Decisión del MINVU de no expropiar inmueble declarado de utilidad pública en El Bosque

Nº OF161105 Fecha: 25-08-2026 I. Antecedentes Doña nombre reservado y otros integrantes del comité de vivienda “Muevan Las Industrias”, de la comuna de El Bosque, reclaman respecto de la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de no expropiar el terreno ubicado en domicilio reservado, de la mencionada comuna.

Exponen, en lo medular, que dicha determinación sería improcedente, considerando que “Existe un acto administrativo publicado en el Diario Oficial que generó expectativas legítimas en más de 150 familias".

Añaden, que el aludido terreno cuenta con factibilidad técnica y normativa aprobada por el respectivo Servicio de Vivienda y Urbanización, y que “el desistimiento por razones presupuestarias no se condice con la priorización que el Estado ha dado al plan de Emergencia Habitacional, declarado de interés nacional”.

Requeridos sus pareceres, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano coinciden en señalar, en síntesis, que el acto administrativo a que se refieren los interesados corresponde a aquel que establece la declaratoria de utilidad pública del inmueble en comento, el cual no implica el inicio administrativo del proceso expropiatorio.

Indican, además, que lo sostenido por los interesados solo da cuenta de la evaluación positiva del predio para una eventual adquisición forzosa, la que, en todo caso, está supeditada a la existencia de recursos para tal propósito, y que su actuación se ajustó a la normativa que regula la materia, pues la autoridad se encuentra facultada para adoptar decisiones respecto de tales adquisiciones en función de su conveniencia, mérito u oportunidad.

II. Fundamento jurídico El decreto ley N° 2.186, de 1978 -Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones-, dispone, en su artículo 1°, que toda expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, cualquiera que sea la ley que la autorice o la institución que la decreta, se sujetará al procedimiento establecido en ese texto.

Enseguida, y según preceptúa su artículo 6°, la expropiación se dispondrá mediante decreto supremo o resolución, según corresponda, el que para todos los efectos legales constituirá el “acto expropiatorio” y contendrá las menciones que ahí se precisan, entre ellas, el monto provisional de la indemnización fijado, y la forma y plazos de pago de la indemnización que corresponda conforme a la ley.

Agrega en su artículo 18, que “El pago de las indemnizaciones por las expropiaciones que efectúen los Servicios Fiscales se hará con cargo a los presupuestos del Servicio respectivo”.

Luego, su artículo 32 previene que “La entidad expropiante podrá desistirse de la expropiación por decisión unilateral adoptada en el mismo órgano y de igual modo que el acto expropiatorio”, en la oportunidad que indica.

Por su parte, el artículo 51, inciso primero, de la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, declara de utilidad pública los inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento de los programas de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones, que apruebe esa Cartera Ministerial.

Indica, además, que “Tales programas deberán ser aprobados por decretos supremos, que deberán ser publicados en el Diario Oficial y en un periódico de cada una de las provincias en que dichos programas se pondrán en ejecución”, y que “Las expropiaciones se ordenarán mediante resolución de los Directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización, previo informe favorable de la División de Desarrollo Urbano o de los Secretarios Regionales o Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

III. Análisis y conclusión De los antecedentes examinados se advierte que mediante el decreto exento N° 1, de 2026, publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de ese año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobó el programa de expropiación del predio de que se trata, destinado a la implementación del Plan de Emergencia Habitacional para el año 2025 y siguientes.

Sobre el particular, es menester precisar, tal como señalan los organismos informantes, que dicho acto administrativo no constituye, por sí mismo, un acto expropiatorio, pues su finalidad se limita a declarar de utilidad pública el inmueble respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, inciso primero, de la ley N° 16.391.

En ese contexto, resulta necesario distinguir entre la declaración de utilidad pública de un bien y la adopción del acto expropiatorio propiamente tal. Mientras la primera constituye un presupuesto habilitante para una eventual expropiación, la segunda requiere la dictación de la correspondiente resolución o decreto que disponga expresamente la expropiación, en los términos previstos por el reseñado decreto ley N° 2.186, de 1978.

Por consiguiente, no es posible sostener que la aprobación del programa de expropiación haya generado, por sí sola, un derecho a exigir la materialización de la adquisición forzosa del inmueble. Ello, teniendo en cuenta, además, que la decisión de llevar adelante o no un proceso expropiatorio constituye un asunto cuya determinación corresponde a la autoridad administrativa en virtud de una evaluación vinculada a razones de mérito, conveniencia u oportunidad, para la cual debe considerar, entre otros factores, la disponibilidad de recursos presupuestarios.

En consecuencia, atendido que en la especie no se advierten infracciones a la normativa que regula la materia, esta Entidad de Control, dentro del ámbito de sus competencias, no tiene observaciones que formular respecto de la actuación de los organismos involucrados (aplica dictamen N° 94.547, de 2014).

Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República nombre reservado

Subcontralor General de la República