó una investigación por estos hechos, que el volumen extraído fue de 14m3, sin perjuicio que la empresa de asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones – Zapahuira, señaló que, aun cuando no dispone de una línea de base inicial (antes), existiendo además la probabilidad de intervención de terceros, el volumen medido del acopio presente en las instalaciones de faena de la empresa Remavesa es de 25 m3., no obstante que el volumen estimado extraído en sector Alto Copaquilla es de un 20% más del medido en aquel lugar, probablemente por las pérdidas ocasionadas por su carguío, traslado y descarga, siendo este un aproximado de 30 m3.

Como quiera que sea, es evidente que la cantidad de material extraído, fue el suficiente para provocar una alerta en los habitantes de los poblados de Malku, Copaquilla y Trigo Pampa, próximos al lugar y un legítimo temor de verse expuestos a la polución provocada por la faena de extracción de residuos mineros posiblemente tóxicos. Es así como algunos de los recurrentes describen que el hecho provocó una nube de polvo que pudo apreciarse incluso desde el pueblo de Copaquilla, distante a aproximadamente 3 kilómetros del lugar.

DECIMOCUARTO: Que, debe considerase que sin perjuicio de contar la recurrida con un informe emanado del laboratorio CESMEC, que determinó que el residuo analizado no presentaba características de peligrosidad, no es menos cierto que todos los estudios elaborados respecto del sector de Copaquilla, concluyen que el material allí existente, se encuentra en un estado de inercia que, eventualmente, expuestos a condiciones exógenas como las que ahora se denuncian, consistentes en su remoción del lugar de acopio en el que se encuentra inmovilizado al menos desde la década del 80, puede provocar un riesgo para la salud humana. Sobre todo, respecto de las personas que tengan contacto directo con esos residuos, los que, tal como se consigna en los informes técnicos encargados por diversas entidades públicas, poseen distintas características y diferentes grados de peligrosidad, existiendo allí material de chancado depositado en forma de roca petrificada, otro granulado como el que presumiblemente se removió, hasta productos de procesos de lixiviación con mayor nivel de toxicidad.

En tal sentido conviene hacer presente que, en el documento que rola en el folio 36 de la carpeta electrónica de estos autos, estudio denominado Análisis nombre reservado – Código BIP Nº RUT reservado, del año 2018, encargado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se señala: “En consecuencia, la matriz de riesgo aplicada a partir de toda la información primaria y secundaria recopilada durante la realización de este estudio, concluye que los residuos mineros ubicados en Copaquilla Alta no representan riesgos significativos para los habitantes de las comunidades de Copaquilla, Trigo Pampa y Pueblo de Mallku, dado que sus matrices ambientales de aire, suelo y agua no se ven afectadas por los mismos, por no verificarse la trilogía fuente-ruta-receptor.

Por otra parte, el proceso de evaluación del SPPC indica que el área que podría constituir un riesgo para la salud es la fuente de residuos mineros misma. Es decir, puede haber riesgo para la salud para las personas que entren en contacto directo con los residuos de manera eventual o permanente en el sitio de la ex-faena.

Esto significa que la Zona de Riesgo potencial por la presencia de contaminantes se restringe la zona en que estos se encuentran presentes, que corresponde a los escenarios EPC7 y EPC8, para los cuales el Manual FMA/P recomienda realizar un estudio detallado en caso que se requieran más antecedentes para tomar una decisión definitiva. En este marco se considera pertinente evaluar los riesgos de la salud de las personas para los casos EPC7 y EPC8 que se relacionan específicamente con el ingreso de las personas al sitio en cuestión y su contacto con residuos por diferentes vías de exposición: ya sea ingesta, inhalación o contacto dérmico con los residuos, los cuales serán discutidos en las siguientes secciones.”

Luego, en el mismo estudio se realizó un análisis de riesgos, determinándose que la exposición directa de personas en distintos escenarios, tales como Residentes futuros potenciales, Trabajadores in-situ y Visitantes ocasionales, puede provocar daños a su salud.

DECIMOQUINTO: De lo expuesto precedentemente queda meridianamente claro que, si bien el depósito de residuos mineros en el alto de Copaquilla no es un Pasivo Ambiental, conforme prescribe el mentado Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud, lo que fue ratificado por los informes acompañados en autos por el Servicio Nacional de Geología y Minería, como medida para mejor resolver solicitada por esta Corte y, el material allí acopiado se encuentra en un estado tal que no presenta un riesgo actual o inminente para las personas que habitan los poblados cercanos, no precisamente por su inocuidad, sino por las condiciones ambientales de su entorno que impide que sus elementos interactúen con esa población, cualquier actividad antrópica significativa desarrollada en el depósito, como precisamente la extracción o traslado de sus ripios, pudiera activar el potencial peligro allí existente, máxime si esa actividad implica un contacto directo de personas con esos elementos, como los propios trabajadores de la faena dependientes de la recurrida o las personas ubicadas en sus inmediaciones, debiendo entonces, tomarse todas las medidas necesarias y adoptarse todas las providencias técnicas correspondientes para desarrollar una actividad como la que se describe como hecho fundante de los presentes recursos.

DECIMOSEXTO: Que, en sus descargos RAMAVESA S.A., indicó que no existe ninguna disposición legal vulnerada, sugiriendo que tan solo extrajo muestras de un terreno que carece de cualquier indicación relativa a su condición peligrosa, el que además no es pasivo ambiental. En este sentido y a mayor abundamiento la normativa que regula el contrato de obras que ejecuta para su mandante, así como el mentado Decreto 75/2004 sobre Reglamento para Contratos de Obras Pública, impone la obligación de dar aviso al inspector fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo respecto del material que se le presenta para su utilización en las obras, estableciéndose desde ese momento la regulación ambiental para la apertura, operación, cierre y abandono de los empréstitos del cual se extraigan los ripios autorizados, no existiendo disposición alguna que le impida extraer muestras para ser estudiadas previamente.

DECIMOSEPTIMO: Que, no obstante, resulta posible colegir de los antecedentes expuesto que la empresa Remavesa S.A, pudo representarse la posibilidad del peligro que conllevaba la extracción y utilización de los desechos acopiados en el sector alto de la localidad de Copaquilla, desde que previo a su extracción, solicitó a una empresa especializada el análisis de su peligrosidad y toxisidad en relación a los estándares determinados por el Decreto Supremo 148 del Ministerio de Salud que Aprueba el Reglamento Sanitario Sobre nombre reservado, el que según lo informado resultó ser negativo. No obstante que, si tal como se ha sostenido, el material extraído no posee características de peligrosidad, llama la atención a estos sentenciadores la circunstancia de que una vez conocido el hecho de su extracción y traslado por la empresa Remavesa S.A., esta adoptara los resguardos y las medidas propias del manejo de materiales peligrosos, siendo incluso trasladado finalmente a una planta especializada para su acopio fuera de la región de Arica.

DECIMOCTAVO: Que, sin perjuicio que la muestra obtenida para realizar según se dice por la recurrida, un análisis de granulometría para determinar la calidad útil del material en el uso de faenas de reposición de la ruta11CH, no contuviera elementos de riesgo para la salud humana o el medio ambiente, e incluso que diversos estudios efectuados respecto del acopio del que fueron extraídas las muestras, señalen que dada sus características no hay peligro respecto de los habitantes de los poblados cercanos, resulta de la mayor obviedad que, tratándose de ripios provenientes de un yacimiento de residuos mineros, en que como también se encuentra acreditado en estos autos, existen materiales con distintos grados de peligrosidad, su extracción en un volumen significativo como el que se describe de menor entidad de los sindicados en los antecedentes de autos, esto es 14.m3, debe ser efectuado con todas las medidas de prevención necesarias y, por cierto con las debidas autorizaciones y fiscalización especializada que corresponda, lo que en este caso no ocurrió.

DECIMONONO: Que, es así como es posible concluir que la acción de la recurrida, aunque consistió en un hecho puntual y respecto del cual, una vez detectada su ocurrencia, se activaron los protocolos correspondientes y según se ha dicho en los informes acompañados a estos autos, existe actualmente una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente en curso, resultó al menos temeraria y por consiguiente arbitraria ya que, al extraer las supuestas muestras, las que por sus características, volumen y sobre todo el lugar de su proveniencia, requieren de la implementación de procedimientos adecuados, desarrollados por entidades especializadas, debiendo primeramente alertarse a la autoridad competente con el objeto de evitar cualquier riesgo, lo que la empresa recurrida Ramavesa S.A. no hizo, poniendo en riesgo la salud al menos de los propios trabajadores que efectuaron las labores de extracción y, eventualmente de los habitantes de los poblados vecinos, tornando reprochable su actuar razón por la cual, las acciones de amparo constitucional deducidas serán acogidas en los términos que se indicará.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se ACOGEN las acciones constitucionales de protección impetradas por doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado; don nombre reservado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sede Arica y Parinacota; y doña nombre reservado; don nombre reservado nombre reservado, y don nombre reservado, solo en cuanto se declara que el acto de la empresa Remavesa S.A., es arbitrario y por consiguiente dicha recurrida, deberá abstenerse de realizar nuevas extracciones de ripios en el sector Alto de la localidad de Copaquilla, debiendo en consecuencia, la autoridad político administrativa correspondiente, adoptar todas las providencias necesarias para evitar nuevos eventos extractivos de residuos o materiales de ese mismo lugar.

Redactada por el Abogado Integrante, señor Ricardo Oñate Vera.

No firma el Abogado Integrante, don Ricardo Oñate Vera, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no encontrarse integrando el día hoy.

Rol N°114-2021 Protección (Acumulada 118-2021 Protección).