CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LIMITADA con nombre reservado

Arica, once de abril de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, y nombre reservado, en representación de CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LIMITADA, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, de quien ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado.

Fundamenta su acción constitucional la compareciente, refiriendo que es arrendatario de la propiedad ubicada en Camino Vecinal, parcela N° 19, sector la Ponderosa de esta ciudad, según contrato de arrendamiento de fecha 4 de abril de 2004, domicilio el cual corresponde al comercial de la Constructora Aguas Claras Limitada, destinado al desempeño de obras de ingeniería, por lo que a diario ingresan y salen de allí camiones, maquinarias pesadas, buses de acercamiento de personal y trabajadores de la misma, con destino a las calles de esta ciudad, a fin de realizar sus labores de pavimentación y otros quehaceres propios del giro.

Aduce quien solicita el amparo constitucional, que existe un camino llamado Camino Vecinal, el cual conduce a Avenida las Dunas, siendo este la única salida para todos los habitantes de ese sector, por lo que es transitado tanto por vehículos de parcelas vecinas y por los pertenecientes a su representada.

Agrega la recurrente, que lleva operando en este lugar hace más de veinte años, por lo que siempre se ha preocupado de hacer las mantenciones al camino, a través de la instalación de señalética visible; además de instruir a los choferes, de que circulen a una velocidad no mayor a los 30 kilómetros; a la construcción de un lomo de toro, con el fin de no producir molestias alguna a sus vecinos, y que, pese a todo ello, nombre reservado, vecino del sector, a quien no le resulta de su total agrado la circulación de los vehículos pertenecientes a la Constructora por aquel camino, ya que desde que llegó a vivir al sector, les manifestó su completa molestia de forma verbal, existiendo diálogos que no llegaron a un punto de acuerdo.

Señaló que, desde aproximadamente el 28 del mes enero del presente año, la recurrida comenzó a obstruir de manera injustificada el camino antes mencionado, principalmente con piedras de gran tamaño, material de construcción, troncos pesados y alambres de púa, obstaculizando totalmente el paso de los vehículos de la constructora, entorpeciendo sus actividades comerciales y productivas, al poner todos estos elementos en las afueras de su parcela, a lo ancho de la calle.

Añade que dichas acciones, han producido variados y graves daños a los vehículos y maquinarias de la empresa, y pérdidas considerables en cuanto a productividad, debido que, a consecuencia de las obstrucciones provocadas por el recurrido, el personal de la empresa ha tenido que llegar atrasado en una y hasta en dos horas a su trabajo, por consiguiente, el inicio de actividades diarias, sufre un irreparable atraso, y el costo de cada paralización que ha tenido que soportar, ha sido muy alto, por la cantidad de personal y maquinarias que dependen de la oportuna llegada del material de trabajo desde el centro de operaciones, en dirección a los campamentos de faenas, pues los camiones de dicha empresa, transportan grandes mezclas de hormigón, compuesto formado de cemento fresco y áridos, cuya finalidad de trabajo, es la de llegar en óptimas condiciones, para que el hormigón tome la forma de los moldajes usados.

Añade que, ante el actuar del recurrido, los trabadores le han pedido explicaciones, sin embargo, este se ha negado a dar un motivo del porqué de su actuar, por lo que ha teniendo que ser el mismo personal de la constructora, los encargados de mover todas las piedras y palos, a fin de poder circular en dirección al lugar de trabajo.

Además, refiere que el recurrido, en cada oportunidad de diálogo que se ha presentado, se ha mostrado sumamente agresivo, al insultar al personal y jefes de la empresa, por medio de la amenaza y malos tratos, de tal manera que esta situación se ha vuelto insostenible en el tiempo, generándose temor entre los trabajadores por su integridad física y la de la empresa en su productividad.

Por todo lo anterior, la accionante estima conculcadas las garantías del artículo 19 de nuestra Carta fundamental, del numeral 21, por los graves perjuicios económicos a los vehículos y maquinarias de su representada; del numeral 1°, ya que se está poniendo en peligro la vida y la integridad física de los trabajadores; y del numeral 24, por cuanto se han producido pérdidas considerables en la productividad y daños económicos en los vehículos y maquinaria de la empresa.

Solicitó en definitiva, se restablezca el imperio del derecho y se asegure su debida protección, con costas.

SEGUNDO: Que, el recurrido al evacuar el informe ordenado, solicita el rechazo del recurso, señalando que la recurrente cuenta con un contrato de arriendo, siendo que se trata de un predio agrícola, sin cambio de suelo a comercial en el Servicio Agrícola y Ganadero, y considerando que ese permiso no se concede por ser un sector de humedal.

Agrega que el ingreso de los camiones de alto tonelaje o maquinaria pesada, debe hacerse por Santiago Arata, pasando por el control de pesaje, y al pasar por el sector de La Ponderosa, eluden dicho control, añadiendo que los problemas se han generado ahora, ya que los propietarios están viviendo en la parcela.

Indica que la mantención del camino a que alude el recurrente, lo hace con desechos contaminantes, que son los que sacan al reparar las calles de la ciudad, y que las señaléticas no son respetadas por sus choferes, y que todo lo hace sin autorización de los propietarios.

Aclara que no se niega a que pasen vehículos de carga menor, siendo el problema que son los camiones de grandes dimensiones que usan el camino vecinal, cargando cemento freso, áridos y compuestos tóxicos como el asfalto, siendo cancerígeno, todo lo que provoca que se rompan las cañerías, que los niños no puedan hacer uso del camino para andar en bicicleta, ha dañado el turismo, ya que los camping y restaurant han dejado de funcionar por la falta de agua.

Señala además, que cuentan con el apoyo del Departamento de Vialidad de la Municipalidad de Arica, según la ordenanza N° 164, de 9 de febrero de 2017, apoyándolos contra los abusos, y que la conducta del denunciado, atenta gravemente los derechos de los vecinos, pone en riesgo sus vidas, debido a la alta contaminación que producen, y atentan contra su vida privada, además de nunca haberles consultado si estaban de acuerdo con que una empresa privada realice sus trabajos en el sector.

TERCERO: Que, como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente, debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Esto es, se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

QUINTO: Que, en la especie, la temática planteada, se encuentra referida al uso de diversas vías por parte de la recurrente, en el ejercicio de su actividad industrial, pudiendo advertirse de la documentación que se agregó como antecedente, consistente en un oficio dirigido a nombre reservado, de la Empresa Constructora Aguas Claras Limitada, de fecha primero de septiembre del año próximo pasado, emanado de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al Ordinario N° 1101, referidos al derecho de tránsito para camiones de la recurrente, por Avenida Las Dunas, Ruta A – 210, Costanera Norte (Arica), que dicha Dirección de Vialidad, le otorgó pronunciamiento de factibilidad de tránsito por Ruta A – 210, de la siguiente manera: “Desde su propiedad, parcela N° 19, por camino vecinal, sector la Ponderosa, tomando Ruta A – 210 hacia el Norte, pasando por obra de arte (puente con cajones Ruta A – 210), Ruta A – 200 y Ruta 5”.

SEXTO: Sin embargo, según Ordinario N° 1547, de fecha 7 de diciembre del 2016, la misma repartición pública informó, esta vez a nombre reservado, aclarando el ordinario anterior que: “La autorización a transitar que otorgó esta Dirección Regional se refiere a las rutas bajo su tuición, esto es A – 200, A – 210 y Ruta 5. No corresponde a éste Servicio pronunciarse sobre el uso del camino vecinal indicado por no formar parte de la Red Oficial y por lo mismo la mención de dicho domicilio reservado sólo tiene mérito informativo, como una alternativa de acceso a su Predio de acuerdo a lo informado por el interesado, sin embargo es responsabilidad del requirente recabar los permisos que corresponden para resolver el acceso a su predio”.

Ergo, por un lado, la recurrente, Constructora Aguas Claras Limitada, no se encuentra autorizada para transitar por el mentado camino vecinal, por parte de la Dirección de Vialidad de la Región de Arica y Parinacota y, si se le refirió, fue en carácter de “alternativa”.

Por otro lado, la situación de acceso a su predio, según la misma autoridad, se encuentra pendiente de resolución, toda vez que, “debe recabar los permisos que correspondan”, toda vez que precisamente el tránsito por dicho camino “vecinal”, se encuentra cuestionado por los mismos vecinos, según da cuenta el propio Ordinario 1547 y el prolífico listado – veintiocho vecinos – que acompaña el mentado dictamen N° 1547, de la Dirección de Vialidad.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio que el camino en cuestión, si bien se encontraría destinado para el tránsito de parceleros habitantes del sector, entre ellos la propia recurrente, a lo cual, expresamente la recurrida no se opone, como se denota de su informe, el problema surge por el paso por dicha vía, de camiones que, según dan cuenta las fotografías incorporadas al recurso, aparecen como de descomunales dimensiones, los cuales incluso llevan a bordo, otras maquinarias incluso de mayores desbordantes dimensiones o bien, con acoplados sobredimensionados o cargas voluminosas, los cuales, analizados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, esto es, en virtud a las reglas del correcto entendimiento humano, dan a entender como algo lógico, que tales pesados transportes, por un lado, pueden destruir fácilmente los sistemas de suministro y evacuación de aguas de las casas aledañas al camino que transitan pesadamente y por otro que, habida consideración de sus enorme tonelaje, tales camiones tendrían serios problemas para cumplir con los límites de tonelaje que establecen los controles de pesaje, que se ubican en la ruta 5 Norte y que controlan el ingreso al centro de la ciudad, precisamente de camiones de las dimensiones y peso que utiliza la accionante constitucional.

En efecto, es la propia empresa constructora Aguas Claras Limitada, la cual, a través de sus representantes, reconoce en su carta a la Dirección de Vialidad, de fecha 25 de abril del año 2016, que efectivamente sus camiones pueden circular por la Ruta 5 Norte, vía donde existen las casetas de control de pesaje de camiones - como expresamente lo señala el informe solicitado a la Tercera Comisaría de Carabineros de Arica - sin embargo, califica aquel trayecto “fuera de toda lógica”, ya que debe retroceder hasta Villa Frontera, pasar por un puente y de ahí tomar la vía que no le gusta, en cambio, según da cuenta el plano satelital del sector en cuestión, del Ordinario N° 319, de fecha 14 de Marzo del año en curso, remitido a esta Corte como informe por la Dirección Regional de Vialidad, se encuentra en condiciones de ocupar la Ruta H – 210, para dirigirse hacia el sur, en Dirección de la ciudad.

De esta forma, y siempre analizando los antecedentes de acuerdo a las reglas de la sana crítica, liberado los camiones de la recurrente de la carga de un control vehicular, pueden cargar sus pesados camiones, con volúmenes de carga desmesurados, como lo que se observan a simple vista, en los antecedentes fotográficos que se acompañan al recurso por los informantes, causando las perniciosas consecuencias de que dan cuenta los parceleros afectados en su reclamo a la Dirección de Vialidad y el recurrido en su informe.

De ahí que, la temática de la supuesta evasión de los controles de pesajes de los móviles de alto tonelaje, es una cuestión en la cual, la Dirección de Vialidad, “tomará las medidas pertinentes al efecto”, tal como refiere el Ordinario N° 319 de esa Dirección de Vialidad, agregado como informe al presente recurso.

OCTAVO: Que cuestiona aún más la pretensión de la accionante constitucional, que sea ella misma, la cual, en su presentación a la Dirección de Obras de esta Región, de fecha 25 de abril del año 2016, exponga que existen otras alternativas de transito de sus camiones, cuando señala que: “tiene dos caminos (uno por el norte y otro por el sur) vecinales que nacen por el este en las últimas parcelas”, caminos que son visibles en la foto planimétrica acompañada por la recurrida en su informe; y, cuando señala que en la propia Ruta A – 210, existe un letrero que prohíbe la circulación de camiones, ergo, con mayor razón resulta cuestionable y prohibitivo el tránsito de aquellos móviles de gran cantidad de carga, por caminos mucho más precarios, como los que da cuenta las fotografías acompañadas a los autos.

NOVENO: Que, por otro lado, no fue establecido lo afirmado por la recurrente, en cuanto a que la recurrida obstruye el camino vecinal con objetos que impiden el paso de los camiones o, que lanza insultos a los choferes de los camiones. Aquello no es posible distinguir de las fotografías acompañadas por la accionante, donde sólo se distinguen unos pedruscos, a orilla del camino y por el contrario, el propio informe solicitado a Carabineros, de fecha 9 de marzo del año en curso, nada refiere al respecto, indicando expresamente que se ha observado en el sector, el tránsito de camiones de carga “menores”, sin hacer alusión a algún tipo de barricada o conatos de conflictos, por el paso de los mismos por el sector.

DECIMO: Que, así las cosas, como se puede advertir, la reclamación del recurrente, no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende, por esta vía, y como así se aprecia de los términos de su recurso, que se altere la sustanciación normal de procedimientos administrativos y comunales, reconociéndole el paso por vías, respecto de las cuales, el ente respectivo, la Dirección de Vialidad, expresamente no le consideró, saltándose de esta forma los intereses y los derechos de terceras personas, muchas de las cuales, ni siquiera son parte en la presente acción constitucional, lo cual, es absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección, el cual, como se ha referido, pretende amparar a alguien quien, a prima facie, aparece revestido de la titularidad de un derecho, lo cual en la especie, como se ha referido, aparece a lo menos controvertido.

UNDECIMO: Que, acoger el recurso, conllevaría que esta Corte emitiese, implícitamente, un pronunciamiento de carácter declarativo, esto es, reconocer que la empresa recurrente, puede circular por una vía reservada a los habitantes del sector, con camiones de grandes dimensiones, dejando de lado los eventuales intereses legítimos de terceros y los perjuicios que puedan padecer, todo ello en contraposición de lo dictaminado por el órgano gubernamental técnico, encargado de la materia, que expresamente lo excluyó de una declaración así, lo cual, como se reitera, es completamente ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso de protección, cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, como ya se ha dejado consignado.

DUODECIMO: Que, de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es necesario concluir que, en el presente caso, no se daban los requisitos que la Constitución exige, para que la acción de protección prospere, por lo cual será rechazada, ya que para que una acción cautelar progrese, es requisito que el derecho cuyo resguardo se invoca, sea un derecho ya declarado y no discutido.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA, el recurso de protección deducido, por doña nombre reservado, y doña nombre reservado, en representación de CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LIMITADA, representada legalmente por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

No firma el Ministro señor Eduardo Camus Mesa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la presente causa por encontrarse con feriado legal.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 111-2017 Protección.

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