nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÙBLICA

Arica, catorce de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece nombre reservado, ciudadano cubano, Licenciado en Cultura Física, nombre reservado con Permanencia Definitiva en trámite, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por conculcar con su actuar ilegal y arbitrario, la garantía fundamental consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó irregularmente a Chile el día 18 de marzo del 2018 y se inscribió el 4 de abril de 2018 en el proceso de Regularización Extraordinaria por expresa recomendación de un funcionario del Departamento de Extranjería y Migración. El 26 de noviembre del 2018 fue citado ante la recurrida y se le estampó la Visa Temporaria por Regularización Extraordinaria N°932.408, vigente hasta el 26 de noviembre del 2019.

Agrega que en virtud de la visa obtenida comenzó a trabajar como Garzón en la “Sociedad Lucano Ltda”, lugar donde se desempeña hasta la actualidad. En octubre del año 2019 inició la tramitación de Permanencia Definitiva, entregando toda la documentación respectiva en la oficina de Chile Atiende, quienes emitieron la resolución N° 1759673 y ese mismo día recibió un correo de la recurrida indicando que su solicitud fue recepcionada correctamente. El 17 de junio de 2020 recibió la Ampliación de Solicitud de Permanencia Definitiva en trámite, donde consta que se encuentra regular en el país, la que fue nuevamente ampliada el 6 de diciembre de 2020.

Indica que el 24 de julio del 2020 le notificaron que su solicitud estaba incompleta pues, su Certificado de Vigencia de Contrato no estaba con la legalización notarial, dando 5 días la recurrida para subsanar el error, lo que rectificó el 27 de julio de 2020, enviando el documento respectivo, sin embargo, posteriormente no recibió una resolución que señalara que la visa estuviera en trámite o la orden de pago.

Señala que el 12 de abril del 2020 al revisar la página web de la recurrida, advirtió que su trámite avanzó en un 100%, pero no fue acogido a trámite, sin dar razones por las que no se acogió a trámite. Agrega que el 13 y 15 de abril pasado, concurrió ante el Departamento de Migración y Extranjería para obtener información respecto a las razones de la denegatoria, sin embargo, el guardia que custodia el recinto señaló que “no se estaba atendiendo presencialmente por las medidas de confinamiento que tiene el país y el servicio”, no teniendo la posibilidad de acceder a un canal de información donde pueda despejar sus dudas sobre las razones de la denegatoria.

Pide que se ordenen a la recurrida revisar nuevamente su solicitud de permanencia definitiva para saber si está en trámite, o si fue rechazada definitivamente, y si lo fue, que se expliquen las razones de esta denegatoria.

Informó en su oportunidad el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, pues a su juicio, no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, siendo improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República, por haber perdido oportunidad el recurso.

Luego de señalar la cronología de las solicitudes del recurrente y las resoluciones emitidas por el Servicio respecto de su situación migratoria, refiere que mediante comunicación electrónica de Folio N°7123213, de fecha 24 de julio de 2020, informa al extranjero que su solicitud se encuentra incompleta, y que por lo mismo no es posible proseguir con el análisis de la misma hasta que se acompañe el documento faltante, correspondiente al certificado de vigencia de su contrato de trabajo debidamente legalizado ante notario, en la misma comunicación, según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, se le informó que disponía del plazo de 5 días para subsanar su solicitud inicial y acompañar a través de la misma plataforma la documentación requerida, a efectos de continuar con el análisis de su solicitud.

Agrega que habiendo transcurrido ampliamente el plazo previamente referido, la autoridad procedió a dictar la Resolución Exenta N° 65679, de fecha 11 de mayo de 2021, declarando desistida la solicitud efectuada por el recurrente tras haber transcurrido el plazo otorgado para subsanar su solicitud sin haberlo hecho, conforme a lo que señala el artículo 31.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Que, en la especie, cabe analizar si el actuar de la recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías protegidas por este arbitrio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, el acto considerado por el recurrente como ilegal y arbitrario corresponde a que la recurrida rechazó la tramitación de la solicitud de Visa de Permanencia Definitiva, sin dar razones por las que no se acogió a trámite.

CUARTO: Que, la recurrida informó que no existe actuación ilegal o arbitraria del Servicio, dado que el 24 de julio de 2020, se remitió al recurrente una comunicación electrónica informándole que su solicitud se encontraba incompleta, debiendo acompañar la documentación requerida en un plazo de 5 días a fin de continuar con la tramitación de la misma, no habiendo dado cumplimiento a lo solicitado, por lo que su solicitud fue declarada desistida tras haber transcurrido el plazo otorgado para subsanar su solicitud, sin haberlo hecho.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes esgrimidos por el recurrente y por el recurrido en su informe, se advierte que no se encuentra discutido el hecho que durante el procedimiento de tramitación de permanencia definitiva, se solicitó al recurrente complementar su documentación, acompañando el certificado de vigencia de su contrato de trabajo, debidamente legalizado ante notario, lo que fue comunicado el 24 de julio de 2020, debiendo cumplir con la referida obligación en un plazo de 5 días.

En lo referente al cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente, el recurrente sostiene que envió dicho documento el 27 de julio de 2020, sin embargo, la recurrida niega haber recibido el documento en cuestión, lo que motivo el rechazo de la solicitud.

SEXTO: Que, es del caso señalar, que la recurrente, si bien adjunta al recurso el mentado certificado, no ha acompañado antecedentes que den cuenta de sus afirmaciones, en el sentido de acreditar fehacientemente que acompañó el certificado requerido por el recurrido por algún medio o plataforma oficial, por lo que no es posible constatar que efectivamente cumplió en tiempo y forma con su obligación y no habiendo acompañado el recurrente otros antecedentes que permitan establecer la efectividad de los señalado, más allá de sus propios dichos, no es posible imputar el acto ilegal y arbitrario que se denuncia.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación relacionada con no haber recibido respuesta alguna por parte de la recurrida respecto del estado de su solicitud o la razón de su rechazo, se tendrá especialmente en consideración la Resolución Exenta N° 65679 de 11 de mayo del presente año, acompañada por la recurrida a su informe, en la que consta que se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, teniendo por desistida la solicitud de permanencia definitiva, motivo suficiente para desestimar también la referida alegación.

OCTAVO: Que, conforme a lo señalado en los motivos que anteceden, a juicio de esta Corte, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la recurrida, toda vez, que no se acreditó por la recurrente la efectividad de sus alegaciones, lo que obliga a desestimar el presente arbitrio constitucional.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido Auto Acordado.

Rol N° 105-2021 Protección.