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Derecho público chileno

DictamenN° 6.177 de 20103 feb 2010

Carácter obligatorio y vinculante de los dictámenes de la Contraloría para los municipios

Fecha
3 de febrero de 2010
Materia
Educación pública (SLEP, estatuto docente y subvenciones)
Fuentes legales
Pol art/6, Pol art/7, Pol art/98, ley 18575 art/2, ley 10336 art/1 ley 10336 art/5, ley 10336 art/9, ley 10336 art/16, ley 10336 art/19 ley 10336 art/6 inc/fin, dfl 1/19653/2000 sepre, dto 100/2005 sepre
Descriptores
mun, carácter obligatorio de dictámenes de Contraloría General
Cita
Dictamen N° 6.177 de 2010

Resumen

Los dictámenes de la Contraloría son obligatorios y vinculantes para las municipalidades, y su incumplimiento compromete la responsabilidad administrativa de las autoridades. Fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución y en la ley N° 10.336.

Sumario de la Contraloría

Sobre carácter imperativo para los municipios de los pronunciamientos de la Contraloría General

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Este documento se refiere a

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 6.177 Fecha: 03-II-201 0 Se ha dirigido a esta Contraloría General el Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud “Manuel Bustos” de Quilicura, solicitando se aclare si los dictámenes de este Órgano Contralor son obligatorios para los municipios, al tenor del oficio jurídico interno N° 746, de 2009, de la Dirección de Asesoría Jurídica de ese municipio -el cual acompaña-, por el que se expresa que cualquier interpretación que haga esta Entidad de Fiscalización sobre una ley “sólo constituye una directriz para los Municipios y no los obliga”. Sobre el particular, cabe señalar que la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 51.870, de 2009, ha manifestado que los informes jurídicos emitidos por esta Entidad son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, entre los que se encuentran las municipalidades, obligación que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que el incumplimiento de dichos pronunciamientos por parte de las autoridades significa la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa. En efecto, es preciso hacer especial mención que, de conformidad con el referido artículo 6°, inciso final de la ley N° 10.336, las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de jurisprudencia administrativa, en las materias de su competencia a que se refiere el artículo 1° de ese texto legal; y, además, que de acuerdo con lo ordenado en forma expresa en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, los abogados o asesores jurídicos de los distintos organismos sometidos al control de esta Entidad Fiscalizadora -entre ellos, las municipalidades-, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. nombre reservado

Contralor General de la República