nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Arica, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la abogada Tania Olivera Huerta, en representación de nombre reservado, RUT N° RUT reservado, empleado dependiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Rut N° RUT reservado, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Arica por haber vulnerado su garantía constitucional del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala el recurrente, que el año 2018, suscribió el pagaré Nº004CON100996196, instrumento por medio del cual solicitó un crédito de dinero a la recurrida por la suma de $ $25.767.562, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $726.660. La primera cuota venció el 31 de diciembre del año 2018. Alude que no pudo seguir pagando las cuotas de su crédito debido a que se encontraba cesante y en insolvencia.

Indica que la recurrida presentó en el 25 de julio de 2019 en contra del actor una demanda ejecutiva por el cobro total de la deuda, dando origen a la causa Rol C-1660-2019, tramitada ante el Tercer Juzgado de Letras de Arica. Complementa, que el 28 de octubre 2020, se acogió incidente de abandono del procedimiento, archivándose la causa. Cita el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, sobre los efectos del abandono del procedimiento.

Refiere que en el mes de julio 2020, comenzó a prestar servicios OHL Industrial Chile S.A., lo que fue un alivio familiar, teniendo un legítimo derecho a obtener su remuneración.

Reclama el recurrente que al recibir su remuneración correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020, se le efectuaron descuentos en favor de la Caja de Compensación recurrida, debido al crédito de consumo antes referido. Además dicha cuota aumentó el valor pactado originalmente, lo que genera un detrimento en su patrimonio.

Señala que la actuación de cobro ejercida por la Caja de Compensación, se trata de un ejercicio de autotutela, debido a que hace mal uso y abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de sus créditos sociales.

Refiere que trató de llegar a un acuerdo con la recurrida, lo que no pudo lograr debido al alto cobro de intereses.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, ordenando el cese de todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, restituyéndosele los dineros que le fueran descontados.

SEGUNDO: Que, el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de Caja de Asignación Familiar Los Andes, evacuó el informe solicitado por esta Corte, señalando que efectivamente el 3 de octubre de 2018, la recurrida le otorgó a nombre reservado el crédito social Nº004CON100996196, por un monto de $25.767.562, pagadero en 60 cuotas mensuales de $726.660.-, el primer vencimiento de la cuota fue el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, llegada la fecha del primer vencimiento, el recurrente no pagó la cuota correspondiente, situación que se mantuvo respecto de las siguientes.

Complementa que debido a la falta de pago del recurrente, la recurrida el 25 de julio de 2019, dedujo una demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que fue suscrito en garantía de la referida operación de crédito, en autos Rol C-1660-2019 del 3º Juzgado de Letras de Arica. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el punto 1.17.2 de la Circular N°3567 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que regula el régimen de Crédito Social otorgado por las Cajas de Compensación, señalando lo siguiente: “1.17.2 Cobranza de créditos morosos. (…) La Cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, a menos que el Gerente General basado en razones fundadas y de acuerdo a las pautas generales definidas por el Directorio de las C.C.A.F., estime inconveniente iniciar acciones dentro del plazo antes establecido.”.

Agrega, que durante el período que va desde el 17 de junio al 9 de octubre de 2019, fueron recaudadas las cuotas Nº1 a Nº5. Luego, habiéndose detectado el ingreso del recurrente como trabajador de una empresa afiliada a la Caja de Compensación, se le informó para la realización de descuentos del cobro de las cuotas adeudadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, recaudándose las cuotas Nº6 y Nº7 a través de descuentos en la remuneración de noviembre y diciembre de 2020.

Expone que al día de hoy, dicho crédito se mantiene en morosidad las cuotas de julio de 2019 a enero de 2021, Nº8 a Nº26; y aún por vencer aquellas que van desde febrero de 2021 a noviembre de 2023.

A su juicio el crédito se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible y la acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Solicita el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que, conforme se colige de la lectura del precepto antes citado, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, así como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los Rol N° 18.404-2015 y 15.032-2016, al haberse descontado de la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas.

OCTAVO: Que, en el presente caso, el recurrente no tiene un derecho de carácter indubitado, debido a que la Caja de Compensación reclama el cobro de un crédito vigente, el cual reconoce haber adquirido el actor, siendo solamente esgrimido por el recurrente el hecho de haberse declarado el abandono del procedimiento en la causa civil ejecutiva Rol C-1660-2019 del 3º Juzgado de Letras de Arica, y que en su concepto trae como consecuencia que la Caja pierda el derecho a ejercer los descuentos que la faculta el artículo 22 de la Ley Nº18.883, argumentación que esta Corte no comparte de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, quedándole a salvo al recurrente las acciones que estime del caso para ser conocidas en un juicio de lato conocimiento y no a través de la presente acción constitucional de urgencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 10-2021 Protección.

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