Otorgamiento del bono de la ley 20.305 y demora del Ministerio de Educación en su tramitación

N° 35.153 Fecha: 29-VI-2010 Se ha dirigido a esta Contraloría General doña nombre reservado, ex funcionaria del Ministerio de Educación, para reclamar por la demora en que ha incurrido ese organismo en el otorgamiento del bono establecido en la ley Nº 20.305 que, a su juicio, le corresponde, y que solicitó en el mes de enero del año 2009. Requerido su informe, dicha entidad lo ha emitido el 15 de junio de 2010. Sobre la materia, cabe manifestar que con fecha 1 de junio de 2010, se ingresó a este Órgano Fiscalizador para el trámite respectivo, la resolución exenta Nº 2232, de 24 de mayo del mismo año, del Ministerio de Educación, por la cual se concede el referido beneficio a la interesada a contar del 1 de febrero de 2009. Ahora bien, y a pesar del retraso en la gestión de este bono en que ha incurrido la aludida repartición ministerial, sólo cabe concluir que la tramitación de la aludida solicitud y la fecha de devengamiento del citado estipendio se encuentran ajustadas a derecho, en conformidad con las modificaciones introducidas por la ley Nº 20.403 a la ley Nº 20.305, y en armonía con el dictamen Nº 18.011, de 2010, de este origen. Sin perjuicio de lo expresado, resulta menester señalar que, en lo sucesivo, esa Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que sean necesarias a fin de que sus actos administrativos se dicten oportunamente, toda vez que la demora señalada, tal como lo ha informado esta Entidad de Control, entre otros, en sus dictámenes N° s 53.114 y 27.815, ambos de 2008, y 66.160, de 2009, implica una infracción tanto al artículo 8° de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como a lo previsto en el artículo 7° de la ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, que imponen a los órganos de la Administración del Estado el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.

nombre reservado

Contralor General de la República