Atiende consulta de la Municipalidad de Angol sobre pago de bonificación que indica

N° D401 Fecha: 20-08-2026 I. Antecedentes La Municipalidad de Angol consulta sobre la posibilidad de que, con recursos propios, otorgue a los trabajadores que realizan labores relativas a la recolección de residuos sólidos domiciliarios la bonificación contemplada en la ley N° 20.744, atendido que, por las causas que indica, no informó a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) dentro del plazo legal sobre los antecedentes necesarios para la obtención de los recursos destinados al pago de la misma.

Requerida al efecto, la SUBDERE informó sobre la materia.

II. Fundamento jurídico El artículo único de la ley N° 20.744 facultó excepcionalmente a las entidades edilicias del país para transferir recursos a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, con el objeto de que estas los destinaran exclusivamente a sus trabajadores.

Dicho beneficio ha sido previsto sucesivamente en las respectivas leyes de presupuestos, tal como acontece con la ley N° 21.796, de Presupuestos del Sector Público para el año 2026, la que en la letra b), de su glosa 02, correspondiente a la partida 05, capítulo 05, programa 03, subtítulo 24, ítem 03, asignación 403 “Municipalidades (Compensación por Predios Exentos)”, dispone que el monto que ahí se indica debe distribuirse sólo entre aquellos municipios que “informen que cuentan, en forma externalizada, completa o parcialmente, con servicios de recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o servicio de barrido de calles”.

Agrega ese literal, que los municipios debían comunicar a la SUBDERE, hasta el 31 de enero de 2026, la información necesaria para la distribución de los recursos señalados, debiendo incluir la identificación de las empresas proveedoras de los servicios referidos y de las personas contratadas por ellas al 31 de diciembre de 2025, a fin de que esa subsecretaría dictara una resolución con el monto correspondiente a cada una de las entidades edilicias, caudales que estas últimas debían transferir a las referidas empresas, para ser destinadas exclusivamente a sus empleados.

Por otra parte, el artículo 3°, letra d)*, de la ley N° 18.695, establece que dentro de las funciones privativas de las municipalidades se encuentra el aseo y ornato de la comuna; en tanto su artículo 20* precisa que a la unidad encargada de la función de aseo y ornato le corresponderá velar por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, por el servicio de extracción de basura, y por la construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.

Luego, los artículos 11* y 55* disponen que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas y que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones.

Del mismo modo, cabe recordar que el presupuesto municipal es un instrumento de planificación financiera esencialmente flexible, que debe ser una herramienta para el logro óptimo de los objetivos municipales, lo cual implica que puede ser objeto de modificaciones durante su ejecución, con el fin de obtener el cumplimiento de las funciones que la ley ha entregado a dichos entes comunales, o bien, para cumplir obligaciones que éstas hayan contraído con terceros, emanadas de compromisos válidamente celebrados (aplica dictamen N° 20.153, de 2001).

Finalmente, la elaboración del mencionado instrumento y sus posteriores modificaciones corresponden al alcalde, como máxima autoridad edilicia, quien debe presentarlos oportunamente al concejo municipal para su aprobación o rechazo, en conformidad con lo señalado en los artículos 55, inciso tercero, 65, letra a), 66, letra b), 67 y 68, letra a), de la citada ley N° 18.695.* III. Análisis y conclusión Ahora bien, como puede advertirse, la ley establece un plazo máximo para que las entidades edilicias presenten los antecedentes a la SUBDERE, para efectos de la obtención de los recursos destinados al pago de la bonificación en cuestión, aspecto que, de acuerdo con lo señalado por la municipalidad y lo informado por la SUBDERE, no ocurrió en la especie, derivando ello en el no pago del estipendio a los trabajadores involucrados.

En dicho contexto, y tal como lo ha indicado la jurisprudencia administrativa de esta Sede de Control -contenida, por ejemplo, en sus dictámenes N°s 13.720, de 2018 y E586880, de 2024-, un error u omisión de la Administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe.

En ese orden de consideraciones, atendido que la pérdida de la bonificación se ha debido a un error u omisión evidente de la Municipalidad de Angol, reconocido por ésta, y dado que mantener dicha situación importaría aceptar que los trabajadores de esa comuna reciban un trato desigual respecto quienes laboran en similares condiciones en otras comunas, esta Contraloría General estima que, en forma excepcional, resulta procedente que el municipio financie con sus propios recursos la bonificación de que se trata, con las prevenciones que pasan a expresarse.

En efecto, el monto a financiar por parte del municipio no podrá exceder de aquel que, de haberse actuado dentro de plazo, habría sido transferido por parte de la SUBDERE.

Además, es menester tener presente que las municipalidades se encuentran sometidas al régimen de administración financiera previsto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, por lo cual están obligadas a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de modo que no incurran en desembolsos que excedan al presupuesto aprobado, lográndose así otorgar plena vigencia al principio del equilibrio de sus finanzas públicas, reconocido en el artículo 67* de la ley N° 18.695, en relación con el mandato contenido en su artículo 53, letra e),* que impone al alcalde administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado.

En dicho contexto, corresponde que el municipio lleve a cabo las modificaciones presupuestarias que correspondan -con acuerdo del concejo, de conformidad con lo previsto en la letra a) del artículo 65, de la ley N° 18.695*-, previo a disponer el pago de los recursos de que se trata.

Finalmente, atendida la gravedad de los hechos descritos y las consecuencias patrimoniales que aquello acarrea respecto del municipio, esta Contraloría General instruirá directamente el correspondiente procedimiento disciplinario a objeto de determinar las responsabilidades administrativas y civiles comprometidas en los hechos que dieron origen a la consulta.

Saluda atentamente a Ud., nombre reservado

Contralora General de la República * Ver dictamen rectificatorio N° D403/2026.