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Derecho público chileno

DictamenN° E223.571 de 202529 dic 2025

Contraloría no toma razón de decreto del MOP que modifica contrato del Centro de Justicia de Santiago

Fecha
29 de diciembre de 2025
Materia
Toma de razón y control de legalidad
Criterio
Genera Jurisprudencia
Fuentes legales
DTO 900/96 moopp art/5
Descriptores
Facultades CGR, toma de razón, obra pública, concesión Centro de Justicia de Santiago
Cita
Dictamen N° E223.571 de 2025

Resumen

No se dio curso al decreto porque el Subsidio Fijo a la Operación para el Período de Extensión no está debidamente justificado y aumentaría notablemente los fondos públicos, y porque no se licitó oportunamente la concesión conforme a la Ley de Concesiones.

Sumario de la Contraloría

Representa el decreto N° 117, de 2025, del Ministerio de Obras Públicas

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Este documento se refiere a

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° E223571 Fecha: 29-12-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica, por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública denominada “Centro de Justicia de Santiago”.

Lo anterior, considerando que no se encuentra debidamente justificado en dicho acto administrativo, ni en sus documentos adjuntos, ni en la minuta adicional que fue requerida, el “Subsidio Fijo a la Operación para el Período de Extensión” que resulta de las fórmulas que allí se establecen, y cuya aplicación implicaría un notable aumento de los fondos públicos involucrados, en comparación con el subsidio vigente.

En ese sentido, y sin perjuicio de que no se da cuenta detallada de los conceptos en cuya virtud se incrementa dicho subsidio, cabe puntualizar que tampoco se advierten las razones jurídicas y técnicas para incluir en su cálculo aspectos tales como “imprevistos”, “estimación de gastos financieros”, “impuesto a la renta” y “costo patrimonial”, aludidos en la minuta de la División de Estudios y Análisis Financiero de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

Por otra parte, ese Ministerio no ha dado cumplimiento al deber de licitar oportunamente este tipo de contratos, conforme a lo ordenado por el artículo 25 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto N° 900, de 1996, de esa Secretaría de Estado, según el cual “Una vez concluido el plazo de las concesiones, las obras deberán ser nuevamente entregadas en concesión por el Ministerio de Obras Públicas para su conservación, reparación, ampliación o explotación, aisladas, divididas o integradas conjuntamente con otras obras”, añadiendo dicha norma que “La correspondiente licitación deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones”.

Ello, a pesar de que esta Entidad de Control ha manifestado reiteradamente en su jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en sus dictámenes N°s E192775 y E284135, ambos de 2022, E367270, de 2023, y E497568 y E557569, ambos de 2024, y E129273, de 2025, que la licitación pública debe efectuarse de manera obligatoria y oportuna en estas materias, cuestión que no se cumplió. Por las razones expuestas, no resulta procedente tomar razón del acto administrativo de la suma.

Saluda atentamente a Ud., nombre reservado Contralora General de la República