Control preventivo de decreto municipal que rebaja sanción disciplinaria en sumario instruido por Contraloría

N° 53.569 fecha: 28-IX-2009 Esta Contraloría General, ha debido abstenerse de tomar razón del decreto Sección 3 a N° 2.508, de 2009, de la Municipalidad de Santiago, mediante el cual se acoge el recurso de reposición deducido por el señor nombre reservado y se le aplica la medida disciplinaria de "Suspensión del empleo por tres meses, con goce del 50 % de la remuneración mensual", contemplada en los artículos 120, letra c) y 122 A de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Como cuestión previa, cabe recordar que esta Contraloría General, mediante resolución, de 29 de enero de 2007, instruyó un sumario administrativo en la Municipalidad de Santiago, a cuyo término, por su similar N° 3403, de 11 de noviembre de 2008, propuso a la autoridad edilicia que se aplicara en contra del señalado funcionario, la medida disciplinaria de Destitución contemplada en los artículos 120, letra d) y 123, inciso segundo, de la ley N° 18.883.

Útil resulta agregar, que la conducta del citado funcionario que motivó dicha proposición de sanción fue que, teniendo la condición de arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, celebró un contrato con la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., con el fin de efectuar, en calidad de contratista, la tramitación de las recepciones finales de los edificios que le fueran requeridos por esa empresa y, en ese contexto, tramitó la regularización de determinados inmuebles de la misma, ubicados en la comuna de Santiago, lo cual constituyó una grave transgresión a normas expresas que rigen su actuar y, en definitiva, a la probidad administrativa.

Pues bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 bis de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, en lo que interesa, en los sumarios instruidos en las municipalidades por este Organismo de Control, cuando el Alcalde imponga una sanción distinta a la propuesta, deberá hacerlo mediante una resolución fundada, sujeta al referido trámite de toma de razón por esta Entidad Fiscalizadora.

Atendido lo anterior, a esta Contraloría General le corresponde, en el control preventivo de legalidad, examinar si ese acto se encuentra fundado, entendiendo que lo está -en armonía con el dictamen N° 58.365, de 2004, de esta Entidad Fiscalizadora-, si las razones que lo motivan son de carácter objetivo y atingentes a la situación investigada, de acuerdo al mérito del proceso y, en fin, ajustadas a la legalidad.

Ahora bien, en la especie, la autoridad edilicia junto con admitir que no es posible negar la gravedad de los hechos cometidos por el señor nombre reservado, esgrime como único fundamento para proceder a modificar la sanción propuesta por este Organismo de Control, la irreprochable conducta anterior del sumariado, circunstancia que estima, debe ser considerada como atenuante al momento de aplicar la sanción.

Sin embargo, examinados los antecedentes del señor nombre reservado en los registros de esta Entidad Fiscalizadora, se ha podido establecer que el mismo fue sancionado en virtud del decreto Sección 3,1 N° 631, de 9 de agosto de 1989, de la Municipalidad de Santiago, con la medida de multa de cinco días de sueldo. Dicho decreto fue registrado con la observación contenida en el oficio N° 27.951, de 1989, en orden a que procedía perseguir, además, la responsabilidad civil del aludido funcionario, por alguno de los procedimientos que indicaba.

Posteriormente, en virtud del decreto Sección 31 N° 1662, de 6 de junio de 1997, la misma Municipalidad de Santiago dispuso aplicar al funcionario aludido, la medida disciplinaria de multa equivalente al 5 % de su remuneración mensual, documento que fue registrado, sin perjuicio de la observación contenida en el oficio N° 42.373, de ese mismo año, por el cual se desestimó una presentación del afectado en orden a declarar la existencia de vicios en el procedimiento sumarial respectivo.

En consecuencia, el fundamento esgrimido por la autoridad edilicia para alterar la sanción propuesta por esta Entidad Fiscalizadora, no se condice con la realidad, de manera que la fundamentación para rebajar la sanción propuesta es inapropiada, y por ende el decreto en examen no se ajusta a la juridicidad, que exige que la fundamentación sea conforme al mérito del proceso, en el cual no se acreditó la irreprochable conducta anterior.

Finalmente, considerando que de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que esa entidad edilicia notificó el decreto en análisis el 23 de junio de 2009, antes de enviarlo a trámite a esta Entidad de Control -el 6 de agosto del año en curso-, y en esa comunicación dispuso que el funcionario quedaba suspendido del ejercicio de sus funciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, del corriente, con el 50 % de descuento de sus remuneraciones, es necesario puntualizar lo siguiente:

En primer término, es pertinente recordar que -tal como lo precisó este Organismo de Control en el dictamen N° 61.379, de 2008-, los actos administrativos dictados en virtud del aludido artículo 133 bis, de la ley N° 10.336, al encontrarse sometidos al control preventivo de legalidad, sólo pueden entrar a regir si esta Entidad Fiscalizadora ha tomado razón de los mismos, de manera que su notificación -que es el trámite que permite que éstos produzcan sus efectos jurídicos­ debe efectuarse con posterioridad a dicho control previo.

En segundo término, se colige que la medida ha sido aplicada antes de encontrarse totalmente tramitado el sumario aludido, lo que no se ajusta a lo indicado anteriormente, por lo que corresponde que el municipio adopte las medidas necesarias para regularizar la situación descrita.

Atendido lo expuesto, esta Contraloría General devuelve sin tramitar el decreto Sección 3 a N° 2.508, de 2009, de la Municipalidad de Santiago, debiendo ese municipio ejercer su potestad disciplinaria en la situación examinada, en conformidad a los criterios consignados precedentemente, emitiendo un nuevo decreto sancionatorio en los términos que se han señalado.

Por orden del Contralor General de la República nombre reservado

Subcontralor General Subrogante