Protección contra Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Par

Arica, veintitrés de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado Rut N° RUT reservado; nombre reservado Rut N° RUT reservado y nombre reservado Rut N° RUT reservado, todas con domicilio en domicilio reservado, y deducen recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, representada legalmente por nombre reservado, por vulnerar sus garantías constitucionales de los N° 2 y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señalan que son representantes de la organización “Altos del Humedal” la cual se ubica en Villa Frontera, y que está en vías de constituirse como persona jurídica. Agrega que se compone con más de cincuenta socios y un total de 166 personas habitan el lugar.

Aluden que al verse afectados por el sistema habitacional se instalaron en el sector de Villa Frontera de propiedad del Fisco de Chile, ello debido a la problemática que sufren por la pandemia de Covid 19 y la pérdida de fuentes laborales, no pudiendo pagar un arriendo mensual.

Reclaman que el 28 de enero pasado recibieron el Oficio Ordinario N°256 que indica “solicitud de restitución voluntaria de inmueble fiscal” en el cual se les otorgó un plazo de dos días hábiles para abandonar el inmueble que ocupan bajo apercibimiento de iniciar acciones posesorias correspondientes.

Exponen que no quieren ser infractores de ley, y que solo aspiran a que se les otorgue un comodato por parte de la recurrida.

Solicitan que se deje sin efecto el Oficio Ordinario N°256 de 28 de enero de 2022.

En su oportunidad don nombre reservado, representación de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, señaló que el Decreto Ley N°3279 de 1985 indica que es obligación de dicho Servicio la administración de los bienes del Estado. Además, pueden perseguir penalmente a todo ocupante ilegal de dicho bienes y deben impedir que estos se ocupen ilegalmente. Agrega que existe un manual de procedimiento relativo para proceder frente a ocupaciones ilegales en inmuebles fiscales, en general y en el borde costero, el cual se encuentra aprobado a través de la Resolución Exenta N°2522 de 21 de octubre de 2015. Alude que el citado manual, indica que en caso de no poder obtener la restitución administrativa del inmueble ocupado ilegalmente, se deben remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que ejerza las acciones posesorias que correspondan.

Aclara que el inmueble materia del recurso corresponde a los lotes N°12, 13 y 14 de la “Hacienda la Libanesa” de propiedad del Fisco de Chile con una superficie de 38,69 hectáreas, actualmente bajo la administración de la recurrida.

Menciona que el inmueble en comento estuvo bajo la administración del Ejercito del Chile, desde el año 1993 hasta el año 2019, cuando fue devuelto a la recurrida. Aclara, que el inmueble es ocupado ilegalmente desde el año 2016, cuando se solicitó a la Gobernación Provincial de Arica, el uso de la fuerza pública para la restitución del inmueble, lo que dio origen a la causa Rol N°795-2018 protección.

Señala las actuaciones que ha realizado la recurrida para la restitución del bien inmueble en comento, entre ellas, mesas de trabajo entre órganos de la Administración Pública y la denuncia ante Ministerio Público el 14 de julio de 2020 por ocupación ilegal han sido infructuosas.

Refiere que no existe una resolución de desalojo, ya que el Oficio Ordinario N°256 de 28 de enero de 2022, únicamente solicita la restitución voluntaria del inmueble bajo apercibimiento de iniciar acciones restitutorias. No siendo una resolución que autorice el auxilio de la fuerza pública, no siendo es un acto administrativo propiamente tal.

Arguye que no existe ilegalidad en el Oficio que se impugna por esta vía constitucional, ya que dicho documento se enmarca dentro de las facultades de la recurrida otorgadas por el Decreto Ley N° 1939 del año 1977 y la Orden Ministerial N°1 de 23 de noviembre de 2018.

Señala que las recurrentes no cuentan con un derecho de carácter indubitado que pueda será objeto de protección constitucional. Por lo que al no existir vulneración de sus garantías constitucionales el presente recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en primer término que quien la interponga sea el que por causa de actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el caso que lo haga un tercero a nombre de otro, es este último el que debe detentar la calidad de personalmente afectado con la acción u omisión arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que indican las recurridas como atentatorio de sus garantías constitucionales, es el Oficio Ordinario SE15 256-2022 de 28 de enero de 2022 de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, en el cual se les solicita a los ocupantes ilegales del inmueble fiscal ubicado en Hacienda “La Libanesa” y “Pampa Chacalluta” la restitución voluntaria del inmueble fiscal en un plazo de dos días habiles. Agrega, que de no mediar la restitución voluntaria se iniciaran las acciones posesorias que correspondan y pedirán a la Delegación Presidencial que ejerza las facultades que le otorga el la Ley N°19.175.

TERCERO: Que, El Decreto Ley N°1939 de 1977 que establece Normas Sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en su artículo 19 señala:

“La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. Impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso.

Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales.

Todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior, será reputado ocupante ilegal, contra el cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sin que rija para el Fisco lo establecido en el número 1 del artículo 551, del citado Código.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán ejercer las acciones penales que correspondieren y perseguir el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal.”.

CUARTO: Que, es un hecho no discutido, que las recurrentes ocupan sin ningún tipo de autorización un inmueble fiscal que es administrado por la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota.

QUINTO: Que el Oficio Ordinario que se impugna a través de este recurso de protección no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario ya que se fundamenta en las facultades y obligaciones legales que tiene la recurrida respecto de la administración de los bienes del estado, según la norma transcrita en el considerando tercero. Además de tratarse de solo un acto que los insta a la devolución voluntaria de un inmueble que ocupan ilegalmente, comunicándoseles que iniciaran las acciones legales que corresponden para el caso, motivo por el cual el presente recurso no puede prosperar.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, es necesario indicar, que de los antecedentes expuestos por las partes y materias en discusión, no es posible establecer que las recurrentes tengan un derecho de carácter indubitado que pueda ser objeto de protección a través de la presente acción constitucional, por lo que las materias reclamadas por la actora deben ser necesariamente discutidas en un juicio declarativo de lato conocimiento donde las partes puedan hacer valer sus argumentos y producir las pruebas que estimen pertinentes, no siendo la presente acción cautelar intentada la vía idónea para hacerlo, ya que no es una instancia de declaración de derechos.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°105-2022 Protección.