Protección contra Dirección General de Aguas de la XV Región de Arica y Parinacota

A fojas 19, comparece don nombre reservado, por si y en representación de la Sociedad Agroindustrial El Pedregal Limitada, todos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad y deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Aguas de la XV Región de Arica y Parinacota, representada por su Director Regional don Héctor Flores Moraga, ingeniero civil agrícola, domiciliado en domicilio reservado, a fin de obtener el cese inmediato de los efectos de la Resolución Exenta DGA XV N° 981 de 23 de diciembre del año 2014, cuyo contenido es ilegal y arbitrario.

Refiere que con fecha 13 de diciembre del año 2014, fue notificado del Ordinario DGA N° 563 del mismo mes y año mediante el cual se le informaba de un proceso de fiscalización por extracción ilegal de aguas desde el pozo ubicado en las coordenadas UTM Datum PSAD 56 huso 19 sur, Este 388.157 m. y Norte RUT reservado m., mismo respecto del cual pidió la constitución de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de uso permanente y continuo por un caudal de 2 litros por segundo, el pasado 16 de diciembre del año 2005.

Señala que realizó los descargos preliminares y la recurrida sin siquiera acoger su petición de diligencias probatorias dictó la Resolución Exenta, recurrida por esta vía, N° 981 de fecha 23 de diciembre de 2014, que resolvió enviar los antecedentes al Ministerio Público para investigar el supuesto delito de extracción ilegal y, al Juzgado de Letras de Turno, para la aplicación de las multas establecidas en los artículos 173 y 175 del Código de Aguas.

Para fundar su recurso de cautela constitucional, expone que el fundamento de la resolución recurrida, no es otro más que la dictación de la Resolución N° 722 de 24 de octubre del año 2012 que negó la solicitud de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas aludida precedentemente, luego la ilegalidad y arbitrariedad se produce desde que ¡a mentada resolución del año 2012 nunca íe fue notificada, hecho que incluso aparece expresamente reconocido por la recurrida en la resolución impugnada.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, cita los numerales 21 y 24 del artículo 19 de ia Constitución Política de la República, la primera en tanto limita el derecho a ejercer la actividad agrícola que ejerce hace mas de veinte años e implicara el fin de varios puestos de trabajo, y la segunda, por cuanto deberá enfrentar un proceso criminal y uno civil sin siquiera haber sido notificado de la resolución que sirve de fundamento a la recurrida, privándolo de Arica, dieciséis de febrero de dos mil quince.

VISTO:

hacer valer sus legítimos derechos y reclamaciones consagrados en el Código de Aguas.

A fojas 36, se declaró admisible y se requirió el informe de rigor.

A fojas 48, informa el recurrido que la Dirección General de Aguas desarrolló en el año 2014 un Programa Nacional de Fiscalizaciones Selectivas por Infracción al Código de Aguas, razón por la cual se decidió incorporar las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas denegadas, entre ellas la del recurrente, quien presentó una solicitud en el año 2005 la que fue denegada mediante Resolución Exenta N° 722, de 24 de octubre de 2012, que cuenta con su respectiva acta de notificación de fecha 5 de noviembre de 2012, y sin perjuicio de lo señalado por el recurrente en cuanto a la forma en que le fue practicada la notificación, éste no alega la nulidad de la Resolución denegatoria ni el fondo de lo resuelto por aquella.

En cuanto a la resolución recurrida N° 981, de 23 de diciembre de 2014, los descargos fueron debidamente analizados y en lo tocante a la falta de notificación, es dable tener presente que el recurrente no pudo extraer aguas sin la debida resolución que asi lo autorizara, puesto que la solicitud es solo una mera expectiva que no constituye derechos, de suerte que le estaba vedado al recurrente extraer aguas mientras la misma se encontrara en tramitación, por lo demás no es efectivo que la Resolución impugnada tenga su fundamento en la Resolución DGA N° 722 de fecha 24 de octubre de 2012, su fundamento se encuentra en el plan anual de fiscalizaciones selectivas, luego el que no se notificara la DGA 722, dictada por otra Unidad como lo es la Unidad de Administración de Recursos Hidricos (DARH), distinta de la Unidad de Fiscalización no guarda ninguna relación con el hecho de extraer aguas sin título, esto es, sin derechos de aprovechamiento de aguas legalmente constituidos.

Pide el rechazo del recurso, tras citar abundante jurisprudencia que dice relación con la denegatoria del recurso hidrico, en atención a que con independencia de existir una tramitación de solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, la que en este caso fue negada, el recurrente no podía extraer aguas sin el debido título, menos en una zona de restricción, según lo dispuso la ley N° 20411.

A fojas 57, se trajeron ios autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta u é 2— acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien o favor de quien se deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ¡legales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidlas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, se ha puesto en conocimiento de esta Corte de Apelaciones y se ha solicitado al mismo tiempo, se ordene el cese de los efectos de la Resolución Exenta N° 981 de 23 de diciembre de 2014, la que en su parte resolutiva dispone la remisión de los antecedentes del expediente administrativo W 1501-1720 ai Ministerio Público y al Juzgado de Letras de Turno, al primero por el presunto delito de usurpación de aguas, y ai segundo, para la aplicación de la multa de los artículos 173 y 175 del Código de Aguas.

CUARTO: Que, aparece de los antecedentes que se tienen a la vista, que la resolución respecto de la cual se recurre, la DGA N° 981 que ordena la remisión de los antecedentes de un expediente administrativo al ente persecutor penal y a los Juzgados de Letras de Turno. Sin embargo, lo cierto, es que en el fondo lo que pretende el recurrente es paralizar los efectos de la Resolución N° 722 del año 2012, por los motivos que indica, sin que corresponda a esta Corte emitir pronunciamiento alguno respecto a dicha resolución por tratarse de un acto distinto al cual se recurre como arbitrario o ilegal, cual es, la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, de suerte tal, que si el recurrente pretende paralizar tal gestión, deberá recurrir en contra de la mentada Resolución N° 722, ejerciendo tos derechos que la ley le faculta sin que ello sea resorte de esta Corte mediante la presente acción cautelar.

Con lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado por si y en representación de la Sociedad Agroindustrial El Pedregal Limitada, en contra de la Dirección General de Aguas de la XV Región de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.