nombre reservado con nombre reservado

Arica veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Hogar de las Hermanitas de los nombre reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Arica, por vulnerar el numeral 1° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Señala que ingresó al Hogar de la Hermanitas de los nombre reservado, el 4 de febrero de 2014, en forma voluntaria, debido a que vivía sola; desde su llegada ha permanecido en una habitación privada, y que tiene una cuidadora particular pagada por su familia.

Acusa una serie de irregularidades en el Hogar como la mala alimentación y la falta de un timbre en las habitaciones y baños para ser usado en caso de emergencia.

Indica que el 3 de marzo del año en curso, su hija mayor, nombre reservado fue a visitarla. Una vez en la habitación, la enfermera Rouxley nombre reservado, acompañada de las tres hermanas a cargo del Hogar, ingresaron a la habitación y con actitud prepotente y un vocabulario agresivo le dicen a su hija que debe irse inmediatamente, que no podía ingresar, dándole cinco minutos para retirarse, o de lo contrario, llamarían a Carabineros de Chile, lo que finalmente efectúan diciendo “Necesito que vengan a sacar a una persona que está con sus facultades mentales perturbadas”. Así, se produce una discusión entre nombre reservado y las encargadas del Hogar Asevera que el 9 de marzo, la recurrida hace llegar una carta a su hijo y apoderado, nombre reservado, indicando su expulsión del recinto, por el altercado ocurrido el día 03 de marzo. La misiva, además, señalaba que debía ser retirada antes del día 20 de marzo de 2021, a pesar de estar pagado completamente el mes de marzo.

Manifiesta que para ejercer mayor presión a la familia y concretar su retiro del lugar, el médico del Hogar, Dr. nombre reservado, mediante un informe médico, señala que estando postrada, con infección urinaria permanente producto de la sonda en sus vías urinarias, debía ser trasladada a un hospital para el tratamiento de sus patologías infecciosas y evitar el daño que éstas pudieran causar al resto de los residentes del Hogar, indica que al ingreso al Hogar padecía “trastornos maníaco depresivos” e infección urinaria crónica, lo que no es cierto pues para ese entonces, sólo padecía de depresión e hipertensión.

Expone que otra de sus hijas, nombre reservado, se dirigió el día 7 de abril del año en curso al CESFAM Iris Véliz, para entrevistarse con la Dra. nombre reservado, médico encargada de la Unidad de Postrados (quien la atiende de forma permanente), a fin de consultarse si el estado de salud de la recurrente requería -como indica el Dr. Delgado en su informe- de atención hospitalaria y si su cuadro de infección era un riesgo para los otros residentes del Hogar, siendo su respuesta negativa.

Arguye que su expulsión es una medida arbitraria, adoptada como represalia al altercado que tuvo con una de sus hijas, y que el informe médico del doctor nombre reservado ha sido utilizado como justificativo insuficiente para expulsarla del Hogar, considerando que la patología descrita no es riesgosa para ninguno de los residentes del Hogar.

En cuanto al derecho, indica como conculcados los derechos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Hogar, es el lugar que le sirve de residencia habitual, donde recibe los cuidados médicos y de salud necesarios para subsistir, atendida su delicada situación de postrada. Por otra parte, al salir del Hogar queda expuesta a contraer otras enfermedades que se mantienen bajo control y protección al interior del mismo. Sumado a los efectos psíquicos que esta situación de expulsión ha significado siendo una persona de 86 años, postrada y con infección urinaria permanente. Que lleva 7 años en el Hogar, junto con otros adultos mayores, pagando debidamente su estadía y que los altercados entre las encargadas del recinto y terceros, no deben ser fundamento de su expulsión, constituyendo este acto en una de carácter denigrante para quien debería tener asegurada una vejez digna y tranquila.

Pide se acoja el presente recurso de protección y en definitiva se ordene a la recurrida se mantención su estadía en el Hogar, con los correspondientes cuidados de acuerdo a su edad, con costas.

Informando la recurrida, solicita que el recurso sea rechazado, con costas, indicando que la recurrente omite señalar la existencia de una vulneración grave a su derecho a la protección a la salud y la vida, no siendo en ningún caso el Hogar recurrido el ejecutor de dicha vulneración.

Señala que la recurrente ingresó al hogar en el año 2014, que el contrato de prestación de servicios obliga a cada residente a contar con un apoderado titular, asumiendo esta obligación don nombre reservado, hijo de la recurrente y que cuenta con una cuidadora personal contratada por la familia.

Indica en el mes de noviembre del año recién pasado, la familia de la recurrente es citada a una reunión, presidida por el Doctor nombre reservado; Director Técnico del nombre reservado, y asistido por doña nombre reservado: enfermera coordinadora, nombre reservado, asistente social y la hermana nombre reservado, religiosa y representante de la congregación. En dicha reunión, se señaló a los hijos de la recurrente, el estado crítico de su madre quien presentaba un deterioro importante, con baja de peso severa, mala evolución en las UPP sacra y glútea y aparición de nuevas UPP en zona plantar de ambas extremidades inferiores (UPP: acumulación de líquido en el abdomen, glúteos y extremidades provocado por un mal funcionamiento hepático causante de fallas respiratorias por el volumen que adquiere el abdomen y posible daño renal severo). Se les informa que el hogar no cuenta con el equipo adecuado para la atención medica que la residente requiere siendo prioridad que doña nombre reservado ingrese a una entidad hospitalaria de forma inmediata para tratamiento integral y especializado, sin embargo, la familia se señala una falta de criterio proteccional, amenazando con demandar al recinto y propagar a nivel social la supuesta negligencia del hogar.

Expresa que son los hijos de la recurrente quienes están vulnerando la salud de su madre, toda vez, que están en conocimiento de la situación crítica de la requirente quien debe ser internada en un centro médico de urgencia, obviando dicha situación dejándola finalmente en completo abandono.

Expone que ante la inacción de la familia, y con el fin de proteger precisamente la salud y vida de la recurrente, el Hogar opta por dar término el contrato de prestación de servicios que los ligaba, enviándole carta de desahucio el 9 de marzo del año en curso, en razón de que la interna requiere la pronta internación en un centro hospitalario y concediéndoles una extensión del plazo por 30 días para buscar un centro médico, clínico hospitalario seguro y acorde a la situación de la recurrente tomando en consideración la crisis sanitaria que vivimos como sociedad producto de la pandemia por Covid-19. Una vez cumplido el plazo la recurrida se comunica telefónicamente con el apoderado titular de la residente, quien señala que no retiraran a doña nombre reservado.

Asevera que la familia de la recurrente se ha constituido en un claro vulnerador de sus derechos al producirse su abandono, tal como lo estipula la Ley N° 20.427, que incorpora la protección al adulto mayor en materia de violencia intrafamiliar, artículo 92 de la Ley Nº 19.968 y Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, en relación al artículo 223 del Código Civil, que establece el deber de asistencia y socorro que le deben los hijos a sus padres en todas las circunstancias de la vida en armonía al deber de respeto consagrado en el artículo 222 de este mismo cuerpo legal.

Consecuencia de todo lo anterior se inició Medida de Protección ante el tribunal de familia de nuestra ciudad, causas P-592-2021 y causa F-426-2021 con próxima fecha de audiencia el día 06 de mayo y cuya resolución ofició al hospital Dr Juan Noé Crevani evaluar in situ la situación de salud de doña nombre reservado en vías a su pronta hospitalización.

Finalmente en cuanto al derecho señala que los hechos en que se funda la acción constitucional, no tiene asidero jurídico, que habilite por esta vía la protección de la recurrente, toda vez que existe un dictamen de un médico responsable que señala la necesidad urgente de su internación en forma inmediata en un centro médico especializado, en razón de que el establecimiento donde está internada adolece de dicha prestación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, y por lo tanto cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, y la Corte de Apelaciones correspondiente en su caso deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso, como el que se ha planteado.

TERCERO: Que, en la especie el hecho que se reputa ilegal y arbitrario y de los que da cuenta el recurso, es la expulsión de la recurrente del Hogar de las Hermanitas de los nombre reservado de esta ciudad.

CUARTO: Que, el recurso de protección supone que la titularidad del derechos del recurrente sea de absoluta claridad, indiscutible e incontrovertible; situación que en la especie no acontece pues la recurrente aduce una presunta expulsión del hogar de la recurrida, y ésta a su vez, señala que aquello no es efectivo toda vez que su pretensión es que la reclamante reciba una adecuada y urgente atención de salud en un establecimiento habilitado para ello, ya que el hogar en que se encuentra no posee tales características, resguardando precisamente el derecho a la salud e integridad física de la recurrente, que es justamente lo reclamado por esta última; de suerte tal que en estas condiciones el recurso impetrado no reviste las características anteriormente señaladas y que constituyen un presupuesto básico para su acogimiento, ya que la sentencia que recae en un recurso de protección no tiene la naturaleza jurídica de ser declarativa de derecho.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, de la relación de los hechos precedentemente expuestos, es posible advertir que la recurrida denunció la situación descrita ante el Juzgado de Familia de esta ciudad, solicitando se decrete medida de protección en su favor, en la causa Rit P-592-2021, que fue archivada, sin perjuicio que el requerimiento corresponde a una denuncia por actos de violencia intrafamiliar por adulto mayor, se ordenó por parte del Tribunal, iniciar una causa por violencia intrafamiliar bajo el Rit F-426-2021, citando a las partes a la audiencia preparatoria de juicio para el día 6 de mayo del año en curso, oficiando al Hospital Dr. Juan Noé Crevani, para que de manera urgente disponga una evaluación de salud a la recurrente, y un eventual tratamiento inmediato y/u hospitalización, si su salud lo requiere. Es decir, los hechos del recurso se encuentran actualmente sometidos al pronunciamiento del Juzgado de Familia de Arica, por lo que las partes en dicho procedimiento pueden hacer valer sus derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

SEXTO: Que por último, la normativa vigente que regulan los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), señalan que es un programa que corresponde a residencias en las que podrán vivir en forma permanente o temporal, personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El modelo de intervención diseñado por SENAMA, se funda en un enfoque de atención de los residentes, cuya operación de los establecimientos se delega a través de concursos públicos, a entidades sin fines de lucro con experiencia en trabajo con mayores, las que se comprometen a gestionar la residencia de acuerdo al modelo de gestión del SENAMA, que entre sus requisitos de ingreso señala la ausencia de una enfermedad física o mental que requiera atención imprescindible en un establecimiento hospitalario, lo que se acreditará con el correspondiente certificado médico, el cual debe además describir si el adulto mayor es autovalente, semivalente o postrado, asimismo no podrán ingresar personas que presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran asistencia médica continua o permanente o que requieran de hospitalización, cuando dichos establecimientos no cuenten ocn infraestructura y/o personal para la atención de dichas personas, las que deben ser derivadas a los servicios de salud u otros, según corresponda a fin de dar cumplimiento al D.S N° 49/2011 del Mideplan y el Decreto N° 14/2010 del Ministerio de Salud, como ocurre en el presente caso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Hogar de las Hermanitas de los nombre reservado.

II.- Que se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Ofíciese.

Regístrese, notifíquese, y archívese, si no se apelare.

Rol N° 104-2021 Protección.