Desahucio de exfuncionaria municipal regida por normativa previsional distinta al DFL 338 de 1960
- Fecha
- 2 de diciembre de 2010
- Fuentes legales
- ley 11219 art/46, dl 3501/80 art/1 inc/3, ley 17322 dfl 338/60 art/102
- Descriptores
- MUN, derecho a desahucio, IPS
- Cita
- Dictamen N° 72.586 de 2010
Resumen
Se rechaza el pago del desahucio por la Municipalidad de San Bernardo, pues el desempeño no se rigió por el DFL 338 de 1960; el requerimiento debe efectuarse ante el Instituto de Previsión Social conforme a la ley N° 11.219.
Sumario de la Contraloría
Cotizaciones para pensiones, salud y desahucio, deberán ser deducidas por el empleador y pagadas en las instituciones de previsión respectivas
Texto íntegro
N° 72.586 Fecha: 02-XII-2010 Se he dirigido a esta Contraloría General, doña nombre reservado, para solicitar el pago del desahucio a que estima tener derecho en su calidad de ex Jefatura grado 9 de la Escala Municipal de Sueldos, de la Municipalidad de San Bernardo.
Al respecto, cumple con manifestar que según los antecedentes que registra este Organismo Fiscalizador, el tiempo por el cual la interesada solicita el beneficio, corresponde a servicios prestados entre el 30 de abril de 1976 y el 30 de abril de 2010, como funcionaria de la citada Municipalidad, desempeño éste que no se rigió en materia de desahucio por el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, no siendo posible entonces, para este personal, percibir el beneficio contemplado en los artículos 102 y siguientes de este texto legal, por lo que dicho requerimiento debe ser efectuado en el Instituto de Previsión Social, en quien recae la facultad de verificar si a la señora nombre reservado le asiste el derecho al beneficio que reclama en virtud de la ley N° 11.219, artículo 46, que dispone que el imponente que se retire del servicio por cualquier causa, tendrá derecho a percibir independientemente de la jubilación o retiro que pueda corresponderle, un desahucio equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción superior a seis meses de servicios, con un tope de 24 veces dicho sueldo.
Por otra parte, el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 3.501, de 1980, establece que las cotizaciones para pensiones, salud y desahucio, deberán ser deducidas por el empleador y pagadas en las instituciones de previsión respectivas, aplicándose para todos los efectos las disposiciones de la ley N° 17.322.
nombre reservado
Contralor General de la República Subrogante