Desahucio de ex funcionario municipal regido por la ley N° 11.219 y no por el DFL N° 338
- Fecha
- 22 de septiembre de 2010
- Fuentes legales
- dfl 338/60 art/102, ley 11219 art/46, dl 3501/80 art/1 inc/3 ley 17322
- Descriptores
- desahucio
- Cita
- Dictamen N° 56.054 de 2010
Resumen
Contraloría concluye que el requerimiento debe efectuarse al Instituto de Previsión Social, por no regirse el desempeño del recurrente, en materia de desahucio, por el DFL N° 338.
Sumario de la Contraloría
Sobre solicitud de desahucio
Texto íntegro
N° 56.054 Fecha: 22-IX-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor nombre reservado, para solicitar el pago del desahucio a que estima tener derecho en su calidad de ex Técnico, grado 13 de la Escala Municipal de Sueldos, de la Municipalidad de Penco.
Al respecto, cumple con manifestar que según los antecedentes que registra este Organismo Fiscalizador, el tiempo por el cual el interesado solicita el beneficio corresponde a servicios prestados entre el 5 de agosto de 1970 y el 25 de mayo de 2010 como funcionario de la citada Municipalidad, desempeño éste que no se rigió, en materia de desahucio, por el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, no siendo posible entonces, para este personal, reconocerle el beneficio contemplado en los artículos 102 y siguientes de este texto legal, por lo que dicho requerimiento debe ser efectuado en el Instituto de Previsión Social, en quien recae la facultad de verificar si al señor nombre reservado le asiste derecho al beneficio que reclama; regulado por la ley N° 11.219, artículo 46, que dispone que el imponente que se retire del servicio por cualquier causa, que no sea la destitución, tendrá derecho a percibir, independientemente de la jubilación o retiro que pueda corresponderle, un desahucio equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción superior a seis meses de servicios, con un tope de 24 veces dicho sueldo.
Por otra parte, el inciso tercero del artículo 1° del decreto ley N° 3.501, de 1980, establece que las cotizaciones para pensiones, salud y desahucio, deberán ser deducidas por el empleador y pagadas en las instituciones de previsión respectivas, aplicándose para todos los efectos las disposiciones de la ley N° 17.322.
nombre reservado
Contralor General de la República