Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Arica, veintinueve de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece CARLOS CORDOVA GARRIDO, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en esta ciudad, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, denunciando como ilegal y arbitrario la negativa a acoger a tramitación la solicitud de residencia temporal dentro de Chile, efectuada por ella el 22 de marzo de 2024, con vulneración de la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó el 2017 al país, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos para permanecer y optar a adquirir la nacionalidad chilena, manteniendo cotizaciones previsionales, así como contrato de trabajo de carácter indefinido desde agosto de 2020, otorgándose ampliación de Certificado de Residencia Definitiva en Trámite el 07 de febrero de 2024.

Agrega que el 22 de marzo pasado, se le Notificó Previo Rechazo por no presentar el Certificado de Antecedentes del País de origen, situación que atendido lo ocurrido hace seis meses en el país de origen, en medio de una verdadera revolución, donde no hay estado de derecho y las instituciones públicas dejaron de funcionar al alero del Estado, es que no pueden aportar el documento solicitado en la oportunidad, lo que fue dilatando por un largo tiempo sin que avanzara el trámite ante el Servicio de Migraciones.

Respecto a los fundamentos de derecho, refiere que se ha vulnerado la igualdad ante la ley, sin profundizar como se vulnera la garantía, y que respeto a la ilegalidad y arbitrariedad, indica que es ilegal el solicitar documentos que por fuerza mayor no puede cumplir.

Luego agrega que se ve afectada la protección de la familia, sin señalar como ello se ajusta al caso de autos.

Finalmente, respecto al restablecimiento del derecho perturbado, indica que debe disponerse el dejar sin efecto el acto administrativo como providencia necesaria para restablecer el imperio del derecho, solicitando se declare ilegal y arbitraria la resolución, dejándola sin efecto y que se disponga se ordene la regularización de su situación migratoria en un plazo no superior a 90 días.

Informó en su oportunidad el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías fundamentales del recurrente.

Señala, que el recurrente solicitó residencia definitiva, ingresada el 29 de octubre de 2020, y que el 04 de febrero de 2022 se emitió una resolución informando que su solicitud no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa pues debía subsanar el certificado de antecedentes del país de origen al estar sin legalizar o apostillado, y el certificado de vigencia de contrato, pues no se encuentra vigente, habiendo acompañado antecedentes para que el procedimiento avanzara, por lo que el 23 de enero de 2023 se emitió la resolución que solicitaba el pago de derecho y antecedentes, pues el certificado se encontraba aun sin legalizar o apostillar, y respecto del permiso de residencia vencido debía regularizarse mediante el cálculo de multa, entregándose un plazo de 60 días y, según el artículo 88 de la Ley de Extranjería, la solicitud podría ser rechazada, como ocurrió el 23 de marzo de 2024, emitiéndose la Notificación Previo Rechazo, que informa al extranjero que, habiendo analizado la solicitud, el extranjero se encuentra en la causal de rechazo por no acompañar los antecedentes solicitados, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos respecto de la causal, y que, en caso de no realizarlo, la autoridad debe resolver su situación migratoria.

En cuanto al derecho, indica que la solicitud aún se encuentra en trámite, pudiendo acceder a un certificado que acredita tal situación a través de la página de trámites del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección, indicando que conforme al artículo 38 de la Ley 21.325 puede hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones aun cuando el permiso de residencia haya perdido su vigencia.

Finalmente, en cuanto al tiempo de tramitación, invoca lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, donde se establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encontraba nuestro país, término que no resulta fatal para la Administración, citando jurisprudencia al efecto.

Agrega que del mismo modo el recurso de protección no es la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración, sino el mecanismo especial establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, sin perjuicio que la parte recurrente no ha solicitado la debida certificación respecto a que la solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la ley, pudiendo hacerlo, siendo ella la vía adecuada para hacer efectivo el principio de celeridad establecido en dicho cuerpo legal.

Finalmente sostiene que la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, toda vez que un grupo reducido se ha transformado en un grupo privilegiado en cuanto a la resolución de sus solicitudes, lo que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

Por lo anterior, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, solicita el rechazo del recurso, así como de la condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida ha realizado requerimientos de documentación que a juicio del recurrente se encuentra en la imposibilidad de acompañar para darle prosecución al procedimiento administrativo, dictándose la resolución de 22 de marzo de 2024 denominada Notificación Previo Rechazo.

CUARTO: Que, como primera cuestión, en cuanto a la naturaleza del acto objetado por la recurrente, éste no corresponde a un acto terminal de la administración pública, toda vez que aún no se dicta la respectiva resolución de concesión o rechazo de la solicitud de permanencia definitiva, encontrándose aún en etapa de descargos respecto de la causal de descargo.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, por el hecho de encontrarse aún en trámite la solicitud de permanencia definitiva, implica necesariamente que puede gozar de todas las prerrogativas como si se encontrara en situación migratoria regular, cuestión que obsta a la imposición de medida alguna para restablecer el imperio del derecho, ello es motivo suficiente para el rechazo del presente arbitrio.

SEXTO: Que, sin perjuicio de todo lo anteriormente razonado, cabe señalar que respecto del ciudadano haitiano, no puede soslayarse la cantidad importante de solicitantes de dicha nacionalidad, por lo que de manera alguna pudiera establecerse una situación excepcional respecto del recurrente, toda vez que ello en sí mismo implicaría la modificación de un requisito que establece el propio legislador para los efectos de la concesión de la residencia materia del recurso, observando que de este modo, este tipo de decisiones pueden eventualmente contribuir involuntariamente a la afectación de derechos fundamentales de otros administrados que se encuentren en similar situación a la del actor.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°110-2024 Protección.