nombre reservado con GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA

Arica, veintitrés de octubre de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, asistente social, cédula nacional de Identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Gobernadora, de la Gobernación Provincial de Arica, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por no haber reincorporado al recurrente como asistente social a contrata, grado diez del escalafón, atentando gravemente en contra de las garantías constitucionales previstas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que en causa Rit T-4-2019 de tutela laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por sentencia pronunciada el treinta de abril de dos mil diecinueve, se acogió la denuncia de tutela de derechos fundamentales y se condenó a la demandada a reincorporar o recontratar al actor durante el periodo que va desde el uno de enero, al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en iguales condiciones que las detentadas antes de acaecido el hecho lesivo denunciado, incluidas todas las prestaciones, incentivos y bonificaciones, a que como funcionario hubiere tenido derecho, hasta la época de su desvinculación, más las remuneraciones que haya dejado de percibir mientras estuvo apartado de su trabajo.

Agrega que habiéndose agotado todas las instancias procesales, se dictó el cúmplase de dicha sentencia el veinte de julio del presente año, sin embargo, la recurrida se ha negado a realizar su reincorporación y a pagar sus remuneraciones devengadas.

Indica que con la presencia del señor notario Juan Antonio Retamal Concha concurrió a las dependencias de la Gobernación Provincial de Arica, siendo atendidos por el jefe de gabinete, quien les comunicó que por instrucciones de su jefatura no era posible reintegrarlo a sus funciones.

Agrega que durante el año dos mil diecinueve la demandada nunca dictó resolución de renovación de la contrata y tampoco se le notificó la no renovación para el periodo dos mil veinte, por lo que la decisión de no reincorporarlo a su cargo representa una nueva vulneración de sus derechos.

Finalmente, detalla latamente la causa ya referida, y previa cita del derecho, solicita se acoja el recurso de protección, ordenándose a la recurrida disponer a su reincorporación en el más breve plazo por todo el periodo dos mil veinte, ordenando la prórroga de la contrata entre el uno de enero y treinta y uno de diciembre de dos mi veinte, y el goce de todas las remuneraciones que le habría correspondido percibir hasta la época de su efectiva reincorporación, con costas.

La recurrida Gobernación Provincial de Arica, evacuó su informe señalando que la acción de protección, es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, el ámbito de aplicación de la acción de protección se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistente e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendida las circunstancias y modalidades concretas de la situación de la que se trata, impidiéndose que este arbitrio pueda emplearse, para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

En cuanto al fondo, indica que la negativa de la Gobernación respecto a que el recurrente se reincorpore a sus funciones no amenaza, perturba ni priva ninguno de los derechos fundamentales que un ser humano puede tener, ello por cuanto no procede que esta entidad de Gobierno reincorpore al actor para el periodo dos mil veinte. Para efectos de sostener lo indicado, acompaña resolución dictada el catorce de agosto del presente año, por el Juzgado del Trabajo de Arica, la cual resuelve presentación del recurrente y es clara en indicar la forma en que debe cumplirse la sentencia. Por lo tanto, la Gobernación de Arica al no permitir la reincorporación de un ex funcionario para el periodo dos mil veinte, está actuando de conformidad a lo resuelto por un tribunal, mediante una sentencia firme y ejecutoriada, la cual debe ser ejecutada en el sentido que indica el Tribunal y no según las pretensiones o interpretaciones de las partes.

En subsidio manifiesta que la recurrida no ha cometido actos arbitrarios o ilegales, pues los Tribunales Superiores han declarado que el nombramiento de un funcionario como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio (Corte de Apelaciones de Chillán, sentencia de 6 de febrero de 2003, Rol N° 2.760, confirmada por la Excma. Corte Suprema, el 11 de marzo de 2003, Rol N° 70803), y que es pertinente apuntar que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan, son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse propiedad sobre aquéllas, ni menos derechos derivados de las mismas.

Finalmente señala que existiendo cosa juzgada, no es procedente que el actor siga deduciendo acciones legales para pretender que se dicte una resolución más favorable a sus intereses, existiendo ya una sentencia que se pronunció sobre la no renovación realizada y además una resolución aclaratoria mediante la cual el Juzgado del Trabajo de Arica, indica el cómo debe cumplirse la sentencia.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, la acción de protección, contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

SEGUNDO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indicaba como acto arbitrario o ilegal que privaba, perturbaba o amenazaba las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República del recurrente, consiste en la negativa de recurrida de reincorporarlo en sus funciones para el periodo que va desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, además de no haber permitido el goce de sus remuneraciones por todo el periodo que ha permanecido separado de sus funciones, existiendo una sentencia firme que ordenó se efectuara la reincorporación que alega.

TERCERO: Que, en primer lugar es necesario dejar asentado que el actor reclama sobre el supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida en el modo de dar cumplimiento a la sentencia librada en la causa Rit T-4-2019 de tutela laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, la que se encuentra firme y ejecutoriada, y que en lo pertinente condena a la demandada a: “reincorporar o recontratar al actor, durante el período que va desde el día 01 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2019, en igual condición, destinación o lugar de desempeño, grado, funciones, que detentaba antes del hecho lesivo denunciado por este intermedio, incluidas todas las prestaciones, incentivos y/o bonificaciones a que como funcionario hubiere tenido derecho hasta la época de su desvinculación, más las remuneraciones, que haya dejado de percibir mientras estuvo apartada de su trabajo.”.

CUARTO: Que, así las cosas y del examen del recurso, se advierte que por la presente vía lo que se pide es la reincorporación de la recurrente al Servicio recurrido frente a la negativa de este último, lo que a su juicio supone desobedecer y no acatar la sentencia firme dictada referida en el motivo precedente, lo que constituye una nueva vulneración de sus garantías.

QUINTO: Que, según se ha expuesto, no existe controversia respecto de no haber renovación de la contrata para el periodo dos mil veinte, ni tampoco se ha mencionado que exista resolución alguna que plasme dicha decisión, no obstante los efectos y alcances de la sentencia dictada en la mencionada causa Rit T-4-2019 de tutela laboral seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, que ordenó la reincorporación del recurrente para el periodo que va del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, cuestión confirmada por resolución del mismo tribunal dictada el catorce de agosto de dos mil veinte, que rechazó el recurso de rectificación o enmienda deducido respeto de la sentencia definitiva.

SEXTO: Que, de lo expresado sólo cabe colegir que la pretensión de la recurrente excede la sentencia que fue dictada en la causa Rit T-4-2019, pues la misma solo tuvo el mérito de ordenar la reincorporación del recurrente para el periodo dos mil diecinueve. Razonar de una manera distinta, vale decir, pretender que por haberse notificado el “cúmplase” en el mes de julio del presente año, supone una renovación de la contrata para el periodo dos mil veinte, no tiene sustento jurídico alguno, toda vez que la decisión del fallo dice relación, como ya se ha venido señalando con el periodo dos mil diecinueve, mas no con el periodo dos mil veinte.

SÉPTIMO: Que, según consta de los antecedentes de autos, la Gobernación de Arica accionada, dedujo recurso de nulidad en contra de la referida sentencia del Juzgado del Trabajo de Arica siendo fallado por esta Corte el 4 de julio de 2019, impetrando luego la recurrida un recurso de unificación de jurisprudencia para ante la Excelentísima Corte Suprema, arbitrio que no suspende los efectos de la sentencia objeto del recurso, razón por la cual la recurrida pudo hacerla cumplir durante el lapso en que se ordenó su reincorporación al servicio y no lo hizo.

OCTAVO Que, sin perjuicio de lo ya dicho, declarándose por sentencia firme y ejecutoriada la reincorporación del recurrente durante el año 2019, la recurrida no ha emitido pronunciamiento que acogiera o rechazase la prórroga de su contrata para el periodo siguiente estando obligada a proceder formalmente por lo que deberá dictar el acto administrativo correspondiente que resuelva la situación laboral del afectado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE AGOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de Gobernadora de la Gobernación Provincial de Arica, solo en cuanto a que la recurrida deberá, en el plazo de 10 días desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dictar el acto administrativo que resuelva la situación de la contrata del recurrente para el periodo 2020.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Pablo Zavala Fernández, quién fue tu opinión de rechazar la presente acción constitucional, por estimar que no existe alguna afectación a derechos constitucionales de quién impetra el amparo.

En efecto, la acción cautelar que nos convoca, tiene por objeto amparar la afectación o perturbación de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, sin embargo, para que esta acción prospere, es necesario que quién invoca el amparo, tenga un derecho constituido a su favor o, a lo menos, una apariencia de derecho y, en el presente caso, no se da tal requisito sine qua non, para la procedencia de lo solicitado, toda vez qué el recurrente, no es titular de algún derecho y ni siquiera de la apariencia de este, que pueda invocar en tal sentido, toda vez que la sentencia laboral qué sirve como precedente al presente caso, fue clara al señalar y declarar un derecho a favor de la recurrente, el cual irremediablemente sólo se extendió hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado.

Pretender extrapolar los efectos de dicha sentencia a una temporalidad que no se encuentra comprendida en la respectiva sentencia declarativa de derechos, resulta ser un despropósito e infringe el claro tenor de lo ya declarado por un tribunal de la república, conociendo de un juicio de lato conocimiento.

En el presente caso, la naturaleza de la acción impetrada, impide que medie una declaración de derechos, esto es, supuestos derechos que el accionante habría tenido en el año en curso, época temporal que la sentencia del juzgado laboral, como se ha señalado, ni siquiera tuvo en mente.

Cualquier declaración referida a espacios temporales que no fueron objeto de la sentencia del Juzgado del Trabajo, deviene en una sentencia que en definitiva está constituyendo derechos, lo cual constituye una situación extraña a la naturaleza de la presente acción constitucional la cual, como se ha referido, sólo pretende amparar la perturbación o amenaza de derechos constituidos o de carácter indubitados o bien quién evidencie una apariencia de derecho, por lo que sólo cabía el rechazo de la actual acción constitucional.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

No firma el Ministro don Mauricio Silva Pizarro, quien no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de permiso administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1063-2020 Protección.