Alcance de la facultad presidencial de traspaso de funcionarios del art. 17 de la ley 20.309
- Fecha
- 6 de noviembre de 2009
- Fuentes legales
- Ley 20309 art/17, ley 18575 art/24, Pol art/64, Pol art/99 dfl 1/19653/2000 sepre, dto 100/2005 sepre
- Descriptores
- Facultad presidencial, traspasar funcionarios, nombramiento, encasillamiento
- Cita
- Dictamen N° 61.726 de 2009
Resumen
Contraloría no se pronuncia sobre si esa facultad es genérica o restringida al sector municipal, pues lo examinará en la toma de razón de los decretos con fuerza de ley aún en elaboración.
Sumario de la Contraloría
Contraloría no se pronuncia respecto de si la facultad que el art/17 de ley 20309 confiere al Presidente de la República para traspasar a los funcionarios que indica, a cualquier órgano o servicio de los referidos en el art/24 de la ley 18575, es genérica y abarca cualquier entidad de la Administración del Estado o está restringida a los servicios del sector municipal. Ello, porque a lo anterior se referirá en la toma de razón de los decretos con fuerza de ley que inicidirán en la materia
Texto íntegro
N° 61.726 Fecha: 06-XI-2009 La Subsecretaría de Hacienda se ha dirigido a esta Contraloría General solicitando un pronunciamiento que precise si la facultad que el artículo 17 de la ley N° 20.309 confiere al Presidente de la República para traspasar mediante uno o más decretos con fuerza de ley, por nombramiento o encasillamiento, a los funcionarios que indica, a cualquier órgano o servicio de los referidos en el artículo 24 de la ley N° 18.575, es genérica y abarcaría a cualquier entidad integrante de la Administración del Estado o estaría restringida únicamente a los servicios públicos de ese sector ministerial. Ello, en atención a que, según señala, se encontraría trabajando en los anteproyectos de los decretos con fuerza de ley respectivos. Al respecto, cabe señalar que no compete a esta Entidad de Control pronunciarse sobre la materia que se consulta en esta oportunidad, puesto que ella incide en la dictación de los aludidos decretos con fuerza de ley, los que, según lo señala el propio servicio recurrente, se encontrarían aun en elaboración. No obstante lo anterior, debe manifestarse que tal aspecto será examinado en la etapa del control preventivo de juridicidad que de acuerdo con los artículos 64 y 99 de la Constitución Política, le corresponde efectuar a este Organismo Fiscalizador una vez que tales instrumentos hayan sido dictados e ingresados a dicho trámite.
nombre reservado
Contralor General de la República