nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

Arica, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, funcionario público, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Resolución Exenta Nº 3223, de 28 de noviembre de 2018 dictada por el GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, persona jurídica de Derecho Público, representada por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; solicitando desde ya se deje sin efecto.

Expone que con fecha 02 de mayo del año 2014 comenzó a prestar servicios para el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, primeramente bajo el régimen de honorarios asimilado al estamento de Profesionales, Grado 15º, luego de tres años a honorarios, paso a contrata por medio de la Resolución TRA Nº 944/5/2017, de fecha 09 de enero de 2017, manteniendo el mismo estamento y grado. Contrata que fue prorrogada por una vez más, mediante Resolución Exenta Nº 2334/2017, de fecha 08 de noviembre de 2017, en cuya virtud prestaría servicios hasta el 31 de diciembre de 2018. En resumen, señala, presta servicios desde mayo de 2014 en el Gobierno Regional, primeramente en calidad de honorarios y luego en calidad de contrata, lo que da un total de más de cuatro años de funciones.

Desde que fue contratado por el Gobierno Regional, ha cumplido funciones como Analista de Proyectos, en la División de Análisis y Control de Gestión.

Sobre sus calificaciones desde su entrada en el Servicio, hasta la fecha, ha permanecido en la Lista 1, durante los tres períodos calificatorios, ha obtenido el máximo puntaje posible en los indicadores de aptitudes laborales, idoneidad laboral y rendimiento laboral.

Refiere que ha participado en numerosos cursos de capacitación, con la finalidad de mejorar sus aptitudes y prestar un servicio constante y continuo de excelencia y señala ser miembro titular del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, en representación de los trabajadores, para el bienio 2018-2020. Lo anterior, en virtud de la Resolución Exenta Nº 518/2018, emitida por el Gobierno Regional con fecha 05 de abril de 2018.

Durante su período como titular del Comité Paritario ha trabajado activamente por mejorar las condiciones de seguridad de los recintos del Servicio, como asimismo, ha sostenido diversas reuniones con las autoridades respectivas. En su calidad de miembro titular del referido Comité, goza de fuero laboral, en los términos previstos en el artículo 243 del Código del Trabajo.

En el marco general de la implementación de las Normas Internacionales Contables aplicables al Sector Público (NICSP), el Gobierno Regional dictó la Resolución Exenta Nº 1696, de fecha 26 de julio de 2018, en cuya virtud se crearon comisiones de trabajo para la regularización de cierres administrativos y/o transferencias de bienes de iniciativas de inversión asignadas al FNDR del Gobierno Regional durante los años 2008 a 2017. Según el considerando 1 de la referida resolución, menos del 5% de las iniciativas de inversión se encuentran cerradas, lo cual genera desajustes en el sistema contable del Gobierno Regional. Por ese motivo, el referido Servicio decidió crear estas comisiones de trabajo, a fin de regularizar esta situación. Para ello, se crearon diversas Comisiones, entre las cuales, fue asignado a la Comisión Nº 3, cuya función consistía en la regularización de cierres y/o transferencias de bienes de todas las iniciativas de inversión del año 2010. Asimismo, la referida resolución estableció plazos para el cumplimiento de los cierres, debiendo estar cerradas todas las iniciativas asignadas al día 28 de diciembre de 2018, según lo establecido en el numeral 4 de su parte resolutiva. Finalmente, en virtud de lo indicado en el numeral 6 de su parte resolutiva, todo incumplimiento de los deberes y plazos estipulados en la ya referida resolución seria sancionado con una Anotación de Demérito.

Sin embargo, el procedimiento de cierre de las iniciativas de inversión, a la fecha de la dictación de la Resolución Exenta Nº 1696, no se encontraba regulado de manera uniforme al interior del Gobierno Regional. Por este motivo, las labores solicitadas en virtud de esa resolución, debían ser complementadas. Es así que el Gobierno Regional dictó una serie de resoluciones subsecuentes que tendían a establecer criterios uniformes de cierres de las iniciativas y, asimismo, a entregar los insumos necesarios para que las comisiones pudiesen cumplir con su trabajo. De esta manera, el Gobierno Regional dictó las Resoluciones Exentas Nº 2012 y 2013, ambas de fecha 13 de agosto de 2018, en virtud de las cuales se aprobaron los procedimientos de cierre de las iniciativas de inversión. A pesar de aquello, las resoluciones 2012 y 2013 sólo establecen procedimientos de carácter general, debido a lo cual, seguían existiendo aspectos importantes no regulados por las resoluciones anteriores. De suerte tal que, a pesar de la existencia de tres resoluciones que regulaban la materia, todavía no existía un procedimiento uniforme a aplicar para el cierre de los proyectos. De esta manera, el Gobierno Regional dictó otras dos resoluciones: la Nº 2816, de fecha 22 de octubre, y la Nº 3230, de fecha 28 de noviembre de 2018. En virtud de estas dos últimas resoluciones, finalmente se aprobaron los formatos tipo a utilizar al momento de emitir los documentos necesarios para el cierre de las iniciativas de inversión encargadas en virtud de la Resolución Nº 1696.

En lo referente a la Comisión de la que formó parte, se estableció que, a ésta le correspondería un total de 62 iniciativas. Al respecto, cabe señalar que, de estas iniciativas, efectivamente se han realizado las gestiones tendientes a obtener el cierre de los proyectos. Conviene destacar que, debido a que se trata de iniciativas del año 2010, los expedientes de estas 62 iniciativas no fueron habidas en los archivos del Gobierno Regional; razón por la cual, la Comisión ha tenido que recabar los antecedentes necesarios a las Unidades Técnicas y efectuar la reconstitución de los expedientes de cada una de estos proyectos.

De esta manera, según se ha relatado, el procedimiento de cierre de las iniciativas de inversión sólo se encontraba completo a contar del día 28 de noviembre de 2018, fecha de la dictación de la última resolución que aprobaba los formatos tipo de cierre de proyectos. Conviene tener esta idea presente, por cuanto el Gobierno Regional, en la dictación de la Resolución Nº 1696, estableció plazos brevísimos para el cierre de los proyectos, y sin regular de manera efectiva y completa el mentado procedimiento de cierres. De esta manera, mal podían cumplir con su trabajo las Comisiones si el Gobierno Regional no entrega los insumos técnicos y legales necesarios para que puedan cumplir con sus labores.

Teniendo presente los antecedentes relatados previamente, con fecha 28 de noviembre de 2018 fue dictada por el Gobierno Regional la Resolución Exenta Nº 3223, en cuya virtud se me notificó la decisión del Servicio de no renovar mi contrata para el próximo año 2019. Es ésta la resolución que se impugna por la interposición del presente recurso de protección.

En su considerando cuarto, el ya individualizado acto administrativo señala que mis servicios ya no son necesarios para el Gobierno Regional, desarrollando las razones por las cuales soy desvinculado del Servicio en sus considerandos subsiguientes.

La única razón esgrimida por el Gobierno Regional para la no renovación de mi contrata consiste, básicamente, en que no ha cumplido con los plazos establecidos en la Resolución Nº 1696 para el cierre de los proyectos. El considerando decimocuarto de la resolución recurrida señala: “En ese sentido, para la comisión Nº 3 a la que pertenecía el señor nombre reservado, se concluyó que el número de iniciativas correspondientes a dicha comisión alcanzaba las 62. En efecto, se solicitaba cerrar al menos el 50% de ellas a la fecha. Sin embargo, al día de hoy se encuentran en proceso de cierre sólo 32 iniciativas, pero ninguna cerrada, es decir, un 0%”.

Desarrolla esta idea el considerando decimoquinto al indicar que: “Como consecuencia de lo anterior, la continuidad del Sr. nombre reservado en el Servicio no encuentra una base sobre la cual apoyarse, por cuanto, y en resumen, (1) se le ordenó integrar una comisión de cierres de iniciativas, (2) se le entregaron horas compensatorias de las cuales hizo uso, (3) se le indicó cómo debía realizar las tareas asignadas mediante resoluciones, y (4) él no cumplió, ya que, como se ha señalado, su avance en el cierre de iniciativas es nulo”.

Ahora bien, la única fuente a que la resolución recurrida remite para dar por acreditados los hechos anteriormente descritos, es la mencionada en el numeral 10 de su parte expositiva (vistos): el “Informe elaborado por don nombre reservado, en calidad de Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional”.

La resolución que por este acto se impugna, adolece de arbitrariedad y de ilegalidad.

Señala que previo a desarrollar los argumentos de la arbitrariedad e ilegalidad, se detendrá en la llamada confianza legítima: estabilidad laboral para los funcionarios a contrata. El Estatuto Administrativo contempla tres modalidades de empleo dentro de la Administración del Estado: el personal de planta, el personal a contrata, y el personal a honorarios. De particular importancia resulta el artículo 10 de dicha Ley, el cual establece que: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

Sin embargo, tanto la Contraloría General de la República como la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia han impuesto límites definidos a la discrecionalidad administrativa y, en concreto, han otorgado un cierto marco legal en cuanto a las no renovaciones de personal a contrata, límites que deben ser respetados por la Administración del Estado. Por una parte, el más reciente dictamen en la materia emitido por la Contraloría es el Nº 6.400, de fecha 02 de marzo de 2018. En él, el órgano contralor viene en explicitar criterios ya establecidos en anteriores dictámenes en lo referente a las no renovaciones del personal a contrata, que se pueden resumir en la siguiente idea: que todo funcionario a contrata que haya prestados sus servicios a un determinado órgano de la Administración por más de dos años consecutivos, la naturaleza esencialmente provisoria del vínculo a contrata cambia, tornándolo en indefinido. Esto genera en el funcionario contratado la expectativa legítima de que sus servicios serán requeridos el año siguiente, por lo que cualquier acto en contrario de la Administración del Estado debe encontrarse debidamente fundado, en virtud de la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 3, 11 y 45 de la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Sabido es por todos que los dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado. Por este motivo, no es de extrañar que la jurisprudencia de nuestros tribunales haya adherido a los principios contenidos en el referido dictamen 6.400,y en otros anteriores que tienen el mismo espíritu.

Entrando al análisis del acto expone que la resolución recurrida es arbitraria, por cuanto carece de fundamentación, siendo desproporcionada, ya que los antecedentes invocados por el Gobierno Regional no ameritan su desvinculación del Servicio. Asimismo, la resolución recurrida es ilegal, pues transgrede el ordenamiento jurídico, ya que infringe los principios de juridicidad, de contradictoriedad, de publicidad, de confianza legítima y de motivación de los actos administrativos.

En este sentido, la razón por la cual la recurrida lo está desvinculando de sus labores radica en que no he cumplido con los plazos y deberes establecidos en la Resolución Nº 1696, relativa al cierre de los proyectos del FNDR. Y en consecuencia, el acto administrativo recurrido torna en arbitrario, pues el procedimiento de cierre regulado por la Resolución Nº 1696 es totalmente arbitrario: en primer lugar, porque establece plazos brevísimos de avance sin mencionar, que ninguna de las comisiones de trabajo ha logrado cerrar todos los proyectos asignados, a la fecha, por otra parte, los plazos son irrisorios tomando en cuenta que, no se les puede pedir a los funcionarios que cierren toda la cartera del FNDR en cuatro meses, si en cerca de diez años de Gobierno Regional ello no se ha podido hacer.

Pero lo que en verdad torna en arbitraria su destitución es que en la misma fecha en que se le desvincula, el Gobierno Regional dicta la última resolución que normaliza el procedimiento de cierre.

Sumado a lo anterior, existe otra circunstancia que no hace sino denotar la mala fe del Servicio: la misma Resolución Nº 1696, que se invoca para desvincularme, en su numeral 4, dispone expresamente: “Sanciónese todo incumplimiento de los deberes y plazos estipulados en la presente resolución mediante una Anotación de Demérito”. Es decir, la misma Resolución que se aduce para destituirlo establece la sanción aplicable al efecto: una simple anotación de demérito.

El hecho de que la misma Resolución establezca de antemano la sanción aplicable al incumplimiento en los procesos de cierre, refuerza la confianza legítima: todos los funcionarios encargados del proceso de cierre teníamos la expectativa legítima, primero, de conservar nuestros empleos por el simple hecho de prestar servicios por más de dos años. Y estas disposiciones de la Resolución Nº 1696 vienen en reforzar aquello: los funcionarios que incumpliesen con sus deberes, tenían la expectativa legítima de que serían sancionados con una anotación de demérito, mas no con la desvinculación. Con la dictación de la Resolución 1696, el Gobierno Regional no ha hecho sino reforzar la confianza legítima.

Por otra parte, la resolución recurrida es ilegal, por cuanto se ha infringido el principio de transparencia y publicidad de los actos administrativos. En efecto, el deber del Gobierno Regional de fundamentar las no renovaciones de contrata no sólo requiere que se expresen los hechos en que se fundan, sino que además, la forma en cómo éstos se han acreditado. En este sentido, la resolución recurrida hace referencia al Memorándum Nº 1. Este documento, al cual no ha accedido, infringe abiertamente el principio de transparencia y publicidad establecido en el artículo 16 de la Ley Nº 19.880, toda vez que su contenido se encuentra oculto, lo cual impide establecer la forma en cómo el Gobierno Regional llegó a las conclusiones a las que arriba en la resolución impugnada.

Por otra parte, la resolución recurrida deviene en ilegal, toda vez que ha infringido el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.880, en cuya virtud los interesados en el procedimiento administrativo podrán aportar todos los antecedentes de descargo que estimen conveniente, o de manera más general, defenderse durante la tramitación de un procedimiento administrativo. En este sentido, la resolución recurrida, al fundamentarse en un acto reservado, impide ejercer su derecho a defensa y a controvertir los hechos que se le imputan.

En consonancia con lo anterior, la resolución recurrida asimismo deviene en ilegal, toda vez que el Gobierno Regional no ha calificado sus labores de la manera en que lo establece la ley. En efecto, el ordenamiento jurídico administrativo pone a disposición de todos los órganos de la Administración del Estado las herramientas para calificar las labores de su personal a cargo, y acreditar cualquier falta administrativa en que incurra un funcionario determinado.

Por lo tanto, al no haber utilizado los procedimientos que establece el Estatuto Administrativo y leyes complementarias para evaluar su desempeño, la recurrida infringe el ordenamiento jurídico, al acreditar su desempeño laboral por medio de un simple memorándum, para lo cual no está facultado por ley, pues para calificar su desempeño el ordenamiento jurídico le provee del sistema de calificaciones, y cualquier falta administrativa debe ser acreditada y perseguida por la vía de investigación sumaria o sumario administrativo, y no por la expedición de un simple memorándum.

Finalmente, en virtud de ser miembro del Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Gobierno Regional, goza de fuero laboral, en los términos establecidos en el artículo 243 del Código del Trabajo, con fuero laboral hasta el día 10 de abril del año 2020. Al respecto, cabe señalar que la resolución recurrida, en su considerando decimosexto, reconoce este derecho, pero sin embargo, opta por aplicar el Dictamen Nº 59.149, de 2012, de Contraloría, en el cual se asimilan los empleos a contrata a los empleos a plazo fijo, para los efectos de determinar la extensión del fuero laboral, lo que torna en ilegal la resolución recurrida toda vez que, en aplicación de los principios de confianza legítima y la jurisprudencia más reciente, una vez que un funcionario público ha prestado de manera continua sus servicios por más de dos años, el vínculo funcionaria que lo une con la Administración del Estado pasa a ser de carácter indefinido, y no de plazo fijo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas por la resolución recurrida.

1.- Artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política: igualdad ante la ley. Por cuanto ha sido discriminado arbitrariamente, sin tener razones legales para hacerlo, sin tener justificaciones de hecho para hacerlo, dejando de aplicar el ordenamiento jurídico e interpretándose por la recurrida a su mero arbitrio.

2.- Artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política: libertad de trabajo. Entendiendo por ésta la libertad de continuar prestando servicios para el Gobierno Regional.

3.- Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política: derecho de propiedad. El derecho de propiedad comprende el derecho a mantener y conservar un empleo.

Este tema cobra particular importancia en la Administración Pública, toda vez que la carrera funcionaria es un derecho no solamente consagrado en este artículo, sino que además, en el artículo 38 de la Constitución Política, el artículo 89 del Estatuto Administrativo y que se manifiesta de un modo implícito en los dictámenes de Contraloría y de modo explícito en la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia en esta materia.

Pide que se acoja el recurso con costas.

Evacuando el informe la recurrida pide su rechazo y señala que la potestad ejercida por la autoridad administrativa, para poner término al vínculo que genera para el funcionario la designación “a contrata”, se encuentra regulada principalmente en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Así, el artículo 3°, letra c) de dicho cuerpo legal, establece que el empleo a contrata “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”

Por su parte, el artículo 10 del aludido cuerpo legal dispone que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.”

Entonces, resulta ser de la esencia de los cargos a contrata su carácter eminentemente transitorio.

Como consecuencia de ello, se produjo, con fecha 31 de diciembre el cese de sus funciones por efecto de la llegada del plazo convenido, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 146 letra f) y 153 inciso 1° del Estatuto Administrativo vigente.

Tan cierto es lo dicho, respecto de la transitoriedad de los empleos a contrata, que los Órganos de la Administración del Estado detentan incluso la facultad cierta de poner término anticipado a una designación de esta especie o, dicho de otro modo, se encuentra siempre latente la posibilidad de poner fin al vínculo funcionarial en cualquier tiempo.

La facultad ejercida por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota se encuentra perfectamente amparada por la normativa vigente y en clara concordancia con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

A mayor abundamiento, no puede dejar de tenerse presente que todo acto administrativo, incluido aquel que se pretende impugnar y dejar sin efecto por la presente vía, goza de una presunción de legalidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso final, de la ley N° 19.880, presunción que deberá ser necesariamente destruida por el actor, si pretende lograr la prosperidad de su acción.

Consecuentemente, habiéndose ejercido por parte del Gobierno Regional de Arica y Parinacota una potestad expresamente amparada por todas las normas legales precedentemente citadas, es evidente que no existe una actuación ilegal que deba ser enmendada por vía cautelar.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad de la actuación recurrida el actor alude indistintamente a la ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo, como si ambos supuestos vicios concurrieran copulativamente.

Sin embargo, un acto arbitrario es aquel dictado antojadizamente, de manera caprichosa, sin obedecer a principios dictados por la razón, cuestión que no acontece en el presente caso.

La decisión adoptada por la Autoridad, enmarcada dentro de las atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico, y por tanto conciliadora con el principio de legalidad, obedece a criterios esencialmente objetivos, los que se tuvieron en consideración al momento de tomar la decisión de prescindir de los servicios del actor.

En efecto, previo a la dictación de la resolución recurrida, se tuvieron en consideración –para adoptar la decisión- una serie de antecedentes y, muy principalmente, lo informado por el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional en su Memorándum Reservado N° 01/2018, el que se basa a su vez en el contenido del denominado “Informe General de Seguimiento N° 01, elaborado por doña nombre reservado, profesional responsable del seguimiento según Resolución Exenta N° 1696/2018.

Dichos antecedentes deben ser analizados en virtud de una serie de resoluciones pronunciadas por la Autoridad, tendientes a delimitar las labores del recurrente, así como de otros funcionarios del Servicio, las que resultan ser determinantes para comprender el incumplimiento de las labores encomendadas y la procedencia de su no renovación, en calidad de contrata.

Así también, se tuvieron en consideración los propios reportes quincenales de avances emitidos por el actor, los que abarcan el periodo posterior al último proceso calificatorio y que dan cuenta de forma indubitada que los reproches contenidos en la resolución resultan ser efectivos e incuestionables.

Tal como consta en el recurso, el acto administrativo impugnado es la Resolución Exenta N° 3223, de fecha 28 de noviembre de 2018, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que adoptó la decisión de no renovar el empleo a contrata de don nombre reservado.

La antedicha resolución dispone:

“CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA CONTRATACIÓN DE DON nombre reservado:

1. Que, mediante la resolución afecta señalada en el numeral 1 de los Vistos, se designó a contrata a don nombre reservado, en calidad de profesional, grado 15° de la Escala Única de Sueldos, comenzando sus funciones el mismo día 01 de enero de 2017.

2. Por su parte, mediante la resolución señalada en el numeral 2 de los Vistos se determinó la renovación de su contratación, bajo los mismos términos, para el año 2018.

3. De la lectura de dicho acto administrativo se desprende que su designación a contrata se mantendría “(…) mientras sean necesarios sus servicios (…)”.

4. Por otro lado, mediante el correo electrónico de fecha 12 de abril de 2018, señalado en el numeral 11 de los Vistos, conduce el acta N° 1, se comunicó que el Sr. nombre reservado había sido designado como representante aforado de los trabajadores en dicho ente. En el mismo sentido, se encuentra el Oficio sin número, señalado en el numeral 12 de los Vistos.

EN CUANTO A LA FALTA DE NECESIDAD DE LOS SERVICIOS DE DON nombre reservado nombre reservado EN EL GOBIERNO REGIONAL:

5. Tal como se señala, los servicios de don nombre reservado, han dejado de ser necesarios para este Servicio, por las siguientes razones:

6. Insuficiencia en cuanto a su rendimiento: mediante la dictación de las resolución exenta señalada en el numeral 6 de los Vistos, se crearon comisiones de trabajo para el proceso de cierres administrativos y/o transferencia de bienes de iniciativas período 2008-2017, que se había iniciado el año 2014, con la dictación de la resolución exenta N° 2169, de 24 de noviembre de 2014. Dicho proceso, además, continuó con la dictación de la resolución 880, de 2016, con su correspondiente modificación a través de la resolución exenta N° 1540, de 2017.

7. En efecto, y conforme lo dispuso la resolución exenta N° 1696, se designó a varios funcionarios como integrantes de equipos encargados de cerrar las mencionadas iniciativas. Entre ellos se encontraba el Sr. nombre reservado, en la comisión de trabajo N° 3.

8. Por lo mismo, esta resolución estableció plazos para el cumplimiento de los cierres indicados. En efecto, en el punto 4 de dicha resolución se estableció la obligación de entregar 10 reportes, asociado cada uno de ellos a un porcentaje de avance. Cada uno de estos avances tenía una fecha en la cual debía evacuarse. En el mismo sentido, se estableció que cada uno de los funcionarios designados podría compensar las horas extraordinarias de trabajo, previa autorización de su jefatura de división.

9. En apoyo de lo anterior, la resolución exenta N° 1912, autoriza los trabajos extraordinarios, entre los cuales fue favorecido el Sr. nombre reservado.

10. Por otro lado, mediante la resolución exenta N° 2012, de 2018, se complementó la resolución exenta N° 1696, ya indicada, estableciendo que la periodicidad de los informes sería cada quince días.

11. Por último, la resolución exenta N° 2013, de 2018, creó los procedimientos para el desarrollo del cierre de las iniciativas correspondientes a los subtítulos 24, 29, 31 y 33.

12. No está demás señalar que ninguna de las resoluciones que se han indicado anteriormente han sido objeto de recurso alguno por parte de los funcionarios designados, por lo cual gozan del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos.

13. Por otro lado, el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, don nombre reservado evacúa el informe contenido en el Memorándum N° 1, de 22 de noviembre de 2018, el cual adjunta los Reportes de Seguimiento correspondiente a cada Comisión. Dicho informe contempla una evaluación del Sr. nombre reservado, sobre un hecho en particular, como lo es el cierre de las iniciativas ya indicadas, con lo cual se satisface la cita de antecedentes que respaldan la decisión que se dirá posteriormente, conforme lo refiere el dictamen N° 6.400, de 2018, en relación a evaluación particular sobres hechos no comprendidos en las calificaciones.

14. En ese sentido, para la comisión N° 3 a la que pertenecía el señor nombre reservado, se concluyó que el número de iniciativas correspondientes a dicha comisión alcanzaba las 62. En efecto, se solicitaba cerrar al menos el 50% de ellas a la fecha. Sin embargo, al día de hoy se encuentran en proceso de cierre solo 32 iniciativas, pero ninguna cerrada, es decir, un 0%.

15. Como consecuencia de lo anterior, la continuidad del Sr. nombre reservado en el Servicio no encuentra una base sobre la cual apoyarse, por cuanto, y en resumen, (1) se le ordenó integrar una comisión de cierres de iniciativas, (2) se le entregaron horas compensatorias de las cuales hizo uso, (3) se le indicó cómo debía realizar las tareas asignadas mediantes resoluciones, y (4) él no cumplió, ya que, como se ha señalado, su avance en el cierre de iniciativas es nulo.

16. Por su parte, se debe hacer presente que, a pesar que el Sr. nombre reservado goza de fuero laboral, conforme lo dispone el artículo 243 del Código del Trabajo, no es menos cierto que éste es de naturaleza transitoria, esto es, en la medida que el funcionario se encuentre trabajando, y no le alcanza para suponer que su vínculo contractual pueda ser renovado. En efecto, el inciso final de dicha norma establece la precariedad de la mencionada situación, la cual ha sido desarrollada por el dictamen N° 59.149, de 2012, el cual indica “…es dable colegir, en armonía con los dictámenes N° 27.122, de 2001 y 42.822, de 2011, de este origen, que tanto los contratos a plazo fijo como las designaciones a contrata, comparten la naturaleza de precariedad en la duración de la relación laboral, por lo que, en ambos casos, el término de las actividades se produce una vez vencido el plazo de extensión, sea que se haya convenido por las partes o que opere por expreso mandato de la ley, sin que se requiera solicitar el desafuero. En consecuencia, aún en el evento de que el peticionario fuese el representante aforado del respectivo Comité Paritario, su cese pudo ocurrir por el cumplimiento del plazo previsto en su designación, sin que ello hubiese sido impedido por la prerrogativa que invoca, la que, por lo demás, se habría extendido sólo hasta la fecha indicada…”.

EN CUANTO A LA FACULTAD DE DISPONER LA NO RENOVACIÓN DE LA CONTRATA DE DON nombre reservado:

17. Tal como lo ha indicado el dictamen N° 6.400, de 2017, ya señalado, en su numeral II, los pronunciamientos citados en aquel “… no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas – u otras figuras de designación semejantes -, que en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula antes referida u otra similar…”.

18. Continua el dictamen indica, y señala que “… los pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado…”.

19. Dichas atribuciones se desprenden, además, del carácter transitorio de la calidad jurídica de contrata, tal como lo indica el artículo 10 del Estatuto Administrativo, el cual ha sido confirmado con la jurisprudencia señalada.

CONCLUSIONES:

20. Como consecuencia de lo anterior, se ha podido acreditar lo siguiente:

a.

Que don nombre reservado fue designada en calidad de contrata el 01 de enero de 2017, comenzando sus funciones ese mismo día, mientras sean necesarios sus servicios.

b.

Que, dicha designación le fue prorrogada para el año 2018, mediante la resolución señalada en el numeral 2 de los Vistos c.

Que, los servicios que presta don nombre reservado ya no son requeridos por el Gobierno Regional, por los motivos que se han explicitado en los numerales anteriores.

21. Como corolario de lo anterior, y conforme al razonamiento que se ha venido realizando, y en cumplimiento a lo prescrito en el Dictamen 6.400, de 2018, de la Contraloría General, este Servicio estima que ha dado cumplimiento al razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, por cuanto se ha detallado en forma pormenorizada los motivos por los cuales el Gobierno Regional resolverá lo que sigue.

22. Es por lo todo lo expuesto, y teniendo en consideración que el cargo de contrata es, por esencia, transitorio, se dispondrá su notificación de la decisión de no renovar su designación a contrata, de la forma en que se dirá a continuación.

RESUELVO:

NOTIFIQUESE a don nombre reservado, funcionario a contrata, grado 15° de la EUR, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, de la decisión de no renovar su designación a contrata para el año 2019.”

Tal como ha quedado plasmado en el acto administrativo transcrito, el fundamento que se tuvo en consideración, para efectos de adoptar la decisión de no renovar la contrata del recurrente, dice relación directa con su desempeño como funcionario de este Servicio, el que ha sido marcadamente insatisfactorio, incumpliendo las importantes labores que le fueron encomendadas, pese a todas las herramientas otorgadas para aquello.

Así, en lo que importa al presente caso, y luego de haberse dictado una serie de actos administrativos tendientes a poner en marcha un plan de trabajo de convergencia a las normas internacionales de contabilidad para el sector público, se dicta la Resolución Exenta N° 1696, de 26 de julio de 2018, mediante la cual se crean 11 comisiones de trabajo destinadas, todas ellas, a la labor de llevar a efecto la regularización de cierres administrativos y/o transferencias de bienes de iniciativas financiadas durante el período 2008-2017, por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

En el caso concreto, el recurrente fue designado para formar parte de la Comisión de Trabajo N° 3, cuya función asignada comprendía los cierres de todas las iniciativas correspondientes al año 2010.

Junto con ello, y tal como se puede apreciar, en el punto 4.- de la resolución citada se estableció un cronograma, definiendo plazos de cumplimiento para las funciones asignadas a cada una de las comisiones de trabajo, estableciéndose como fecha de meta para el 50% de avance el día 15 de octubre del año 2018.

Asimismo, junto con establecer obligaciones, dispuso que las horas extraordinarias de trabajo serían compensadas al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto Administrativo, lo que finalmente se formalizó con la dictación de la Resolución Exenta N° 1912, de 06 de agosto de 2018.

Posteriormente, se fueron dictando una serie de actos administrativos tendientes a fortalecer la eficiencia y eficacia de la labor que debían asumir las comisiones. Así, se dicta la Resolución Exenta N° 2012, que complementa la Resolución Exenta N° 1696. Luego, se dicta la Resolución Exenta N° 2013, de fecha 13 de agosto del 2018, que aprueba procedimientos de cierre de iniciativas de los subtítulos 24, 29, 31 y 33. Éste último acto administrativo resulta ser esencial para la acertada resolución de la acción de protección impetrada, pues desmiente absolutamente las excusas largamente vertidas por el actor, en cuanto a que supuestamente no contaba con las herramientas necesarias para cumplir la labor que le fue encomendada y que, tal circunstancia, sería la presunta causa de su incumplimiento, delegando su responsabilidad directamente en el Servicio.

Aún más, siempre velando por la eficiencia en la labor encomendada a las diversas comisiones, con la finalidad de facilitar su trabajo, y acorde a lo indicado en la anteriormente mencionada Resolución Exenta N° 2012, se realizaron jornadas de capacitación, las que estuvieron a cargo del Abogado de la Unidad Jurídica don nombre reservado y de las funcionarias de Auditoría Interna, doña nombre reservado y doña nombre reservado, efectuadas los días 14, 23 y 27 de agosto de 2018.

Entonces, surge de manifiesto que se les entregaron a todos los funcionarios del Servicio las instrucciones y herramientas necesarias para el cumplimiento de la función encomendada.

Lo dicho por el recurrente, en cuanto a que sólo una vez dictada la Resolución Exenta N° 3230, de fecha 28 de noviembre de 2018, se encontraba en condiciones de poder dar cierre a las iniciativas resulta ser un hecho absolutamente falso, una excusa que no encuentra sustento alguno y sólo denota el reconocimiento de su incumplimiento ya que mientras algunas comisiones presentaron avances al 15 de octubre de 2018, tal como detalla el Informe General de Seguimiento N° 01, la Comisión N° 3 presentó un progreso equivalente a un 0%, es decir, que a dicha fecha no se encontraba cerrada ni siquiera una iniciativa.

Tal como se ha venido diciendo, el recurrente excusa su incumplimiento señalando que no se habría establecido un procedimiento para poder concretar el cierre de las iniciativas. Sin embargo, lo cierto es que el procedimiento de cierre de las iniciativas correspondientes a los subtítulos 24 y 33 ya se encontraba aprobado mediante la Resolución Exenta N° 2785, de fecha 29 de diciembre de 2017, mientras que el procedimiento correspondiente a los subtítulos 29 y 31 se aprobó mediante la Resolución Exenta N° 2013, de fecha 13 de agosto de 2018.

Entonces, es claro que, a lo menos desde el 13 de agosto de 2018, dos meses antes de la elaboración del Informe General de Seguimiento N° 01, todas las comisiones se encontraban en perfectas condiciones para poder proceder al cierre de las distintas iniciativas pendientes.

Por lo demás, así efectivamente sucedió, pues muchas de las comisiones, a la fecha del Informe General de Seguimiento, presentaban algún grado de avance.

En términos sencillos, mientras otras comisiones si fueron capaces de dar cumplimiento a la labor encomendada, declarándose cerradas algunas de las iniciativas a su cargo, la Comisión N° 3 fue incapaz de dar cierre tan siquiera a una iniciativa, lo que no hace sino ser prueba contundente de su incumplimiento.

Ahora bien, el recurrente intenta respaldarse aludiendo a sus calificaciones. Lo cierto es que los incumplimientos que se le imputan fueron constatados con posterioridad al último proceso calificatorio, por lo que malamente podrían haber sido consideradas dichas conductas para rebajar su calificación.

Resulta evidente y manifiesto que existen una serie de antecedentes que hacen constatar, de forma indubitada, que don nombre reservado no dio cumplimiento a las esenciales labores que le fueron encomendadas, las que debió ser capaz de superar dada su condición de Analista, es decir, experto en la materia solicitada, que es lo que exige el cargo.

De este modo, la Intendenta Regional de Arica y Parinacota, a través de una valoración de los antecedentes que se han venido exponiendo, adopta la decisión de no renovar la contrata de don nombre reservado, así como también de otros miembros de las comisiones, que demostraron incumplimientos en idénticas condiciones.

La última circunstancia expuesta es también esencial, pues da cuenta que la decisión adoptada no es arbitraria, pues jamás se dirigió únicamente en contra del recurrente.

Así las cosas, la Autoridad ha actuado dentro de la esfera de sus funciones y de los deberes que le impone la ley, tal como fluye del artículo 64, letra a) del Estatuto Administrativo, que dispone que es obligación de la Autoridad y de las respectivas jefaturas “Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”.

Por lo expuesto, el recurrente yerra al calificar el mérito de los fundamentos para disponer la no renovación de su designación a contrata, considerándola ilegal y arbitraria, puesto que ésta configura el ejercicio de una facultad expresamente reconocida por nuestro ordenamiento legal.

Finalmente, se hace presente que el actor confunde los efectos de la resolución recurrida y las normas que facultan para el ejercicio de las potestades desplegadas, al afirmar que su representada necesariamente, para poner término al empleo a contrata, debió haber hecho uso de otros procedimientos, como lo es el sistema de calificaciones o bien procedimientos disciplinarios.

Lo cierto es que en el presente caso no estamos en presencia de una resolución que pretenda hacer efectiva algún tipo de responsabilidad administrativa, entonces, no tiene ningún tipo de aplicación la instrucción de un sumario administrativo o una investigación sumaria, por lo que la alegación efectuada carece de sustento.

La decisión de no renovar la contrata del actor tuvo lugar dentro del marco de las atribuciones que en materia de personal asisten al Jefe Superior del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, y no, como parece creer la impugnante, en el ejercicio de la potestad disciplinaria que la legislación ha radicado en cada jefatura de servicio. En cuanto a esto último, no es posible mediante una técnica reduccionista, basada en las meras consecuencias materiales del acto, equiparar la destitución, máxima medida disciplinaria aplicable a quienes, según lo concluido en un sumario, han comprometido su responsabilidad administrativa, con la no renovación de una contrata.

Misma situación ocurre respecto de la desvinculación que se produce como resultado de un proceso calificatorio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 18.834, pues también conlleva la imposibilidad de ingresar a la Administración del Estado por el lapso de cinco años.

Señala que el principio de confianza legítima tal alegación no es aplicable al presente caso. En efecto, del análisis del dictamen N° 6.400 de 02 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que “Actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700, de 2016, de este origen, sobre confianza legítima en las contratas” se desprende una serie de requisitos contractuales para que cobre aplicación el criterio de confianza legítima, los que no son cumplidos en la especie, pues el dictamen en comento concluye que “la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años.”

No obstante, es un hecho no discutido en autos, pues así lo reconoce el actor en su libelo, que su primera designación a contrata lo fue mediante la Resolución Afecta TRA N° 944/5/2017, que mantuvo su vínculo funcionarial por toda esa anualidad.

Luego, su empleo a contrata fue objeto de una única renovación, mediante Resolución Exenta RA N° 944/155/2018, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, o “mientras sean necesarios sus servicios”.

Entonces, resulta evidente que el recurrente, atendido a que presente sólo una renovación de su empleo a contrata, no se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, en los términos expuestos.

Por último en cuanto al supuesto fuero laboral invocado por el recurrente, dicha alegación debe también ser desestimada, por cuanto no resulta ser efectivo lo planteado por el actor. En efecto, se debe hacer presente que, a pesar que el recurrente gozaba de fuero laboral, conforme lo dispone el artículo 243 del Código del Trabajo, no es menos cierto que éste es de naturaleza transitoria, esto es, en la medida que el funcionario se encuentre trabajando, y no le alcanza para suponer que su vínculo contractual pueda ser renovado.

El inciso final de dicha norma establece la precariedad de la mencionada situación, al disponer que “Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, tratándose de directores de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios o de los integrantes aforados de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará, sólo durante la vigencia del respectivo contrato, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.”

Como consecuencia de todo lo que se ha venido exponiendo, estima que en el presente caso no ha existido vulneración alguna de las garantías fundamentales que invoca el actor, sino únicamente el ejercicio propio de las facultades que la ley asigna a los distintos Órganos del Estado, actuando dentro de la esfera de su competencia y de acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3º y 5º de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce, por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente, deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

SEGUNDO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

TERCERO: Que, el asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se indica como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es la dictación del Decreto Exento RA N° 3223 de 28 de noviembre de 2018, del Gobierno Regional, que dispuso la no renovación del empleo a contrata del recurrente.

CUARTO: Que, son hechos acreditados en el presente recurso los siguientes: que el recurrente fue designado en calidad de contrata como Analista de Proyectos en la División de Análisis y Control de Gestión, grado 15º, en el mes de enero de 2017, contrata que fue renovada para el periodo siguiente 2018 hasta el actual decreto impugnado que determina la no renovación para el año 2019.

Respecto de sus calificaciones, en el periodo calificatorio 2017-2018, el recurrente obtuvo un puntaje que lo posiciona en Lista 1.

QUINTO: Que, no obstante lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834 que expresa “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” sin que sea el caso discutir que la autoridad administrativa detenta tal prerrogativa, la misma debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto propuesto, es del caso señalar que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, de duración limitada en el tiempo, y sus plazos no se encuentran establecidos ni garantizados por norma alguna.

SÉPTIMO: Que, la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad administrativa puede ponerle término a esa función, en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ocurre en la especie, toda vez que el acto administrativo impugnado expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

En relación a los hechos, se advierte que la decisión adoptada por la autoridad consistente en desvincular laboralmente al recurrente en razón al nulo avance en la comisión encargada de los proyectos referidos a cierres administrativos de iniciativas de inversión asignadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es lo que se aprecia en el contenido de la Resolución impugnada, obedece a un actuar enmarcado dentro de las reglas que informan el desempeño de la recurrida, especialmente el Estatuto Administrativo.

OCTAVO: Que, en este orden de ideas, la autoridad Administrativa no está obligada a renovar la contratación de los servicios que se desempeñen en tal carácter, una vez cumplida la vigencia temporal, pues ella, como lo dispone expresamente el artículo 10 del Estatuto Administrativo, opera por el solo ministerio de la ley.

En efecto, el empleo a contrata se caracteriza por la precariedad en su duración, circunstancia conocida por el interesado, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora.

Por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida Gobierno Regional de Arica y Parinacota, resulta suficiente para desestimar el recurso.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de la accionante constitucional en torno a que en la especie habría operado a su respecto el principio de la “confianza legítima”, cabe referir que efectivamente, en la actualidad, constituye un verdadero axioma que si una relación laboral a contrata se renueva reiteradamente, genera en el funcionario la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración, en indefinido un vínculo que en abstracto debía ser transitorio, situación que ha dado origen a la elaboración del principio de “confianza legítima” que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016, y que ha sido recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de esta Corte.

DÉCIMO: Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, por un período continuo de a lo menos 2 renovaciones y que el acto que dispone tal medida esté dotado de la motivación y fundamento suficiente que permita vencer la expectativa de continuidad antes mencionada.

UNDÉCIMO: Que, en el caso concreto, el vínculo entre el accionante nombre reservado y el Gobierno Regional, no se encuentra dentro de los parámetros o supuestos que tanto la jurisprudencia, como la Contraloría General de la República han considerado como el de la “confianza legítima”, toda vez que, en el presente caso, tal como se desprende del dictamen N° 6.400 de 02 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que “Actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N° 85.700, de 2016, “sobre confianza legítima en las contratas”, se indica “la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años”, resultando un hecho pacífico que la primera designación a contrata, lo fue mediante la Resolución Afecta TRA N° 944/5/2017, que mantuvo su vínculo funcionarial por toda esa anualidad. Posteriormente, su empleo a contrata fue objeto de una única renovación, mediante Resolución Exenta RA N° 944/155/2018, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, o “mientras sean necesarios sus servicios”, de lo que se colige que el recurrente, atendido a que presenta sólo una renovación de su empleo a contrata, no se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, en los términos expuestos.

DUODÉCIMO: Que, a su turno, el supuesto fuero laboral invocado por el recurrente, no resulta ser tal, ya que si bien el recurrente gozaba de fuero laboral, conforme lo dispone el artículo 243 del Código del Trabajo, el mismo es de naturaleza transitoria, esto es, en la medida que el funcionario se encuentre trabajando, y no le alcanza para suponer que su vínculo contractual pueda ser renovado, por lo que el acto recurrido es apto para privar legítimamente a la amparada de la función pública que desempeñaba, lo que lleva necesariamente al rechazo del recurso de protección impetrado en favor de nombre reservado, al no constatarse que el acto sea ilegal y, haya existido una infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que, por el contrario, la propia recurrente admitió en estrados que otros funcionarios que prestaban servicios para la recurrida, padecieron igualmente la misma desvinculación, y no así funcionarios que pertenecían a comisiones que sí evidenciaron avances porcentuales en sus respectivos proyectos, por lo que no se avizora una desigualdad en el trato dado a la recurrente, y consecuencialmente que éste sea de carácter arbitrario, más aun si ha sido debidamente fundado.

A su turno, en relación a la garantía constitucional de libertad de trabajo, obviamente, la no renovación de la contrata de la recurrente de ningún modo puede conculcar dicho derecho, porque no es un impedimento que pueda trabajar, y finalmente, en torno a una infracción al derecho de propiedad, cabe referir que dada la naturaleza misma de los servicios que se prestan a contrata, su carácter es transitorio y por ello no puede pretenderse que se tenga el derecho a continuar desempeñándose de la misma manera en forma indefinida, lo que obviamente desnaturalizaría la ley que permite dicho instituto.

En consecuencia, en mérito de lo razonado y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que, SE RECHAZA recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1011-2018 Protección.

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