Protección contra Contraloría General de la República

C.A. Arica Arica, cinco de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece nombre reservado, médico, conforme con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por la Contralora General de la República señora nombre reservado, y en contra de la funcionaria que dicto la resolución recurrida FOLIO: E35309/2025 de fecha 04 de marzo del año 2025 YANERI nombre reservado.

Que el recurrente, exfuncionario del Servicio de Salud Arica y Parinacota, con jornadas de 11 y 28 horas semanales, comparece ante esta Corte para impugnar el Oficio N°721 de 2024 emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se le negó arbitrariamente el derecho al desahucio establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°338 de 1960, ordenándose en su lugar únicamente la restitución de las cotizaciones efectuadas para el Fondo de Seguro Social de Empleados Públicos, pese a sus 44 años de servicio público ininterrumpido.

La resolución impugnada incurre en un error grave de hecho y derecho, al sostener que el Recurrente no se encontraba trabajando al 23 de septiembre de 1989 (fecha de entrada en vigencia de la Ley N°18.834), basándose en que su reincorporación definitiva habría ocurrido el 16 de junio de 1990.

Este argumento omite deliberadamente que el recurrente trabajó ininterrumpidamente hasta el 30 de septiembre de 1989, es decir, 7 días después de la vigencia de la ley, cumpliendo así con el requisito establecido en el Artículo 13 Transitorio de la Ley N°18.834, que mantiene el derecho al desahucio para quienes se encontraban en servicio activo en esa fecha.

Esta omisión material constituye una arbitrariedad manifiesta, pues: Desconoce pruebas documentales (certificados de servicio y liquidaciones de sueldo) que acreditan la continuidad laboral del Recurrente hasta el 30/09/1989.

Vulnera el principio de igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 y 3 CPR), al negar un beneficio que sí ha sido reconocido a otros funcionarios en idéntica situación.

Afecta derechos patrimoniales y previsionales adquiridos (Art. 19 N°24 CPR), al retener por décadas cotizaciones sin entregar el beneficio correspondiente.

Además, la resolución impugnada ignora: La doctrina de derechos adquiridos y la confianza legítima generada por 44 años de descuentos regulares, respaldada por jurisprudencia (Dictámenes CGR N°50.713/2004 y 54.937/2009).

El impacto irreparable en la salud y subsistencia del recurrente, quien confió en este beneficio como parte esencial de su jubilación.

Hace una relación de los hechos y fundamentos de derecho con el fin de que se declare que la Contraloría vulneró derechos fundamentales.

Hechos: Relación Laboral: el recurrente se desempeñó como funcionario público en el Servicio de Salud Arica y Parinacota bajo dos contratos:

1.- Jornada de 28 horas semanales desde el 17/02/1982 hasta su cese temporal el 30/09/1989, tramitación destinación dentro del servicio de Salud Pública de Chile registrándose el contrato de nuevo destino en el sistema el 16/06/1990 y agregándose una Jornada de 11 horas semanales desde el 01/05/2000, a abril del año 2024.

Descuentos de la remuneración como funcionario público de Servicio de Salud de Chile por concepto de Desahucio: Al recurrente durante todo el tiempo trabajado desde el 17/02/1982 al mes de abril del año 2024, se le efectuaron descuentos mensuales para el Fondo de Seguro Social de Empleados Públicos (DFL N°338/1960), Esto demuestra que el empleador reconoció implícitamente su derecho al beneficio.

Respecto del Contexto Legal señala: La Ley N°18.834 vigente desde el 23/09/1989, derogó las normas sobre desahucio del DFL N°338/1960, pero mantuvo el derecho para quienes laboraban al 23/09/1989 (Artículo 13 Transitorio).

El recurrente trabajó ininterrumpidamente hasta el 30/09/1989, es decir, 7 días después de la entrada en vigencia de la ley, cumpliendo así con el requisito Sobre el Acto Impugnado: Mediante Oficio N°721/2024, la Contraloría negó el derecho al desahucio, argumentando que el Recurrente no se encontraba trabajando al 23/09/1989, situación que no es verdadera, y OMITIÓ que El recurrente estaba bajo contrato en el Hospital El Salvador de la Región Metropolitana hasta el 30/09/1989 (así da cuenta el certificado que se acompaña, emitido por el Gobierno.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS: Artículo 19 N°2 y 3 Constitución Política de la República (Igualdad ante la ley):

La Contraloría General de la República aplicó un trato discriminatorio, negando el beneficio al Recurrente mientras otros funcionarios en idéntica situación que estaban trabajando hasta el 23/09/1989 o días posteriores sí lo recibieron.

Artículo 19 N°24 de la Constitución: Se le retuvieron cotizaciones por 42 años (1982-2024) sin entregar el beneficio correspondiente, afectando su patrimonio, manifestando hágase devolución de los dineros descontados de su remuneración, sin aclarar si es a valor presente y debidamente reajustado más los intereses que hubiese podido obtener si esos dineros se hubiesen depositado a plazo, por ejemplo.

Artículo 19 N°26 CPR (Seguridad jurídica): La Contraloría desconoció derechos adquiridos y jurisprudencia consolidada (ejemplo Dictámenes N°50.713/2004 y 54.937/2009), generando inseguridad jurídica.

Principio de Confianza Legítima (Art. 1.546 Código Civil): El empleador validó por décadas el derecho al desahucio mediante descuentos regulares, y la Contraloría rompió esta confianza sin justificación válida, afectando además su tranquilidad de vida en el periodo de Jubilación (jubilo después haber prestado servicios médicos a la comunidad) por un lado y ha afectado su salud al destruir en simples líneas de negativa su derecho de desahucio sin haber verificado que al 23 de septiembre del año 1989, estaba en servicio activo y trabajando a lo menos hasta el 30 de septiembre de ese año.

Artículo 19 N°3 CPR (Debido proceso): la recurrida omitió pruebas esenciales (certificado de labores hasta 30/09/1989) y no fundamentó adecuadamente su decisión.

Respecto de otros fundamentos de derecho esgrime que: Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo): Artículo 13 Transitorio mantiene el desahucio para funcionarios activos al 23/09/1989. El recurrente cumplió este requisito. DFL N°338/1960: Establece el derecho al desahucio para quienes cotizaron al Fondo de Seguro Social.

Hace referencia a Jurisprudencia: Dictámenes de la CGR N°50.713/2004 y 54.937/2009 reconocen este derecho en casos análogos.

Invoca a su vez el principio de irretroactividad (Art. 19 N°3 CPR): Prohíbe aplicar interpretaciones restrictivas que perjudiquen derechos consolidados.

De Chile Depto. Recursos Humanos El/La Jefe De Remuneraciones) y posteriormente hay un traslado al Hospital de Arica, que termina por consolidarse en junio del año 1990, pero por razones administrativas del estado.

Solicita se acoja el recurso de protección y dejar sin efecto el Oficio N°721/2024 por su carácter arbitrario, lesivo e Ilegal y que se ordene a la Contraloría General de la República reconocer el derecho al desahucio conforme al DFL N°338/1960 que tiene el señor nombre reservado, médico Cirujano Vascular, quien tenía contrato vigente al 23 de septiembre del año 1989, entrada en vigencia Ley 18.834. artículo 13 transitorio y en subsidio, ordenar la restitución de todas las cotizaciones retenidas desde 1982 hasta 2024, reajustadas con interés máximo legal y condenar en costas al recurrido.

Informa la recurrida y señala que el señor nombre reservado ha interpuesto un recurso de protección en contra de esa Entidad Fiscalizadora, por haber emitido el oficio N°E35309, de 4 de marzo 2025, mediante el cual se ratificó lo sostenido en el oficio N°721, de 24 de septiembre de 2024, de este origen, determinando que no tenía derecho al desahucio del Fondo Social de los Empleados Públicos establecido en el decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, y disponiendo que correspondía la restitución de lo cotizado erróneamente para ese fin.

En este sentido, es del caso mencionar que el 5 de agosto de 2024, el actor realizó una solicitud de desahucio ante esa Entidad de Control, la que fue rechazada a través del oficio N°721, de 24 de septiembre de 2024, de este origen, debido a que el recurrente a la data de su requerimiento ante esa Contraloría General no le asistía derecho para la percepción de dicho beneficio indemnizatorio.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

1. En cuanto al cargo que ejercía de 28 horas: El recurrente ejerció este cargo con interrupciones entre el 17 de febrero de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1989, de modo que le correspondía percibir el desahucio por este periodo, por encontrarse amparado en el artículo 13 transitorio de la Ley N°18.834.

Sin perjuicio de lo anterior, habiendo transcurrido más de 35 años desde el cese de funciones que le permitía optar a este beneficio -30 de noviembre de 1989-, la oportunidad para impetrarlo se encontraría prescrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382, del decreto con fuerza de Ley N°338, de 1960, que establece un plazo de cinco años para cobrarlo, contados desde la fecha en que se hubiere hecho exigible.

Con posterioridad, el 16 de junio de 1990, el recurrente se reincorporó al aludido cargo de 28 horas, fecha en la que ya no correspondía efectuar aportes para el Fondo de Seguro Social, puesto que el Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), que entró en vigencia el 23 de septiembre de 1989, había derogado las normas sobre desahucio, razón por la cual procedía la restitución de las cantidades cotizadas indebidamente en el cargo de 28 horas, desde la fecha de inicio de sus funciones en el año 1990 hasta el cese de sus labores en el año 2024, debidamente reajustadas de acuerdo con la variación del IPC.

2. En cuanto al cargo que ejercía de 11 horas: Respecto de este cargo, el recurrente nunca tuvo derecho al desahucio contemplado en el decreto con fuerza de ley Nº338, de 1960, toda vez que la prestación de servicios del actor comenzó con fecha 1 de mayo de 2000, fecha en la cual, ya se encontraba vigente la Ley N°18.834, que derogó las normas sobre desahucio.

Aclarado lo anterior, cabe indicar que, el recurrente solicitó la reconsideración del oficio N°721, de 24 de septiembre de 2024, la cual fue resuelta a través del oficio N°E35309, de 4 de marzo de 2025, de este origen, en el que se reiteró que el recurrente no tiene derecho a obtener el desahucio de que se trata, procediendo, por tanto, la restitución de las cotizaciones enteradas erróneamente por dicho concepto.

En ese contexto, con fecha 28 de marzo de 2025, el recurrente dedujo la presente acción cautelar, por estimar que el citado oficio N°721, de 2024, de esta Contraloría General, afectaría sus derechos y garantías constitucionales contemplados en los Nos 2, 3, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

De la lectura del recurso de protección, en específico del punto N°1 de su petitorio, se advierte que la acción cautelar se dirige expresamente en contra del oficio N°721, de 24 de septiembre de 2024, y considerando que el presente recurso de protección se interpuso con fecha 28 de marzo de 2025, resulta evidente que la acción de autos se presentó extemporáneamente.

En este contexto, se ha estimado pertinente señalar que el oficio E35309, de 4 de marzo de 2025, de este origen -a partir del cual pretende construir el plazo para recurrir de protección- solo vino a ratificar el criterio contenido en el citado oficio N°721, de 2024, ante la solicitud de reconsideración de aquel que presentó el interesado, de modo que se trata de un acto meramente confirmatorio que no innova en la situación jurídica del recurrente. Cita Jurisprudencia en favor de su postura.

El asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección.

En la especie, el recurrente no intenta amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado -requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia- sino que pretende, por esta vía, que esta Iltma. Corte declare que tiene derecho a obtener el desahucio contemplado en el decreto con fuerza de Ley N°338, de 1960, antiguo Estatuto Administrativo, actualmente derogado.

En efecto, la pretensión invocada por el recurrente es del todo improcedente por cuanto excede el marco propio de esta acción de protección, la que no es declarativa ni la vía idónea para obtener el reconocimiento del derecho a ser beneficiario de la indemnización en cuestión, sino que persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, lo cual no acaece en la situación de la especie.

En efecto, conforme se expresó en el acápite de antecedentes del presente informe, la discusión planteada en el presente recurso dice relación con el derecho que, a juicio del recurrente, le corresponde y que consiste en la percepción del desahucio, puesto que, a su entender, debe aplicarse la norma protectora del artículo 13 transitorio de la Ley N°18.834.

En la especie, si bien los oficios recurridos determinaron que no tenía derecho a percibir el beneficio indemnizatorio que reclama, sí establecieron su derecho a que se le restituyan las cantidades cotizadas indebidamente, una vez que el Servicio de Salud Arica Parinacota, adjuntara una relación detallada mes a mes, de los descuentos efectuados por tal concepto.

En consecuencia, es posible advertir que lo pretendido a través del presente arbitrio es un cobro de pesos, que importa discutir aspectos fácticos y jurídicos de la procedencia de un beneficio indemnizatorio como es el desahucio, siendo del todo improcedente pretender que a través de la presente vía SS. Iltma., declare que le asiste al recurrente el derecho al desahucio, debiendo hacerse hincapié que los oficios de este origen, recurridos en autos, establecieron el derecho del interesado a que le sea reintegrado -debidamente reajustado- el monto que indebidamente cotizó. Cita Jurisprudencia a su favor.

Según lo expuesto, y especialmente de la pretensión del recurrente, que no es otra que la manifestada en el punto N°2 del petitorio de la acción, esto es que VS. Iltma. disponga “Ordenar a la CGR reconocer el derecho al desahucio (…), resulta evidente que no existe un derecho indiscutido que se encuentre amagado.

Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en la emisión de los oficios Nos 721, de 2024 y E35309, de 2025, de esta Contraloría General.

Sin perjuicio de entender que la materia de que se trata excede el ámbito del recurso de protección, se ha estimado pertinente indicar que no se advierte de qué manera los referidos pronunciamientos pudiesen ser ilegales, toda vez que fueron emitidos al amparo de las competencias asignadas a esta Contraloría General, por los artículos 98 de la Constitución Política; 1° y 6° de la ley N°10.336, y con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

Por tanto, al dictarse aquel pronunciamiento se han ejercido las facultades privativas que a esta Entidad de Fiscalización le otorgan la Constitución Política, su ley orgánica y demás normas pertinentes, tratándose de una actuación llevada a cabo legítimamente, en el marco constitucional y legal que determinan sus atribuciones.

Tampoco los oficios N°s 721, de 2024 y E35309, de 2025, constituyen una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedecieron a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que son pronunciamientos debidamente fundados, resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y en el ejercicio de facultades legítimas de este Organismo Contralor, llevadas a cabo dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a actos motivados en derecho por parte de esta Entidad Fiscalizadora.

Así, el hecho de que el recurrente no comparta la decisión de esta Contraloría General no transforma esos oficios, en actos ilegales y arbitrarios.

Sobre el particular, conforme con lo previsto en los artículos 102; 103 y 107, del decreto con fuerza de Ley N°338 de 1960, del Ministerio de Hacienda, el desahucio es un derecho patrimonial que podrá ser ejercido una vez que el trabajador se retire del empleo que sirva, por cualquier causa, correspondiéndole una indemnización equivalente a un mes de remuneraciones sobre las cuales haya efectuado imposiciones, por cada año o fracción superior a seis meses de servicios prestados, sin que pueda exceder de veinticuatro veces dicho valor, el cual paga con los recursos provenientes del "Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos".

Luego, el artículo 4° de la Ley N°14.832, dispone que “Los desahucios afectos al Fondo de Seguro Social que contempla el Estatuto del Personal de la Administración Civil del Estado se pagarán directamente por Tesorería, mediante órdenes de pago emitidas por el Tesorero General, con cargo al mencionado Fondo y sobre la base de la liquidación que debe practicar la Contraloría General de la República”.

Por su parte, el artículo 13 transitorio de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que las normas del decreto con fuerza de ley Nº338, de 1960, que preveía el derecho de desahucio, y otros beneficios considerados en el régimen previsional antiguo, seguirán vigentes respecto de las personas a las cuales se apliquen dichas disposiciones a la fecha de vigencia de dicho texto estatutario.

De la normativa expuesta, se desprende que tienen derecho a desahucio solamente los funcionarios que se encontraban en servicio activo al 23 septiembre de 1989, fecha de vigencia del nuevo Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley N°18.834, respecto de quienes este texto legal mantuvo vigente dicho beneficio, en virtud de lo previsto por su artículo 13 transitorio. Asimismo, es dable mencionar que también asiste este derecho a los afiliados al Sistema Previsional establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, que han optado por conservarlo al cambiarse a dicho régimen, expresando su voluntad en tal sentido, atendido lo dispuesto en el número 1, del artículo 13, del decreto Ley N°3.501, de 1980.

En este sentido, es útil acotar que el artículo 13 transitorio de la Ley N°18.834, permitió conservar el derecho a desahucio únicamente a los empleados que, al 23 de septiembre de 1989, se encontraban en servicio bajo las normas del anterior Estatuto Administrativo y no ampara los desempeños que han comenzado a desarrollarse con posterioridad a esa data, criterio recogido por esta Entidad de Control, entre otros, en su dictamen N°67.065, de 2009.

Además, la franquicia del artículo 13 transitorio del nuevo Estatuto Administrativo fue establecida por una disposición de derecho público de carácter excepcional, y siendo una norma de protección, debe necesariamente interpretarse restrictivamente, no pudiendo extenderse su ámbito de aplicación a otros aspectos no contemplados expresamente en su texto, por lo que necesariamente debe concluirse que ese precepto protege únicamente los desempeños en plazas que estaban afectas a cotizaciones en el fondo indicado a la fecha señalada, y que han permanecido vigentes ininterrumpidamente luego de su dictación.

Respecto de la situación particular del recurrente A mayor abundamiento de lo ya expresado en el presente informe, cabe señalar que, conforme con los antecedentes que obran en poder de esta Contraloría General, el señor nombre reservado sirvió dos cargos compatibles, con jornadas de 11 y 28 horas semanales, en el Servicio de Salud Arica y Parinacota.

Respecto del cargo de 28 horas semanales, se advierte que el interesado ingresó a ese Servicio de Salud el 2 de noviembre de 1981, con una jornada por 22 horas semanales.

Posteriormente, fue designado a contrata por 28 horas a contar del 17 de febrero de 1982, desempeñándose con interrupciones entre esa fecha y el 30 de septiembre de 1989, fecha en la que se desvinculó de la Administración, lo que implicó, por una parte, que tuviera derecho a cobrar el desahucio en cuestión y, por otra, que cesara su obligación de cotizar al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos.

En este orden de ideas, se hace presente que, de los antecedentes analizados, se advierte que el requirente no impetró el pago del desahucio al que podría haber tenido derecho -en la medida que hubiese reunido los requisitos exigidos al efecto-, al momento de cesar en el anotado Servicio de Salud en el año 1989, debiendo puntualizarse que el plazo para impetrarlo actualmente se encuentra vencido, ello por aplicación del artículo 382 del decreto con fuerza de Ley N°338, de 1960, que señalaba: “El derecho al pago de cualquiera remuneración prescribirá en el plazo de cinco años contados desde la fecha en que se hubiere hecho exigible.

Prescribirá en el mismo plazo, contado desde la cesación en el cargo, el derecho a reclamar el pago de desahucio.”

Luego, y habiéndose interrumpido el anotado desempeño, el interesado reingresó a la Administración en un cargo de 28 horas en el mismo Servicio de Salud, a contar del 5 de enero de 1990 -según la relación de servicios que adjuntó en su solicitud de reconsideración del oficio N°721, de 2024, de este origen-, esto es, con posterioridad al 23 de septiembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley N°18.834, que derogó las normas sobre desahucio contenidas en el decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, manteniéndose únicamente para aquellos funcionarios que, cumpliendo con los requisitos, se encontraban laborando a dicha fecha, de acuerdo con lo señalado en su artículo 13 transitorio, y que han permanecido vigentes ininterrumpidamente luego de su dictación, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Contraloría General contenida en el citado dictamen Nº64.009, de 2005, lo que no se cumple respecto de las labores iniciadas en esta data.

Con respecto a la plaza de 11 horas semanales, el señor nombre reservado comenzó a desempeñarla desde el 1 de mayo de 2000, data en la cual, ya se encontraba vigente la ley N°18.834, la cual, como se explicó precedentemente, derogó las normas sobre desahucio contenidas en el decreto con fuerza de Ley N°338, de 1960.

En este contexto, en relación con la alegación concerniente a que el empleador del actor le efectuara descuentos para el referido desahucio, implicaría reconocer implícitamente su derecho al beneficio, cabe puntualizar que en los casos en que se han enterado erróneamente cotizaciones para desahucio, la medida que ha adoptado esta Contraloría General, de manera uniforme, es la restitución de cotizaciones, la que de acuerdo con lo concluido en el dictamen N°E316720, de 28 de febrero de 2023, de este origen -que reconsideró la jurisprudencia sobre la materia desde su fecha de emisión-, debe efectuarse en montos reajustados según la variación del índice de precios al consumidor que se hubiere producido entre el momento de su integro y el de su restitución, posibilitando la devolución en base a dicho reajuste, no existiendo fuente legal que permita aplicar el “interés máximo legal”, como lo requiere el actor en su petitorio.

En tal sentido, los dictámenes Nos 50.713, de 2004 y 54.937, de 2009, de este origen -invocados por el actor en favor de su pretensión-, concluyen que en los casos que se ha cotizado erróneamente para el desahucio en análisis, a los afectados solo les asiste el derecho a que se le reintegren las sumas que indebidamente y por error se le descontaron de sus remuneraciones por tal concepto, por lo que no se advierte que esta Contraloría General haya actuado de una forma diversa en casos análogos, como se afirma, por el contrario, en ambos dictámenes esta Entidad de Control sostiene que se deben devolver las cotizaciones pagadas indebidamente.

Finalmente, es necesario precisar que tampoco se dan los supuestos para configurar la infracción al principio de confianza legítima que se alega, pues éste ampara a una determinada persona ante cambios en prácticas de la Administración que lo afecten, cuando la actuación de que se trate haya sido reiterada y generado la convicción de que en lo sucesivo y bajo circunstancias similares se le tratará de igual manera, lo que no ha ocurrido en la especie, pues el oficio impugnado se ha limitado a aplicar la normativa legal vigente, así como el criterio jurisprudencial que este Organismo Contralor ha sostenido invariablemente sobre la materia, a que se alude en el párrafo precedente, que ha determinado que en casos como el del actor, lo que corresponde es la restitución de las cotizaciones para desahucio enteradas en forma errónea.

Por consiguiente, lo argumentado por el actor, en relación con sus cotizaciones para desahucio enteradas equivocadamente en el Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, que administra la Tesorería General de la República, no lo habilitan para obtener la indemnización para desahucio, sino que, para la restitución de tales cantidades, debidamente reajustadas, como se ha procedido en los demás casos análogos.

Garantías constitucionales supuestamente vulneradas 1. Derecho contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien el actor no señala de qué manera esta Contraloría General ha vulnerado esa garantía, se ha estimado necesario precisar que este Órgano Fiscalizador ha dado estricto respeto a aquella, toda vez que, tal como se indicó con anterioridad, la emisión de los oficios Nos 721, de 2024 y E35309, de 2025, no constituyen una acción u omisión arbitraria, dado que no obedecieron a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyen un pronunciamiento debidamente motivado, resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y en el ejercicio de una actuación legítima de este Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a actos motivados en derecho por parte de esta Entidad Fiscalizadora.

2. Derecho contemplado en el artículo 19 N°3, inciso primero, de la Carta Fundamental Al respecto, es necesario aclarar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección no ampara el señalado derecho sino aquellos establecidos en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 4, 5, 6, 9, inciso final, 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, motivo por el que debe ser desestimada esta supuesta infracción.

3. Derecho contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República En este contexto, cumple con manifestar que, si bien el artículo 19, N°24, de la Carta Fundamental reconoce a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales", para contar con esa protección constitucional es necesario que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, condición que no se verifica respecto del señor nombre reservado, puesto que como se ha mencionado anteriormente, aquel no tuvo derecho al desahucio impetrado.

En efecto, los derechos adquiridos se definen como aquella consecuencia de un hecho apto para producirlos, bajo el imperio de la Ley vigente al tiempo en que aquel se ha realizado, y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, supuesto que, en la especie, no se verificó.

De esta manera, la única afectación al derecho de propiedad del actor, se refiere a las sumas que le fueron descontadas indebidamente por concepto de desahucio y enteradas erróneamente al Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos, situación que debe ser reparada a través de la restitución de dichas sumas, debidamente reajustadas, de conformidad con lo indicado en el citado dictamen N°E316720 de 2023, de esta Contraloría General, lo que se hará una vez que aquel adjunte una relación detallada, mes a mes, de los descuentos efectuados por tal concepto, emitida por su ex empleador, tal como se le indicó en los citados oficios N°s 721 de 2024 y E35309, de 2025, de este origen.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, el artículo 19 N°26 no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Solicita a la Iltma. Corte que desestime en todas sus partes la acción intentada en estos autos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por la recurrente como arbitrario e ilegal por el cual comparece ante esta Corte, es el Oficio N°721 de 2024 emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se le negó arbitrariamente el derecho al desahucio establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°338 de 1960, ordenándose en su lugar únicamente la restitución de las cotizaciones efectuadas para el Fondo de Seguro Social de Empleados Públicos, pese a sus 44 años de servicio público ininterrumpido.

CUARTO: Que atendido lo informado por la recurrida, habiendo transcurrido más de 35 años desde el cese de funciones que le permitía optar a al beneficio de desahucio -30 de noviembre de 1989-, la oportunidad para impetrarlo se encontraría prescrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382, del decreto con fuerza de Ley N°338, de 1960, que establece un plazo de cinco años para cobrarlo, contados desde la fecha en que se hubiere hecho exigible.

QUINTO: Que se concluye por esta Corte que, además habiéndose interrumpido el desempeño del recurrente, éste reingresó a la Administración en un cargo de 28 horas en el mismo Servicio de Salud, a contar del 5 de enero de 1990, esto es, con posterioridad al 23 de septiembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley N°18.834, que derogó las normas sobre desahucio contenidas en el decreto con fuerza de ley N°338, de 1960, manteniéndose únicamente vigente para aquellos funcionarios que, cumpliendo con los requisitos, se encontraban laborando a dicha fecha, de acuerdo con lo señalado en su artículo 13 transitorio, y que han permanecido vigentes ininterrumpidamente luego de su dictación, razón por la cual el recurso de protección no podrá prosperar.

SEXTO: Que, por añadidura el carácter urgente y meramente cautelar de la presente acción constitucional, no es el medio idóneo para obtener una pretensión constitutiva de derechos como pretende la recurrente, esto es, el ordenar el pago de una suma de dinero en concepto de un derecho que no se encuentra reconocido por la administración, el cual la propia apoderada de la accionante califico de abultada en su alegato, puesto que como se ha señalado la presente acción solo puede abarcar temáticas que constituyan un derecho de carácter indubitado, la cual no reviste la indemnización por desahucio que se pretende, temática que no es propia de un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol 109 – 2025 Protección.