Control de legalidad de la adjudicación de licitación de subsidio al transporte lacustre en zonas aisladas
- Fecha
- 6 de agosto de 2021
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- toma de razón, facultades CGR, admisibilidad ofertas, adjudicación licitaciones públicas, transporte público, subsidios
- Cita
- Dictamen N° E127.252 de 2021
Resumen
Contraloría representa el decreto por no estar suficientemente fundada la decisión de no considerar un contrato para acreditar experiencia, pues la información permitía verificarlo y deben evitarse análisis formalistas carentes de relevancia de fondo.
Sumario de la Contraloría
Representa el Decreto N° 46, de 2021, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Relaciones
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 67.254 de 2013
- Aplica Dictamen N° 11.122 de 2009
- Aplica Dictamen N° 7.276 de 2009
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° E127252 Fecha: 6-VIII-2021 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que declara inadmisibles ofertas que indica y adjudica la licitación pública de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y su carga en zonas aisladas, modalidad lacustre, en el tramo Puerto Fuy-Pirihueico, ID CAL0006, de la región de Los Ríos, por cuanto no aparece suficientemente fundada la decisión de no considerar en la evaluación de un oferente, uno de los contratos que este identificó para acreditar experiencia.
En efecto, si bien el oferente de que se trata individualizó el contrato indicando el acto de adjudicación y no el de aprobación del contrato -como lo indicaban las bases respectivas-, debe considerarse que se trata de un contrato que habría sido celebrado con ese Ministerio, de manera que con la información proporcionada era posible determinar si efectivamente se prestaron los servicios y, por tanto, evaluar la experiencia señalada.
Cabe agregar que, si bien uno de los principios del sistema de propuesta pública es el de la estricta sujeción a las bases que la regulan -fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los oferentes-, ello no obsta a que los evaluadores deban considerar el interés público que ese principio persigue, por lo que han de evitarse los análisis puramente formalistas de las propuestas y obviarse las irregularidades de detalle carentes de toda relevancia, que no incidan en los aspectos de fondo de cada oferta (aplica criterio contenido en dictámenes N°s 7.276 y 11.122, ambos de 2009 y 67.254, de 2013, todos de este origen).
Saluda atentamente a Ud., nombre reservado
Contralor General