Competencia de la Contraloría sobre acuerdos de Tribunales Electorales Regionales que modifican contratos de trabajo
- Fecha
- 3 de noviembre de 2010
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- pol art/98, pol art/99, dto 100/2005 sepre, pol art/96
- Descriptores
- acuerdos, contratos de trabajo, TRIBER
- Cita
- Dictamen N° 65.519 de 2010
Resumen
La Contraloría se abstiene de emitir pronunciamiento por carecer de competencia, al ser los tribunales electorales regionales órganos jurisdiccionales de origen constitucional ajenos a la Administración del Estado.
Sumario de la Contraloría
Sobre solicitud de pronunciamiento de acuerdos adoptados por los Tribunales Electorales Regionales
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 19.710 de 2013
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 58.128 de 2009
- Aplica Dictamen N° 23.709 de 2009
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 65.519 Fecha: 03-XI-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General el Consejo de Defensa del Estado, solicitando un pronunciamiento acerca de la procedencia y legalidad de los acuerdos adoptados por los Tribunales Electorales Regionales, mediante los cuales se modifican los contratos de trabajo, incluyendo en éstos una indemnización por años de servicios sin considerar el límite legal. Al respecto, cabe señalar que este Organismo de Control debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, toda vez que, acorde con lo previsto por los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, y lo informado por la jurisprudencia administrativa en los dictámenes N°s 44.360, de 2000, 52.289 bis, de 2002, y 58.128, de 2009, entre otros, esta Entidad Fiscalizadora carece de competencia para conocer estas materias toda vez que los tribunales electorales regionales son órganos jurisdiccionales de origen constitucional ajenos a la Administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo anterior, y a modo ilustrativo, cumple hacer presente que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 26.507, de 2008 y 23.709, de 2009, ha señalado, que las disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria, que rigen a determinados servidores del Estado, poseen el carácter de normas estatutarias de Derecho Público que no constituyen derechos mínimos, sino que mandatos imperativos para la autoridad administrativa, la que por tanto se encuentra obligada a respetarlos, debiendo otorgar a esos funcionarios los beneficios consagrados expresamente en esa preceptiva, estando impedida de conferirles derechos superiores o inferiores a los que la ley establece, ya que tiene que ceñirse estrictamente a ella, pronunciamientos que se encuentran a disposición del público en el sitio web de este Organismo de Control.
nombre reservado
Contralor General de la República