Carácter obligatorio y vinculante de los dictámenes de la Contraloría para los municipios
- Fecha
- 3 de febrero de 2010
- Fuentes legales
- Pol art/6, Pol art/7, Pol art/98, ley 18575 art/2, ley 10336 art/1 ley 10336 art/5, ley 10336 art/9, ley 10336 art/16, ley 10336 art/19 ley 10336 art/6 inc/fin, dfl 1/19653/2000 sepre, dto 100/2005 sepre
- Descriptores
- mun, carácter obligatorio de dictámenes de Contraloría General
- Cita
- Dictamen N° 6.177 de 2010
Resumen
Los dictámenes de la Contraloría son obligatorios y vinculantes para las municipalidades, y su incumplimiento compromete la responsabilidad administrativa de las autoridades. Fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución y en la ley N° 10.336.
Sumario de la Contraloría
Sobre carácter imperativo para los municipios de los pronunciamientos de la Contraloría General
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 33.777 de 2014
- Aplica Dictamen N° 24.356 de 2014
- Aplica Dictamen N° 322 de 2013
- Aplica Dictamen N° 60.621 de 2012
- Aplica Dictamen N° 40 de 2011
- Aplica Dictamen N° 63.885 de 2010
- Aplica Dictamen N° 53.682 de 2010
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 51.870 de 2009
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 6.177 Fecha: 03-II-201 0 Se ha dirigido a esta Contraloría General el Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud “Manuel Bustos” de Quilicura, solicitando se aclare si los dictámenes de este Órgano Contralor son obligatorios para los municipios, al tenor del oficio jurídico interno N° 746, de 2009, de la Dirección de Asesoría Jurídica de ese municipio -el cual acompaña-, por el que se expresa que cualquier interpretación que haga esta Entidad de Fiscalización sobre una ley “sólo constituye una directriz para los Municipios y no los obliga”. Sobre el particular, cabe señalar que la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 51.870, de 2009, ha manifestado que los informes jurídicos emitidos por esta Entidad son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, entre los que se encuentran las municipalidades, obligación que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que el incumplimiento de dichos pronunciamientos por parte de las autoridades significa la infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsabilidad administrativa. En efecto, es preciso hacer especial mención que, de conformidad con el referido artículo 6°, inciso final de la ley N° 10.336, las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de jurisprudencia administrativa, en las materias de su competencia a que se refiere el artículo 1° de ese texto legal; y, además, que de acuerdo con lo ordenado en forma expresa en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, los abogados o asesores jurídicos de los distintos organismos sometidos al control de esta Entidad Fiscalizadora -entre ellos, las municipalidades-, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. nombre reservado
Contralor General de la República